Hola, mi nombre es Julio Pérez Gil, soy catedrático de Derecho Procesal
de la Universidad de Burgos y se me ha encomendado
en este Manual de Ciencia Abierta de Derecho Procesal Civil que explique
la unidad 10, la correspondiente a la prueba.
Este es un tema clave en el ámbito del derecho procesal
puesto que la actividad probatoria es aquella que va a dar fundamento
al convencimiento judicial,
a la convicción judicial.
La actividad probatoria genera la posibilidad de poner en contraste
las alegaciones de las partes con los medios de prueba
practicados en el ámbito del juicio.
Y de ahí el juez puede extraer la conclusión referente
a la preponderancia de un interés jurídico
sobre otro y, por tanto, tener fundamento para su decisión.
Este tema clave lo vamos a abordar en cinco apartados.
En un primero hablaré sobre el objeto,
en un segundo apartado hablaré de los medios de prueba,
es decir, esto me va a llevar el conjunto o la mayoría del tiempo,
y posteriormente hablaremos del procedimiento probatorio,
de la valoración de la prueba y de las diligencias finales.
Esta materia,
permítame que insista, hay que trabajarla usando
no solo los materiales de los que disponen en el manual,
sino también la ley.
En muchas de mis diapositivas verán referencia a los artículos
o a los preceptos de la ley de enjuiciamiento civil
en general, que les ruego que manejen para la adecuada comprensión
de la materia.
Dicho esto, vamos a empezar.
En primer lugar,
debemos hablar del objeto de la prueba.
El objeto de la prueba es,
o entendemos por objeto de la prueba, o tema probandi,
aquello sobre lo que debe versar la actividad probatoria
precisamente para lograr el convencimiento del juez.
La ley de enjuiciamiento civil
describe qué es lo que se tiene que probar y se refiere a hechos,
en primer lugar.
Los hechos no son, o tal y como debemos presentarlos,
no son realidades autónomas que existen en el vacío,
sino son aquellas afirmaciones.
Que las partes hacen sobre situaciones fácticas,
hacen enunciados fácticos, describen juicios valorativos
a través de esas alegaciones y esa configuración de los hechos,
esa presentación de trozos de la realidad con contenido jurídico
es lo que tiene que ser objeto de la prueba.
Esto está en el artículo 281.1 de la Ley de Juicidamiento Civil.
¿Cómo tienen que ser esos hechos?
Pues en primer lugar tienen que ser pertinentes.
Pertinentes quiere decir que tienen que tener relación con la pretensión
o con la resistencia, es decir, aquello que se pide o la resistencia
que ejerce aquel frente al que se pide.
Es decir,
tiene que haber una correlación entre el objeto del proceso
y el objeto de la prueba, que son precisamente
los hechos.
Además de pertinentes, los hechos tienen que ser relevantes.
Y cuando hablamos de relevantes,
quiere decir que tengan incidencia en la tutela jurídica que se pide.
O bien porque versan sobre el fondo,
es decir, son cuestiones que inciden directamente
en la futura decisión judicial.
O bien porque pueden servir para dar fundamento
a otros elementos probatorios.
Por ejemplo, que otorgan credibilidad a un testigo
o que otorgan.
O que dan fundamento a la actividad pericial,
etc. Por eso, la relevancia puede medirse en el sentido
de que afectan directamente al fondo del asunto
o bien porque indirectamente sirven a construir las alegaciones
de las partes.
Y luego, además, hay que tener en cuenta
que los hechos pueden tener muy diferente naturaleza.
Pero sin entrar ahora en detallar las diferentes tipologías,
esto va a ser muy determinante para elegir el medio de prueba
del cual nos queramos servir a la hora de acreditar los hechos.
Porque no es lo mismo alegar hechos constitutivos
que hechos extintivos o excluyentes.
O no es lo mismo alegar hechos externos
que aludan a realidades externas a la persona
o hechos que aludan a una voluntad, a un elemento volitivo
en las partes.
Algunos de los hechos están exentos de prueba,
no requieren ser probados.
La ley distingue nos habla de dos supuestos.
Uno, los hechos admitidos, es decir,
que la otra parte, tratándose de hechos que le afectan
personalmente y que además pueden ser perjudiciales para él,
no los rebate, es decir, Aquellos que están admitidos
por ambas partes están inscritos de prueba,
no requieren.
