Hola, soy Agatha María Sanz Hermida, soy catedrática de Derecho Procesal
en la Universidad de Castilla-La Mancha,
en concreto en la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de Toledo,
y vamos a dedicar estos minutos al análisis de la unidad 7
dedicada a la fase de alegaciones.
Se trata básicamente de explicar cuándo.
Ante la existencia o, mejor dicho, persistencia de un conflicto
en el que las partes puedan haber intentado acudir a medios
adecuados de solución del conflicto y no lo han logrado,
bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer para acudir
ante los órganos jurisdiccionales
y pedir la tutela de ese derecho subjetivo
o interés legítimo que consideran que se ha lesionado,
que se ha vulnerado?
Dado que nuestro sistema jurídico regula la tutela declarativa
a través de dos cauces procesales diferentes,
bien los trámites del proceso ordinario
o bien del juicio verbal, al objeto
de delimitar cuál va a ser el orden que vamos a seguir,
empezaremos analizando cómo son estas alegaciones,
cómo se articulan por los trámites del cauce ordinario,
primero el análisis jurídico,
del inicio del proceso a través de la demanda
y la contestación a la demanda y con posterioridad veremos
cuáles son las especialidades las particularidades que ha regulado
nuestro legislador para el juicio verbal
comenzamos ya por tanto por la demanda la demanda
tal y como ha sido conformada en el proceso ordinario.
Como señalaba anteriormente, cuando persiste un conflicto,
aquella persona que considera que es titular
de un derecho subjetivo, interés legítimo,
digno de protección, acude a los órganos jurisdiccionales
solicitando la tutela o protección de ese derecho.
Y eso lo hace a través de un acto procesal que se conoce como demanda.
Es un acto de postulación o de petición,
porque básicamente lo que hace es.
Quien se considera titular de ese derecho subjetivo
o interés legítimo, es acudir a los órganos jurisdiccionales
en el ejercicio de ese derecho de acción que está reconocido
en el artículo 24.1 de la Constitución,
solicitando al tribunal una concreta tutela,
pidiendo la protección de ese derecho subjetivo o interés legítimo
frente a otra persona que considera que es quien lo ha lesionado,
quien lo ha vulnerado o quien no lo ha respetado,
que recibe el nombre de demandado.
La primera característica, por tanto,
de la demanda es que con ella se da inicio al proceso judicial.
Anteriormente, quien acude a los órganos jurisdiccionales
podrá haber llevado a cabo alguna actividad tendente
a la preparación de ese proceso,
pero formalmente, tal como se dispone en el artículo 399.1
de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
la demanda es el acto con el que se inicia el proceso.
Con este acto de postulación, en primer lugar,
el demandante, el actor, quien acude a los órganos jurisdiccionales,
ejercita su derecho de acción,
de acceso a los órganos jurisdiccionales.
Pero además, cuando veamos su contenido,
en el que, como he señalado, Tiene
que concretar frente a quién solicita esa tutela
y cuál es la tutela que se está solicitando.
Además, delimita la pretensión,
lo que está solicitando al órgano jurisdiccional.
Y nuevamente, simplemente a título de recordatorio,
como tenemos dos cauces procesales diferentes
y vamos a comenzar con los cauces del ordinario, su regulación jurídica
se encuentra diferente.
En los artículos 399 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y veremos más adelante,
cuando estudiemos la demanda en el juicio verbal,
que la regulación se contiene en los artículos 437 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Dado que a través de la demanda, la parte demandante,
lo que hace es delimitar lo que está solicitando,
el contenido de la misma tiene que referirse tanto
a los elementos subjetivos, las personas, quien inicia,
quien solicita la tutela, la persona frente a la que se solicita
y el órgano jurisdiccional,
así como los elementos referidos anteriormente.
A la petición concreta que veremos y a la forma de presentación.
Por lo que se refiere a los primeros,
a esos requisitos subjetivos, dispone el artículo 399
que deben de constar los datos identificativos del actor,
de quien pide la tutela.
Evidentemente tiene que identificarse correctamente, nombre, apellidos,
domicilio donde puede ser identificado.
Identificado, teléfono, correo electrónico
u otro medio a través del cual se puedan realizar las notificaciones
e incluso si se trata de una persona que está obligada
a relacionarse electrónicamente con la administración,
tiene que hacer mención de esos aspectos.
Por supuesto, debe hacer mención a los elementos de postulación,
a los nombres y apellidos del abogado
y del procurador cuando estos profesionales
intervengan en el juicio.
