En esta videoclase explicaremos el derecho fundamental
de participación política en el ordenamiento jurídico español.
Para ello analizaremos el artículo 23 de la Constitución Española
y los principales tratados internacionales
en materia de derechos humanos.
Estos integran el ordenamiento jurídico interno desde su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.
Constituyen los parámetros interpretativos
de todos los derechos fundamentales y libertades públicas
constitucionalmente protegidos, a tenor de los artículos 10.2 y 96.1
de la Constitución.
La constitucionalización de la participación política
protege la capacidad de la ciudadanía para intervenir
en la toma de decisiones públicas
que afectan directamente a sus intereses como individuos
y como miembros de la comunidad política
a la que pertenecen.
Introducimos aquí tres conceptos importantes
para articular las relaciones individuo-estado, participación,
ciudadanía y pertenencia.
La ciudadanía es el estaduto jurídico-político
derivado de la Constitución
que reconoce los derechos civiles, políticos y sociales,
así como los deberes de los individuos,
en tanto miembros de una comunidad política.
Por tanto, la ciudadanía posibilita la participación activa y pacífica
en la vida política de la comunidad.
La adquisición de esta condición de ciudadanos y ciudadanas
permite tomar conciencia de la pertenencia,
de la calidad de ser miembro de la comunidad que conlleva
la concesión de un conjunto de derechos y deberes.
La comunidad otorga protección a los individuos
al garantizar sus derechos.
Históricamente, la ciudadanía privilegió exclusivamente
a los individuos procedentes de un determinado estatus socioeconómico
minoritario varones, blancos, instruidos, propietarios.
La clasificación y selección excluyente
de los seres humanos con base en estas diferenciaciones
fundamentó la restricción del sufragio al resto de hombres
durante los siglos XVIII y XIX y a las mujeres hasta el siglo XX.
Las primeras declaraciones de derechos posteriores
a las revoluciones liberales,
como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776
y la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano
de 1789,
y su posterior constitucionalización,
sancionaron el privilegio de la ciudadanía,
la desigualdad entre los hombres, la discriminación contra las mujeres
y la excepcionalidad de la participación política.
Sin embargo,
la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana
de 1791 de Lim de Gouges no fructificó.
Posteriormente, la Vindicación de los Derechos de la Mujer de 1792
de Mary Wollstonecraft tampoco prosperó.
Incluso la Declaración de Seneca Falls
de 1848, suscrita por ambos géneros,
no consiguió el reconocimiento de la mujer como sujeto de derechos.
Después de la Segunda Guerra Mundial,
La Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948
reinserta definitivamente la participación como derecho
de todos los seres humanos, vinculándola a la igual dignidad
de todas las personas en su diversidad.
En su artículo 21.3 consagra la voluntad del pueblo
como base de la autoridad del poder público.
El ordenamiento jurídico español, el artículo 23 de la Constitución,
contempla tres modos de participar en la vida política española.
En primer lugar, el derecho a la participación política directa
o por medio de representantes en elecciones periódicas
por sufragio universal,
derecho de sufragio activo o sufragabilidad,
es decir, poder elegir, artículo 23.1.
El derecho de acceso a los cargos públicos representativos
en condiciones de igualdad, derecho de sufragio pasivo
o elegibilidad, poder ser elegido, artículo 23.2
de la Constitución.
Y, por último, el derecho de acceso a la función pública,
en virtud de los principios de mérito y capacidad, artículos 23.2 y 103.3
de la Constitución.
El derecho de participación política se ha consolidado
como un presupuesto de la democracia.
Es una exigencia de cualquier Estado democrático
en el que el pueblo, como titular de la soberanía nacional
y del que emanan los poderes del Estado, tiene el derecho
a intervenir en la conformación de la voluntad política
del Estado directamente o a través de la elección de representantes.
Los representantes elegidos periódicamente
por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto,
convertirán la voluntad popular en legislación
en virtud de la atribución constitucional de la función
representativa en España a las Cortes Generales
o Poder Legislativo.
