Bienvenidos, soy Marta Lozano Iroa, profesora del Departamento de
Derecho Procesal de la UNED y en los próximos minutos
voy a explicaros la lección 3, en la que hablaremos
sobre los presupuestos procesales de las partes y la legitimación.
Como punto de partida,
tenemos que tener presente que no todos los sujetos
que intervienen en el proceso civil lo harán en condición de parte.
Serán considerados parte
en el proceso quienes interponen la pretensión a través de la demanda
y frente a quien se formula la pretensión, que son,
en definitiva, los sujetos que podrán verse
afectados por los efectos materiales de la sentencia.
El concepto de parte se contrapone al de tercero,
quien podrá intervenir en el proceso
cuando sea llamado en calidad de testigo o de perito,
pero quien, a diferencia de las partes,
no ostenta un interés legítimo en la relación jurídica
discutida ni habrá de soportar los efectos de la sentencia.
Al igual que ocurre con el órgano jurisdiccional,
también se exige a las partes que cumplan
unos presupuestos procesales.
Habrán de reunir el doble presupuesto procesal
de la capacidad para ser parte y capacidad procesal
y en la mayoría de las ocasiones habrán de asistir dirigidos
por la defensa técnica de un abogado
y representados por un procurador,
lo que se conoce como capacidad de postulación.
Será preciso además que en el marco del proceso concreto
en el que quieran actuar, las partes cuenten
con una especial vinculación con el objeto litigioso
a la que se denomina legitimación.
Por lo que se refiere a la capacidad para ser parte,
puede ser definida como la aptitud o idoneidad jurídica
que tiene una persona o entidad para ser sujeto activo
o sujeto pasivo en un procedimiento judicial
y ser en consecuencia titular de los derechos,
cargas y obligaciones derivados del proceso.
Los sujetos y entidades con capacidad para ser parte
aparecen enumerados en el artículo 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y se dividen en tres grandes grupos.
Por una parte, las personas físicas
que adquieren su capacidad para ser parte desde el nacimiento
y se extinguen mortis causa, las personas jurídicas,
tanto públicas como privadas,
que adquieren su capacidad desde su constitución
hasta su extinción y los entes especiales
que aparecen enumerados en los artículos 6.1.4 a 6.1.2
de la ley procesal.
El presupuesto procesal de la capacidad para ser parte
habrá de ser controlado de oficio por el órgano jurisdiccional
en cualquier momento del proceso,
si bien lo habitual será que el órgano jurisdiccional
lo detecte al inicio con el escrito de interposición de la demanda.
El proceso no podrá desarrollarse si la entidad no ostenta capacidad,
de manera que el órgano jurisdiccional
habrá de dictar un auto de inadmisión de la demanda
o auto de sobreseguimiento en caso de que se hubiese detectado
en un momento posterior.
La capacidad procesal presupone la existencia
de la capacidad para ser parte y puede ser definida
como la aptitud para actuar y comparecer en el proceso
y realizar válidamente todos los actos procesales
de alegación, prueba o impugnación y, en último término,
afrontar las consecuencias tanto favorables.
Como adversas del proceso.
Se trata, como podemos ver,
de un concepto más específico que el de capacidad para ser parte,
toda vez que no todos los sujetos que tienen capacidad para ser parte
tienen aptitud para realizar actos procesales por sí mismos.
Las personas físicas con capacidad procesal
son las personas mayores de edad que estén en pleno ejercicio
de sus derechos civiles y los menores de edad emancipados.
No tendrán capacidad procesal los menores no emancipados que habrán
de comparecer representados por sus progenitores por un tutor
o o por un defensor judicial, los concebidos
y no nacidos, que intervienen a través de las personas
que legítimamente las representarían si ya hubieran nacido,
y las personas que precisen de apoyo para el ejercicio
de su capacidad jurídica,
que de conformidad con lo que establece el artículo 7.2
de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
habrá de estar al alcance y contenido
de las medidas que se hayan dispuesto con carácter preventivo ante notario
y que hayan sido acordadas por la autoridad judicial.
Además, el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil
prevé una serie de medidas de accesibilidad
a la Administración de Justicia en aquellos procesos
en los que participen personas con discapacidad y de edad avanzada.
Entre estas medidas podemos destacar que habrá
de facilitarles la interpretación en las lenguas de signos
reconocidas legalmente y los medios de apoyo
a la comunicación oral de personas sordas
con discapacidad auditiva y sordociegas.
Además, en los procedimientos en los que alguna de las partes
interesadas sea una persona con una edad de más de 80 años,
siempre serán de tramitación preferente.