Junto a ello, una vez que aparece plenamente identificado el actor,
el segundo elemento es la identificación del demandado
y este es un aspecto de particular importancia
en la demanda.
Dado que con ello no sólo se está indicando
frente a quién se solicita esa tutela judicial sino además con la correcta
identificación del mismo se posibilita que la persona
frente a la que se va a instar esta tutela judicial
pueda conocer la existencia del proceso,
pueda ser llamado al mismo y pueda ejercitar su derecho de defensa
y a la contradicción en una posición de igualdad de armas.
Por tanto, La correcta identificación del demandado
en todos sus elementos identificativos es una carga procesal
del demandante en el que debe prestar especial cuidado,
indicando su nombre, apellidos,
domicilio donde pueda ser localizado,
todos los datos de los que disponga al objeto
de facilitar esa labor del órgano jurisdiccional
para comunicar, para llamar al proceso,
a la persona del demandado.
Evidentemente, El demandado, una vez que se ha llamado
al proceso, como veremos más adelante,
tiene posibilidad de designar un domicilio diferente
si así.
Lo considera,
pero es necesario que el demandante incluya domicilio o residencia
en la que pueda ser emplazado cuantos datos disponga
sin perjuicio de las posibilidades que establece el ordenamiento
jurídico cuando intentado este emplazamiento
y esta notificación no pueda ser llevada a cabo.
Y finalmente, por lo que se refiere a los requisitos subjetivos
y como es obvio,
tenemos que identificar el órgano jurisdiccional
ante el que se presenta que debe tener jurisdicción y competencia
para conocer.
De ese asunto.
Delimitados los elementos objetivos, el segundo paso que tiene
que llevarse a cabo para confeccionar adecuadamente la demanda
es la delimitación de los requisitos objetivos.
Se trata básicamente de explicarle al órgano judicial
cuál es la tutela que se presenta y se pretende
y para ello evidentemente tenemos
que hacer una narración de los hechos.
Hechos que tienen que ser jurídicamente relevantes
y hechos además que deberán venir acompañados,
y esto como consecuencia de una reforma reciente
llevada a cabo por ley orgánica
1.2025 de 2 de enero, de esa vía previa
a la que las partes deben de haber acudido,
ese intento de negociación.
En ese intento de llegar a algún tipo de acuerdo de solución
o de poner fin al conflicto a través de algunos de los medios
adecuados de solución de conflictos reconocidos
en el ordenamiento jurídico,
o bien la imposibilidad de llevarlo a cabo acreditando
que se ha intentado sin que, sin embargo,
se haya conseguido la solución del conflicto.
Identificados esos hechos que son jurídicamente relevantes,
que además han de ser expuestos de forma ordenada y clara
y todo ello con la finalidad
no sólo de facilitar la labor del órgano jurisdiccional,
sino también de facilitar que una vez sea notificada la demanda,
el demandado puede ejercitar adecuadamente su derecho de defensa,
hay que referirse a los fundamentos jurídicos,
es decir, las normas que sustentan esa petición de tutela,
de protección que estamos llevando a cabo
ante los órganos jurisdiccionales.
Y respecto a la fundamentación jurídica, hay que distinguir
aquellos que se refieren a acreditar el cumplimiento
de los presupuestos procesales,
que las partes cumplen con los requisitos
de capacidad.
Para ser parte, capacidad procesal, los requisitos de postulación,
aquellos referidos a la competencia
y jurisdicción del órgano jurisdiccional
o a la determinación del tipo de juicio,
de la cuantía del mismo, entre otros,
así como ese intento esa acreditación del intento
de llegar a algún acuerdo en aquellos casos en los que se erige
como un requisito de procedibilidad en el ordenamiento,
junto a aquellos fundamentos jurídicos que se refieren
al fondo del asunto.
Ahí explicamos por qué ante determinados hechos
estamos pidiendo esa tutela.
Por poner un ejemplo, si.
Nuestra petición se basa en el incumplimiento de un contrato.
Nosotros hemos cumplido con la entrega de la cosa
sin que la parte obligada haya procedido a pagar el precio.
Bueno, explicaremos los hechos
y después diremos cuáles son las normas jurídicas
que fundamentan, primero, el nacimiento de esas obligaciones
y luego, en segundo lugar,
por qué surge ante el incumplimiento, ¿no?
, esta posibilidad de reclamar al órgano jurisdiccional
una tutela concreta.
Y, finalmente, la petición,
que también tendremos que concretar con claridad y precisión al objeto
de facilitar la labor del órgano jurisdiccional
y de que se sepa en concreto
ante las posibilidades que nos pueda ofrecer el ordenamiento jurídico,
que es lo que pretende la parte actora.