Esto tiene relación precisamente con el principio de dispositivo
que rigen el proceso civil
y con el principio de aportación de partes.
Si ambas partes están de acuerdo en algo,
en principio no ha de acreditarse.
Y, en segundo lugar, tampoco son,
o también están exentos de prueba, los hechos notorios,
los del 281.4.
Es decir, aquellos sobre los que hay un conocimiento absoluto y general.
Es decir,
son hechos o circunstancias que son del conocimiento de todos,
al menos en un ámbito geográfico o en un ámbito cercano.
Por tanto, tampoco requieren ser acreditados.
Junto a los hechos hay algo más que hay que acreditar de ser necesario.
Son las normas jurídicas, pero no todas,
porque en principio el principio Iura
no Bitcuria determina que las normas jurídicas no haya
que ni siquiera que citarlas.
Se puede citar,
pero ni siquiera es obligatorio
citarlos precisamente por la aplicación del principio
Iura no Bitcuria.
Pero hay dos casos en los que sí hay que acreditar las normas.
La existencia o la vigencia de esas normas.
Son la costumbre y el derecho extranjero.
La costumbre, ya sabemos que es fuente del derecho,
pero no siempre es suficientemente conocida.
Por tanto, en este caso,
hay que acreditar su vigencia, su aplicación al caso, etc.
Y en el caso del derecho extranjero también el juez no tiene obligación
de conocer toda la normativa.
Sabemos que derecho material extranjero
pueden aplicar nuestros jueces y tribunales.
En este caso también hay que acreditar la vigencia
y la aplicabilidad de la norma extranjera
que se invoque como fundamento de la tutela judicial que se pide.
Y el tercer elemento que puede ser objeto de la prueba
son lo que conocemos como máximas de experiencia no comunes.
Las máximas de experiencia son criterios generales y abstractos
sobre los cuales, o que se aplican a un conjunto ilimitado de casos
y que permiten ir avanzando.
Constituyendo mecanismos de acercamiento a la realidad
que utiliza el juez.
Por ejemplo, hay humo, por tanto hay fuego.
Digamos que este sería, digamos, banalizando la cuestión.
Pero hay ámbitos donde los máximos de experiencia no son comunes.
Imaginémonos, por ejemplo, el estado del arte en una materia
o los avances científicos.
Bueno, en este caso también hay que acreditarlo.
Lo siguiente de lo que vamos a hablar son los medios de prueba
y en esto dedicaré una buena parte del tiempo.
Los medios de prueba vienen descritos en el artículo 299
y parten de una distinción.
Una cosa son las fuentes de prueba, es decir,
el conjunto de informaciones de carácter extraprocesal
que existen al margen del proceso y que son ilimitados,
no podemos constreñirlos a un número limitado,
Frente a lo que son los medios de prueba, que son los instrumentos
a través de los que hacemos valer procesalmente esa información.
Y en este caso los medios de prueba sí que son limitados.
Son exactamente los que nos enumera el artículo 299.
En el primer apartado nos habla del interrogatorio de las partes,
de documentos públicos y privados, del dictamen de peritos,
el reconocimiento judicial, el interrogatorio de testigos
y luego en el apartado 2 nos habla de los medios de reproducción
de audio y vídeo y de los documentos informáticos,
los archivos informáticos.
Al final hay una cláusula de cierre
en la que el legislador nos dice cualquier otro medio que sea válido
para obtener certezas sobre hechos también podrá
ser utilizado aplicando las normas que pudieran ser necesarias.
Bueno, esa numeración,
o precisamente este es el orden en el que está en la ley
y este es el orden en el que lo vamos a ver,
empezando por el primero de ellos, el interrogatorio de las partes,
la mención a este medio de prueba viene en el artículo 301
que he transcrito aquí en la presentación,
cada parte puede solicitar del tribunal el interrogatorio
de las demás sobre los hechos y sobre las circunstancias
de los que se tenga noticia y que guarden relación
con el objeto del juicio.
Es decir, es una parte la que interroga a la otra parte.
Ahí la ley contempla la posibilidad de interrogar al colitigante
o al titular de derechos en supuestos de legitimación extraordinaria,
pero no voy a entrar en el detalle.
¿Cómo se practica este medio de prueba?
Por regla general, mediante comparecencia personal.
Y además se hace en la sede judicial.
Este es un supuesto de excepcional
o que está exceptuado al principio general
de las actuaciones telemáticas recientemente implementado
en nuestra ley, en el artículo 129 bis.
