En esta videoclase explicaremos el derecho fundamental
a la educación en el ordenamiento jurídico español.
Para ello analizaremos el artículo 27 de la Constitución española
y los principales tratados internacionales
en materia de derechos humanos.
Estos integran el ordenamiento jurídico interno
desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado,
constituyen los parámetros interpretativos.
De todos los derechos fundamentales y libertades públicas
constitucionalmente protegidos, al tenor de los artículos 10.2 y 96.1
de la Constitución.
Con carácter previo,
es importante vincular el estudio de los derechos fundamentales
a la idea de democracia.
En un sistema democrático,
el respeto de los derechos inviolables e inherentes
a la persona, el respeto a su dignidad
y al libre desarrollo de su personalidad,
son el fundamento del orden político que la Constitución garantiza.
La educación es el derecho más íntimamente vinculado a la dignidad.
La educación es consustancial al proceso de construcción
de la personalidad en libertad.
Con el fin de reconocer y valorar la igualdad y dignidad inherentes
a todos los seres humanos.
Por tanto,
la educación es fundamental en democracia para la capacitación
de los individuos en la autodeterminación
y participación en el ejercicio del autogobierno.
La Constitución proclama, en el mismo precepto, artículo 27.1,
el derecho de todas las personas a la educación
y la libertad de enseñanza.
Es preciso aclarar en primer lugar
este doble reconocimiento.
El artículo 27.1 pretende asegurar la educación
de todas las personas dentro de un marco educativo
pluralista en consonancia con la proclamación
de la superioridad del pluralismo en el ordenamiento jurídico español,
artículo 1.1 de la Constitución.
Veremos primero que esto se traduce en que todas las personas
tienen derecho a recibir una educación básica gratuita
y, en segundo lugar, en el reconocimiento de la libertad
de elegirla de acuerdo a las propias convicciones,
en conexión con la libertad ideológica
prevista en el artículo 16.1 de la Constitución
y con la libertad de expresión en el artículo 20.1
de la Constitución.
Recordemos brevemente que la libertad ideológica
es la facultad de profesar,
expresar y difundir las propias convicciones personales
y en su vertiente negativa el derecho a no publicarlas.
La libertad ideológica
refuerza el ejercicio de la libertad de expresión,
es decir, la emisión de juicios personales,
creencias, pensamientos, ideas y opiniones.
Recibir una educación básica gratuita
conlleva el acceso de todas las personas en condiciones
de igualdad a las enseñanzas regladas constitutivas del sistema educativo
y a recibir una formación que será constitucionalmente obligatoria
hasta los 16 años de edad, siguiendo el artículo 27.4
de la Constitución.
De la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza básica,
se deriva el derecho a un puesto escolar gratuito
en la enseñanza obligatoria,
que ofrezca igualdad de oportunidades.
Por su parte, el artículo 27.3
garantiza el derecho de los padres a escoger el tipo de formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones,
concretada en la asignatura de religión y en las optativas.
Este derecho se ejerce al elegir colegio
si se trata de un centro privado con ideario propio
o una vez que el hijo o hija esté escolarizado en un centro público,
seleccionando esas asignaturas optativas.
En ambos casos, es decir, en centros escolares públicos
y privados, la educación del alumnado tendrá por objeto el pleno desarrollo
de la personalidad humana en el respeto
a los principios democráticos de convivencia y a los derechos
y libertades fundamentales.
El artículo 27.2 es importante,
pues al delimitar el objeto de la educación está ampliando.
El contenido de la instrucción.
El alumnado tiene derecho no solamente a formarse
en una serie de conocimientos objetivos,
sino también aprender los valores y principios democráticos
que de hecho
fundamentan la convivencia dentro de la comunidad política
de pertenencia en la que desarrollar su individualidad.
Esa formación habilita la participación política.
Para afianzar al respeto de la libertad,
dignidad y diversidad propias de los seres humanos.
Estas finalidades que la educación persigue
y los principios del sistema constitucional informan
también de las enseñanzas impartidas en cualquier centro docente,
la consecución del pleno desarrollo de la personalidad humana
en el respeto a los principios democráticos de convivencia
y a los derechos y libertades fundamentales,
se erige como límite a la libertad de enseñanza.
La libertad de enseñanza significa el establecimiento
de un sistema educativo pluralista donde coexiste la iniciativa pública
y privada en la creación de centros docentes,
De acuerdo entonces al artículo 27.6 de la Constitución,
todas las personas físicas y jurídicas tienen derecho
a crear instituciones educativas y a dotarlas de un ideario propio
dentro del respeto a los principios constitucionales,
a las exigencias de la ciencia y la verdad
y a la libertad de cátedra.
Esta protege la independencia
y solvencia intelectual del profesorado en su creación científica
y en el ejercicio de sus funciones docentes
adecuadas a la edad y nivel de formación del alumnado.
Por tanto, el profesorado no está obligado a adherirse
al ideario de su centro de trabajo.
El artículo 27
reconoce en su décimo apartado la autonomía universitaria
como manifestación del principio de libertad académica,
de cátedra, de investigación y de estudio.
Con el fin
de asegurar el cumplimiento de la legalidad educativa,
el Estado garantiza el derecho a la educación
mediante una programación general de la enseñanza,
la creación de centros docentes,
la inspección y homologación del sistema educativo
y la ayuda económica a centros docentes
no estatales.
Artículos 27.5, 27.8 y 27.9
de la Constitución.
Este mandato de ayuda a los centros docentes
que reúnan los requisitos que la ley establezca, 27.9, se refiere
a la constitucionalización del régimen de conciertos
que permite incorporar
a los colegios que lo deseen al sistema público.
En el sistema público, centros públicos
y privados concertados están obligados a organizarse
para dar cumplimiento al mandato de participación
de toda la comunidad educativa,
a saber profesorado, padres y alumnado,
en el control y gestión de los centros.
Artículo 27.7 de la Constitución.
De la legislación internacional
que, recordemos, forma parte del ordenamiento jurídico español,
resaltar las siguientes aportaciones a la regulación constitucional.
El artículo 26 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948 y el artículo 13.1
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de 1966 incluyen en la regulación del derecho a la educación
la generalización de la instrucción técnica y profesional
y la igualdad de acceso a los estudios superiores en función
de los méritos.
Añadiendo asimismo a las finalidades de la educación,
la capacitación para participar efectivamente en una sociedad libre,
favorecer la comprensión, tolerancia y amistad
entre todas las naciones y grupos raciales,
étnicos o religiosos.
La Convención de los Derechos del Niño
de 1989, en el artículo 28, incide en la información
y orientación en cuestiones educacionales y profesionales
y en medidas para fomentar la asistencia regular
a las escuelas, reduciendo las tasas de deserción escolar.
Considero especialmente relevante el artículo 29,
que amplía el objeto de la educación
incluyendo el respeto a los valores de civilizaciones distintas
y el respeto del medioambiente natural.
Por último, y en el ámbito europeo, el artículo 2
del Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos
, 1952, reproduce de forma escueta la regulación constitucional
y el artículo 14 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho de acceso
a la formación profesional y formación permanente.