Además, en concreto,
si la parte actora solicita varios pronunciamientos judiciales,
pues lo que tiene que hacer es, con la debida separación,
mencionar qué es lo que pide.
Por ejemplo, en el ejemplo que acabo de poner
de un incumplimiento contractual, queremos en primer lugar que,
se obliga a la parte a pagar el precio y, en su caso,
si se nos han causado daños y perjuicios,
pues reclamaremos los daños y perjuicios que consideramos
que se han erogado.
Y, en segundo lugar, cuando lo que hagamos
es introducir pretensiones subsidiarias o alternativas,
es decir, en primer lugar queremos el cumplimiento del contrato,
pero para el caso de que no se determine,
pues la rescisión del mismo también habrá que expresarlas
con claridad y precisión
y, además, en el orden específico.
En el que queremos que, en su caso, sean abordadas
por el órgano jurisdiccional.
Finalmente, como todo acto procesal,
deben cumplirse determinados requisitos formales,
además de acompañar se determinada documentación.
La demanda se presenta por escrito y la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en los artículos 264 y siguientes,
relaciona una serie de documentos que deben acompañarse.
Documentos que sirven, por un lado, para acreditar el cumplimiento
de determinados presupuestos procesales, por ejemplo,
la capacidad de las partes, los requisitos de postulación
o, en su caso, ese intento de haber acudido a un medio
adecuado de solución de conflictos
cuando se erige en requisito de procedibilidad.
Aquellos relativos al fondo del asunto,
en el ejemplo que les he puesto, por ejemplo,
habría que presentar esa copia del contrato que justifica esa relación
así como documentos exigidos en casos especiales.
La Ley de Enjuiciamiento Civil,
en el artículo 266, según el tipo de causa,
establece en algunos casos algunas particularidades
de documentos que haya que presentar.
¿Qué sucede cuando no se acompañan de estos documentos
a esa demanda que ha sido formalmente presentada por escrito?
Bueno, con carácter general,
la no presentación de los documentos genera la inadmisión de la demanda.
Esto es particularmente relevante respecto
al cumplimiento de los presupuestos procesales
y respecto a los relativos al fondo del asunto.
Si no se pueden presentar en el momento de.
Presentación de la demanda,
habrá que indicar los archivos o registros donde pueden ser hallados
o, en su caso, el motivo por el que no se pueden acompañar
en ese momento procesal distinto,
aprovechando las posibilidades que, en su caso,
otorga la Ley de Enjuiciamiento Civil para presentarlas
en un momento posterior.
En el resto de los casos, si no se acompañan
los documentos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil,
esos documentos que.
Digamos que no tienen esa misma fuerza
que los anteriores,
su no aportación simplemente supondrá la imposibilidad de realizarlos
en un momento posterior,
también con las consecuencias que puede tener
o la relevancia que puede tener a los efectos de obtener una tutela
o una decisión satisfactoria del órgano jurisdiccional.
Evidentemente, la presentación de la demanda,
la delimitación de la pretensión del actor es una carga procesal
para la parte demandante.
Yo siempre explico que una persona cuando demanda
tiene que cumplir con la debida diligencia,
en el sentido de tratar de introducir todos los hechos,
todos los elementos que puedan servir para resolver,
de aclarar, de concretar bien la tutela
que se presenta, Porque el no cumplir con esta debida diligencia, el no
llevar a cabo todas las actuaciones procesales en el momento
que establece la ley de enjuiciamiento civil,
al ser una carga procesal,
conlleva unas consecuencias negativas.
A este respecto, si la introducción,
la alegación de los hechos y los fundamentos jurídicos
no se introducen correctamente con la ley,
la preclusión supone la imposibilidad de alegarlos con posterioridad,
salvo esas posibilidades excepcionales
que otorga la ley de enjuiciamiento civil,
de alegaciones complementarias sobre hechos nuevos
o de nueva noticia.
Asimismo, por lo que se refiere a esa posibilidad de acumulación
de acciones que recoge el ordenamiento jurídico,
Si no se solicita o si no se insta en el momento procesal oportuno,
la ley imposibilita, por tanto es una consecuencia jurídica
su acumulación después de contestada la demanda.
Con ello también se trata de contribuir a la seguridad jurídica
y a la fijeza de lo que tiene que resolver
el órgano jurisdiccional.
Bueno, presentada la demanda,
lo primero que se tiene que hacer es llevar a cabo un examen,
una valoración por parte de los órganos competentes
de que se cumple con los requisitos necesarios
para su admisión.
