Bueno, pues muy buenos días.
Bienvenidos a esta cuadragésimo novena sesión del Seminario
Internacional Permanente de Derechos Humanos y Tecnología,
que tengo el honor de dirigir.
Os doy la bienvenida a esta sesión, como decía,
y agradezco vuestra presencia, tanto a los que asistís de forma presencial
como a los que asisten de forma telemática.
Vamos a abordar un tema muy interesante, el análisis y debate
sobre la acumulación de condenas nacionales y extranjeras
a raíz de los últimos cambios legislativos.
Quiero dar las gracias también a los ponentes, a Carmen y a Xavier
por haber aceptado nuestra invitación.
Y sin más dilación le doy la palabra a mi compañera
Noelia Corral Marabel, profesora de el Departamento de Derecho,
Plan y Tecnología,
para que introduzca la sesión y presente a los ponentes.
Muchas gracias, Noelia.
Bueno, muchas gracias, José.
Pues nada, estamos en una nueva sesión
del Seminario Permanente de Derecho Económico y Criminología.
Es una temática que, la verdad,
es bastante interesante, análisis y debate
sobre la acumulación de condenas nacionales.
Y nada, yo simplemente quería.
Yo simplemente quería hacer una breve introducción
para las personas que también nos están siguiendo desde aquí,
las personas que nos están siguiendo desde casa.
Y decir que hemos traído este tema al seminario, no solo
porque es un tema muy relevante, muy interesante,
también de bastante complejidad técnica, como ahora verán,
sino porque ha sido un tema muy polémico hace apenas unos meses
a raíz de una reforma legislativa reciente.
Como probablemente saben o les sonará de haberlo leído en prensa,
hace unos meses tuvimos una reforma penal,
la introducida por la Ley Orgánica 4-2024,
que introdujo un cambio en nuestro sistema jurídico.
En realidad no es una norma que modifique el Código Penal,
pero sí modificó, a su vez, una ley previa,
la Ley Orgánica 7-2014, que era una ley sobre intercambio
de información de antecedentes penales y consideración
de las resoluciones judiciales
penales en el extranjero.
Se llama así.
Eso era una norma que lo que hacía era adaptar, a su vez,
una decisión marco de la Unión Europea del año 2008.
Y esa decisión marco lo que hacía era reconocer el principio, bueno,
hacían varias cosas, pero una de ellas era
el reconocimiento en España de las decisiones que se han dictado
en el extranjero, decisiones penales que introducen,
pues, bueno, penas o.
Que imponen penas
o las penas incumplidas efectivamente en el extranjero.
Entonces, claro, yo ahora dejaré que Xavier
lo explique muchísimo mejor que yo,
pero simplemente para situar al oyente,
la ley de 2014 lo que hacía, hacía en rasgos generales,
era impedir que esas condenas en el extranjero.
Se tuvieran en cuenta a los efectos de aplicar los límites
de cumplimiento de las condenas del artículo 76 del Código Penal.
Entonces, bueno, esta ley de 2024,
ahora se explicará con más detenimiento
cómo funcionaba esto, pero esta ley
de 2024 lo que hace es modificar eso y elimina una mención en un artículo
y elimina también una disposición que impedía la aplicación retroactiva
de la norma.
Entonces, de esa forma, lo que hace es permitir.
Que se puedan tener en cuenta esas condenas
que determinadas personas han cumplido en el extranjero a efectos
del cómputo de los máximos de cumplimiento de las penas.
Entonces, bueno, a partir de esto
hubo un gran revuelo político, mediático y también jurídico
que salió en todos los telediarios, salió en prensa,
y sobre eso es de lo que va el seminario de hoy.
Entonces, bueno, yo no me detengo más porque no me corresponde a mí.
Entonces, en primer lugar,
tiene la palabra el profesor Salver Echevarría,
profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid,
que nos va a dar una aproximación general y bastante profunda,
porque él ha trabajado mucho sobre este tema.
¿Está bien?
No tengo presentación.
No, pues nada.
Es mucho que no voy sin farpoita en ninguna parte.
Pues, linda que eres.
Bueno, pues buenos días y no quiero saltarme.
El capítulo de agradecimiento, porque no es nada protocolario,
sino muy sincero, el agradecimiento a José y a la UNED
y al seminario en general.
Muchas gracias por invitarme
a un seminario que ya lleva muchas ediciones
y que ha adquirido un enorme prestigio,
con lo cual para mí la verdad es que es un orgullo poder participar
en este seminario, al que he acudido como espectador en muchas ocasiones
y además en un foro.
Como la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, en el que hay un grupo de penalistas extraordinario
que está haciendo avanzar muchísimo el conocimiento
y la investigación,
muchísimo en materias que a mí se me han interesado tanto
como en la ejecución de las penas y el penitenciario.
