Hola, soy Antonio Martínez, soy profesor de Derecho Procesal
en la Universidad Nacional de Educación
a Distancia y en este rato voy a explicar la lección 14,
que se refiere a la ejecución forzosa,
la ejecución provisional y la ejecución ordinaria.
Según el artículo 117.3 de la Constitución Española,
la potestad jurisdiccional consiste en juzgar
y hacer ejecutar lo juzgado.
Por lo tanto, no sólo se define como el poder
de declarar el derecho objetivo en el caso concreto,
sino que comprende también la potestad de llevar a cabo
las actuaciones necesarias para hacer efectivo en la realidad material
el deber de prestación impuesto en la sentencia
en caso de que el obligado no lo cumpla voluntariamente.
A esto es a lo que llamamos proceso de ejecución
o sencillamente ejecución forzosa.
Ahora bien, esta expresión constitucional,
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, hay que matizarla en dos sentidos.
Primero, no todo lo que se juzga es ejecutado después.
Entre las sentencias, sólo son ejecutables las de condena,
porque las sentencias meramente declarativas
y las constitutivas no son susceptibles de ejecución forzosa.
En segundo lugar, no todo lo que se ejecuta
ha sido previamente juzgado.
Existen títulos, los títulos ejecutivos extrajudiciales,
que se han confeccionado al margen de un proceso judicial
y que, pese a todo, están dotados de eficacia ejecutiva.
La ejecución civil, como proceso jurisdiccional que es,
está caracterizada por dos notas fundamentales.
La primera es su carácter autónomo, es decir,
es un proceso autónomo, independiente de cualesquiera procesos
que le hayan podido preceder.
En segundo lugar, se rige por el principio dispositivo.
Esto quiere decir que sólo puede empezar a instancia de parte
y que durante su desarrollo, como vamos a ver a lo largo
de la lección, la voluntad de las partes tiene un influjo
y un papel determinante.
Son parte en el proceso de ejecución la persona o personas que piden
y obtienen el despacho de la ejecución
y la persona o personas
frente a las que la ejecución se despacha.
Por lo tanto, la legitimación activa
corresponderá a quien figure como acreedor en el título
o a quien acredite ser su sucesor,
hay que ver al respecto el artículo 540
de la ley de juicio de derecho civil,
y la legitimación pasiva corresponderá como regla general
a quien figure como deudor en el título ejecutivo
o a su sucesor.
Hay que tener en cuenta, sin embargo,
que el artículo 538 prevé supuestos en los que la ejecución
se puede dirigir contra personas distintas
de quien figure como deudor en el título.
Además, hay otros supuestos especiales de legitimación pasiva
en los artículos 541 a 544 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Tanto el ejecutante como el ejecutado deben
estar asistidos por letrado y representados por procurador,
salvo que se trate de la ejecución de resoluciones
dictadas en procesos en los que no sea perceptiva la intervención
de dichos profesionales.
Además, para la ejecución de acuerdos de mediación o laudos arbitrales
y para las ejecuciones derivadas de procesos monitorios
en los que no haya habido oposición,
sólo se requerirá la intervención de abogado y procurador
cuando la cantidad por la que se despache ejecución
exceda de 2.000 euros.
La competencia para conocer de la ejecución depende siempre
de la clase de título que se está ejecutando.
Cuando el título ejecutivo consista en resoluciones judiciales
o en resoluciones dictadas por los letrados y letradas
de la Administración de Justicia
que estén dotadas de eficacia ejecutiva,
será competente para conocer de la ejecución
el tribunal que conoció del asunto en primera instancia.
Cuando el título consista en transacciones
o acuerdos judicialmente homologados o aprobados,
será competente el tribunal ante el que se homologó
o aprobó la transacción o acuerdo de que se trate.
Cuando el título sea un laudo arbitral
o un acuerdo de mediación,
será competente el tribunal del lugar en el que se hubiera dictado el laudo
o se hubiera firmado el acuerdo de mediación.