No hay que equiparar en ningún momento
la admisión con la viabilidad o con el resultado del proceso,
sino simplemente esta valoración previa de cumplir con los requisitos
señalados en el ordenamiento jurídico.
Con carácter general, el letrado de la Administración de Justicia
procederá a la verificación de los requisitos formales,
de tal manera que, si entiende que concurren,
que se cumplen adecuadamente, admitirá la demanda por decreto
y dará traslado al demandado para que, en el plazo de.
20 días, bueno, pues conteste.
Si observa el incumplimiento de algún requisito formal subsanable,
dará la posibilidad de subsanación a la parte.
Y cuando transcurrido el plazo para subsanar o en aquellos casos
en los que exista duda sobre el cumplimiento
de aspectos esenciales,
como pueden ser, por ejemplo, la jurisdicción judicial,
o competencia dará traslado al juez al objeto de que lleva a cabo
la valoración definitiva.
Hay que tener en cuenta que la admisión de la demanda incide
en un derecho fundamental, el derecho de acceso
a los órganos jurisdiccionales y esa decisión final,
sobre todo en aquellos casos en los que existe la posibilidad
de que tenga un resultado negativo
o de inadmisión, es una competencia judicial,
de tal manera que el órgano jurisdiccional valorará
en ese momento,
aplicando e interpretando el ordenamiento jurídico,
si procede la admisión
o si definitivamente hay que inadmitir esa demanda.
Pero al valorar la concurrencia de los presupuestos procesales,
el órgano jurisdiccional no debe caer en interpretaciones formalistas
que de algún modo dificulten, y más que dificultar,
impidan el acceso a la justicia y, por supuesto, Siempre,
ya lo hemos dicho antes, cuando hemos hablado de la función
del letrado de la Administración de Justicia,
dando la posibilidad de subsanar.
Presentada la demanda y admitida a trámite,
se generan una serie de efectos materiales y procesales
que se conocen bajo el nombre de litis tendencia
y estos efectos se producen una vez admitida,
pero se retrotraen al momento de presentación.
Entre los efectos materiales tenemos que se interrumpen los plazos
de prescripción, se considera como litigioso,
aunque los.
Los bienes que son objeto del proceso y también a partir de ese momento
comienza el devengo de los intereses moratorios
y de los intereses procesales.
Además, por lo que se refiere a los efectos procesales
de la litispendencia, En sentido positivo supone,
básicamente, de manera muy sencilla, y ahora voy a tratar de concretarlo,
el que a partir de ese momento queda fijo, es como una foto fija,
de lo que debe resolver el órgano jurisdiccional,
de tal manera que los cambios que se sobrevengan,
como en posterioridad, por ejemplo, referidos al cambio de domicilio
de las partes, al posible valor de la cosa litigiosa,
no van a suponer un cambio definitivo,
de la jurisdicción y competencia del órgano jurisdiccional,
por eso se llama perpetuatio jurisdiccionis,
tampoco de la legitimación de la persona que está sujeta al proceso,
salvo que sea como consecuencia de un acto de sucesión procesal,
se quedan perpetuados los hechos tal y como aparecen delimitados
en las alegaciones de las partes, el valor de la cosa litigiosa,
incluso a efectos de determinación del cauce procedimental
y de la cuantía del litigio y la perpetuación del derecho.
Desde el punto de vista negativo, la litispendencia
evidentemente impide el nacimiento de un nuevo proceso
con el mismo objeto siempre que éste no haya terminado.
Admitida la demanda a trámite,
como señalaba, se le da traslado al demandado,
es el llamamiento al proceso, otorgándole un plazo de 20 días,
a contar a partir del día siguiente al que recibe la notificación,
para contestar, para acudir,
para comparecer ante el órgano jurisdiccional
y ejercer su derecho de defensa
y para poder diseñar su estrategia procesal.
Una vez que el demandado recibe la demanda,
surgen determinadas cargas procesales.
Siempre que hablamos de cargas procesales,
queríamos decir que si no lo hace,
le va a generar algún tipo de consecuencia negativa.
Por tanto, tiene esa carga de comparecer y ejercer su defensa
y de denunciar la falta de jurisdicción y competencia
a través de declinatoria de jurisdicción.
Entre las opciones
y las estrategias defensivas del demandado está no comparecer
y no contestar, se situaría en posición de rebeldía,
comparecer y no contestar o bien contestar allanándose
a la pretensión, formulando oposición o formulando una nueva pretensión
a través de lo que se conoce como demanda reconvencional.
A partir de este momento vamos a ver nosotros simplemente
los aspectos referidos a la contestación de la demanda
porque el resto serán objeto de análisis inicial.
