Buenos días, soy Irene Nadal, profesora de Derecho Procesal
en la Universidad de Les Illes Balears
y voy a explicaros la unidad 15
que tratará sobre las ejecuciones específicas.
Este tema se dividirá en dos bloques,
el primero dedicado a la ejecución sobre bienes hipotecarios
y el segundo que está dedicado a la ejecución específica
en la que también trataremos la liquidación sobre daños
y perjuicios y la de frutos y rentas.
El primer bloque
dedicado a la ejecución hipotecaria de bienes inmuebles
es un procedimiento que está basado en el proceso general de ejecución
pero que tiene una serie de especialidades que están recogidas
en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La finalidad de este procedimiento
es proteger el crédito facilitando la ejecución,
de manera que el acreedor podrá dirigirse de forma directa
sobre estos bienes hipotecados.
Para que pueda hacerlo, es necesario que se cumplan
con una serie de requisitos que afectan fundamentalmente
a la configuración del título ejecutivo
y su inscripción en el registro.
Así, en el título ejecutivo deberá hacerse constar
el valor de tasación de ese bien.
Ese valor servirá de tipo para la subasta.
Y el segundo dato que debe hacerse constar de manera necesaria
para que pueda seguirse este procedimiento
es la determinación del domicilio del ejecutado en el que deben
hacerse practicarse todas las notificaciones.
Pues bien, este domicilio es muy importante
que se fije en el título ejecutivo
porque además el acreedor deberá aprobar.
Su modificación en aquellos casos en los que el cambio de domicilio
afecte a la competencia del tribunal.
En el resto de los casos, cuando no afecte a la competencia,
simplemente el ejecutado podrá modificarlo,
bastando con una mera notificación a la creadora ejecutante
y eso sí, haciéndolo constar en el registro de la propiedad.
¿Para qué?
Pues para que luego se practiquen válidamente
las notificaciones en ese domicilio.
Bien, todos estos datos deberán hacerse constar
en el registro de la propiedad junto con el título ejecutivo.
El siguiente aspecto en el que se presentan
una serie de peculiaridades es el de la competencia judicial.
En estos casos, la competencia judicial vendrá dada
por el lugar donde se encuentran situados los bienes hipotecados,
de manera que será competente el tribunal del lugar
donde se encuentren esos bienes, en concreto,
la sección civil del tribunal de instancia judicial.
De ese partido judicial.
En estos casos, además, no cabe sumisión expresa ni tácita
y el acreedor podrá elegir el partido al cual dirigirá
la demanda en aquellos casos en los que la finca esté situada
en varios partidos judiciales o cuando sean varios los bienes
hipotecados y se encuentren en distintos partidos judiciales.
A partir de aquí,
las peculiaridades afectan al procedimiento que se seguirá
para la realización de estos bienes hipotecarios.
Y el primer grupo de particularidades afectan,
como no, a la demanda.
Así, esta demanda, además de dirigirse frente
al que aparece como deudor en el título ejecutivo,
que sería lo ordinario,
también deberá dirigirse, en su caso de existir,
el posible hipotecante no deudor o bien frente
al tercer poseedor de bienes hipotecados,
siempre que éste hubiera sido convenientemente notificado
al ejecutante.
Además, junto con el título ejecutivo,
en la documentación que se adjunte en la demanda
también deberán incorporarse toda aquella documentación
que está prevista para los supuestos de ejecución por saldo de cuentas
o por intereses variables.
Y además deberá incorporarse una certificación
en la que conste la inscripción y la subsistencia de las cargas
que se pretende ejecutar.
Por último, en este ámbito de la demanda
hay una serie de especialidades que afectan en el caso
de que el bien que se va a ejecutar tiene
la condición de vivienda habitual del ejecutado.
En esos casos, precisamente,
debe hacerse constar esta característica en la demanda,
es decir, que se trata de la vivienda habitual
del ejecutado.
