Muy buenos días, me llamo Sonia Calaza López,
soy catedrática de Derecho Procesal de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y decana
de la Facultad de Derecho.
Este año presentamos la segunda parte del proyecto
Ciencia Abierta Derecho Procesal con la Justicia Civil
en su parte general.
Quiero comenzar diciendo, como he hecho el año pasado,
que este producto es un complemento de los convencionales manuales
de la.
Asignatura que permitirá en un formato audiovisual
repasar los aspectos esenciales de la disciplina.
Me corresponde el tema civil, el primer tema con el proceso civil.
El proceso civil,
como ustedes saben, Está encomendado al Poder Judicial, un poder legal,
público, garantista, al tiempo que escrupulosamente respetuoso
con los derechos fundamentales y libertades públicas
de todos los ciudadanos.
Y este Poder Judicial, a través del proceso
y dentro del proceso de cada procedimiento, bueno pues es
una de las grandes conquistas de la humanidad
porque gracias a él se podrá favorecer
el que los ciudadanos de forma
civilizada pacifiquen sus controversias tanto intersubjetivas
es decir entre los propios sujetos y por asuntos de naturaleza privada
como sociales para con el estado o con terceros que tengan un interés
público por razón de unas especiales características que vamos
a ver a continuación.
La estructura del sistema procesal civil se asienta
como mínimo en diez principios.
Estos principios son, en primer lugar,
la legalidad, el principio de legalidad,
y es que tanto el trayecto procedimental
como la propia resolución, es decir, el juicio jurisdiccional,
han de asentarse exclusivamente en la ley
y no en otro tipo de consideraciones jurídicas.
De cualesquiera orden ético,
moral, que también está bien traer al proceso,
pero no estarán asentados exclusivamente al margen de la ley
en estas consideraciones,
sino que la ley será el sustento de toda resolución judicial.
En segundo lugar, el principio de igualdad, que es una proyección,
la igualdad de armas, igualdad de armas procesales,
¿entiendes?
, una proyección del artículo 14 de nuestra Constitución.
Y demandado en un proceso civil
han de tener exactamente idénticas herramientas procesales
para hacer valer sus derechos de acción y defensa respectivamente.
El principio de imparcialidad.
Asociada a la independencia, consistente en que el juez ha
de estar completamente desapegado del objeto del proceso.
No puede de ninguna manera tener una relación especial o particular
ni con el objeto del proceso ni con los sujetos de ese proceso.
De otra manera,
tendría que abstenerse de conocer de ese determinado asunto
o bien las partes podrían recusarle.
El principio de publicidad consiste
en la publicidad precisamente de las actuaciones procesales
y es que tendrán que ser prioritariamente públicas.
Claro, no todas pueden ser lo
porque el principio de publicidad está asociado al de oralidad
y algunas partes del proceso por fuerza han de ser privadas,
porque ustedes ya saben que verba o land scripta manent,
por tanto, actos tan sensibles a la pérdida de la memoria
como puedan ser la demanda,
la contestación a la demanda o la propia sentencia,
sin perjuicio de que ahora en el juicio verbal
las sentencias también podrán ser orales,
pero luego deberán ser transcritas porque es fundamental
que guarde fijeza esos documentos del proceso judicial que luego deberán
ser revisados con el tiempo.
El principio de inmediación consiste por su parte
en que los jueces deberán practicar la prueba de manera inmediata
y ante todos sus sentidos los jueces llamados a dictar sentencia
en relación con esa prueba que ahora queremos practicar.
El principio de libre valoración de la prueba consiste.
En que los jueces no se verán constreñidos
o atados o sujetos a unas normas que les impongan
la forma de valorar determinadas pruebas.
Así que, salvo la documental privada
no impugnada o la documental pública en todo caso,
Todas las pruebas se valorarán por parte de nuestros jueces
y magistrados conforme al principio de libre valoración probatoria,
esto es, conforme a sus máximas de experiencia,
a su buen saber y entender, a las reglas de la sana crítica,
pero de ningún modo a una forma exhaustiva
en la que la ley les imponga ese formato de valoración.
El principio de doble instancia consiste en la revisión por parte
de al menos un segundo tribunal de aquello que ha juzgado antes
un solo juez.