Artículos 66.1, 66.2 y 68.1
de la Constitución.
En España, por ser una democracia representativa,
el pueblo encomienda el ejercicio de su soberanía a sus representantes
mediante su voto.
Los elegidos que primero fueron independientes,
a partir del siglo XX se organizan en partidos políticos.
En la actualidad son el instrumento fundamental
de participación política, artículo 6 de la Constitución,
más o menos fiel al mandato otorgado por la voluntad popular.
Siguiendo el artículo 67.2 de la Constitución,
los miembros de las Cortes Generales
no están ligados por mandato imperativo,
es decir, no está prevista su revocabilidad.
La constitución española
contempla aún con recelo mecanismos de participación directa
como el referéndum previsto en el artículo 92
y la iniciativa legislativa popular artículo
87.3 de la constitución ambos de carácter extraordinario
y restrictivo son electores y elegibles todos los españoles
y españolas en pleno uso de sus derechos políticos artículo
68.5 de la constitución por ello.
El artículo 23.2
regula el derecho de acceso, permanencia y ejercicio
de cargos públicos representativos en condiciones de igualdad,
derecho de sufragio pasivo.
Entre las atribuciones reconocidas a los parlamentarios y parlamentarias
se incluye el derecho de asistencia, voto, información, interrogación,
iniciativa, tramitación, enmienda y creación de grupo parlamentario.
Es importante incidir aquí en el requisito de nacionalidad.
Para el ejercicio del derecho a la participación política.
Según el artículo 13.2 de la Constitución,
sólo los españoles y españolas serán titulares
de los derechos reconocidos en el artículo 23,
salvo criterios de reciprocida en las elecciones municipales.
El Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio
a los españoles y españolas
que se encuentren fuera del territorio de España, artículo 68.5
de la Constitución.
De esto se deriva que personas de origen extranjero
que fijen su residencia en España,
y quieran preservar su nacionalidad de origen,
únicamente tienen derecho de sufragio activo y pasivo
en la comunidad política de residencia
en las elecciones municipales.
Los artículos 25 y 26 de la Ley 7-1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local,
enumera las competencias municipales.
El artículo 13.2 de la Constitución,
que requiere la nacionalidad
para ser titular del derecho de participación política,
fue objeto de la primera reforma constitucional
propiciada por la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1993,
con el fin de reconocer también la elegibilidad, sufragio pasivo,
de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea
en las elecciones municipales.
Desde entonces, desde la entrada en vigor en 1993
de esa reforma del Tratado de la Unión Europea,
cada ciudadano y ciudadana de la Unión Europea,
por su cualidad de nacionales de un Estado miembro, tienen derecho
a votar y presentarse, presentar su candidatura
en las elecciones al Parlamento Europeo y municipales
en el país de residencia.
Por último, el artículo 23.2 de la Constitución
prevé el derecho de acceso a la función pública,
es decir, se refiere a la participación
en la actividad desarrollada por la Administración
con el fin de servir al interés general
por medio de un proceso de selección que constate el mérito,
la capacidad y la idoneidad de los candidatos y candidatas
en función del cargo a desempeñar.
Los poderes públicos deben fomentar la participación
de todos los ciudadanos y ciudadanas en la vida política,
económica, cultural y social.
Artículo 9.2 de la Constitución a través de audiencias,
encuestas, foros, consultas populares o consultas sectoriales propias
de una democracia reparticipativa.
Es importante mencionar que el artículo 3
del protocolo adicional primero del Convenio Europeo de Derechos Humanos
regula escuetamente el derecho a elecciones libres con escrutinio
secreto para la elección del cuerpo legislativo.
Y los artículos 39 y 40
de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
como hemos mencionado,
garantizan el derecho de sufragio activo y pasivo
en las elecciones al Parlamento Europeo y derecho
de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
Estos acuerdos en materia de derechos,
parte de los tratados constitutivos del Consejo de Europa
y de la Unión Europea respectivamente,
instituyen un sistema de protección de derechos multinivel.