Y si el ejecutante
tuviera la condición de gran tenedor de vivienda,
condición que viene dada por la normativa específica
de vivienda y también señalada en otros artículos previos
de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
que se habrán visto en este trabajo,
Pues en ese caso también deberá hacerse constar.
Y, en el caso de que no fuera un gran tenedor,
no bastará con que simplemente lo alegue,
sino que es necesario que se aporte una certificación del registro
de la propiedad en la que consten todos los bienes que son
de propiedad del acreedor ejecutante.
Bien, si resultara que el acreedor es un gran tenedor,
y el inmueble es la vivienda habitual,
además el acreedor debería haber se sometido a una conciliación previa
o haberlo intentado y debe acreditarse
estas circunstancias en la propia demanda
y por lo tanto adjuntarse a la misma.
El siguiente paso, que es el requerimiento de pago,
tampoco presenta grandes peculiaridades,
salvo en el hecho
de que, si la demanda también se ha dirigido frente
al hipotecante no deudor o un tercer poseedor,
pues también debe requerírseles de pago.
Y en el caso de que el deudor ejecutado también
fuera un deudor especialmente vulnerable,
debería también en ese requerimiento notificársele,
ponerle en conocimiento de todas las ayudas
que él puede obtener y toda la protección que puede tener
junto con el requerimiento para que él,
antes de que se inicie la ejecución, pueda acudir a esos medios de ayuda.
Finalmente, el requerimiento de pago,
al igual que ocurre en todos los procedimientos de ejecución.
Que están basados en títulos extrajudiciales,
podría haber se realizado con carácter previo
de manera extrajudicial.
Y así se puede hacer constar en la demanda.
Luego, durante el procedimiento hay una serie de actuaciones
que derivan de la propia naturaleza del bien inmueble,
como bien registrable.
En concreto, debe solicitársele al registrador de la propiedad
una certificación de dominio y de cargas,
en la que conste la propia inscripción.
Del gravamen que ahora se ejecuta
y junto a eso también todas las posibles vicisitudes,
cargas o incluso la propia subsistencia
del crédito que se está ejecutando.
El registrador, a su vez, debe hacer una anotación marginal
de que se ha expedido esta certificación
para que sirva de publicidad a terceros que consultaran
el registro y de manera que supieran de la existencia de este proceso
de ejecución y de la cuantía por la que se está ejecutando.
Y en cuanto a los posibles titulares de cargas que constan
en el registro con posterioridad a aquella que se ejecuta,
el procedimiento es el mismo que está previsto con carácter general.
En el caso de la subasta,
cuando ya se procede a la subasta del bien hipotecado,
tampoco hay peculiaridades ni en la forma en la que se convoca
ni en el desarrollo de la misma.
Además,
hay que tener en cuenta que el bien podrá ejecutarse por otras vías,
si así se hubiera pactado en el propio título ejecutivo,
por ejemplo, por tercero autorizado,
especializado o a través del mecanismo establecido
en el convenio.
Una vez realizado el bien, el precio obtenido
se destinará, en primer lugar, a satisfacer el acreedor ejecutante,
junto con intereses, costas,
pero eso sí, siempre limitado a aquella cuantía
que está garantizado por la hipoteca.
Una vez que se ha cubierto este tope, esta cantidad,
si el deudor no estuviera en una situación de concurso,
de quiebra y hubiera un sobrante, se destinará en primer lugar
a los titulares de cargas posteriores.
Y si todavía, en el improbable caso
de que sobrara algo, podría destinarse a satisfacer
el resto del crédito del acreedor ejecutante
que no hubiera quedado satisfecho por la vía especial.
Bien, nos queda por ver el tema de cómo puede el ejecutado oponerse,
porque aquí sí que hay peculiaridades.
En estos casos,
precisamente porque se protege al acreedor, el crédito,
el deudor hipotecado tiene muy pocos mecanismos para oponerse,
o mejor dicho, muy pocas causas de oposición.