Esto es, los jueces lógicamente son humanos,
por tanto son falibles y nos da la garantía,
es una proyección del derecho a la tutela judicial efectiva,
la garantía de la mayor probabilidad de acierto,
el que más jueces puedan ver un asunto enjuiciado
por razón de la probabilidad, esperemos que escasa,
pero probabilidad en todo caso, de que se haya cometido un error.
Y el principio no vis in idem,
que tiene una proyección positiva o ejecutoriedad
en su vertiente positiva, esto es,
las sentencias habrán de cumplirse en sus propios términos,
de la ejecución se ocuparán dos compañeros al término
de este producto y una versión negativa
que consiste en el principio no vis in idem.
No dos veces la misma cosa
significa que no se puede enjuiciar aquello que ya ha sido enjuiciado.
Por tanto, una vez tenemos una sentencia definitiva y firme,
contra la que no cabe recurso alguno,
tampoco podrá entablarse de ninguna manera un segundo proceso
entre las mismas partes y por el mismo objeto.
Con esto, bueno, debiéramos ya pasar a la naturaleza,
pero he dejado precisamente para el final
los principios dispositivo e indisponible
porque sucede que en el proceso civil los objetos litigiosos
son muy heterogéneos.
Entonces, la mayor parte del objeto civil,
del objeto del proceso civil, que engloba la jurisdicción civil,
engloba también la mercantil, bueno, pues la mayor parte de sus objetos
son dispositivos y, por tanto,
el proceso litigioso que encauza esos conflictos,
también tiene una naturaleza dispositiva.
Pero algunos objetos litigiosos,
que ahora vamos a ver, son de un marcado carácter indisponible
porque afectan a toda la sociedad en su conjunto
o porque.
Afectan a personas que podemos considerar
de alguna manera vulnerables, como son los menores,
a los que hay que complementar en su crecimiento,
porque todavía no tienen un juicio maduro,
y también a las personas con discapacidad,
cuando tienen comprometida su voluntad por la propia causa
de la discapacidad.
Vamos a verlo ahora.
El principio dispositivo se caracteriza en esencia, bueno,
como he dicho, afecta a las materias de derecho privado,
cuya proyección no se exporta a terceros,
sino que tan solo afecta a actor y demandado,
siendo varios los sujetos al proceso, actores y demandados,
pero no tiene una trascendencia más allá del proceso.
El principio dispositivo se caracteriza
por las siguientes consideraciones.
En primer lugar, nemo iudex sine actore,
quiere decir que ahí donde no hay un demandante
o un actor no comienza un proceso civil.
El proceso civil siempre principia,
como dice la ley, por demanda y esa demanda
ha de interponerla un actor o demandante.
La segunda proyección del principio de dispositivo
es iudex iudicare debet secundum alegata et probata partium.
Esto consiste en que el juez debe juzgar según lo alegado
y probado por las partes.
Luego, el juez no puede introducir al proceso civil, dispositivo,
ningún elemento de hecho jurídico.
Ni tampoco luego probarlo o pedir la práctica de esa prueba
porque entonces estaría comprometido con ese objeto procesal.
Digamos que no es un juez a pie de obra,
no es un juez como el juez del proceso penal
o del proceso indisponible en el que toma cartas en el asunto
y se incorpora al proceso peticionando incluso pruebas.
No, aquí debe mantenerse al margen y por tanto debe juzgar
según lo alegado y probado por las partes,
pero las partes son las únicas que incorporan hechos al proceso.
En tercer lugar,
los actos de disposición del objeto del proceso.
El principio dispositivo supone que los sujetos procesales,
actor y demandado,
pueden llevar a cabo determinados actos de disposición,
sobre los que luego volveré, pero se refiere básicamente
a la renuncia, desistimiento, allanamiento, transacción,
medios adecuados de resolución de controversias.
Y luego volveré sobre ello, como digo.
Por último, la congruencia civil.
El juez civil del proceso dispositivo no puede dar más
de lo pedido por el actor ni menos de lo resistido
por el demandado, tampoco cosa distinta
de la pedida por el actor y resistida por el demandado.
Ni dejar de dar respuesta a alguna de las peticiones de las partes.
En el primer caso, si diese más
de lo pedido por el actor, incurriría en una incongruencia suprapetita.
Si concediese menos de lo que el demandado resiste,
es decir, menos de lo que el demandado acepta,
incurriría en una incongruencia infrapetita.