Por tanto, y además personas admiradas y queridas,
o sea que es todo un placer.
Y también, la verdad, compartir mesa con mi compañera de departamento
en la Universidad de Cundinense, Carmen,
a quien, bueno, no hay que, ya lo hará la moderadora,
alabar su trayectoria, no solo como profesora e investigadora,
sino como abogada y como persona que con la enorme convicción
y dedicación y compromiso defiende los derechos de víctimas del delito,
en concreto, de víctimas del terrorismo, que es algo que hay
que agradecer muchísimo.
En cuanto a mi presentación, yo sí que creo que debo decir,
por razón de honestidad, que en relación con este tema
no solo lo he estudiado desde la perspectiva académica,
sino que como abogado.
Bueno, primero, al margen de mi condición de abogado,
en su momento yo tuve una participación
en lo que se denominó la Villananclares,
¿de acuerdo?
La Villananclares fue una decisión de política penitenciaria
del Gobierno entonces presidido por Rodríguez Zapatero,
con la participación del ministro Rubalcaba
y siendo secretaria general de Asistencia y Superintendencias,
Mercedes Gallizo, en el que se decidió adoptar
una política diferente de ubicación de los presos,
de las personas presas por delito de terrorismo,
en función de su, vamos a llamarle, nivel de reinserción o reducción.
O compromiso con vías de reinserción en este sentido.
Tuve una participación en el año 2011 de diversas maneras
y una de ellas fue que coordiné un taller que se celebró en los meses
de octubre y noviembre de 2011 en la antigua cárcel
de Heranclares de la Oca, en Álava,
coordinando un taller en el que llevábamos allí personas invitadas,
hubo 12 sesiones en las que participaron personas
desde tan maravillosas miradas como Reyes Mate o muchas otras,
y asistían regularmente a esas sesiones
10 presos por delitos de terrorismo, encuadrados en lo que se denominó.
La Vía Anaclares,
una denominación más bien periodística,
pero que luego se ha extendido a otros ámbitos.
A partir de ahí surgió que cuando a finales del 2011,
principios del 2012, cambió el Gobierno
y se paralizó más o menos eso que se llamó
la Vía Anaclares y diversas actividades
que están teniendo lugar en el marco de la Vía Anaclares,
entre ellas, por ejemplo, este taller al que me estoy refiriendo,
Durante ese año 2012 hubo algunos de estos presos que por la relación
que habíamos establecidome pidieron que les echara alguna mano
por algún asunto penitenciario, de pedir permisos
o así.
Fui diciendo que sí y metiéndome en un lío
de considerables proporciones.
En fin, que es como uno se mete en los líos inconscientemente.
Y a partir de ahí surgió que en el año 2013.
Me planteé
que dado que varias de estas personas habían cumplido penas ya en Francia,
estaban en España cumpliendo penas impuestas en España
después de ser entregadas a España y que me parecía
que aquello podía entrar dentro de la institución
de la acumulación de penas prevista en nuestro Código Penal,
pues.
Lo empezamos a solicitar.
Y a partir de que lo empezamos a solicitar,
la primera sentencia en la que se consiguió
fue el conocido como caso Urrosolo, en marzo del 2014,
y ahí se desencadenó un poco todo lo que venimos
a comentar hoy aquí.
Bien, la idea, como me contó José,
es no entrar en una visión excesivamente técnica,
porque entiendo que la mayor parte de las personas
que están aquí presentes y por vía telemática,
como se llame, puedan ser especialistas
en la materia del derecho penal.
Entiendo que no es el objetivo,
sino que estos seminarios tienen una.
Un espectro más divulgativo
y, por tanto, intentaré no incurrir en excesivos tecnicismos
y demás que puedan apartar del asunto a quien se sienta incómodo con ello.
Mi idea es hablar de dos cuestiones.
La limitación,
lo que llamamos acumulación jurídica de las penas.
Y limitación,
establecimiento del límite máximo de cumplimiento de estas condenas,
de estas penas acumuladas y en concreto
respecto a las que se imponen en el extranjero
y sobre todo nos vamos a centrar dentro de estas poco a poco
en las impuestas en el ámbito de la Unión Europea,
en Estados miembros de la Unión Europea,
que tendrían un marco normativo.
Bien.
Se ha producido todo este proceso que,
como decía Noelia, de alguna manera
el último hito es esta Ley Orgánica 4-2024,
que ha reformado la Ley Orgánica 7-2014 y también la Ley
23-2014 de reconocimiento mutuo.
Sí iba a especificar, que esta es la idea que se me había ido
y ha vuelto, y es que,
aunque enlazamos esta cuestión mucho con los delitos de terrorismo,
lo cierto es que nunca ha sido aplicable
exclusivamente a una tipología delictiva, sino que,
a pesar de algunas informaciones de prensa,
Y aunque los supuestos que han dado lugar a mayor polémica o debate,
sobre todo en la parte más partidista de la política,
sean los delitos de terrorismo de ETA,
lo cierto es que, lógicamente, esto no es algo específico
para los delitos de terrorismo y mucho menos los de ETA,
sino que afecta a todo tipo de tipologías delictivas.