Pero en este caso, precisamente, es de los supuestos
en los que sí que se remite a su aportación
o a su realización, perdón, en sede judicial
y mediante comparecencia personal, porque es un acto personalísimo.
Hay algunas excepciones a esa comparecencia a distancia,
por ejemplo, cabe el interrogatorio en domicilio,
cabe el interrogatorio mediante videoconferencia
en supuestos de residencia fuera del partido judicial
donde se estén desarrollando las actuaciones,
o en el caso del interrogatorio de las administraciones públicas,
en este caso se hace por escrito.
De todo ello tienen noticia en manual y por tanto me remito a esto.
Lo relevante aquí es que una parte preguntará de forma clara,
oralmente, en sentido afirmativo a la otra
y la otra deberá contestar.
Pero ¿qué ocurre si se niega a declarar
o si da respuestas evasivas?
Pues aquí la ley permite que el tribunal
considere como reconocidos aquellos hechos sobre los que versa
ese interrogatorio previo a percibimiento al interrogado,
pero siempre que no concurra obligación de guarda secreto,
en cuyo caso no lo podrá declarar,
de que se trate de hechos que le afectan personalmente
o se requiere que siempre esos hechos resulten perjudiciales
para la parte.
Bueno, con respecto a cómo se valora este medio de prueba,
la valoración en este caso
es la aplicación de las reglas de la sana crítica,
que es algo que veremos en todos los demás medios de prueba,
pero hay un supuesto, es muy excepcional,
de ficta confesio en el artículo 304,
en el caso de incomparecencia del declarante,
y en el 307 de negativa a responder.
Pero son supuestos realmente muy excepcionales
en la medida en que estos hechos se pueden acreditar por otras vías
y por tanto queda desarbolado.
La prueba documental, que sería el siguiente de los medios de prueba
en el que debo centrarme,
es la más frecuente en la práctica, junto con la pericial,
pero la documental quizá aún más frecuente.
La ley distingue dos tipos de documentos, públicos y privados,
y les otorga una diferente regulación.
Pero yo los voy a explicar de manera conjunta
porque creo que tienen elementos que nos permiten entremezclar
la exposición referente a ambos.
¿Qué es un documento?
Un documento es un objeto material, es decir,
es algo que se puede portar y llevar a presencia judicial,
en el que constan signos que normalmente son de escritura,
pero también puede haber gráficos u otras formas.
A este objeto que tiene signos se puede acceder directamente,
no requiere instrumentos específicos de lectura,
como puede ser un archivo informático,
y además recoge manifestaciones del pensamiento o del conocimiento,
una declaración de voluntad o cualquier forma
mediante la cual se trasladen ideas humanas.
Dentro de los documentos hablamos de documentos públicos
y documentos privados.
Los primeros tienen una especial fuerza probatoria
derivada precisamente de la confianza que se asigna
a que en su intervención, en su creación
haya intervenido un fedatario o un empleado público.
Estos supuestos a los que se dedica el artículo 317
y nos describen cuáles son los documentos públicos
son los que aluden a la fe pública judicial,
toda la documentación judicial que está en manos de los letrados
de la Administración de Justicia, la fe pública civil
en los notarios y corredores de comercio,
así como los registradores de la propiedad y mercantiles,
y por otra parte, en el caso de los funcionarios públicos
que dan fe en el marco de sus competencias
o en atención a los registros de las administraciones
de los que tienen conocimiento, por ejemplo, los secretarios.
Frente a estos documentos descritos en el 317,
el resto de los documentos son documentos privados.
Esa es la distinción.
Documentos públicos son los del 317,
documentos privados serán el resto.
¿Cómo es el procedimiento probatorio en el caso de los documentos?
Pues los documentos tienen una singularidad con respecto
al momento de aportación,
porque se aporta en el primer momento que se pueden entregar,
es decir, junto con los escritos iniciales,
tanto con la demanda desde el punto de vista
del demandante o con la contestación
desde el punto de vista del demandado.
Hay algunas excepciones que.
Tienen ahí documentadas, por ejemplo,
los documentos que se encuentran en archivos o protocolos,
hay algunas instrucciones de cómo se deben adjuntar,
documentos posteriores que no se hayan podido,
o sea, de fecha posterior a la aportación,
que no se hubieran podido generar antes, documentos de nueva noticia,
aquellos de los que no se tuviera conocimiento, o documentos
que se aportan como derivadas de la contestación realizada
por el demandante en el caso del demandado.