Si concediese algo distinto de lo que las partes
le han pedido incurriría en una incongruencia extrapetita
y si dejase de dar respuesta a alguna de las pretensiones
de las partes incurriría en una incongruencia omisiva
porque estaría dejando de dar respuesta
a lo que las partes le piden cuando, bien para concederlo,
bien para denegarlo, el juez está obligado a dar respuesta
a todos los pedimentos que las partes le hagan en el proceso.
Bien, y esto por lo que respecta al principio dispositivo,
pero como he dicho, hay materias dentro del proceso civil
que afectan a bienes, derechos o intereses de personas
como menores,
personas con discapacidad o con alguna seña de vulnerabilidad
que precisan que el juez se involucre mucho más en el proceso,
porque en estos casos hay un interés general.
El orden público está comprometido,
hay intereses de terceros a los que puede afectar
y, por tanto, el proceso civil se rige por todo lo contrario
de lo que acabo de indicar.
Se rige por el principio indisponible,
que se caracteriza por lo siguiente.
Primero, iniciación del proceso ex oficio,
esto es, el Ministerio Fiscal tomará cartas en el asunto.
Cuando se trata de proveer de apoyos a una persona con discapacidad
y no existen familiares próximos
que puedan ayudarle en este cometido,
siendo la propia persona con discapacidad en ese momento
tan vulnerable que tampoco puede para sí misma peticionarlos,
entonces, por ejemplo, el Ministerio Fiscal
habrá de encauzar esa pretensión ante el juez para solicitarle
la provisión judicial de apoyos a esta persona con discapacidad.
Luego, estos procesos se pueden iniciar de oficio.
En segundo lugar, la solicitud judicial de determinados
mecanismos probatorios.
El juez no se va a haber constreñido por los hechos que las partes
introduzcan o por la prueba que las partes solicitan,
puesto que en estos casos lo realmente importante
es que el juez consiga la sentencia más actualizada y justa posible,
la más adecuada al exacto estado de la persona que se somete
a juicio.
Por tanto, no importará si las partes le han solicitado o no
una entrevista con la persona con discapacidad.
La propia ley
impone que tanto esta entrevista con la persona con discapacidad
como otra con sus parientes más cercanos
y por supuesto una pericial deban practicarlas al margen
de lo que peticionen las partes.
En tercer lugar, la imposibilidad de acudir
a los medios de disposición del objeto del proceso.
En relación con los menores, en relación
con las personas con discapacidad, todo esto es indisponible,
no a lugar a la renuncia ni al allanamiento,
tampoco a la transacción ni a ningún medio
adecuado de resolución de controversias,
porque en relación con los derechos, intereses o situaciones jurídicas
de personas vulnerables no se puede negociar,
eso es absolutamente innegociable.
Y por último la congruencia el juez del proceso civil
indisponible no tiene por qué converse constreñido de nuevo
por las peticiones de las partes luego en su manifestación
de la congruencia
ello comporta que si al juez de lo civil por ejemplo
se le ha pedido una curatela para una persona con discapacidad
el juez puede en respuesta conceder algo mucho más suave
que sería una guarda de hecho o puede.
Conceder algo mucho más gravoso, que es
en vez de una curatela asistencial, conceder otra representativa,
porque en atención a cómo cursa la causa de discapacidad
en la voluntad de la persona,
puede considerar que debe ser más gravoso lo que conceda
que aquello que se le ha pedido.
Por tanto, el proceso civil indisponible,
la congruencia, no es un límite a la labor del juez.
Bien, y con esto pasamos a analizar
qué es exactamente el derecho procesal
o cuál es su naturaleza.
Bueno, el derecho procesal es un derecho
fundamentalmente imperativo.
Ello no significa que todas las normas sean obligatorias,
improrrogables o de ius cogens, porque es verdad
que hay algunas partes de nuestra legislación procesal
que conceden cierto margen de discrecionalidad
a los justiciables.
Me he referido antes a que en el proceso civil dispositivo,
nemo iudex sine actore, por ejemplo, si un actor no entabla el proceso,
no llega a comenzar.
Y eso es un acto de disposición de la pretensión.
Los mismos actos a los que me he referido también
lo son, la renuncia, el desistimiento, el allanamiento,
la transacción, los medios adecuados de resolución de controversias.