Bien.
Entrando en la primera materia, que sería esta idea
de la acumulación y limitación del máximo de cumplimiento,
siempre andamos a veces con el lío de si le llamamos a esta acumulación
o le llamamos refundición.
Bueno, yo creo que la denominación correcta
es la acumulación jurídica de las penas,
aunque es cierto que muchas veces desde la perspectiva procesal
judicial.
En la medida en que implica refundir en una sola ejecutoria que va
a asumir un solo órgano judicial todas las ejecutorias anteriores
de sentencias no ponderatorias impuestas por otros tribunales,
pues en la práctica muchas veces se llama refundición,
aunque lo suyo es la idea de acumulación.
La idea de acumulación de penas,
obviamente, se produce cuando se dictan todas las penas
en una misma sentencia y también, como sabemos,
cuando se imponen diversas penas en diversas sentencias,
en distintos procedimientos judiciales.
En la Ley Ejecutivamente Criminal, en el artículo 988,
el tercer párrafo prevé que el último tribunal,
órgano judicial sentenciador, acumulará estas penas.
Claro, ¿qué es esto de acumular?
Esto tiene que ver con el cumplimiento sucesivo
de las penas.
Las penas han de cumplirse todas las penas
que se impongan simultáneamente,
salvo que no sea posible su cumplimiento simultáneo,
en cuyo caso deben cumplirse sucesivamente.
Lógicamente, las penas de prisión no pueden cumplirse simultáneamente,
sino sería mucho igual.
Sino que se cumplen sucesivamente, establecido en la práctica,
que se cumplen de mayor gravedad a menor gravedad.
Teóricamente no pierden su individualidad,
lo cual esto luego en la práctica de la ejecución de las penas
plantea muchísimos problemas cuando se acumulan muchas penas,
por ejemplo, en materia de prescripción,
reincidencia y otras cosas.
Se cumplen de mayor a menor sin que pierdan su individualidad.
Pero se establecen en nuestro reglamento jurídico,
en el artículo 76 del Código Penal, unos límites máximos
para el cumplimiento efectivo de penas
que han de cumplirse sucesivamente.
Como sabemos, el límite primero.
El límite primero de cumplimiento es el famoso del triple de la mayor.
Esto que cualquier delincuente que se precie en prisiones conoce,
quiero que me hagan el triple, pues el triple de la mayor,
si hay un montón de penas de un año, dos años, de lo que fuera,
y la pena máxima es de tres años,
pues.
Aunque el sumatorio de penas
a cumplir sucesivamente sea 10, 20, 30 o los que fuera,
el límite máximo de cumplimiento va a ser el triple de la mayor,
el límite de 3,
9 años o lo que fuera, hasta penas de cerca de 7 años,
que ya tendrían otro límite.
Además de este límite del triple de la mayor,
tenemos el límite de los 20 años.
Según nuestro Código Penal, la pena máxima de prisión
en nuestro tratamiento serían 20 años,
lo cual admite excepciones.
Hay varias excepciones, una de ellas, una pena de otro tipo
que se ha establecido, que es la pena de prisión permanente.
Por tanto, el establecimiento de 20 años
como límite máximo de cumplimiento no es aleatorio,
sino que tiene que ver con la duración que se entiende razonable.
Luego veremos desde un punto de vista humanitario
como límite máximo del encarcelamiento de una persona.
No vamos a entrar en ello,
pero estamos hablando de tiempos de cumplimiento de pena de prisión
que ya inciden gravemente.
En los derechos de la persona, en su situación psicológica
y en diversos factores que se tienen en cuenta
para considerarse una pena humana o inhumana.
Además de ese límite de los 20 años, tenemos el de los 25, el de los 30,
según la gravedad de los delitos que estén en juego,
al que da lugar a la imposición de estas penas
de cumplimiento sucesivo.
Y también, según la tipología delictiva,
y aquí sí que los delitos de terrorismo
reciben una regulación especial,
que puede dar lugar a que se alcancen máximos de cumplimiento
de hasta 40 años de prisión,
para hechos cometidos a partir del año 2003,
porque fue en el año 2003 cuando se extendió
de los 30 a los 40 años el límite máximo de cumplimiento.
Esta institución de la acumulación,
cuando las penas se han impuesto en distintos procesos,
en distintas sentencias, tiene un elemento fundamental
que es lo que antiguamente decíamos la conexidad
y hoy día la conexión temporal.