Para la ejecución fundada en cualquier otro título,
con carácter general,
va a ser competente el tribunal del lugar del domicilio del ejecutado.
Pero la ejecución va a poder instarse también,
a elección del ejecutante, ante el tribunal de instancia
del lugar del cumplimiento de la obligación,
según el título ejecutivo, o ante el tribunal de cualquier lugar
en el que se encuentren bienes del ejecutado que puedan ser embargados.
Si hubiera varios ejecutados, el ejecutante tiene la posibilidad
de elegir entre cualquiera de los tribunales
que resulten competentes en aplicación de estas reglas,
que además son imperativas.
En la ejecución forzosa no cabe la sumisión expresa
ni la sumisión tácita.
Una noción clave en la ejecución forzosa
es la de título ejecutivo, porque no hay ejecución sin título,
nula executio sin título.
Lo dice el artículo 517.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
cuando establece que la acción ejecutiva debe fundarse siempre
en un título que tenga pareja de ejecución.
Con carácter general, el título ejecutivo se puede definir
como un documento que incorpora un deber de prestación
y que por disposición de la ley goza de eficacia ejecutiva.
Eficacia ejecutiva significa que la presentación del título por parte
de quien figure como acreedor en él ante el tribunal competente
para la ejecución le va a dar derecho inmediatamente al despacho,
es decir, a la apertura formal de la ejecución forzosa,
siempre y cuando, claro está, se cumplan el resto de requisitos
y presupuestos que exige la ley.
Según el artículo 517.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
tienen aparejada a ejecución una serie de títulos,
entre ellos, por ejemplo, la sentencia de condena firme,
los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación,
o la copia de la escritura pública matriz
que el interesado solicite que se expida con tal carácter.
Ahora bien, esta enumeración del artículo 517.2
de la Ley de Enjuiciamiento Civil no tiene numerus clausus,
no es una enumeración cerrada,
porque en su número noveno, el artículo 517.2,
dice que también tiene en la consideración
de título ejecutivo las demás resoluciones procesales
y los demás documentos que por disposición de cualquier ley
lleven a pareja de ejecución.
Es decir, el legislador, por medio de una ley,
puede establecer o puede dotar de eficacia ejecutiva
a determinadas resoluciones o a determinados documentos al margen
de los que están enumerados.
En el artículo 517.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Existen distintos tipos de títulos ejecutivos.
Hay títulos ejecutivos simples y complejos,
judiciales y extrajudiciales.
La clasificación que más nos interesa a nosotros ahora es la que distingue
entre títulos judiciales y títulos extrajudiciales.
Esta distinción tiene mucha relevancia
porque muchos de los aspectos del proceso de ejecución
dependen de la clase de título que se ejecuta.
En primer lugar, la competencia para conocer de la ejecución,
como hemos visto,
es diferente según se trate de un título judicial
o de un título extrajudicial.
En segundo lugar,
los motivos de oposición a la ejecución despachada
en virtud de un título ejecutivo judicial son mucho más restringidos
que los que cabe oponer frente a una ejecución despachada
sobre la base de un título ejecutivo extrajudicial.
En tercer lugar, los títulos ejecutivos judiciales
pueden dar lugar a una ejecución dineraria o no dineraria en función
de la naturaleza de la prestación que documenten,
pero los títulos ejecutivos extrajudiciales
sólo pueden dar lugar a ejecuciones dinerarias,
ejecución por cantidad de dinero determinada que exceda de 300 euros.
En cuarto lugar, en la ejecución dineraria
de títulos judiciales no es necesario realizar un requerimiento de pago
antes de proceder al embargo de los bienes del ejecutado,
mientras que en la ejecución de títulos extrajudiciales
el requerimiento de pago es obligatorio con carácter general,
salvo lo dispuesto en el artículo 581 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por último, los títulos judiciales son susceptibles de dos modalidades
diferentes de ejecución, la ejecución provisional
y la ejecución ordinaria o definitiva.
Ejecución provisional es una ejecución de sentencias
de condena que aún no son firmes porque está pendiente de resolución
un recurso que se ha interpuesto frente a ellas.