Se hablará de todo ello,
pero muy rápidamente renuncia el actor al objeto del proceso,
lo que da lugar a una resolución con fuerza de cosa
juzgada y pérdida para siempre de ese objeto procesal.
El desistimiento corresponde también al actor,
si bien da lugar a una resolución sin fuerza de cosa
juzgada y por tanto paraliza o bloquea provisionalmente
ese proceso pero se podría reanudar con el tiempo.
Bien, el allanamiento conlleva que será el demandador
que se allana total o parcialmente a las pretensiones
del actor y por tanto dará lugar o bien a la finalización
del proceso en su totalidad cuando el allanamiento era total
o en su parcialidad, como digo,
cuando el allanamiento no lo era a la totalidad
de la pretensión sino sólo a una parte.
Y luego pues la satisfacción extra-procesal del objeto del proceso
consiste en que fuera del proceso y al margen del proceso el objeto,
por ejemplo, se ha satisfecho.
Un claro ejemplo es el pago de una deuda que comporta
que ese proceso encauzado precisamente
por un acreedor frente a un deudor, si ya se ha pagado,
no tiene sentido continuar.
Y por supuesto,
todos los medios adecuados de resolución de controversias
de los que se hablará en el tema correspondiente
y por tanto yo no voy a invertir aquí más tiempo para gestionar bien,
como digo, los tiempos.
El derecho procesal es autónomo, pero solo relativamente,
porque ni todo el derecho procesal
está regulado en nuestros códigos procesales,
es decir, hay mucha parte procesal en algunos códigos sustantivos,
como la ley de sociedades de capital,
el texto refundido de la ejecución concursal,
etc., Pero, además, es que el derecho procesal
no se basta por sí solo para dar una respuesta al ciudadano.
Es decir, los jueces han de sustentarse al término,
su juicio jurisdiccional.
Es verdad que el derecho procesal
ha venido sosteniendo, digamos, todo el proceso,
ha venido encauzándolo y ha venido regulándolo de una manera,
como he visto, conforme a sus principios,
justa, adecuada, equilibrada, equitativa, legal, proporcional,
pero al término del proceso el juez para dar
o quitar la razón a uno o a los dos justiciables,
porque no perdamos de vista que pueden ganar en su totalidad uno
o el otro, o en su parcialidad y ni ganar íntegramente los dos,
ahí en ese momento tiene que sustentarse
en normas de derecho sustantivo.
El derecho procesal finalmente es un instrumento
al servicio del ciudadano para implorar ante el juez
una respuesta a su conflicto.
Por tanto, es instrumental respecto de la sustantividad
del derecho, que es lo que al término el ciudadano quiere.
El ciudadano no quiere una medida cautelar sine die,
que no existiría.
La medida cautelar dura lo que dura el proceso.
Por eso decimos que todo lo procesal es instrumental,
es el instrumento o es la herramienta que nos permite hacer ver
al juez que yo tengo un derecho y debe reconocérmelo
o le pido que me lo reconozca porque en otro caso
se habrá producido una injusticia.
Bien, y con esto pasamos a las fuentes del derecho procesal.
Las fuentes del derecho procesal, muy básicamente,
son la ley y los principios generales del derecho,
porque la costumbre, como vamos a ver,
es una difícil fuente del derecho.
La ley, ya he hablado antes del principio de legalidad,
esto supone que los jueces amparan sus resoluciones,
las sustentan exclusivamente en la ley.
Están amparados en el exclusivo Ministerio de la Ley.
No pueden ampararlas en razones distintas a las legales.
Sin embargo, la costumbre es una fuente cuestionable
del derecho procesal,
porque así como el Código Civil dice que regirá en defecto de ley
aplicable, siempre que no sea contraria a la moral,
al orden público y que además resulte probada, Lo cierto y verdad
es que nuestro derecho procesal es de ámbito nacional,
por tanto, difícilmente lo podemos vincular a costumbres que normalmente
son locales.
Además, es un derecho público y, por tanto,
también la costumbre de alguna manera viene a tener cierta privacidad
porque suele darse en demarcaciones territoriales pequeñas
y entre conjuntos de ciudadanos concretos.
Y además nuestro derecho procesal
tiene por misión estructurar las fases procedimentales
de manera que no dejaría de ser algo injusto
que se estructurasen de manera distinta
en atención a una costumbre en unos tribunales de forma distinta
por relación a otros.