Formulado de manera cambiante
el Código Penal, ha ido variando la interpretación,
pero hoy día bastante pacífica en general en relación
con que son acumulables, es decir, ilimitables,
es decir, limitables, las penas que se hayan impuesto
por hechos.
Que habrían podido ser juzgados en un solo procedimiento
y, por tanto, en una sola sentencia,
en función de su fecha de comisión.
No voy a entrar en todas las complejidades
de la acumulación, que son muchísimas, y en la más sencilla,
la idea de que todos los hechos son anteriores
a la primera sentencia.
Si todos los hechos son anteriores a la primera sentencia,
la siguiente sentencia, la siguiente sentencia,
la siguiente sentencia,
las penas que se impongan en esta siguiente sentencia
serán acumulables, las ejecutorias refundibles
y, por tanto, el cumplimiento sucesivo
de las penas será limitable.
Hay personas que acumulan penas de prisión no limitables
que alcanzan.
¿Años de expectativa de cumplimiento superiores a los 30, 40 años?
Sí, los hay.
No sé decir los números.
Cuando hace muchos años, en el 2010, para la reforma del 2010,
creamos una plataforma, Julián Ríos y otras personas,
que llamamos Plataforma Autodecho, pero no es posible.
En su momento tuvimos una web.
O ya era difícil mantenerla.
Aparte, la atacaban constantemente.
No sé si hay un deporte de atacar webs,
o era esta en concreto, o no sé.
El caso es que ahí planteamos
y presentamos propuestas de enmiendas a grupos parlamentarios,
la idea de cómo corregir este tema.
En aquel momento pedimos información a Mercedes Gallizo
y nos dio la información de que había 400 personas en España
condenadas a más de 30 años.
En un trabajillo del año pasado,
bueno, digo trabajillo, trabajazo, aunque sea breve,
de Antonio del Moral, siempre magnífico,
lo tenía por aquí, en febrero del año pasado, octubre del 24,
o sea, muy reciente, notas del sistema de acumulación jurídica
del artículo 76 del Código Penal, un artículo
que recomiendo mucho.
Y aquí él habla, Antonio, de 200 casos,
que superan estos límites máximos de cumplimiento.
En concreto, el otro día me hablaban
de una persona que está en prisión ahora,
que acumula, me parece que son 80 años
en distintos tramos de cumplimiento
y le están negando la libertad condicional.
Bueno, es lo que llamamos en su momento las penas eternas.
Personas que no estaban,
entonces no existía la prisión permanente,
existían los límites de cumplimiento,
pero existían personas,
recuerdo que había una condenada apenas que sumaban 100 años
no acumulables.
Yo también tenía un cliente condenado a 50 y pico, 60 años,
con lo cual nos podemos imaginar que el cuarto de cumplimiento
de condena, si está condenado a 60 años,
puedes acceder a los permisos a los 15 años,
en la prisión permanente a los 8, ¿no?
Bueno.
Tenemos aquí esta realidad de la prisión,
de las penas eternas, que yo creo que merecería ya de una vez
por todas la atención del legislador.
En su momento,
redactamos unas propuestas de modificación legislativa
que algunos grupos parlamentarios, Izquierda Unida,
Iniciativa de Cataluña-Les Verts, presentaron en la reforma del 2010,
pero que.
Lógicamente, las enmiendas de grupos militares
no fueron atendidas.
Pero creo que esto es algo que merece la pena traer a colación.
Bien, yo creo que es importante decir y empezar a establecer unas ideas.
Primero, la idea de la prisión es sufrimiento.
La prisión es sufrimiento y la prisión
es sufrimiento infligido, perdón, legítimamente por el Estado.
Lo que pasa es que, claro, hay un límite de sufrimiento
para que sea legítimo.
Entrar en prisión, perder la libertad,
perder las relaciones sociales en cierta medida,
perder la intimidad,
perder muchas cuestiones que están asociadas al encarcelamiento,
es evidentemente un sufrimiento.
Es un sufrimiento.
Como decía, la prisión es una amarga necesidad
de una sociedad de seres imperfectos, que es algo
que algunos aún nos creemos, aunque no sea la, digamos,
aparentemente sensación o sentimiento hoy día mayoritario,
aunque se va extendiendo la idea de que no hay suficientes años
de prisión para nada, nunca.
Y yo creo que se desprecia.
También muchas veces desde el desconocimiento
el sufrimiento que implica la prisión y se habla tan alegremente de años
y pocos años y más años, etcétera.
Bueno, creo que la prisión y el sufrimiento
que significa han de limitarse para que puedan ser legítimos
y las limitaciones vienen en muchísimos sentidos,
desde las condiciones de cumplimiento,
la legitimidad en sí del origen de la privación, etcétera, etcétera,
y una de ellas es evidentemente la duración.