Básicamente puede alegar la extinción de la garantía
o de la obligación que se está realizando, que en su caso
daría lugar de apreciarse al fin de ese proceso ejecutivo,
o bien puede alegar y probar error en la determinación de la cuantía,
o bien el carácter abusivo
de alguna de las cláusulas del contrato hipotecario,
del gravamen hipotecario.
En cuanto al resto de la tramitación del procedimiento,
no hay especialidades, el auto resolverá
y si estima la oposición podrá ser recurrible, ¿De acuerdo?
Y si el deudor ejecutado tuviera otras causas por las que piensa
que puede oponerse, no tendrá más remedio
que acudir a un declarativo posterior o paralelo,
pero en cualquier caso separado, sin incidencia directa
en el proceso de ejecución.
Para acabar con este bloque sólo nos queda señalar
que este proceso, este procedimiento especial,
solamente podrá suspenderse en dos casos.
Bien, porque se ha presentado una tercería de dominio
que únicamente se admite en el caso de que la inscripción de la propiedad
del tercero sea previa a la constitución de la hipoteca,
algo que sólo puede darse en casos de doble inmatriculación,
o en casos de prejudicialidad penal,
porque se haya admitido a trámite una querella que afecte
a la nulidad del título ejecutivo.
Bien, hemos acabado este primer bloque.
Vamos a ver, comenzaremos con el segundo que,
como he dicho, se dedica a la ejecución específica.
La ejecución específica se basará,
es la que tiende, a la realización de prestaciones
que no consisten en la obtención de dinero.
Sino que se basará en prestaciones de dar,
hacer o no hacer alguna cosa.
Y lo que tiende es a conseguir
que el ejecutante obtenga exactamente aquello a lo que tenía derecho.
Claro, esto presenta una dificultad muy importante,
que es que muchas veces necesitaremos el concurso
de la voluntad del ejecutado, cosa que puede
no ser fácil de conseguir.
Y por eso hay un sistema de multas coercitivas,
multas pecuniarias que incentivan a que el ejecutado colabore.
Pero si finalmente no lo hiciera o no fuera posible,
siempre tendremos la posibilidad de sustituirlo
por la prestación pecuniaria equivalente.
Pero eso será la última opción.
Vamos a ver cada una de las posibles prestaciones
y el tipo de ejecución a las que dan lugar.
En el caso de las ejecuciones de dar, se podrá dar un bien mueble
o un bien inmueble.
Cuando el bien es mueble,
lo esencial es si ese bien mueble es un bien determinado,
es decir, un cuadro determinado de Picasso,
es decir, un bien concreto que no es sustituible por otro,
o se trata de cosas genéricas,
indeterminadas, un determinado volumen de un material de obra.
Eso es lo esencial.
Si la cosa es una cosa mueble y determinada,
habrá que ver si está localizada o localizable,
en cuyo caso se puede ordenar la entrada
para la obtención de ese bien, y lo que ordena el tribunal
es la inmediata puesta en posesión del acreedor ejecutante.
Ahora bien, si no sabemos dónde está
o se ha entrado y no se ha localizado,
únicamente cabrá la sustitución por el equivalente pecuniario
o la correspondiente indemnización.
Pues bien, también es posible que el acreedor encuentre, digamos,
una vez que se encuentra la cosa,
si ésta está dañada o está en una situación que ya
no le es servible, también podría pedir la sustitución
por el equivalente o la compensación pecuniaria.
Cuando la cosa sea genérica o indeterminada es más fácil,
¿por qué?
Pues porque se puede autorizar, el tribunal puede autorizar
al acreedor a que lo obtenga en el mercado a costa del ejecutado,
para lo cual podrán embargarse bienes del ejecutado,
obtener la cantidad correspondiente para que así se obtenga.
Incluso el acreedor podría pedir la compensación pecuniaria
porque la entrega tardía ya no satisface su legítimo interior.
