Hola, soy Alicia González Navarro, profesora titular de Derecho Procesal
en la Universidad de La Laguna, Tenerife.
Hoy voy a compartir con ustedes la unidad 11
que versará sobre sentencia y costas en el proceso civil.
Lo primero que vamos a hacer en esta unidad
es proporcionar un concepto de lo que sea la sentencia.
Y se trata de una resolución judicial que pone fin
a una instancia resolviendo sobre las pretensiones y resistencias
oportunamente deducidas por las partes
en el proceso al aplicar la ley al caso concreto.
En cuanto a las clases de sentencias, en primer lugar
tenemos que hablar de aquellas sentencias
que versan sobre el fondo del asunto y distinguirlas
de las meramente procesales o absolutorias en la instancia.
Las meramente procesales en la actualidad
y desde la entrada en vigor de la ley 2000
son la excepción en nuestro proceso civil
y lo normal es que las sentencias sean de fondo,
es decir, que resuelvan sobre el fondo del asunto
y por lo tanto procedan a estimar o desestimar la pretensión.
En segundo lugar,
tenemos también las sentencias meramente declarativas, por ejemplo,
cuando declaran la nulidad de un negocio jurídico.
También tenemos las sentencias constitutivas,
de las cuales puede ser un ejemplo la de divorcio,
y las sentencias de condena,
que condenarán a un dar, hacer o no hacer.
En tercer lugar,
tenemos las sentencias que pueden clasificarse como recurribles,
es decir, que contra ellas cabe un recurso,
y las sentencias firmes.
No hablamos aquí de sentencias definitivas
porque en realidad todas las sentencias lo son,
es decir, todas las sentencias ponen fin a una instancia.
Por eso hemos preferido denominarlas como sentencias recurribles
frente a aquellas otras.
Que son las firmes contra las que no cabe ya formular recurso alguno.
Y por último, tenemos las sentencias
escritas frente a las sentencias orales, que son la gran novedad
en la actualidad en el proceso civil,
en la medida que ha sido una posibilidad
la de la sentencia oral introducida por la Ley Orgánica 1.2025.
En cuanto a la forma de las sentencias,
tenemos que hacer referencia aquí a los datos que debe incluir
una sentencia.
Ellos se encuentran principalmente en el artículo 208
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Estas sentencias deben indicar el órgano jurisdiccional que la dicte
y además expresar también el nombre del juez, jueza, magistrado
o magistrada que la haya dictado.
Esto es importante, por ejemplo, a efectos de que las partes sepan
si el juez o la jueza está en cursa en una causa de abstención,
por ejemplo, o de recusación.
Si no se sabe el nombre,
pues no se podría formular recusación.
También la sentencia debe incluir el dato de si es recurrible
y, en su caso, el órgano jurisdiccional,
así como el plazo para recurrir.
El órgano jurisdiccional ante el que se presenta el recurso
y el plazo para poder recurrir.
Y, por último, mención del lugar y de la fecha,
como todo acto procesal.
Siguiendo con la forma de la sentencia, esta se estructura
formalmente en torno a cuatro elementos que están a su vez
referidos en el artículo 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En primer lugar, el encabezamiento.
En el encabezamiento deben figurar los nombres de las partes,
la legitimación así como representación
con la que comparecen, nombres de abogados y procuradores
que actúen, así como el objeto del juicio.
El segundo elemento en torno al cual se estructura la sentencia
es el de los antecedentes de hechos.
Muy importante también, se deben exponer con claridad,
precisión y concisión en párrafos numerados y separados.
Los hechos en los que se fundamenta la pretensión,
las pretensiones de las partes, la prueba propuesta también,
así como la practicada, y por último, en su caso,
los hechos que han resultado probados a lo largo del juicio.
El tercer elemento de la sentencia es otro que también es esencial,
como son los fundamentos de derecho.
Es decir,
los fundamentos en que el tribunal se basa para adoptar la decisión
que efectivamente ha adoptado.
Y todos estos fundamentos deben figurar en párrafos también separados
y numerados, así como aducirse,
deben aducirse las razones y los fundamentos legales del fallo.
Y por último, Lo que ya vengo citando,
el fallo, en este sentido es la parte dispositiva
de la sentencia y en él se deben contener los pronunciamientos
sobre las distintas pretensiones debidamente formuladas
por las partes, así como también, muy importante,
lo veremos luego, las costas,
el pronunciamiento sobre las costas que haga el tribunal.