Con carácter general, son susceptibles
de ejecución provisional todas las sentencias de condena,
pero hay algunas que no lo son.
Concretamente, según el artículo 525,
no son susceptibles de ejecución provisional, por ejemplo,
las sentencias que condenen a emitir una declaración de voluntad,
los pronunciamientos indemnizatorios de las sentencias
que declaren la vulneración de los derechos a honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen,
las sentencias que declaren la nulidad o caducidad
de los títulos de propiedad intelectual.
Las sentencias dictadas en los procesos sobre derechos honoríficos
y las sentencias dictadas en los procesos sobre capacidad
de las personas, familia, matrimonio y menores del libro
IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Ahora bien, en este último caso
sí es posible despachar ejecución provisional
en relación con los pronunciamientos de estas sentencias
que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales vinculadas
con lo que sea objeto principal del proceso, por ejemplo,
una pensión compensatoria.
La ejecución provisional se rige por el principio dispositivo
de manera que sólo se puede despachar a instancia de parte,
nunca de oficio.
El momento de la solicitud es cualquier momento
a partir de que se notifique la resolución que tenga
por interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia
que se quiera ejecutar.
Va a ser competente para conocer de la ejecución provisional
el tribunal que hubiera conocido del asunto en primera instancia.
Hay que tener en cuenta que la Ley de Enjuiciamiento Civil
del 2000 optó por un modelo de ejecución provisional
sin caución.
Por lo tanto, no se exige el ofrecimiento
ni la constitución de una caución para responder por los daños
y perjuicios que se puedan causar al ejecutado.
Una vez despachada la ejecución provisional,
el ejecutado tiene la posibilidad
de oponerse presentando un escrito de oposición.
Los motivos generales de oposición
a la ejecución provisional son el pago o cumplimiento,
la existencia de un pacto para evitar la ejecución provisional
o el incumplimiento de los requisitos legales
de la ejecución provisional.
Si la condena es no dineraria, se puede alegar también como motivo
de oposición la imposibilidad o la extrema dificultad
de restaurar la situación anterior a la ejecución provisional
o de compensar económicamente al ejecutado en el caso
de que la sentencia provisionalmente ejecutada
sea revocada.
Vamos a centrarnos ahora en la ejecución ordinaria,
que es la que se refiere a las sentencias de condenas firmes
o a los títulos ejecutivos extrajudiciales en general.
Según el artículo 549 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
sólo se despachará a ejecución, a petición de parte,
en forma de demanda ejecutiva en la que se expresarán el título
en el que se funde el ejecutante, la tutela ejecutiva que se pretende,
precisando en su caso la cantidad que se reclame,
los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que el acreedor
tuviera conocimiento, las medidas de localización
e investigación del patrimonio del ejecutado que se quiera solicitar
y la persona o personas frente a las que se pretenda
el despacho de la ejecución,
ya sea por aparecer en el título como deudores
o por estar sujetos a la ejecución sobre la base de lo dispuesto
en los artículos 538 a 544 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
a los que ya hemos hecho referencia.
Hay que tener en cuenta además que cuando el título ejecutivo
sea una resolución del letrado de la Administración de Justicia
o una resolución dictada por el tribunal competente
para conocer de la ejecución,
la demanda ejecutiva puede limitarse a una simple solicitud
escrita de que se despache a ejecución,
identificando la sentencia o resolución
que se pretende ejecutar.
En cuanto a los documentos que deben acompañar a la demanda ejecutiva,
pues deben aportarse los documentos a los que se refiere el artículo 550
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Entre ellos figura destacadamente el título ejecutivo,
salvo que la ejecución se funde en una resolución
o en un acuerdo que ya conste en los autos.
Además, también pueden acompañarse
a la demanda ejecutiva todos los documentos
que el ejecutante considere útiles o convenientes
para el mejor desarrollo de la ejecución
y que contengan datos de interés para despacharla.
Una vez presentada la demanda ejecutiva,
el tribunal la examinará y decidirá si despacha la ejecución.