En el caso
de que lo que haya de entregarse sea un bien inmueble,
las peculiaridades no vienen tanto de la puesta en posesión,
que basta con la orden del tribunal para que se le tenga por entregado
el bien inmueble,
sino con bienes que se encuentran dentro del inmueble,
es decir, el contenido del inmueble.
Claro, el ejecutado puede llevarse
todo aquello que sea suyo
y si no se lo lleva pues se considera abandonado
y el ejecutante las adquiere por mera ocupación.
Otras veces puede ocurrir que se trate de instalaciones,
de determinadas cosas que no son separables del propio inmueble,
una instalación de suelo radiante que ha hecho el que lo ocupaba el bien.
En ese caso puede pedir una compensación
el ejecutado que ha realizado esas obras.
Además, el ejecutante puede pedir un depósito
de las cosas muebles que allí se encuentre para resarcirse
de los posibles daños y perjuicios que se haya encontrado
una vez que se le ha puesto en posesión del inmueble.
Más complicado es el tema de la ocupación del inmueble
en el momento de la puesta en posesión.
Si es el ejecutado
o su familia los que viven allí y es su vivienda habitual,
se pueden prorrogar los plazos
para que encuentren otro lugar al que marcharse.
Pero si son otros terceros
los que habitan allí, el letrado de la Administración de Justicia
deberá notificar la ejecución y darle un plazo
para que estos ocupantes presenten sus títulos.
Una vez que se ha analizado la validez de esos títulos,
ya se determinará qué hacer con ellos,
si procede el lanzamiento o no.
Y todo esto, la normativa que lo regula,
es la que está prevista en la ocupación
o la entrega de bienes inmuebles después de la subasta.
En el caso de las ejecuciones de hacer,
aquí lo determinante es saber si el hacer es o no personalísimo.
En el caso de que no lo sea, el hacer puede ser sustituido,
es decir, si el ejecutado no lo hace en el plazo que se le ha dado,
se puede encargar a un tercero que lo haga en lugar del ejecutado.
Para lo cual hay un procedimiento por el cual se calcula la cuantía
que cuesta este hacer, para luego poder obtenerlo
a través de la vía de la ejecución dineraria, correspondiente embargo,
de bienes del deudor,
y así que se haga a costa del ejecutado.
Pero en el caso de que las condenas de hacer sean personalísimas,
es más complicado,
ya no se puede sustituir en principio.
Hay que tener en cuenta que el ejecutado podría discutir
el carácter personalísimo, así se prevé en la ley,
y que finalmente sea el tribunal el que decida si estamos
ante un hacer personalísimo o no personalísimo.
En el caso de que sea personalísimo, claro, aquí solo caben dos opciones.
Teniendo en cuenta que lo que va a marcar las posibles actuaciones
del acreedor será lo que venga establecido en el título ejecutivo.
¿De acuerdo?
Ello significa que,
si en el título ejecutivo se faculta al acreedor ejecutante
a pedir directamente el equivalente pecuniario,
lo podrá hacer.
O de no establecerse así, o no haber obstáculos,
pues el ejecutante podrá optar entre pedir
ese equivalente pecuniario o solicitar al tribunal
que establezca una serie de multas coercitivas de carácter pecuniario
que se van imponiendo de manera mensual
e incluso una multa única.
Para incentivar que el ejecutado cumpla.
Son unas multas que van al tesoro, no van al ejecutante,
pero que si al final no consiguen su objetivo,
no habrá más opción que proceder al equivalente pecuniario,
es decir, a la satisfacción por equivalente pecuniario.
Bien, y ya sólo nos quedan las ejecuciones de no hacer.
En este caso, la peculiaridad es que el incumplimiento se produce
en el momento en el que el ejecutado hace aquello
que no podía hacer.
A partir de ese momento,
el ejecutante podrá hacer una serie de cosas dependiendo
de la conducta que se trate.