En cuanto a los requisitos internos de la sentencia, estos se encuentran
en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En primer lugar, este precepto hace referencia a la necesidad
de que las sentencias sean claras y precisas.
Deben evitarse la utilización de conceptos oscuros,
así como la introducción de posibles errores materiales.
En cuanto a esto,
nos referiremos luego con la aclaración de sentencia.
Por otra parte, el segundo requisito interno
de la sentencia es el relativo a la congruencia.
La sentencia deberá ser siempre congruente
con las pretensiones de las partes.
Esto es consecuencia del principio dispositivo
y de aportación de parte que hemos visto ya en otras unidades
informan el proceso civil.
¿Cuáles son los términos de la vinculación?
Pues la sentencia tiene que ser obviamente congruente
con las pretensiones deducidas,
en particular el suplico de la demanda debe tenerse en cuenta
por el órgano jurisdiccional a la hora de determinar su fallo.
El suplico tiene que ser congruente con el fallo
y también la causa de pedir contenida en la demanda debe.
Debe ser congruente
o, perdón, la causa de decidir que utilice el órgano jurisdiccional
tendrá que ser congruente con la causa de pedir
que se hubiera fundamentado en la correspondiente demanda.
Si el órgano jurisdiccional no respeta este deber
de congruencia, nos encontraremos ante distintos tipos
de incongruencia.
Y en ese sentido, existe un tipo de congruencia
que consiste en que el órgano jurisdiccional dé más
de lo pedido por la parte actora, es decir,
si se pide la condena al pago de 3.000 euros,
que se condene al pago de 4.000 euros,
Si se da cosa distinta de la pedida por la parte,
también existiría esta modalidad de incongruencia
y después la última modalidad de incongruencia que consiste en dar
menos de lo reconocido por la parte demandada.
Ojo, aquí es la parte demandada la que ha reconocido
que debe 3.000 y sin embargo el órgano jurisdiccional
condena solo al pago de 1.000 euros.
Continuando con los requisitos internos de la sentencia,
nos encontramos con la exhaustividad.
La infracción del deber de exhaustividad,
es decir, el órgano jurisdiccional,
debe resolver todas las pretensiones oportunamente,
que hubieran sido oportunamente deducidas.
Esta infracción del deber de exhaustividad
suele denominarse como incongruencia omisiva.
A mí me gusta más hablar
de infracción del deber de exhaustividad.
Y, bueno, pues por último vemos el requisito interno
de la sentencia consistente en la motivación.
El deber de motivar halla su fundamento en tres pilares.
Por un lado.
Constituye una garantía de la sumisión del juez al imperio
de la ley.
Si el órgano jurisdiccional no motiva su sentencia,
no podemos saber en qué medida esa sentencia no es arbitraria.
En segundo lugar,
El segundo pilar sobre el que se fundamenta la motivación
es el derecho de las partes, sobre todo de cara a posibles recursos.
Si yo no sé por qué el magistrado ha resuelto X,
no podré articular bien mi recurso.
Y en tercer lugar, el interés general de la comunidad.
Esto es fundamental en un estado de derecho
y contribuye a la transparencia de la labor jurisdiccional,
que como les he dicho es esencial en un estado de derecho.
En cuanto a los efectos que produce la sentencia,
nos vamos a referir a los dos que se despliegan
con ocasión del dictado en la sentencia y los dos
contribuyen a la seguridad jurídica.
Por un lado está el efecto de la invariabilidad.
El artículo 214 establece la regla general
de que los tribunales no podrán variar sus resoluciones
después de firmada.
Esto incluye a su vez
una serie de excepciones, que son la aclaración de sentencia,
donde se aclararán aquellos conceptos oscuros
a los que nos referimos antes,
la corrección o rectificación de sentencia,
donde se rectifican los posibles errores materiales
en que se hubiera podido incurrir, y la subsanación.
Que consiste en subsanación de omisiones o defectos
para poder dar cumplimiento a la resolución.
Si no se subsanan,
no se puede proceder a la ejecución de esa sentencia.
Por último, quizás el más importante,
el complemento de sentencia.
Cuando la sentencia incurre en.
La vulneración del deber de exhaustividad
resulta que tiene lugar una omisión en cuanto a pronunciamientos
relativos a las pretensiones debidamente formuladas.
