En esta videoclase explicaremos el derecho a un medio ambiente
adecuado.
Para ello analizaremos el artículo 45 de la Constitución española
y los principales tratados internacionales en esta materia.
Atendiendo a su sistematización constitucional,
el medio ambiente no se incluye
entre los derechos fundamentales y libertades públicas
previstos en el capítulo II, sección I del título
I. Tampoco se encuentra entre los derechos y deberes
de la ciudadanía que prevé la sección II del mismo capítulo.
En el ordenamiento jurídico español,
el medio ambiente se constitucionaliza
entre los principios rectores de la política social y económica
como derecho y deber.
Capítulo III del título I. La Constitución
reconoce el medio ambiente como condición necesaria
para el desarrollo de la vida del individuo y de la sociedad,
lo que explica la consagración de la tutela ambiental
por parte de los poderes públicos
como principio en la organización social y económica del Estado.
Artículo 45.2 de la Constitución.
Sin embargo, la vinculación del medio ambiente
y de la calidad de vida al desarrollo de la persona en el artículo 45.1
de la Constitución
permite considerarlo como derecho subjetivo de configuración legal
en garantía de una existencia digna en conexión con el artículo 10.1
de la Constitución.
En ese mismo capítulo referido a los principios rectores
de la política social y económica se reconocen junto al medio ambiente
otros derechos que dignifican la existencia como la salud artículo
43 de la constitución la cultura artículo 44 y una vivienda digna
y adecuada artículo 47 de la constitución
el derecho previsto en el artículo 45
protege los condicionantes de viabilidad de la existencia
del ser humano en la tierra.
Lo que podría convertirlo en derecho fundamental
y otorgarle su característica protección
reforzada considerando su íntima relación
con el derecho a la vida y a la integridad física y moral.
Artículo 15 de la Constitución.
Recordemos las garantías específicas de los derechos fundamentales.
Artículos 53.1 y 53.2
de la Constitución.
Principio de vinculatoriedad.
Reserva de ley orgánica.
Control constitucional de las leyes de desarrollo
que deberán respetar su contenido esencial.
Protección jurisdiccional sumaria y preferente
ante la jurisdicción ordinaria y recurso de amparo
ante el Tribunal Constitucional.
A la luz del artículo 53.3 de la Constitución,
los principios rectores constituyen un canon de constitucionalidad
que deberá ser respetado por la legislación,
la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
Gozan de menor protección en tanto las leyes de desarrollo
determinan la posibilidad de su alegación
ante la jurisdicción ordinaria.
El tenor del artículo 45.1 de la Constitución
proclama el derecho de todas las personas
a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo
y el deber de su conservación.
La dimensión y entidad de las agresiones al medio ambiente
y sus consecuencias alientan su protección
desde el ámbito constitucional,
desde el derecho de la Unión Europea y el derecho internacional público,
dirigida no sólo a la conservación de lo existente,
sino también a su mejoramiento.
Este derecho de disfrute y deber de protección o conservación
pretende que el medio ambiente sea preservado,
protegido del deterioro, pero también restaurado y mejorado
o perfeccionado en el momento y lugar concreto
en que se manifieste una situación de degradación efectiva o potencial.
Exige de la participación ciudadana en defensa del derecho inalienable
a habitar en su entorno de acuerdo con sus características
culturales.
La finalidad tuitiva del artículo 45
requiere la precisión del objeto de protección.
La labor interpretativa
de la doctrina y jurisprudencia constitucional,
en especial en la sentencia del Tribunal Constitucional 102 barra
1995 de 26 de junio,
ha determinado la extensión del concepto jurídico
de medio ambiente al conjunto de circunstancias físicas,
culturales, económicas y sociales que rodean a las personas,
ofreciéndoles un conjunto de posibilidades
para que desarrollen su vida.
El Tribunal Constitucional propone una concepción antropocéntrica
del ambiente, de sus elementos geológicos,
climáticos, biológicos, químicos y sociales
que rodean a los seres vivos
y actúan sobre ellos, condicionando su existencia,
identidad, desarrollo, extinción, desaparición o consumción.
Lo más relevante
es la conceptualización ecológica del ambiente como entramado complejo
de las relaciones de todos esos elementos
apoyada en la idea de equilibrio o ecosistema.
El sistema de relaciones entre todos esos elementos,
de los que el ser humano depende y es parte, determinan el ámbito
y las condiciones de vida de las personas y de las sociedades.
La calidad del ambiente garantiza la supervivencia de nuestra especie.
Asegura que las sucesivas generaciones vivan libres
de las enfermedades producidas por el deterioro del medioambiente.
En palabras del tribunal,
por ello el ambiente ha de ser defendido por el hombre
de las propias acciones del hombre, autor de todos los desafueros
y desaguisados que lo degradan.
El artículo 45.2 de la Constitución impone a los poderes públicos
la protección de los recursos naturales.
Se refiere a aquellos elementos básicos que componen la biosfera
y constituyen el sustrato físico natural
que posibilita nuestra existencia como seres vivos.
Aire, agua, tierra, fauna y flora.
