Hola, mi nombre es Carlos Fernández Esquer
y soy profesor permanente laboral de Derecho Constitucional
en el Departamento de Derecho Político de la UNED.
En la videoclase de hoy voy a dar cuenta de la aprobación
de la reciente Ley Orgánica 3-2024 de reforma
de la Ley Orgánica del Poder Judicial
y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Como se puede ver en la diapositiva que tengo a mi lado,
en esta diapositiva se puede ver cómo esta ley
fue fruto del pacto entre los dos principales partidos,
el Partido Popular y el Partido Socialista,
y en esta foto aparecen sus dos representantes,
Esteban González Pons y Félix Bolaños,
firmando o acordando.
Este pacto que permitió renovar
la composición del Consejo General del Poder Judicial
que había estado paralizada durante más de cinco años
y en esta diapositiva se puede ver cómo este acuerdo
se suscribió junto con la Comisión Europea
que de alguna forma actuó de mediador en un pacto que fue muy difícil
de alcanzar y que de alguna forma esta imagen muestra lo extravagante,
en cierto modo, que fue toda esta negociación
que culminó, como digo, con esta ley orgánica.
Por mencionar brevemente el contexto y la aprobación de esta ley,
cabe mencionar que esta ley orgánica 3-2024
se propone como principal objetivo reforzar la independencia
y la integridad del sistema judicial español.
Como acabo de mencionar,
surge esta ley del acuerdo alcanzado entre el Partido Popular
y el Partido Socialista para desbloquear la renovación
de esos vocales del Consejo General del Poder Judicial,
cuyo mandato ordinario había expirado
y se efectuó tras más de cinco años de retraso.
La ley orgánica que vamos a estudiar tiene su origen
en una proposición de ley presentada conjuntamente,
y esto no deja de ser una singularidad,
presentada conjuntamente por los principales grupos parlamentarios
en el Congreso de Diputados en esta decimoquinta legislatura,
que son el Grupo Parlamentario Popular
y el Grupo Parlamentario Socialista.
En cuanto a su tramitación, no voy a entrar en mucho detalle,
simplemente me gustaría mencionar que se tramitó en poco más
de un mes.
Se fue presentada a finales de junio de 2024
en el Congreso de Diputados y su aprobación definitiva
y publicación en el Boletín Oficial del Estado
se produjo a principios de agosto de 2024.
Es decir, fue una ley tramitada con una extraordinaria celeridad.
Y, en cuanto a su aprobación final,
hay que mencionar que recibió un amplio apoyo parlamentario.
En la votación final de su aprobación
en el Congreso del Diputado se registraron 259 votos a favor,
los de los diputados del Partido Popular
y del Partido Socialista,
43 votos en contra y 32 abstenciones.
En cuanto a las novedades que trae consigo esta ley,
la primera es una novedad referida a los requisitos para ser magistrado
del Tribunal Supremo.
Esta ley orgánica modifica los requisitos
que debe concurrir una persona que quiera ser candidata
a ser nombrado magistrado en el Tribunal Supremo
y concretamente se incrementa de 15 a 20 años
el tiempo que debe cumplir.
Haber cumplido el aspirante en la carrera judicial para poder
ser nombrado magistrado del Tribunal Supremo.
Por tanto, se incrementa la exigencia de experiencia en la carrera judicial
para poder desempeñar el puesto de magistrado
en el Tribunal Supremo.
También esta ley orgánica
trae consigo novedades en lo que se conoce
como la prevención de las puertas giratorias,
tratar de dificultar que se produzca el paso por parte de miembros
de la carrera judicial al mundo político,
al poder legislativo, al poder ejecutivo urbano.
Por tanto, se trata de dificultar o endurecer la posibilidad
de que personas que han desempeñado la función jurisdiccional
entren en la política y regresen al poder judicial
o viceversa.
Concretamente,
la forma en que se dificultan estas puertas giratorias
es la de que los jueces y magistrados que se presenten
o sean elegidos para determinados cargos representativos
o para cargos en órganos superiores
de la Administración General del Estado.
Deban declararse en excedencia voluntaria y no,
como sucedía hasta ahora, en servicios especiales.