Luego la costumbre no podríamos considerarla en verdad
como una fuente del derecho procesal.
Los principios generales del derecho sí,
son claramente fuente del derecho procesal.
Antes me he referido a algunos, pero no a todos.
Tampoco ahora daría tiempo a explicarlos todos,
pero muy básicamente entre los principios dispositivo
que afecta al proceso civil e indisponible,
por contraste está el principio acusatorio
del que nos ocuparemos el próximo seminario,
en el próximo producto destinado a la justicia ya penal.
También tenemos el principio de justicia rogada,
significa que si no me ruegan que imparta justicia,
era como la primera proyección del principio dispositivo,
yo no la voy a impartir.
El principio de investigación es su opuesto,
significa que el juez, en este caso penal,
va a la búsqueda, ese juez instructor,
sin perjuicio de que tal vez con la nueva legislación
que que se avecina si prospera el anteproyecto de ley
de enjuiciamiento criminal,
tal vez pasen a asumir la instrucción los fiscales, pero bueno,
hasta el momento ese juez instructor de nuestro proceso penal
investiga y busca el material para luego poder dar comienzo
a un proceso penal o no.
El principio de dualidad de partes significa que en un proceso
siempre habrá dos partes.
Si no hay dos partes, lógicamente no existe un proceso unipersonal.
Siempre habrá dos partes y además en contradicción,
lo que conecta con el principio de contradicción.
Si las dos están de acuerdo en un proceso civil dispositivo,
el proceso concluye.
El de proporcionalidad, que significa que el juez ha de adoptar siempre
la medida menos gravosa e igualmente eficaz,
tanto en el marco del proceso como al término.
Es un principio básico de concentración o agrupación
de todas las actuaciones procesales en el menor espacio de tiempo posible
para evitar que se pierdan de su memoria,
de seguridad jurídica por la predictibilidad de la justicia
y, por supuesto, de buena fe procesal.
La jurisprudencia también es una fuente del derecho.
Más que una fuente directa, es un complemento de las anteriores.
Cuando la ley no resulta clara, en su interpretación
se puede traer a colación la doctrina que de forma unánime
y muy respaldada ha venido estableciendo
el Tribunal Supremo al interpretar
y aplicar esa ley que ahora no nos resulta clara.
En este momento estudiamos la tutela declarativa
por contraste a la ejecutiva y a la cautelar,
aunque en este mismo producto otros compañeros
se van a ocupar de la tutela cautelar con las medidas cautelares
y de la ejecutiva con la ejecución de las sentencias.
Pero las primeras unidades se refieren
a la declarativa que de alguna manera es la más larga.
Dentro de la declarativa tenemos unos procesos ordinarios
a través de los cuales se puede canalizar
cualquier pretensión cualquiera.
Otros especiales cuyo objeto litigioso, sujetos y sujetos
o bien el interés relativamente público
de las peticiones que en ese proceso se hagan, hacen.
Lo convierten en uno especial porque precisa determinadas especialidades
que el juez debe traer a colación en este proceso.
Y por último los sumarios que se caracterizan básicamente
por su inmediatez, por su urgencia,
por la celeridad o práctica fugacidad de sus actuaciones.
Los procesos especiales se caracterizan por tres atributos.
Tienen una cognición amplia, totalidad de medios de ataque
y de defensa, una plenitud de efectos de cosa juzgada,
de suerte que sus sentencias existen.
Perduran en el tiempo,
salvo que afecten a personas.
La vida de las personas es muy cambiante, es muy dinámica
y es distinta.
Una persona con discapacidad,
ahora esa causa de discapacidad le cursa de una forma muy tenue,
tal vez dentro de un año,
desgraciadamente, le curse de una forma mucho más agravada.
Por tanto, sería injusto que la misma resolución judicial
no fuese lo suficientemente flexible como para modularse en función
del estado en el que se encuentra en cada momento.
Y lo mismo con el resultado de sentencias de divorcio,
de alimentos.
En función de cómo vaya la vida y el patrimonio de las personas,
habrá de adaptarse.
Eso no significa que no tenga fuerza de cosa juzgada.
Sí la tiene.
Pero afectada por un componente temporal,
es decir, que importa mucho el tiempo.