Así, si es una conducta que puede seguir reiterándose,
lo primero que puede hacer el acreedor es pedir.
Que se requiera al ejecutado para que no repita esas conductas
y se le apercibe de que si vuelve a hacerlo podrá incurrir
en un delito de desobediencia.
Además, podrá pedir que se le indemnice por los daños
y perjuicios causados y, si fuera posible,
incluso podría pedir que se deshiciera lo mal hecho,
en cuyo caso se tramitaría por lo que acabamos de hacer
como una ejecución de hacer.
Si ese no hacer o esa conducta que ha realizado el ejecutado ya
no fuera reiterable, en ese caso
directamente procede el resacimiento por los daños y perjuicios.
Bien, nos queda ya
ese último bloque que anunciaba y que consiste precisamente
en el cálculo de esa liquidación de daños y perjuicios,
que también servirá para calcular el equivalente pecuniario
al que me he ido refiriendo anteriormente,
a lo largo de esta explicación.
El procedimiento es relativamente sencillo.
Lo esencial aquí es ver quién toma la iniciativa.
En este caso de la liquidación de daños y perjuicios,
la iniciativa la tomará el acreedor que tiene derecho
a esos daños y perjuicios.
Será él quien deberá presentar la liquidación con los conceptos,
las cuantías, la documentación que lo justifica
y se le dará traslado al deudor ejecutado.
A partir de aquí, el deudor ejecutado puede hacer dos cosas,
puede conformarse o no.
La forma en la que puede conformarse,
es decir,
el ejecutado podrá conformarse de una manera explícita,
es decir, si estoy de acuerdo.
Pero también se entenderá que sea conformado
si transcurre ese plazo de 10 días que se le ha dado
y no dice nada.
O si dice algo, pero no, es decir, se opone,
pero no de una forma motivada.
En todos esos casos se le tiene por conformado
y automáticamente el juez dictará un auto
en el que fijará la cuantía que considera justa.
Y ese título será ejecutivo.
Ahora bien, si se opone motivadamente,
lo que se hace es abrirse un incidente
que se tramita por los cauces del juicio verbal,
en el cual además el tribunal de oficio
podrá nombrar un perito para que determine él, a su juicio,
cuál es la cuantía que procede.
Se celebrará una vista y finalmente el juez
dictará el auto correspondiente.
El siguiente procedimiento es el de liquidación ahora de frutos
y rentas.
En realidad es el mismo que el anterior.
La diferencia es quién toma la iniciativa,
porque en este caso ya no es el acreedor,
sino que será el deudor que debe liquidar esos frutos y rentas.
Es él quien debe presentar esa liquidación con los conceptos,
las cuantías y se seguirá el mismo procedimiento
con el plazo de 10 días,
pasados los cuales, pues ahora se cambian los papeles
y será el acreedor ejecutante el que se conformará o no, es decir,
de la misma manera que hemos visto antes,
pero con los papeles cruzados.
Ahora bien, ¿qué puede ocurrir?
Pues que el deudor no presente esta liquidación.
En este caso, el tribunal, ¿qué es lo que hace?
Pues se lo comunica al acreedor y le da la oportunidad
de que sea él quien presente su liquidación.
A partir de ahí, el procedimiento será el mismo que hemos visto antes
e incluso con los mismos papeles, es decir,
será el acreedor quien tome la iniciativa.
Hay que decir que este procedimiento es el mismo que se seguirá también
cuando debe presentarse el rendimiento de cuentas
de una administración
o cuando deban entregarse saldos.
En estos casos
es el administrador quien deberá presentar esa liquidación inicial
y como en ocasiones puede ser complicado,
a petición de parte, el letrado de la Administración de Justicia
podrá ampliar estos plazos que hemos ido viendo
para el procedimiento general.
Y bien, hemos terminado con el tema.
Espero que les haya sido útil.
En el manual encontrarán mucho más
explicado cada uno de estos apartados.
Y nada más.
Muchísimas gracias.