Y aquí es importantísimo que se haya pedido previamente
la solicitud de complemento de sentencia
porque si no, luego no vamos a poder solicitar, perdón,
interponer el recurso y que éste prospere.
El segundo efecto
y más importante sin duda es el de cosa juzgada
y a partir de aquí nos vamos a referir a él.
A menudo se distingue
y el legislador también en el artículo 207.4 entre cosa
juzgada material y cosa juzgada formal.
La verdadera cosa juzgada, así lo ha dicho el profesor Ortés,
es la cosa juzgada sin más, es decir,
la cosa juzgada material es la cosa juzgada verdadera.
Y esta a su vez produce unos efectos negativos y positivos
que veremos a continuación.
Y estos efectos se producen, digamos que hacia fuera del proceso,
ad extra del proceso en que se dictó la sentencia que es firme.
Y los efectos se despliegan, el efecto negativo y positivo
de cosa juzgada se despliegan en otro proceso posterior.
En cuanto a la cosa juzgada formal, bueno,
aquí en realidad se hace referencia a los efectos que las resoluciones
en general produzcan, pero hacia adentro del proceso.
El tribunal o el letrado de la Administración de Justicia
no podrá desconocer las resoluciones firmes,
en general las interlocutorias,
que se han dictado a lo largo del proceso en cuestión.
A partir de aquí nos referiremos nada más que a la cosa juzgada
material y conviene hacer una serie de precisiones terminológicas.
En primer lugar, no se pueden equiparar firmeza y cosa
juzgada material.
Son dos cuestiones relacionadas, pero no equiparables.
Por un lado, las resoluciones que producen
efectos de cosa juzgada material son siempre firmes,
pero, sin embargo, no toda resolución firme
produce efectos de cosa juzgada material.
Otra precisión más debe consistir
en que la firmeza es un presupuesto de la cosa juzgada material,
pero no el único.
Además de la firmeza se requieren los siguientes,
la concurrencia de los siguientes presupuestos.
Primero, que nos encontremos ante una resolución definitiva.
La sentencia por definición lo es en la medida que pone fin
a una instancia.
Segundo, que dicha resolución definitiva,
normalmente será una sentencia, sea de fondo,
es decir, que estime o desestime la pretensión.
Y tercero, que no haya sido dictada en un proceso sumario,
tal y como establece el artículo 447.2.3 y 4
de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
que determina que las sentencias dictadas en estos tipos de procesos
no producen los efectos de cosas juzgadas materiales.
En cuanto al efecto negativo de cosa juzgada,
pues aquí vamos a ver su efecto excluyente.
Que consiste en evitar un segundo proceso
con el mismo objeto y con las mismas partes.
Así lo establece el artículo 222.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y este efecto negativo tiene como consecuencia que su concurrencia
determinaría el archivo del segundo proceso,
se dictaría un auto de sobresedimiento.
Para que concurra este efecto negativo
tiene que haber necesariamente identidad de objetos
y de sujetos entre los dos procesos que vamos a comparar.
Y, como les decía, la consecuencia de su concurrencia
será el archivo del segundo proceso.
En cuanto al efecto positivo de cosa juzgada material,
se la ha denominado también como efecto prejudicial
y este consiste en condicionar la decisión del segundo proceso
cuando ésta dependa de un objeto jurídico
ya resuelto en un primer proceso.
Es lo que el artículo 222.4
denomina como antecedente lógico.
Ejemplo, si en un primer proceso se ha determinado
que el negocio jurídico ha celebrado entre las partes.
X e Y es válido en la segunda sentencia.
Que tenga un objeto parcialmente coincidente
no se puede volver a debatir sobre la validez de ese contrato.
Tenemos que partir de ese presupuesto ya declarado
en una sentencia anterior.
En cuanto al efecto positivo de cosa juzgada material,
solamente requiere la concurrencia de la identidad subjetiva,
mientras que la identidad objetiva en realidad no tiene que concurrir.
Y, por último, no tiene por objeto
ocasionar el archivo del segundo proceso,
sino solamente condiciona la decisión del segundo proceso.
En cuanto a las resoluciones que producen el efecto de cosa
juzgada material,
tenemos en primer lugar la regla general,
que son las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias,
tal y como se establece en el artículo 222.1
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Son, en definitiva,
sentencias que resuelven sobre el fondo del asunto.