Si las circunstancias concurrentes al tiempo
en el que se dictó la sentencia han variado, eso justifica,
afectando a personas, que también se modifique la resolución.
En los demás casos, no, la solución queda fija en el tiempo, sine die.
Y por último, los procesos especiales gozan de un puntual cumplimiento
de todas las garantías procesales.
Los sumarios,
sin embargo, se caracterizan por una cognición limitada,
restricción de los mecanismos de ataque y defensa.
Es decir, no hay una plenitud,
porque aquí lo que importa es la fugacidad, la rapidez,
el dar una respuesta inmediata.
Si no la doy ahora, llegaré tarde.
O el típico proceso sumario es la demolución de un árbol,
de un edificio, de una cornisa o de cualquier objeto que amenace,
por ejemplo, causar un daño inminente grave a los transeúntes.
La justicia tiene que operar en ese momento con tantísima rapidez
que la cognición ha de ser limitada a ese concreto objeto litigioso.
Por tanto, su respuesta, al tener unas relativas garantías procesales,
porque la urgencia impone
que no se pueda llevar a cabo una tramitación muy pausada,
da por toda consecuencia una resolución sin fuerza de cosa
juzgada.
Bien, por último, vamos a analizar los ordinarios.
Los procesos ordinarios se caracterizan por su universalidad,
es decir, sirve para todo tipo de objetos procesales.
Las excepciones serán los especiales,
pero los ordinarios, que son el propiamente ordinario
y el juicio verbal,
tienen una amplísima categoría de conflictos que están llamados
a resolver.
Su generalidad, es decir,
que tienen una visa atractiva.
De suerte que si el objeto litigioso no está incorporado
en las materias que se adjudican al ordinario o al verbal,
siempre hay un segundo punto donde se nos dice al ordinario
irán esos objetos litigiosos cuya cuantía litigiosa
tenga un valor superior a 15.000 euros
y por el verbal se encauzarán los que tengan una cuantía litigiosa
inferior a 15.000 euros.
Luego nada quedará sin juzgar porque no se haya encomendado
a un determinado tipo de proceso.
Los ordinarios tienen una visa atractiva sobre todas
las materias que se puedan llegar a plantear una vez
establecidas las excepciones de los especiales y de los sumarios.
Y a eso se le denomina también visa atractiva.
El proceso ordinario tiene tres fases.
Una primera fase, bueno, tres o cuatro en función
de si queremos denominarle cuarta a la sentencia.
La primera fase es la de alegaciones,
está conformada por la demanda y la contestación a la demanda,
también por la reconvención,
si es que el demandado se anima a reconvenir, lo veremos a lo largo
de todas estas unidades.
Una segunda fase, con la audiencia previa,
donde se prepara el juicio, audiencia principal o juicio,
se depuran los óbices procesales y se intenta llegar a un acuerdo,
así como, si no se llega al acuerdo,
se proponen las pruebas que luego se admitirán o no.
La tercera fase es la audiencia principal o juicio,
destinada exclusivamente a practicar las pruebas con base
en aquellos principios de inmediación, necesidad,
legalidad, etc. Y por último se dicta la sentencia.
El juicio verbal tiene una fase menos
que el juicio ordinario.
La primera fase del juicio verbal es la de alegaciones.
Está integrada también por demanda, contestación a la demanda,
en su caso por reconvención.
La segunda fase es la vista.
En esta vista se ven ahora de forma concentrada
lo que antes incorporábamos en la audiencia previa y principal
o juicio, es decir,
que el juicio verbal, al tener solo tres fases,
la primera es delegaciones, la segunda la vista
y la tercera es la sentencia.
En esa vista
se va a concentrar todo lo que antes veíamos respecto a la proposición
de un posible acuerdo, resolución de obices procesales,
proposición de prueba y práctica de la prueba.
Por último, se dicta la sentencia.
Esto es básicamente lo que yo les quería explicar
en esta primera unidad,
que es un poco de, digamos, transversal de presentación
de todo el paquete.
Iremos detallando con los distintos profesores,
a los que por cierto agradezco que se hayan desplazado,
porque la mayoría de ellos vienen de muy distintas
universidades de España para otorgarnos este producto
tan valioso.
Muchas gracias por su atención.
Esperamos que esto les sea muy útil porque lo hemos hecho
a petición de todos ustedes.
Muchas gracias.