En otro tema.
La contestación a la demanda guarda unos requisitos
desde el punto de vista de contenido y formales similares a la demanda,
actúa a forma de espejo,
de tal manera que el demandado tiene la posibilidad
de admitir o negar los hechos, teniendo en cuenta que el silencio
puede generarle una consecuencia negativa,
porque el órgano jurisdiccional los podrá dar por aprobados
en aquellos casos en los que le resulten desfavorables,
tiene la posibilidad de impugnar los documentos aportados
por el actor, tiene la posibilidad de alegar hechos impeditivos,
extintivos, incluyentes, así como impugnar la cuantía.
Y, evidentemente, presentada la contestación,
el órgano de demanda y contestación resolverá en el mismo proceso
todas las cuestiones que hayan sido presentadas.
Por lo que se refiere
a las especialidades del juicio verbal,
que he tratado de concretarlas de manera muy sintética,
en el juicio verbal,
además de poder presentarse esta demanda ordinaria,
la primera particularidad se refiere a la posibilidad
de presentar lo que se conoce como demanda sucinta,
una demanda de contenido simplificado
que puede realizarse a través del juicio verbal.
De unos formularios normalizados que están a disposición de las partes
en los órganos jurisdiccionales.
Además,
otra especialidad de la demanda es en determinados tipos de procesos
establecer o bien en el caso de recuperación de viviendas
ocupadas ilegalmente se posibilita formular una demanda contra ocupantes
desconocidos.
Esto afecta a la delimitación de la parte demandada
o en el caso de los juicios por desahucio de pago
la posibilidad.
De que el actor manifieste su voluntad
de condonar toda o parte de la deuda
si el demandado viene a abandonar la demanda.
También regula la ley en el artículo 439
algunos motivos de inadmisión específicos
y por lo que se refiere a la contestación
las particularidades son, primero,
que el plazo para contestar es más breve,
es exactamente la mitad, se limita a a 10 días
desde que se recibe este llamamiento al proceso.
La posibilidad también,
igual que pasaba en el caso del actor,
de utilizar formularios esta contestación sucinta.
Siempre nos estamos refiriendo a procesos
en los que no sea preceptiva la intervención de abogado
y de procurador,
y en cuanto a los efectos del silencio,
algunas particularidades, por ejemplo,
en el caso de los procesos por desahucio,
si el demandado no hace nada, no dice nada,
existe esta posibilidad de desahucio inmediato
o de sentencia favorable al actor en determinados casos.
Por lo que se refiere a las especialidades
en materia de proposición de pruebas o alegaciones sobre las vistas,
las partes disponen de un plazo de cinco días
para pedir al órgano jurisdiccional los medios de prueba
de que quieran valerse y también para las alegaciones
sobre la conveniencia o no de realizar la vista
y el órgano jurisdiccional resolverá mediante auto que es recurrible.
Para terminar, estas particularidades del juicio verbal,
una referencia muy somera al conocido como pleito testigo.
Es una novedad que se introdujo en el orden civil
por el Real Decreto o Ley del año 2023
y que anteriormente se había introducido en nuestro ordenamiento
para el orden contencioso administrativo.
El ámbito de aplicación de este pleito testigo
son demandas relativas a condiciones generales de la contratación,
siempre que no sea preciso realizar un control de transferencia
de la cláusula
ni valorar la existencia de vicios de consentimiento del contratante
y que las condiciones generales de la contratación
cuestionadas tengan identidad jurídica.
Sustancial con otras pretensiones en tramitación
básicamente se trata de elegir un pleito testigo
en el que se van a resolver esas cuestiones que son
sustancialmente iguales suspendiendo el resto de demandas a la espera
del resultado de ese pleito testigo y ante una sentencia firme
en el que se resuelve el primer pleito
testigo que además va a ser tramitado con preferencia
el demandante de aquellos pleitos.
Que han sido suspendidos, tiene tres posibilidades.
O bien, desistir de sus pretensiones,
porque a la vista de cómo se ha resuelto,
entiende que no ha lugar.
O bien, solicitar la continuación del procedimiento,
porque entiende que hay algo particular o diferente
que debe de llevar a una protección de su derecho subjetivo
e interés legítimo.
O bien, solicitar la extensión de los efectos del procedimiento
testigo.
Evidentemente, la finalidad es evitar litigación masiva.
Garantizar coherencia en la aplicación del derecho
y también se dice que puede ser un mecanismo que puede contribuir
a la agilización y eficiencia procesal.
Muchas gracias y espero que les haya resultado de interés.