Establecer límites máximos de cumplimiento
o, como en otros ordenamientos subjurídicos,
establecer penas globales para acumulaciones de delitos
o los sistemas que se establezcan para limitar los años
de encarcelamiento es algo que existe en todos los ordenamientos
jurídicos, obviamente también.
En el nuestro, en el artículo 76,
matizado por el 86 y otros, bien, sin entrar en esa profundidad.
En todo caso, esta limitación por vendría,
el fundamento sería principalmente,
se suele hablar del principio de humanidad de las penas,
yo personalmente prefiero hablar de la prohibición de la inhumanidad
de las penas,
que me parece más ajustado a la realidad.
Es decir, hay penas que serían inhumanas.
Conforme al estado de nuestros sentimientos colectivos,
cultura, comprensión de lo que es la dignidad humana
y en ese sentido lo que es inhumano.
Es decir, jurídicamente, en nuestra Constitución,
en el artículo 15,
que prohíbe las penas inhumanas, crueles o degradantes,
O en el artículo 3 de la Convención Europea de Hechos Humanos
, que es tan importante para nosotros porque a partir de este artículo 3,
que prohíbe las penas y los tratos crueles,
inhumanos o degradantes, el Tribunal Europeo de Hechos Humanos
ha desarrollado toda una serie de consecuencias
y dando un amplio alcance a la comprensión
de esta prohibición.
Por tanto, estamos hablando de que la prisión
no ha de producir más desocialización de la imprescindible,
que la prisión no ha de producir más sufrimiento del imprescindible.
En cuanto a las penas largas
o las prisiones perpetuas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
ha desarrollado sobre todo esta idea del derecho a la esperanza,
en el sentido de que tiene que haber un.
Horizonte temporal que, según ya bastantes sentencias,
sobre todo últimamente en relación con Hungría,
no debería superar los 25 años,
el tiempo mínimo de cumplimiento en la prisión perpetua,
lo cual podríamos extenderlo también a la concienciación, por ejemplo,
aunque con sus diferencias, obviamente,
de las penas eternas a las que me refiero.
Yo creo que también puede ser interesante
no solo traer a colación esta prohibición
de la inhumanidad por la larga duración,
sino también principios como el principio de proporcionalidad.
También en esta institución de la acumulación y limitación
de las penas, somos a la idea de proporcionalidad,
sobre todo también.
Nos vamos a referir hoy más, quizás,
si derivamos hacia el caso 2 del terrorismo, a condenas largas,
muy largas, por delitos muy graves,
pero esto lo podemos aplicar lo mismo a condenas cortas
por hechos no graves, pero que acumulan muchos casos.
El otro día estaba mirando un caso, por ejemplo.
De una persona con la que estamos trabajando
en la clínica penitenciaria de la Complutense,
que va acumulando ya muchas pequeñas condenas
por tentativas de robos, con fuerza, hurtos, etcétera,
y va acumulando un número de años,
un número de años que empieza a alcanzar ya,
pues, ¿no?
, nueve, diez, once años,
que, hombre, respecto a una serie de conductas,
de tentativas de.
De robo con fuerza,
pues parece una exageración la desproporción y, por tanto,
estos límites del triple de la mayor, etc.,
pues nos pueden permitir corregir esta desproporción de sufrimiento
en relación con la gravedad de las conductas que se realizan.
Por tanto, los principios de proporcionalidad,
de prohibición de la inhumanidad de las penas, también.
Sobre todo en España, por su encaje constitucional,
la obligatoria orientación de las penas privativas
de libertad a la reeducación y a la reiniciación social,
lo cual también nos sitúa en esta obligación
de ofrecer un horizonte temporal, nos sitúan en este marco
de principios básicos del derecho penal
que deberían conducir a.
Bueno, que informan el establecimiento
de un límite máximo.
Bien.
La idea es, pasando a la segunda parte de la intervención,
la parte de atender a lo internacional,
¿en qué afecta a la razón de ser de la institución
de la acumulación y limitación de penas de cumplimiento sucesivo
el hecho.
De que hay unas penas que se hayan impuesto en España
y otras penas que se hayan impuesto en el extranjero.
¿Debe decaer la prohibición de inhumanidad,
el principio de proporcionalidad o la orientación a la reinserción
porque unas penas se hayan impuesto en Australia,
Alemania, Estados Unidos, España, Francia o donde sea?
Es decir, ¿tendría sentido.
Relajar lo que entendemos por indigno e inhumano,
porque aparecen otros intereses que habría que ver cuáles son.
Cuando en el año 2013
empezamos a plantear que se aplicara, y en este caso
si eran personas condenadas por delitos de terrorismo de ETA,
empezamos a plantear que las penas impuestas en Francia
se acumularan con las penas impuestas en España,
de tal manera que todas entraran en el cómputo
y, por tanto, el tiempo cumplido en Francia
computara.