El despacho de la ejecución es, precisamente,
la resolución en la que se acuerda la apertura formal
de la ejecución forzosa.
En la actualidad, la ejecución se despacha siempre
mediante un auto que recibe el nombre de orden general de ejecución.
Concretamente, una vez presentada la demanda ejecutiva,
el tribunal debe comprobar de oficio los siguientes extremos.
Primero, debe comprobar que concurren todos los presupuestos
y todos los requisitos procesales que exige la ley
para despachar la ejecución.
Segundo, debe comprobar
que el título no presenta ninguna irregularidad formal.
Tercero, que las medidas ejecutivas que se solicitan
por el ejecutante son conformes con la naturaleza
y el contenido del título.
Cuarto, que la persona contra la que se dirige la demanda
no está en situación de concurso.
Y por último, si el título ejecutivo
es un título ejecutivo extrajudicial,
el tribunal debe comprobar que ninguna de las cláusulas
que sirve de fundamento a la ejecución
o que determina la cantidad exigible sea de carácter abusivo.
Si falta alguna de las cuatro primeras condiciones,
el tribunal dictará auto denegando el despacho de la ejecución.
Este auto es susceptible de recurso potestativo
de reposición y en todo caso será directamente apelable.
Si la condición que no se cumple es la quinta,
el tribunal dará audiencia a las partes
y a continuación resolverá sobre el posible carácter abusivo
de las cláusulas mediante un auto que una vez firme
tendrá efectos de cosa juzgada.
Si por el contrario se cumplen todos los requisitos
que acabamos de enumerar, el tribunal dictará ese auto
conteniendo la orden general de ejecución.
La orden general de ejecución está regulada en el artículo 551
de la Ley de Enjuiciamiento Civil
que establece con bastante detalle su contenido.
Dictado el auto conteniendo la orden general de ejecución,
ese mismo día o el día siguiente,
el letrado de administración de justicia responsable
de la ejecución dictará a su vez un decreto
en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas
que resulten procedentes, incluido, si fuera posible,
el embargo de bienes.
Además, en ese decreto se establecerá el requerimiento de pago
que debe hacerse al deudor
cuando la ley exija ese requerimiento.
Y si se efectuará por funcionarios del cuerpo auxilio judicial
o por el procurador de la parte ejecutante
si así lo hubiera solicitado.
Por último, en el decreto de medidas ejecutivas concretas
que sigue a la orden general de ejecución se indicarán
o se establecerán las medidas de localización y averiguación
de los bienes del ejecutado que proceda a adoptar ya
en este momento.
El auto despachando a la ejecución,
junto con el decreto del letrado de la Administración de Justicia
y una copia de la demanda ejecutiva, se le notificarán al ejecutado
para que pueda personarse si quiere,
pero sin citación ni emplazamiento.
Salvo en los supuestos de apreciación de oficio de una cláusula abusiva,
la orden general de ejecución
se dicta siempre sin haber oído al deudor, inaudita parte de vitoris.
Que además tampoco puede recurrirla.
Será solo
una vez que se le haya notificado al despacho de la ejecución
cuando el ejecutado tendrá oportunidad de plantear
el correspondiente incidente de oposición.
La oposición a la ejecución debe formularse por escrito en los 10 días
siguientes a la notificación del auto de despacho de la ejecución.
La oposición puede fundarse en motivos procesales,
en motivos de fondo o en una combinación
de ambos tipos de motivos.
Los motivos posibles de oposición están recogidos
en los artículos 556 a 559 de la Ley de Oficinamiento Civil
y, como hemos visto, son diferentes en función
de si la ejecución se despacha en virtud de un título ejecutivo
judicial o en virtud de un título ejecutivo extrajudicial.
El incidente de oposición se resuelve por medio de un auto.
Si se desestima la oposición,
El tribunal acordará la continuación de la ejecución
y condenará al ejecutado a las costas del incidente.
Si por el contrario la oposición se estima,
el tribunal dejará sin efecto la ejecución
y condenará al ejecutante al pago de las costas del incidente.