La forma en la que hay que aportarlo,
la regla general por medios electrónicos.
Hoy por hoy la ley de enjuiciamiento civil
nos lleva todo a la aportación electrónica
con las debidas garantías,
tanto en el caso de los documentos públicos
como en los documentos privados con referencia a esos preceptos
que tienen aquí la presentación, el 267
en los documentos públicos y el 68,
268 en los documentos privados.
Claro, revista Importancia también, si la parte
a la que perjudican quiere impugnar la autenticidad de los documentos.
La autenticidad se entendirá como la correspondencia
entre el autor aparente y el autor real.
También la ley contempla normas que nos llevan
a que se haga un cotejo entre el documento público,
lo aportado y su correspondencia con documentos.
Lo que consta en la matriz o en el protocolo notarial,
por ejemplo, o en el caso de los documentos
privados lo que conocemos como el cotejo de letras, que es
una actividad pericial que se hace sobre el propio documento
privado y en este caso el documento se constituye un objeto de prueba.
Cabe también la posibilidad de la exhibición de documentos,
es decir, reclamar que un documento que se halle en poder
de la parte contraria de un tercero o de administraciones públicas
sea traído al proceso y aquí me tengo que remitir
a lo que consta en el manual suficientemente detallado.
La valoración de la prueba documental
es uno de los elementos clave en esta materia,
puesto que contiene una norma singular,
que es que los documentos públicos hacen prueba plena,
dice la ley 319, del hecho,
acto o estado de cosas que están documentadas,
de la fecha y de la identidad de los intervinientes.
¿Qué quiere decir esto de que hacen prueba plena?
Pues que el juez no lo puede discutir.
El juez tiene que construir su resolución judicial precisamente
sobre la certidumbre que le da esos tres elementos.
Esa garantía de seguridad jurídica
es lo que le da la especial contundencia aprobatoria
al documento público.
En el caso de los documentos privados,
hemos dicho, si no fueran impugnados,
podría entenderse que hay prueba plena,
pero tienen que ser perjudiciales, aceptar personalmente,
son supuestos realmente singulares.
Porque la regla general es la aplicación de las reglas
de la sala crítica, la libre convicción judicial
a la hora de otorgarle valor.
El siguiente de los medios de prueba también es un medio bastante
utilizado en la práctica, que es la prueba pericial.
Es decir,
cuando necesitemos la aplicación de conocimientos científicos,
artísticos, técnicos o prácticos para valorar determinados hechos,
se puede traer al proceso a un perito, que es una persona ajena
al proceso, que precisamente tiene conocimiento experto,
incluso pueden ser personas jurídicas,
no solo personas físicas,
por ejemplo una academia o una empresa especializada,
Esta persona se le encarga la realización de un dictamen escrito,
tiene su derecho a la percepción de honorarios
y además la ley exige que actúe con objetividad.
Esto digamos que tiene el valor casi de un brindis al sol
porque en la mayoría de las ocasiones es a petición de parte o es la parte
la que ha seleccionado el perito con lo cual posiblemente haya
un sesgo en la construcción del informe.
Tiene que realizar juramento promesa, cabe la abstención
o cabe, hay un supuesto de designación judicial,
en estos casos puede ser recusado o abstenerse el perito.
En el caso de las periciales que interponen
las partes se pueden interponer las llamadas tachas,
es decir, aludir a determinadas circunstancias
que pueden incidir en su objetividad.
La práctica es que el dictamen se aporta en el primer momento,
procesal posible, la demanda o la contestación.
El perito intervendrá en el juicio para la ratificación,
exposición, aclaración o ampliación del dictamen.
Y a partir de ese momento entran las reglas de la valoración.
¿Qué valor le otorga el juez a la opinión
de un experto del que en principio ha hablado de una materia
sobre la que él no conoce nada o ella no conoce nada?
Bueno, la ley quiere que apliquemos las reglas de la sana crítica,
pero la jurisprudencia nos viene marcando
algunos cánones valorativos.
Que tienen que ver con cómo viene o de dónde viene el origen
de la aportación experta,
es decir, la cualificación del perito,
la preparación, su adquisición a una institución oficial,
así como la idoneidad del método que ha utilizado,
si la cercanía al objeto de la pericia, la adecuación,
el uso de la tecnología más avanzada,
cómo ha construido las inferencias y razonamientos,
si ha respondido a las contradicciones, etc. Es decir,
que es un elemento clave.