En el máximo de cumplimiento posible para estas personas,
que en todos los casos era 30 años,
cuando empezamos a plantear esto, por un lado,
lo que teníamos era el artículo 76 del Código Penal.
El artículo 76.2 del Código Penal no incorpora ningún impedimento
para que la acumulación jurídica de penas.
Aplique a penas impuestas en diferentes países.
Teníamos también, aunque nunca entró en el debate judicial
en aquel momento, tendríamos un convenio europeo número
70 con un artículo 56 que orientaba a los estados firmantes del convenio
a, bueno, un poco en la línea de lo que luego fue la decisión marco
del 2008 de la que hablaremos.
En aquel momento, en el 2013, había cuatro sentencias
del Tribunal Supremo que abordaban esta cuestión.
En tres de ellas, dos casos de Tailandia
y uno de Andorra, que era la última sentencia del 2013,
se pronunciaba el Tribunal Supremo a favor de la acumulación.
En los casos de Tailandia,
haciendo alusión, con más o menos base,
en el tratado de obrería terror con Tailandia
o en el caso de Andorra en relación con el convenio de Estrasburgo
de traslado de personas condenadas.
Y había otra que sí se relacionaba con un caso de incumplimiento
en Francia y de un preso por delito de terrorismo de ETA,
en el que, sin embargo,
era la única del 2002 que se había pronunciado en sentido contrario.
Cuando planteamos en aquellas instancias,
primero la Audiencia Nacional, luego el Tribunal Supremo,
que se aplicara el artículo 76 a estos casos,
pues nos basábamos en la literaridad del artículo 76,
en las sentencias a las que me he referido,
sin profundizar mucho, y a mayor abundamiento en.
En la decisión marco número 675 de 2008.
¿Qué es esto de la decisión marco 675-2008?
Bueno, sin entrar en qué son las decisiones marco,
que era este instrumento que se utilizaba con anterioridad
y que.
Curiosamente, yo creo que sería interesante quizás
que esta decisión marco y otras fueran sustituidas
por una directiva
y que avanzara un poco en lo que supuso esa decisión marco
del año 2008.
La idea de esta decisión marco 675 es la del reconocimiento
de las soluciones judiciales dictadas en los países de la Unión Europea.
Con vistas a desarrollar el espacio único europeo de justicia,
seguridad y libertad.
No vale ese orden, pero no me asagues.
Bien, la idea sencilla, la idea sencilla,
no plasmada muy sencillamente, pero sencilla de la decisión Marco,
del artículo 3,
es el principio de equivalencia.
Que los órganos judiciales
de un Estado miembro den a las resoluciones judiciales
de otros Estados miembros los mismos efectos
que dan a las resoluciones judiciales nacionales.
Y esto en todos los aspectos del procedimiento penal,
en la fase de instrucción, de juiciamiento o de ejecución.
Y esto es un principio bastante sencillo, realmente,
en su formulación, que implica que para un juzgado de Madrid,
a la hora de tomar decisiones sobre muchas cosas,
la prisión preventiva, la fianza,
la suspensión, etcétera, etcétera, etcétera,
a la hora de tomar una decisión de los mismos efectos,
A una sentencia de Viena, de Cracovia, de Inglaterra,
de cualquier país europeo.
Lo mismo un juzgado de Toledo que un juzgado de Berlín.
Lo mismo, la resolución debe tener los mismos efectos
que serán los que le dé la legislación española,
que obviamente es la normativa que va a aplicar el tribunal.
Juzgado, el órgano judicial juzgado o tribunal español.
Bueno, pues esto es relativamente sencillo.
¿Esto qué significa?
Darles los mismos efectos en, por ejemplo,
la acumulación y limitación de las penas
para su cumplimiento sucesivo.
Bien, pues la sentencia del caso
Urosolo, que fue la sentencia del 14 de marzo del 2014,
entendió basándose, en mi opinión,
no me gustó mucho la sentencia en ese momento,
porque, en mi opinión,
se basaba demasiado en la decisión Marco,
cuando, en mi opinión, los fundamentos deberían haber
sido otros, más de principios, por ejemplo,
y el propio artículo 76, etcétera.
El caso es que se acordó, sí, El Tribunal Supremo dijo sí,
a partir de esta decisión se acumulan las penas impuestas en Francia
con las de España,
el límite de cumplimiento es 30 años,
los años cumplidos en Francia cuentan para este cómputo
de los 30 años, por tanto,
a los 30 años desde el inicio del cumplimiento en Francia
con los abonos correspondientes,
etc., se extinguirá la responsabilidad penal
de esta persona.
Y a partir de que se dictó esta sentencia, en marzo,
volvimos a presentar algunos de los casos que se nos había rechazado,
otros casos también se presentaron y la Audiencia Nacional
asumió en una sentencia de en un auto, perdón, de junio,
en otro auto de.