Las personas jurídicas, si bien es cierto
que ostentan capacidad procesal desde su constitución,
habrán de comparecer y actuar en juicio
por medio de sus representantes legales.
Lo mismo ocurre con las masas patrimoniales,
patrimonios separados,
así como las entidades sin personalidad, que serán representadas
por medio de quienes, conforme a la ley,
las administren o representen.
Cuando la persona física mayor de edad litiga por sí misma,
no existe norma que requiera acreditar su capacidad procesal.
En cambio, cuando comparecen personas jurídicas,
menores de edad o personas con discapacidad,
el artículo 264.2 de la ley procesal
exige que, junto con la demanda o contestación,
se acompañe la documentación que acredite la representación
que el compareciente se atribuye.
Al contrario de lo que ocurría con la capacidad para ser parte,
la ausencia o deficiencia de capacidad procesal
sí que es un defecto procesal que puede ser subsanado.
Podrá ser controlado de oficio en cualquier momento del proceso.
En este caso, se requerirá la parte afectada
para que proceda a su subsanación en el acto
y, de no ser posible, se le concederá un plazo máximo de diez días.
418.
En caso de que se subsane la ausencia o deficiencia,
el proceso continuará su curso y, de no ser así,
se dictará auto de sobreseguimiento, excepción hecha
de que la subsanación correspondiese al demandado,
en cuyo caso será declarado en rebeldía y el proceso
continuará su curso.
La capacidad de postulación
presupone la existencia de la capacidad para ser parte
y puede ser definida con carácter general.
Las partes estarán obligadas a comparecer en el proceso
por un procurador y con la asistencia técnica de un abogado
a fin de poder realizar válidamente los actos procesales.
Esta exigencia legal se denomina capacidad de postulación.
Los artículos 23 a 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
recogen las prescripciones relativas a este presupuesto procesal.
Los abogados y los procuradores asumen funciones complementarias
en el proceso,
pero ocupan roles claramente diferenciados.
Así, el abogado se encargará del asesoramiento y defensa técnica
de las partes y establecerá una relación
con su cliente basada en la confianza,
por lo que le será exigible una conducta profesional,
honrada, leal, veraz y diligente.
El fundamento de la necesidad de la asistencia técnica de abogado
en el proceso es.
Viene dado por la complejidad técnica del proceso.
Hay que advertir que la tutela judicial ha de ser efectiva
sin que en ningún caso se produzca indefensión.
Por lo que se refiere al procurador,
habrá de practicar los actos procesales de comunicación
y la realización de tareas de auxilio y cooperación con los tribunales.
El fundamento de la necesaria intervención
del procurador está en razones de orden práctico y jurídico
orientadas todas ellas a facilitar la correcta tramitación
del proceso judicial contribuyendo a que sea más ágil y eficiente.
La designación de abogado y procurador será libre
y será de oficio cuando el litigante.
Se niega a nombrarlos pese a ser preceptiva su intervención,
acredite insuficiencia de recursos económicos para litigar
y tenga en este caso derecho a la asistencia jurídica gratuita
y en los casos en los que pese a no tener derecho
a la asistencia jurídica gratuita
no conozca un abogado procurador de confianza,
Siempre que la intervención sea preceptiva
o incluso en aquellos casos en los que no lo sea,
la parte contraria haya comunicado que actuará defendida
por abogado y representada por procurador.
Se considera procurador legalmente habilitado
a quien, además de ostentar el título de licenciado o graduado en derecho,
haya superado el curso o máster de formación
especializada y haya superado asimismo el examen estatal de acceso
a la profesión.
Como ya hemos avanzado, con carácter general,
la regla general es que es la obligación de comparecencia
en juicio por medio de procurador legalmente habilitado.
Con todo, el artículo 23.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
señala una serie de excepciones
en las que la intervención del procurador no será preceptiva.
Esto ocurrirá en los juicios verbales
cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía
y ésta no exceda de 2.000 euros,
en las peticiones iniciales de los procedimientos monitorios,
en los juicios universales si la intervención se limita
a la comparecencia y presentación de títulos de crédito o derechos
o para concurrir a juntas
y en los incidentes relativos a impugnación de resoluciones
en materia de asistencia jurídica gratuita
y cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio.
La relación jurídica entre el procurador y su poderdante
se basa en un contrato de mandato que le faculta para actuar
en su nombre y representación ante los tribunales.
Este mandato se otorga a través de un documento,
un poder o apoderamiento que puede ser general o específico
para un proceso concreto.
Este apoderamiento poder
podrá otorgarse por comparecencia electrónica ante notario
o por comparecencia personal ante el letrado
de la Administración de Justicia de cualquier oficina judicial.