El auto que resuelva la oposición es siempre susceptible
de recurso de apelación,
sea cual sea su contenido.
Por lo que respecta a la suspensión de la ejecución,
sólo cabe en dos supuestos,
cuando la ley lo ordene de modo expreso
o cuando lo acuerde en todas las partes
personadas en la ejecución.
La terminación de la ejecución, por su parte,
según el artículo 570 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
sólo se producirá cuando se haya dado la completa satisfacción
del acreedor ejecutante.
En este caso, el letrado de la Administración de Justicia
dictará un decreto acordando el fin de la ejecución
contra el que se podrá interponer, en caso de disconformidad,
recurso directo de revisión ante el tribunal.
Una vez vistos los aspectos comunes a la ejecución ordinaria,
vamos a centrarnos en la ejecución dineraria.
Llamamos ejecución dineraria
a la que se despacha en virtud de un título ejecutivo
que documenta un deber de entregar una cantidad de dinero.
Como su propio nombre indica, la finalidad
de la ejecución dineraria es obtener cantidades de dinero líquidas
con las que satisfacer el derecho de crédito del ejecutante
por todos sus conceptos, principal de la deuda,
intereses y costas de la ejecución.
Como hemos visto, la ejecución dineraria
comienza mediante demanda ejecutiva.
Examinada la demanda ejecutiva, si se cumplen
todos los requisitos que ya hemos enumerado,
el juez dictará un auto con la orden general de ejecución.
Ese mismo día o el día siguiente,
el letrado de la Administración de Justicia
dictará el decreto con las medidas ejecutivas concretas
que proceda a adoptar ya en ese momento,
requerimientos de pago, medidas de localización de bienes
o de investigación del patrimonio del deudor ejecutado,
etc. Una vez despachada la ejecución,
se le notificará al ejecutado a quien se le otorgará un plazo
de 20 días para formular oposición en las condiciones que ya hemos visto.
Bien, pues tanto si el ejecutado se opone
como si no, a partir de este momento se van a comenzar a embargar
o trabar bienes susceptibles de ser vendidos a terceros,
es decir, bienes susceptibles de realización forzosa.
El embargo tiene dos importantes efectos.
En primer lugar, sujeta o vincula los bienes
embargados a las resultas de la ejecución forzosa
y, en segundo lugar, otorga al tribunal
la potestad de transmitirlos a terceros a título oneros.
El sentido que tiene el embargo es, precisamente,
que el tribunal pueda enajenar los bienes embargados
con el fin de obtener dinero con el que poder satisfacer la deuda
documentada en el título.
Evidentemente, si se embarga dinero en efectivo no habrá que venderlo,
sino que se entregará directamente al ejecutante.
Las reglas que deben aplicarse en materia de embargo
están contenidas en los artículos
584 a 633 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Esos artículos contienen disposiciones muy detalladas
en cuanto a la investigación del patrimonio del ejecutado,
qué bienes son embargables y cuáles no, el momento
y el orden de los embargos, su modificación,
mejora o reducción y su garantía o aseguramiento.
Como regla general,
únicamente se pueden embargar bienes pertenecientes al deudor
que sean patrimoniales, alienables
y que no hayan sido expresamente declarados inembargables
por la ley.
El embargo de bienes se produce siempre sobre la base
de una simple apariencia de titularidad.
El letrado de la Administración de Justicia
no se dedica a investigar exhaustivamente
acerca de la titularidad de los bienes que embarga,
sino que presume que son del ejecutado
los bienes que están en su posesión,
ya que, como sabemos, la posesión es la forma natural
de publicidad de la titularidad sobre las cosas.
Puede darse el caso entonces de que se embarguen bienes
de terceros ajenos a la ejecución.
La ley de enjuiciamiento civil
pone a disposición de estos terceros un instrumento,
la tercería de dominio, que es un incidente a través
del cual los terceros pueden solicitar el alzamiento
de los embargos que se hayan trabado sobre los bienes
de que sean propietarios.