Octubre asumió que este era el criterio.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional también lo asumió
porque no recurrió ninguna de estas a las que me estoy refiriendo
y el asunto no se empezó a enredar hasta las resoluciones
que se hubieran de tomar el 2 de diciembre del 2014,
el día anterior
a que entrara en vigor la Ley Orgánica 7-2014.
¿Qué es lo que había ocurrido en el entretanto?
Pues, a ver,
cuando se produce la sentencia del caso Grosolo, el Gobierno,
presidido por Mariano Rajoy en el 2013,
había aprobado un anteproyecto de ley para transponer la decisión Marco.
Las 675 y las 909, las dos.
Este anteproyecto
fue informado por el Consejo General del Poder Judicial,
por el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal.
Es interesante, lo tengo por aquí, el dictamen del Consejo de Estado.
Se remite también al Consejo General del Poder Judicial.
Fueron críticos con el anteproyecto en varias cosas.
Por ejemplo, su rango, que no era ley orgánica,
lo cual efectivamente era llamativo.
También, por ejemplo, el que no se especificaba bien
a qué alcanzaba, que se formulaba de una manera un poco confusa.
El principio, ¿de acuerdo?
El caso es que el Gobierno recogió estas recomendaciones
de los informes preceptivos,
las incorporó al texto del anteproyecto,
de tal manera que el artículo 14 del del anteproyecto
recogía la posibilidad de acumular,
en su exposición de motivos se aludía específicamente
a la fijación del límite máximo de cumplimiento
como una de las cuestiones a las que se iba a aplicar
el principio de equivalencia de las resoluciones europeas
y, por tanto, el texto que llegó al Congreso.
En esos días de marzo del 2014, era un proyecto de ley orgánica
y un proyecto de ley que luego fue la 23-2014,
que recogían la posibilidad de acumulación y limitación,
incluyendo las resoluciones de Estados miembros.
Este texto se aprobó en el Congreso,
pero cuando llegó al Senado.
Ya se estaba produciendo el escándalo, digamos,
la preocupación por las consecuencias de la sentencia de marzo
del Tribunal Supremo, y entonces el Grupo Popular
en el Senado, basándose en una alusión
a la seguridad jurídica por parte del senador que nos defendió,
presentó unas.
Yo les llamo autoemiendas,
porque no dejaba de ser su propio texto,
para cambiar el artículo 14 e introducir una disposición
transitoria que establecía una fecha que tenía que ver con la fecha límite
de transposición.
Podrían los jóvenes, en mi opinión,
una fecha bastante random, pero bueno,
pues esa fecha.
Y, sobre todo, para mí más importante,
en el artículo 14 se decía que no se iban
a poder acumular las penas impuestas por hechos anteriores
a la sentencia europea.
Lo cual, en la acumulación
de las penas conforme al artículo 72, 76.2, es precisamente.
Eliminarlo para cualquier tipo de acumulación,
porque si el hecho es posterior a esa sentencia,
no es acumulable por nuestro artículo 76.2.
Solo son acumulables las penas impuestas en sentencias por hechos
anteriores a aquella sentencia con la que se quedará acumulada.
Por lo tanto, ese artículo 14 era cerrar absolutamente el paso
a la acumulación, no solo hasta 2010,
sino también antes y después.
Y, por otro lado, en la 23 de 2014 también se introdujo
una modificación en el artículo 86 para remitirse a la 7 de 2014
en este punto, con lo cual quedaba vedada
para el ámbito de Estados Unidos y la Unión Europea
la posibilidad de transponer.
El caso es que este es el texto que salió del Senado,
el texto que llegó al boletín oficial del Estado y el texto
que entró en vigor el 3 de diciembre del 2014.
Aquí ocurren otras cosas que ya es un poco historia del derecho,
que quizás no tienen tanto interés, que es
que se produjo en el caso Picabea, que es un caso que yo llevaba,
que se había producido en septiembre.
Por tanto, aquel caso ya estaba recurrido en casación por nosotros
y, por tanto, se utilizó ese caso por parte
del Tribunal Supremo para dar una respuesta general
a los casos que ya se habían producido
con polémica el 2 de diciembre,
que, por cierto, fueron tres casos
decididos por la sección primera a favor de la acumulación,
un caso decidido por la sección segunda en contra de la acumulación.
El caso es que la sentencia del Tribunal Supremo, la 874-2014,
aunque es del 27 de enero del 2015,
decidió que no había una aplicación retroactiva
de la Ley Orgánica 7-2014,
decidió que no hacía falta plantear una cuestión prejudicial
por la interpretación del artículo 3.5 de la decisión Marco,
que yo creo que hay que comentar un poco de humor, nunca viene mal,
basándose en la doctrina del acto claro.