Los poderes públicos velarán por su utilización racional
con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida
y defender y restaurar el medio ambiente.
La indispensable solidaridad colectiva marcará
el criterio de racionalidad en la utilización de los recursos,
de tal manera que el disfrute de los mismos
por las generaciones presentes no destruya el derecho a la vida
y a la integridad física y moral
y el desarrollo de los proyectos vitales
de las generaciones futuras en condiciones equivalentes
a las actuales.
Solidaridad intergeneracional.
La correcta protección del ambiente exige la intervención
de los poderes públicos en el proceso productivo,
en el ciclo de elaboración y de consumo de los productos,
para maximizar el aprovechamiento de las materias primas
y energías renovables y para prevenir y tratar adecuadamente los residuos
con el fin de su recuperación y posterior reutilización.
Exige la intervención pública en la prevención
de la contaminación.
Originada en la inmisión en el suelo,
agua y aire de residuos nocivos provenientes
de la actividad económica en la fabricación de productos
y de su consumo.
Solo en este sentido puede compatibilizarse
el desarrollo económico con el medioambiente.
Por último, el artículo 45.3 de la Constitución
instituye un régimen sancionador penal y administrativo
contra los actos de particulares
o de la propia Administración atentatorios a los recursos naturales
y, por tanto, a la calidad de vida y al medioambiente,
así como la obligación de reparar el daño causado.
El incumplimiento del deber de conservación
que lesiona el derecho al medio ambiente
adecuado fundamenta la legitimación activa del perjudicado o perjudicada
para evitarla ante el peligro
de que se produzca, principio de prevención,
o para suprimirla si ya se ha consumado,
principio de corrección.
Comprendiendo además la reparación, como hemos dicho,
de los daños, principio de responsabilidad.
El derecho al ambiente para además de la conservación
o el restablecimiento del ambiente el derecho a la información pública
sobre los proyectos y programas susceptibles
de producir un deterioro en el medio ambiente.
Y de la participación de la ciudadanía
en los procesos de toma de decisión que afecten a esta materia.
La ciudadanía tiene el derecho entonces a acceder
a la información ambiental,
a los recursos administrativos y jurisdiccionales
contra las decisiones en materia ambiental
y el derecho a participar en la toma de decisiones,
es decir, a intervenir en prevención del daño ambiental
por la ratificación del convenio de ARUS
en 2004.
Y que, por tanto, ya forma parte del texto constitucional,
habiendo sido, además, incorporados a la Ley 27.2006, de 18 de julio,
por la que se regulan los derechos de acceso a la información,
de participación pública
y de acceso a la justicia en materia de medioambiente.
Debe resaltarse por su importancia
la sentencia del Tribunal Constitucional 142-2024,
de 20 de noviembre de 2024,
que desestima el recurso de inconstitucionalidad
interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Vox
en el Congreso, en relación con la Ley 19-2022,
de 30 de septiembre,
para el reconocimiento de personalidad jurídica
a la Laguna del Mar Menor y su cuenca.
Como respuesta al desastre medioambiental
producido por la contaminación del mar menor,
la ciudadanía española
ejerció su deber de conservación del medioambiente
presentando una proposición de ley para la protección de este ecosistema
a través del reconocimiento de su personalidad jurídica.
Iniciativa Legislativa Popular, artículo 87.3 de la Constitución.
La ley 19-2022 de 30 de septiembre es la primera norma euromediterránea
que atribuye personalidad jurídica a los entes naturales.
Crea un nuevo tipo de persona jurídica
con el fin de atribuirle una serie de potestades en defensa
de su existencia y recuperación.
El desarrollo de mecanismos de garantía innovadores
se basa en un nuevo ecocentrismo
que revela que el bienestar de las personas depende del bienestar
de los ecosistemas que sostienen la vida,
como lo ha puesto ya de manifiesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
y recientemente en su sentencia del 9 de abril de 2024,
Verein Klimaseniorinen Schweiz y otras contra Suiza.
La calidad de vida de los ecosistemas determina la posibilidad
de la vida humana en la Tierra.
Presupuesto lógico del disfrute de los derechos
y de las obligaciones constitucionalmente previstas.
El derecho internacional medioambiental
impulsado por Naciones Unidas
desde la primera cumbre de la Tierra,
celebrada en Estocolmo en 1972,
ha desembocado en la adopción de los siguientes tratados internacionales
vinculantes en esta materia.
Convenio de Ginebra sobre la contaminación atmosférica
transfronteriza a gran distancia, 1979, y Protocolo de Gotemburgo,
1999.
Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, 1985,
y Protocolo de Monreal sobre aquellas sustancias
que erosionan la capa de ozono, 1989.
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático,
1992, Protocolo de Kioto, 1997 y el Acuerdo de París
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
en dudoso grado de cumplimiento.
Este derecho internacional
medioambiental ha permeado un nuevo constitucionalismo ambiental
nacional y europeo.
Destacamos los artículos 3.3 del Tratado de la Unión Europea,
artículos 11 y 191-193 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, artículo 37 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea y el Reglamento UE 2021-1119 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 30 de junio de 2021,
por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática.
Queda aún mucho por hacerlo.