Muchas gracias.
Bien, vamos a dar paso a la siguiente comunicación,
que en este caso la va a presentar la doctora Gisela Moreno Cordero,
ella es profesora, contratada doctora de Derecho Internacional Privado
también de la Universidad de Granada,
y va a relacionarlo con la ponencia.
Por un lado de orden público de Nuria Marshall Escalona
y también con la ponencia de Emilio María García
con derecho de sucesiones.
Con lo cual, le damos la palabra y nos va a hablar
de la modulación precisamente del orden público
en la sucesión de un causante marroquí
fundada en discriminaciones por razón de sexo y religión.
Adelante, por favor.
Bueno, buenas tardes a todos.
Antes de que empiece a contabilizar el tiempo,
quiero dar mis agradecimientos a la asociación
por haber elegido la comunicación,
haberla aprobado y también haber
sido elegida para ser defendida.
Bueno, quizás mi intervención sea un poco comprometida,
y déjame poner ya, un poco comprometida porque voy
a discrepar en alguna medida de algo que ya se ha dicho
en la mesa.
Por el notario en relación con el orden público.
Yo he organizado mi exposición con tres ejes temáticos.
El primero va dirigido a determinar, a hablar algo,
a decir, mencionar algo muy por encima de la dimensión concreta
y abstracta y concreta del orden público.
En segundo lugar, quiero hacer una valoración muy sucinta
de la importancia de la autonomía de la voluntad del causante
y de los herederos.
Muy controvertida en el ámbito sucesorio.
Y, en último lugar, me quiero referir a la distinta dimensión
del orden público en el sector de ley aplicable
y en el sector del reconocimiento.
Todos sabemos,
ya se ha dicho aquí, se ha adelantado,
que para el orden público constitucional español
resulta muy problemática la aplicación tanto
de la regla del TANFADUL, presente en distintas disposiciones
de la moda guana,
como el artículo 332, que imposibilita al infiel
o kafir no musulmán a suceder a 20 estados.
Sin embargo,
pese a que la discriminación por razón de sexo y religión
es contraria al orden constitucional español,
en modo alguno ello implica una intervención automática
del orden público,
ni para excluir la aplicación de la ley extranjera discriminatoria,
ni para frustrar el reconocimiento de decisiones provenientes
de autoridades islámicas.
La función que está llamada a realizar,
a desplegar el orden público, no es analizar en abstracto
la contrariedad de estas leyes con nuestros principios
y valores esenciales,
sino si esas leyes extranjeras discriminatorias atentan,
son contrarias, contrarían en el supuesto concreto
ese orden público de España.
Un ejemplo paradigmático de esa dimensión abstracta
del orden público la encontramos en materia sucesoria.
En la regulación marroquí que reconoce al cónyuge
superstite varón el doble de la porción hereditaria
que recibiría la mujer,
puesto que tal determinación en concreto,
esa discriminación en concreto, no se puede manifestar en concreto
porque el cónyuge viudo es únicamente uno,
sea cual sea su sexo.
Y lo mismo sucede cuando la hija,
cuando a la herencia del causante marroquí
son llamadas solo las hijas del causante.
La manifestación concreta del orden público se constituiría
cuando estas hijas del causante concurren con sus hermanos varones,
porque ahí sí hay una distinción de trato que otorga,
una discriminación concreta que otorga el doble
de la porción hereditaria a los hijos que a las hijas.
Y lógicamente los ejemplos que había puesto el notario,
que me precedió en la palabra, pues son muy ilustrativos de ello.
Encontramos en primer lugar esa resolución del 2016,
relativa a la herencia intestada de un irarí,
en la que resultó aplicable la ley persa,
que al igual que la ley marroquí,
otorga esa doble porción hereditaria al varón que a la hija.
Y aquí lo particular que hubo fue que tanto el registrador
como el centro directivo, pese a considerar que la aplicación
de esa norma era contraria al orden público español,
y que la aceptación de la hija no subsanaba esa adjudicación,
sorprendentemente, emitieron o propusieron remedios alternativos,
en el caso del registrador, la renuncia total o parcial
a los derechos hereditarios a favor del hermano y, en el caso
del centro directivo, lo hizo por la vía de la cesión,
la donación o la renuncia.
O lo uno o lo otro.
Frente a esta actitud vacilante,
cabe preguntarse si el interés público,
como en esta sección, se pretende proteger,
es en efecto irreductible frente al interés particular
de una heredera a 20 estatus
que manifestó su conformidad con el reparto de la herencia
y que además impugnó esta resolución ante el centro directivo.
En torno a esta cuestión, la duda se refuerza
con otra resolución a la que también ha hecho mención el notario, Emilio,
una resolución anterior, dos meses anteriores,
se adoptó dos meses anteriores a esta resolución Irani.
Y aquí se respetó, no se dijo nada de cierto,
que no se entró a analizar el orden público,
pero se respetó una distribución discriminatoria
consagrada en el derecho kawaiti.
Y la única diferencia que media entre este supuesto
y el anterior es que el otro, el supuesto,
era una sucesión a vinte estatus y esta era una sucesión intestada.
Yo no me queda claro del todo si ambas resoluciones
se pueden extraer estándares claros que puedan servir
de base para futuras soluciones en asuntos similares.
Pero considero, no sin vacilaciones,
que de ellas sí se puede inferir que el reparto discriminatorio
quedaría saneado sin media testamento,
aunque dicho reparto se funde en una norma discriminatoria,
caso CAU-IT,
y que la voluntad del beneficiario carece de toda relevancia.
Particularmente, considero que en sede de ley aplicable
sí cabría levantar la barrera del orden público
en supuesto de sucesiones a 20 estados como la IRANI,
aunque hay que tener presente que algunas voces
autorizadas consideran lo contrario, es decir,
que no cabría apreciar el orden público
y esto pone de relieve la dimensión subjetiva del orden público,
es decir, que todo puede entender de la relevancia que ofrezca
el intérprete a la autonomía de la voluntad del testador
y a la autonomía de la voluntad de los beneficiarios.
Más claro me parece la intervención del orden público en el caso CAU-ID
y aquí yo considero que debe tenerse presente la práctica alemana
que defiende la inoperancia del orden público
si el resultado puede alcanzarse en aplicación de la ley del foro
y si de las circunstancias se desprende
que esta ha sido la voluntad del causante.
Termino diciendo solamente que.
Una cuestión distinta es si en lugar de un problema
de aplicación del derecho extranjero discriminatorio
se planteara un problema de reconocimiento en España
de un acto de jurisdicción voluntaria
fundado en una norma discriminatoria con los mismos tintes que el supuesto
descrito en aplicación del derecho iraní.
En este caso defiendo
que no cabría levantar la barrera de orden público teniendo en cuenta
que la intervención de esta sección en este sector de problemas
no presenta la misma intensidad que en el sector de ley aplicable.
Sabido es que la huella del orden público es mucho menos pesada
cuando damos efectos a una sucesión válidamente constituida
en el extranjero de conformidad con su propio sistema conflictual.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la intervención y por crear un poco de polémica,
que estará muy bien.