El siguiente de los medios de prueba es el reconocimiento judicial,
es decir, es la percepción sensorial por parte del juez de manera directa
del objeto de la prueba,
con reconocimiento de lugares, espacios, personas, etc.
La valoración, nuevamente, estamos ante reglas de valoración libre.
El siguiente medio de prueba sería el interrogatorio de testigos,
muy común.
Es la declaración de conocimiento que presta ante el tribunal
una persona que tenga noticia de hechos controvertidos relativos
a lo que sea objeto del juicio.
El testigo tiene obligación de comparecer,
tiene que decir promesa, juramento o promesa de decir verdad.
La práctica se hace en el órgano judicial,
al igual que hemos visto en el caso del interrogatorio
de la parte.
Y el interrogatorio se compone, en primer lugar,
de las llamadas preguntas generales de la ley, que son las básicas
de identificación, la posible causa de tacha, etc., etc.,
Y recuerdo que el testigo tiene obligación de decir verdad.
La valoración, nuevamente, son las reglas de la sana crítica
y aquí simplemente hay que advertir que la prueba testifical
tiene un escaso valor epistémico porque está llena de sesgos
que se introducen voluntariamente el testigo que puede decir verdad
o ocultar algunos elementos, digamos, Y otros involuntarios,
que es en la propia construcción del conocimiento,
como hemos tenido el conocimiento de los hechos
o las cosas que se nos han olvidado,
o cómo nos hemos construido una realidad paralela.
Eso, digamos que en la psicología
el testimonio tiene ahí mucho que decir.
El último de los medios de prueba son los medios audiovisuales
o instrumentos de archivo de datos.
Aquí hablamos de dos objetos diferentes.
Por una parte son los soportes que tienen imágenes fijas
o en movimiento,
o grabaciones de voz, que son los medios audiovisuales,
y por otro lado los archivos que permiten la grabación
y reproducción de datos de la naturaleza que sea.
Lo que hay en la ley
es una asimilación parcial a los documentos,
sobre todo en virtud de su equivalencia funcional,
porque cumplen la misma función.
Entonces, todo reconduce hacia la prueba documental,
simplemente aplicando las normas que le son de aplicación.
Hay especialidades en el 382 1384,
pero sobre lo que me gustaría llamar la atención es que precisamente
la implicación de normas derivadas de los servicios electrónicos
de confianza de la ley 6-2020 y el reglamento
EIDAS de identificación nos llevan a configurar la prueba
en estos casos como un servicio de la sociedad de información.
La intervención de un prestador de servicios
de la sociedad de información cualificado singulariza.
Y hace creíble este medio de prueba.
Por tanto, la aplicación de estos elementos
le da una especial contundencia probatoria.
Con respecto al resto de la clase
y con el ánimo de no superar demasiado el tiempo,
sobre el procedimiento probatorio ya hemos visto algunos aspectos que.
Los hemos ido viendo en relación con los diferentes medios de prueba
únicamente hay una recapitulación en el epígrafe 3
con respecto a la valoración de la prueba también he aludido
a los dos sistemas la valoración legal
es decir aquella en la que el juez tiene que partir de unos elementos
que le vienen dados por la ley.
Frente a la libre valoración de la prueba,
a lo que conocemos como las reglas de la sana crítica, que son,
en realidad, criterios de la lógica y de la razón humana,
y únicamente reseñar que la prueba ilícita
no puede surtir efectos ni directa ni indirectamente.
Nos lo dice el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por tanto, debe ser apreciado tan pronto como sea posible.
Y para terminar, las diligencias finales.
Es una previsión excepcional,
una válvula de seguridad que contempla la ley,
que consiste en que tras el juicio y una vez practicados
todos los medios de prueba y siempre a distancia de parte,
se pueden practicar algunas pruebas con carácter excepcional.
Aquellas que no se hubieran podido proponer en tiempo y forma,
que no se hubieran podido practicar por causas ajenas
a la voluntad de quien lo ha propuesto,
que se trate de hechos nuevos o de nueva noticia
o que hayan ofrecido resultados inútiles.
Y con esto termina mi exposición
de la prueba que espero haya sido fructífera,
remarcando una vez más la relevancia y la trascendencia de este tema
para que nuestro conocimiento sobre el proceso pueda alcanzar
el éxito que queremos.