Las funciones del procurador aparecen recogidas en el artículo 26.2
y de todas ellas podemos destacar la colaboración con los órganos
jurisdiccionales para la subsanación de los efectos procesales,
debe mantener al corriente tanto a su cliente
como al abogado del curso del asunto,
trasladar los escritos de su poderdante
y de su letrado a los procuradores de las demás partes,
habrá de comunicar al tribunal la imposibilidad de cumplir
alguna actuación encomendada y acudirá a los juzgados y tribunales
ante los que ejerza en la procesión durante el período hábil
de actuaciones.
El procurador tiene derecho a percibir una cantidad económica
prefijada por aranceles oficiales, por su trabajo,
y además podrá pedirle a su cliente, bien al inicio del proceso,
bien en el transcurso del mismo, una provisión de fondos.
La ley prevé un procedimiento en caso de incumplimiento por parte
del cliente, de incumplimiento del pago,
la ley prevé un procedimiento de apremio que se ventilará
ante el propio tribunal que estuviera conociendo
del asunto.
Pasamos ya a la figura del abogado e insistimos en que la regla general
es que las partes habrán de actuar en juicio defendidos,
dirigidos y asesorados por abogado.
Con todo,
igual que ocurría con los procuradores,
el artículo 31.2 en este caso establece una serie de excepciones
en las que la intervención del abogado será voluntaria.
Esto ocurre en los juicios verbales
cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía,
siempre que no esté dada de los 2.000 euros.
En las peticiones iniciales de los procedimientos monitorios,
en los escritos que tengan por objeto personarse en juicio,
solicitar medidas urgentes con anterioridad al juicio
o pedir la suspensión urgente de vistas o actuaciones
y en los escritos que tengan por objeto acreditar
ante la oficina judicial o tribunal el cumplimiento
de las actividades materiales del proceso de ejecución que les hayan
sido expresamente delegadas a los procuradores.
La relación jurídica con su cliente se basa
en un contrato de arrendamiento de servicios a través
del cual el abogado no asume la obligación
de un resultado concreto en la consecución del litigio,
pero sí que asume el compromiso de emplear la máxima diligencia,
lealtad y utilizar todos sus conocimientos técnicos
en la defensa de su cliente, siempre con estricta sujeción
a las normas de deontología profesional.
El abogado también tiene derecho por sus servicios
a cobrar unos honorarios profesionales y el artículo 35
prevé un procedimiento de apremio conocido como jura de cuentas
en caso de incumplimiento por parte del cliente.
En este procedimiento el abogado habrá de presentar una minuta
detallada.
Que se trasladará al cliente con requerimiento de pago
en los siguientes diez días, el cliente tendrá la posibilidad
de impugnar por excesivos o indebidos estos honorarios,
salvo que existiera un presupuesto previo
aceptado en una hoja de encargo.
El procedimiento se resuelve por decreto,
en el que quedará fijada la cantidad debida bajo apercibimiento de apremio
si el cliente no paga en los cinco días siguientes
a la notificación.
Cuando es preceptiva la intervención de abogado y procurador,
el tribunal reza el artículo 31.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
que el tribunal no proveerá solicitud alguna que no lleve firma
de abogado.
Además, la ley también exige la necesidad de aportar,
junto con el primer escrito,
ya sea de demanda o de contestación a la demanda,
el apoderamiento del procurador.
Igual que ocurría con la capacidad procesal,
se trata de un defecto subsanable
que podrá ser declarado de oficio o denunciado a instancia de parte.
Igual que ocurría con la capacidad procesal,
si fuera declarado de oficio, se requerirá la parte afectada
para que proceda a su subsanación.
Si pudiese ser en el acto y de no ser posible,
se le concederá un plazo de 10 días.
Y si fuera denunciado a instancia de parte.
Lo tendrán que hacer en la forma prevista en el artículo 418
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Los efectos son los mismos.
Si se subsana, el proceso continúa su curso.
En caso de no subsanarse, se dictará auto poniendo fin al proceso,
salvo que la subsanación correspondiese al demandado,
en cuyo caso será declarado en rebeldía y el proceso
continuará su curso.
Pasamos a la legitimación.
La legitimación puede ser definida como la relación que debe existir
entre el demandante y el demandado con el objeto litigioso,
de manera que, además de reunir el doble presupuesto procesal
de la capacidad para ser parte y la capacidad procesal,
para actuar en un procedimiento concreto
será preciso que cuenten con una especial vinculación
con la pretensión que se formula.
Señala en este sentido el artículo 10
de la ley procesal que serán considerados partes legítimas
quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares
de la relación jurídica u objeto litigioso.
De esta definición podemos extraer una serie de notas esenciales.