Es decir, lo que dice el artículo 3.5 de la decisión Marco
es tan claro que no hace falta preguntarle al Tejúe,
al Tribunal de Justicia Europea, qué es lo que quiere decir.
A pesar de lo cual, el Tribunal Supremo
dedica bastantes páginas a estudiar el texto de ese artículo en inglés,
en francés.
En jurisprudencia holandesa, francesa, etc.,
para concluir que es tan claro que no hace falta plantear
una cuestión prejudicial.
Después de esa sentencia, acudimos al Tribunal Constitucional.
Aquella sentencia, por cierto,
se produjo con nueve votos favorables y seis en contra,
los seis magistrados.
Disidentes suscribieron cuatro votos particulares.
Esto llegó al Tribunal Constitucional por diversas cuestiones,
que si luego en los debates pregunta si quiere profundizar en eso,
lo hacemos, pero ya digo que esto ya es más historia del derecho,
aunque puede ser importante.
Llegó al Tribunal Constitucional básicamente por la cuestión
de la aplicación retroactiva, aunque también por otras razones,
y el Tribunal Constitucional en un auto.
En un auto del Tribunal Constitucional,
en un auto de diez páginas, dijo que se inadmitía
porque era manifiestamente infundada la demanda de amparo.
Aquí hubo cuatro magistrados que.
Entendieron que no era manifiestamente infundado,
que debería haber se admitido el recurso,
y hubo dos, Siol y Asúa,
que entendieron que no solo debería haberse admitido,
sino estimado el recurso de amparo.
Bien, después de este auto de inadmisión,
yo planteé el incidente de nulidad,
Hubo otros casos en los que no se planteó incidente de nulidad.
El caso es que acabó llegando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
una demanda.
Demanda que la única alegación que se admitió,
aunque intentamos otras, la única alegación que se admitió
fue la de la retroactividad.
Y eso fue a lo que condené.
Voy a terminar.
A lo que contestó la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos.
Aunque la primera sentencia del Tribunal Supremo fue la del caso
Picabea, la primera sentencia del Tribunal de Derechos Humanos
fue la de unos casos acumulados, que fueron los de Arróspide,
y ahora no me viene el nombre de los otros dos,
que fueron los que se decidieron en diciembre,
si no recuerdo mal, del 2014, el caso es que en aquella sentencia
de octubre del 2018, el Tribunal de los Derechos Humanos
entendió que la sentencia del Tribunal Supremo
de enero del 2015 no era una aplicación retroactiva
de la Ley Orgánica 7-2014.
Y, por tanto, desestimó la demanda
y ya luego, también, por ejemplo, la de Consejo Picabea,
que es la que conozco,
y las restantes las fue inadmitiendo una vez tomada la primera sentencia
decidida en primera ocasión, pues ya las demás
fueron todas inadmitidas.
Esto quedó ahí.
Podríamos comentar desde 2018 hasta 2024
qué es lo que ha podido ocurrir.
El caso es que en 2024 lo que ha ocurrido
es que se presentó un proyecto de ley orgánica,
un proyecto de ley orgánica para modificar la ley orgánica 7-2014
en relación con temas relacionados con el registro de antecedentes
y se presentó.
Utilizó este proyecto de ley para,
en unas enmiendas del Grupo SUMAR, creo que era,
podemos discutir si con veranidad y alevosía que se decía o no,
pero el caso es que se metieron esas enmiendas.
Ya había habido una proposición de ley de Podemos
hace unos años que se retiró,
por parte del Grupo Parlamentario Podemos
en este sentido,
pero básicamente lo que ha hecho esta enmienda
es devolver la Ley Orgánica 7-2014 y la Ley 23-2014 al texto
con el que se aprobaron en el Congreso en 2014,
es decir, antes de esas autoenmiendas.
Es decir, volver al texto que aprobó el Consejo de Ministros
en 2014.
Y que se remitió y aprobó el Congreso en 2014,
y se ha vuelto a esta situación.
De lo cual, y termino diciendo que yo, personalmente,
y sin desconocer todas las otras consideraciones
que se puedan hacer, me alegro por el principio
o por la prohibición de no inhumanidad en las penas
y por el principio de equivalencia de la decisión Marco,
Y por el principio de equivalencia en el que creo
que habría que profundizar en una futura regulación
hacia la consolidación, creación de ese espacio único,
yo me alegro de que las penas impuestas en el extranjero
puedan ser acumuladas con las penas impuestas en España
para fijar unos límites máximos de cumplimiento que tengan.
Que sea la expresión de esta prohibición
de las penas crueles, inhumanas o degradantes,
el principio de proporcionalidad y el principio de reinserción social.
Y en ese sentido, es lo que digo que me alegro
de que el resultado normativo final sea este,
porque yo creo que es lo coherente,
no solo con estos principios a los que me he referido,
sino con la idea de espacio único de libertad, seguridad y paz.