En segundo lugar,
y aunque es muy excepcional, hay algunos,
son pocos, los autos que producen, según la ley,
efecto de cosa juzgada material.
Y se encuentran en los artículos 34.4.6 y 35.4.6,
ambos de la ley de enjuiciamiento civil,
que se refieren en estos casos a cláusulas abusivas
contenidas en contratos celebrados entre los clientes,
es decir, las partes,
con los procuradores y abogados respectivamente.
Aquí la ley de enjuiciamiento civil determina que lo que se resuelva
en relación con la concurrencia o no de esas cláusulas abusivas,
el auto que se dicte va a desplegar efectos de cosa juzgada material.
También otros dos ejemplos muy similares
se encuentran contenidos en los artículos 552.4 y 561.2
de la ley, estos en sede de ejecución.
Por último, brevemente, nada más hacer referencia a las sentencias
dictadas en procesos sumarios,
porque en realidad el legislador dice que no producirán,
lo dice tajadamente, efectos de cosa juzgada material.
Y a mí aquí siempre me gusta introducir,
aunque solo sea para la reflexión, la cuestión de si esas sentencias
dictadas en procesos sumarios no producirán efectos,
aunque solo sea, limitados.
A la limitación del objeto de cognición propia
de un proceso sumario.
Cuando establecemos si queremos determinar si hay cosa juzgada
o no la hay, lo que tenemos que hacer es comparar objetos procesales,
comparar el objeto procesal del primer proceso
en que ya se dictó sentencia firme
con el objeto procesal del segundo proceso.
Y esa comparación alcanza a las pretensiones de la demanda
y de la reconvención.
Esa pretensión del primer proceso debe ser puesta en comparación
con la del segundo proceso para determinar
si efectivamente hay identidad y por lo tanto hay cosa juzgada
o no.
Desde la entrada en vigor de la ley de enjuiciamiento civil
en el año 2001, en realidad,
la identidad en la causa de pedir ya no tiene que concurrir debido a,
por eso.
Lo establecido en el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
no tiene que concurrir esta identidad en la causa de pedir.
No podemos detenernos ahora en esto, pero sí podemos remitir al texto
escrito para una mayor amplitud de esta cuestión.
Y por último, tiene que concurrir también la identidad en los sujetos.
Y en este sentido, el artículo 222.3
establece que habrá identidad, perdón, que las cosas juzgadas,
los efectos de cosas juzgadas se extienden a las partes del proceso
en que se dicte la sentencia y a sus herederos y causavientes.
Por otra parte,
si estamos en procesos no dispositivos,
los efectos se extienden también a terceros, erga omnes,
eso sí, una vez haya tenido lugar la inscripción o anotación
en el registro civil.
Y por último, en los casos de impugnación,
procesos de impugnación de acuerdos sociales,
los efectos de cosas juzgadas materiales se extienden
a todos los socios aquí por una particular necesidad
de proteger la seguridad jurídica.
En cuanto al tratamiento procesal de la cosa juzgada material,
la misma puede apreciarse de oficio,
aunque lo normal es que se denuncie su concurrencia a instancia
de parte.
¿Cómo?
Pues el demandado en la contestación a la demanda
opondrá la excepción procesal de existencia de cosa
juzgada material.
Si estamos en el juicio ordinario,
se resolverá sobre esta cuestión en la audiencia previa
y si el órgano jurisdiccional efectivamente estima
que concurre dictará un auto de sobreseguimiento
o de archivo que no desplegará efectos de cosa juzgada material
y si estuviéramos en el juicio verbal se denunciará también su concurrencia
en la contestación a la demanda del demandado.
Pero se resolverá sobre esta cuestión en un incidente
escrito tal cual se establece en el artículo 438,
apartado décimo de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por lo que se refiere al efecto positivo de cosa
juzgada material.
Este se alegará tanto por la parte actora
como por la demandada en su caso en la demanda o contestación
a la demanda respectivamente y se aportará documento público
en que conste la sentencia firme anterior.
Pasando a ocuparnos de las costas,
las costas como concepto son aquellos gastos procesales,
son desembolsos realizados por las partes que tengan su origen
directo e inmediato en la existencia de dicho proceso.
En particular, las costas procesales
son aquella parte de los mencionados gastos que estén contemplados
en el listado cerrado del artículo 241.1,
al cual ahora referimos.