Las más importantes es que, de un lado,
con la mera afirmación de la condición de legitimado
será suficiente para actuar como parte en el proceso.
La legitimación no constituye un presupuesto procesal,
sino que se trata de una cuestión que pertenece al fondo del asunto,
por lo que,
con excepción de los supuestos de legitimación extraordinaria
a los que más adelante nos referiremos,
en caso de ser discutida debe resolverse en una sentencia de fondo
con todos los efectos propios de la cosa juzgada.
Desde un punto de vista subjetivo,
la legitimación puede ser activa y pasiva.
La legitimación activa la ostenta quien afirma la titularidad,
directa o indirecta,
de un interés, derecho o bien jurídico
e inicia un proceso judicial en calidad de demandante.
La legitimación pasiva la ostenta quien está obligado a soportar
las consecuencias jurídicas de la pretensión
por ser el responsable del perjuicio o incumplimiento
y, por tanto, habrá de comparecer en el proceso como parte demandada.
Desde un punto de vista objetivo,
la legitimación puede ser ordinaria o extraordinaria.
La legitimación ordinaria se reconoce a quien actúa en juicio,
en tanto titular de la relación jurídica de origen
y, por tanto, en defensa de sus propios derechos
o intereses legítimos.
A ella se refieren tanto el artículo 24 de la Constitución
como el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en virtud del cual, como ya habíamos avanzado,
serán considerados partes legítimas quienes comparezcan
y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica
u objeto litigioso.
Por lo que se refiere a la legitimación extraordinaria,
ésta se refiere a los supuestos excepcionales
y siempre legalmente permitidos en los que se confiere legitimación
a sujetos que no son los titulares de la relación jurídica
que subyace de la demanda.
El legitimado extraordinariamente puede intervenir
en el proceso actuando, bien, en nombre o interés propio,
en cuyo caso nos encontramos ante una legitimación por sustitución,
o en nombre o interés ajeno.
La legitimación por sustitución.
El sustituto procesal no es el titular material
del derecho o interés objeto de controversia,
pero actúa en el proceso en interés personal.
Además, debe estar prevista y autorizada
por una disposición legal.
Ejemplos de legitimación por sustitución procesal,
entre otros,
pueden ser la acción subrogatoria del artículo 4, 111 del Código Civil
o la reclamación de la renta por el arrendador al subarrendatario
prevista en el artículo 1552 del Código Civil.
En la legitimación representativa, las leyes facultan a una persona
o a un grupo de personas o a una entidad actuar
en un proceso judicial en defensa de derechos
e intereses colectivos o difusos del colectivo o grupo de personas
a quien representan.
Se considerará el interés colectivo
cuando los afectados por un hecho dañoso
sea un grupo de consumidores perfectamente determinado
o fácilmente determinable.
Y el interés será difuso cuando los perjudicados
sean una pluralidad de consumidores indeterminada
o de difícil determinación.
Este tipo de legitimación resulta esencial
como vía más eficiente y eficaz de resolver conflictos
que en no pocas ocasiones afectan a un gran número de personas
sin necesidad de que cada individuo inicie un proceso judicial
por separado y además protege particularmente a aquellos
que por sí solos no podrían defender sus derechos por escasez
de recursos.
Las normas sectoriales en materia de derechos de consumo
regulan las acciones colectivas en defensa de los consumidores
y usuarios.
Además de estas normas sectoriales, el artículo 11
de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece un marco normativo general
sobre atribución de legitimación en defensa de los derechos
e intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios.
También los artículos 11bis, 11ter y 11quarter
atribuyen legitimación colectiva en otros sectores
en los que también existe un interés colectivo difuso
para un grupo de personas.
La legitimación constituye una cuestión de fondo, por lo que,
como ya habíamos adelantado, como regla general,
en caso de ser cuestionada, deberá ser resuelta en la sentencia
como cuestión previa al examen de fondo.
El juez no podrá apreciar la falta de legitimación de oficio
y será el demandado en su escrito de contestación
a la demanda quien deberá alegar la excepción de falta
de legitimación activa o pasiva.
Con todo, como también ya habíamos adelantado,
existe una excepción en los supuestos de legitimación extraordinaria.
En estos casos,
el examen de la legitimación admitirá un tratamiento procesal semejante
al que reciben los presupuestos procesales.
De esta manera, podrá ser apreciada desde el inicio del proceso,
declarada de oficio o denunciada a instancia de parte
y resuelta bien en la audiencia previa al juicio,
en el procedimiento ordinario o en la vista del juicio verbal.
Y hasta aquí la explicación de la lección 3,
que espero haya resultado de su interés.
Muchísimas gracias por la atención.