Distinta de la tercería de dominio es otra tercería,
la tercería de mejor derecho,
que en este caso es un trámite que pueden instar
dentro de la ejecución quienes sean titulares de créditos preferentes
respecto de aquel en cuya virtud se ha despachado
la ejecución forzosa.
La finalidad de la tercería de mejor derecho es
cobrar antes que el ejecutante con lo que se obtenga
de la realización de los bienes embargados.
Una vez embargados los bienes del ejecutado hay
que proceder a su realización forzosa para convertirlos en dinero.
La enajenación forzosa de los bienes
embargados puede tener lugar de dos modos distintos,
o bien por convenio de realización o subsidiariamente por venta
en pública subasta.
Sea cual sea el sistema de realización que se vaya a seguir,
si las partes de la ejecución no están de acuerdo
en cuanto al valor económico de los bienes embargados,
antes de nada habrá que proceder a su tasación o a su avalúo
por medio de un perito tasador.
El convenio de realización es un acuerdo extraprocesal
entre el ejecutante y el ejecutado sobre el modo más eficaz
de realizar todos o algunos de los bienes embargados.
Para tener efecto en la ejecución, el acuerdo tiene
que ser aprobado por el letrado de la Administración de Justicia.
En la práctica, el mecanismo ordinario de realización
de los bienes embargados es siempre o casi siempre
la subasta judicial.
De hecho, una vez practicados los embargos,
sin esperar a ver si hay acuerdo,
se van a empezar ya inmediatamente a llevar a cabo las actuaciones
precisas para la subasta que se va a producir en el plazo señalado
si antes no se solicita que la realización forzosa
se lleve a cabo de otra forma.
La subasta judicial se celebra electrónicamente
a través del portal de subastas del Ministerio de Justicia
y el régimen de la subasta varía significativamente en función
de la naturaleza del bien subastado,
dependiendo de si se trata de un bien inmueble
o de un bien mueble.
Una vez realizados forzosamente los bienes del deudor,
el dinero obtenido se le entregará al acreedor ejecutante
para cubrir el importe de la deuda con sus intereses.
El sobrante,
si lo hay, se le devolverá al ejecutado después de haber satisfecho
las costas del procedimiento.
Lo que se acaba de exponer es el régimen general
de la ejecución dineraria.
Cuando la ejecución se proyecta sobre bienes hipotecaos
o pignorados, regirán las especialidades
previstas en los artículos 681 a 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
que se estudian en otra lección.
Concluimos esta lección refiriéndonos
brevemente a la administración para pago.
La administración para pago es una forma alternativa
de apremio consistente en entregar todos o una parte de los bienes
embargados al ejecutante o a la persona que él designe
para que los administre temporalmente aplicando los rendimientos
que se puedan producir al pago de la deuda.
Es decir, es una forma de apremio
que se proyecta sobre bienes productivos.
La administración para pago debe acordarla del letrado
de la Administración de Justicia mediante decreto
y siempre a instancia de parte.
El ejecutante puede solicitar que se adopte esta medida
en cualquier momento, pero el letrado de la Administración de Justicia
sólo la acordará si la naturaleza de los bienes aconseja proceder
de esta manera.
Si el ejecutante pide que la administración para pago
sea asumida por terceras personas,
el letrado de la Administración de Justicia
fijará mediante decreto la retribución de estas personas,
que será siempre a costa del ejecutado.
La administración para apago se rige por lo que hayan pactado las partes.
Si no hay pacto, se entenderá que los bienes deben administrarse
según la costumbre del país.
En todo caso, el administrador va a tener que rendir cuentas
de su administración, en principio con carácter anual,
pero las partes pueden acordar otra periodicidad
o el de la Administración de Justicia también puede hacerlo.
La administración para pago es, en todo caso,
una medida temporal que no comporta la enajenación de los bienes.
Por lo tanto,
tan pronto como el ejecutante se haya hecho pago con el producto
de los bienes administrados de la cantidad que se le adeuda
por todos los conceptos, esos bienes se le van a devolver al ejecutado.