De la ley de enjuiciamiento civil,
obviamente, al cual ahora me remito para no detenernos más,
pero sí es cierto que los más importantes de estos gastos
son los honorarios de la defensa y representación técnica,
si es que estos son preceptivos.
En cuanto al pronunciamiento sobre las costas,
hay que adelantar que la ley establece
que cada una de las partes del proceso pagará los gastos y costas
causados a su instancia
a medida que se vayan produciendo en el proceso.
Al final de la instancia,
la sentencia contendrá el pronunciamiento sobre costas
tal y como se establece en el 209 regla cuarta
de la ley.
Los criterios conforme a los que se imponen las sentencias
es el criterio del vencimiento objetivo,
es decir, se imponen las costas a la parte
que haya visto desestimadas todas sus pretensiones
tal y como se establece en el 394.1 de la ley.
Excepciones.
No se imponen las costas
a la parte que haya visto desestimada todas sus pretensiones en los casos
en que el tribunal aprecie que existen serias dudas de hecho
o de derecho existieron a la hora de resolver el supuesto de hecho.
Tampoco se impondrán las costas si la parte que ha visto estimada
sus pretensiones hubiera rehusado participar en un medio
adecuado de solución de controversias.
Entonces, en ese caso, no se le impondrán las costas
a la parte que hubiera resultado vencida.
Esta es una novedad de la Ley Orgánica 1.2025.
Las costas, el pronunciamiento sobre costas,
cuando la estimación o desestimación de las pretensiones sea parcial,
supone que cada parte abona sus costas
y las comunes por mitad.
Una excepción a esta regla es la de imponerle las costas
a la parte que haya rehusado someterse a un medio
adecuado de solución de controversia.
También existen unas reglas especiales sobre condena en costas.
Para los casos en que ha habido las denominadas crisis procesales,
como el allanamiento antes de contestar a la demanda,
pues en este caso se contempla que no habrá condena en costas,
salvo mala fe o rechazo de un medio alternativo de solución
de controversia.
En el desistimiento,
que no haya de ser consentido por el demandado,
también está prevista una regla especial.
Y en materia de recursos, distinguiendo el artículo 398
entre el recurso de apelación y el recurso de casación,
a los cuales les da regímenes jurídicos distintos.
La tasación,
pues si la parte condenada en costas,
en realidad lo ideal sería que pagara voluntariamente
esas costas, pero en caso contrario
tendrá que procederse a la tasación de costas y la competencia
para esa tasación la tiene el letrado de la Administración de Justicia,
que fue competente en el proceso o recurso
en que se han devengado esas costas.
Hecha la tasación, el letrado de la Administración de Justicia
dará traslado a las partes,
las cuales podrán, por un lado,
solicitar su reducción o exoneración,
todo derivado de que haya existido propuesta de medidas
adecuadas de solución de conflictos,
Y también se podrá solicitar la impugnación de la tasación.
En primer lugar, se pueden impugnar por indebidas y por excesivas,
que se hayan incluido conceptos que fueran indebidos
o que resulten excesivos.
Y también la parte favorecida por el pronunciamiento sobre costas
podrá impugnar la tasación
por no haberse incluido gastos debidamente justificados
y reclamados por ella.
Por último, ya en lo que se refiere a la asistencia jurídica gratuita
y costas procesales, aquí tenemos que acudir
a los artículos 394.3.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y al 36.1.1 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
El reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita
implica, en primer lugar, que la parte beneficiaria del mismo
no deberá abonar los gastos que se vayan produciendo a lo largo
de la tramitación del proceso,
pues están cubiertos por la asistencia jurídica gratuita.
En segundo lugar, si el condenado en costas es titular
del derecho a la asistencia jurídica gratuita,
solo tendrá obligación de pagar sus costas
y las de la parte contraria en el caso
de que en los tres años siguientes viniera a mejor fortuna,
cosa que normalmente no suele suceder.
Y, en tercer lugar,
si la parte favorecida por el pronunciamiento sobre costas
es la titular del derecho a asistencia jurídica gratuita,
las costas deberán ser abonadas a los profesionales que hayan actuado
a su instancia,
quienes deberán devolver las cantidades percibidas por ellos
con cargo a fondos públicos previamente.
Pues por mi parte nada más, muchas gracias por su atención
y hasta aquí la lección 11 sobre sentencia y costa.
Hasta otra.