La diferencia es que en servicios especiales
las personas que eran elegidos para cargos representativos
o que desempeñaban la titularidad de órganos superiores
en la Administración General del Estado,
el tiempo en el que estaban desempeñando esos puestos
computaba efectos de antigüedad para la carrera judicial
y con la excedencia voluntaria esto no es así de forma
que eso puede desincentivar que personas que quieran realizar
o que quieran tener una larga trayectoria
en el poder judicial
y aspirar a escalar en la carrera judicial
pues se vean recompensados por desempeñar ese tipo
de cargos políticos y por tanto con la excedencia voluntaria
el tiempo en el que se desempeñan cargos representativos
o cargos en órganos directivos no computa efectos de antigüedad
en la carrera judicial.
No estamos refiriendo a cargos
como el de ministro o secretario de Estado,
pero también cargos representativos como los eurodiputados,
diputados en el Parlamento Europeo,
parlamentarios en el Congreso de Diputados
y en el Senado, diputados y senadores,
y también diputados en las asambleas legislativas
de las comunidades autónomas, los diputados autonómicos.
Hay un segundo mecanismo que previene esas puertas giratorias
que es la introducción de lo que se conoce
como un periodo de enfriamiento, es decir,
que una vez concluido el mandato representativo
o el desempeño del cargo público,
esas personas que quieren regresar al desempeño de la función
jurisdiccional deben esperar al menos dos años para reingresar al servicio
activo y ejercer la judicatura.
Y en ese tiempo, durante esos dos años,
quedarán adscritos o bien al presidente
del Tribunal Supremo
o bien a los presidentes de los respectivos
Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.
La Ley Orgánica 3.2024 también trae novedades
respecto al Consejo General del Poder Judicial,
nuestro órgano de gobierno del Poder Judicial.
Voy a destacar cuatro de las novedades que trae consigo
la ley orgánica.
La primera es la introducción de nuevas incompatibilidades para ser
designado vocal no judicial del Consejo General del Poder Judicial.
Sabemos que hay dos tipos
de vocales en el Consejo General del Poder Judicial,
los que tienen su origen en el Poder Judicial,
jueces y magistrados.
Pero también hay algunos vocales que son juristas
de reconocida competencia que pueden dedicarse
a otras profesiones jurídicas como profesores de universidad,
abogados, etc. Pues bien, no podrán ser designados
como vocales no judiciales del Consejo.
Quienes en los cinco años anteriores hayan sido ministros,
secretarios de Estado, consejeros en los gobiernos autonómicos,
presidentes de alguna corporación local, eurodiputados, diputados,
senadores o diputados autonómicos.
De nuevo, se establece, por tanto,
una incompatibilidad para que quienes en los últimos cinco años
hayan ejercido algún cargo representativo
o bien hayan ostentado la titularidad de algún gobierno.
Cargo directivo de la Administración General del Estado,
algún cargo relevante en los gobiernos autonómicos
o en entidades locales,
no puedan ser designados vocales del Consejo General del Poder Judicial.
La segunda novedad es que los candidatos a vocales
del Consejo, antes de poder ser elegidos,
deben comparecer ante la respectiva comisión
de nombramientos de la Cámara correspondiente,
ya sea en el Congreso de Diputados o en el Senado,
y por tanto tendrán que presentarse.
Presentar una memoria de méritos y objetivos que se plantean
en caso de ser elegidos.
Por tanto,
se someten a ese escrutinio por parte de los diputados y senadores
antes de efectuarse el nombramiento como vocales.
Otra novedad es que se crea una nueva comisión de calificación
en el seno del Consejo General del Poder Judicial,
que estará integrada por cinco vocales
y que su labor es la de informar sobre los nombramientos que sean
competencia del Pleno, magistrados del Tribunal Supremo,
presidentes de sala de tribunales, etc. para garantizar que se produzca
una valoración objetiva de los candidatos.
Por tanto,
la responsabilidad última, la competencia última
de los nombramientos seguirá estando en el Pleno del Consejo,
pero esta comisión efectuará esa labor de valoración objetiva
para reducir el margen de discrecionalidad y objetivar,
en la medida de lo posible,
la justificación de por qué se nombra a unos candidatos frente a otros.
Por último, me gustaría destacar
que la reforma exige una mayoría de tres quintos
de los vocales del Consejo General del Poder Judicial
para el nombramiento de presidentes de audiencias provinciales
y también del magistrado del Tribunal Supremo que se encarga
de conocer las actividades del Centro Nacional de Inteligencia.
Por tanto, se extiende la mayoría de tres quintos
a otros nombramientos,
como ya sucedía con magistrado del Tribunal Supremo,
presidente del de Sala, etcétera.
Esta ley orgánica también trae novedades
en lo que se refiere al Ministerio Fiscal y, en concreto,
a la figura del Fiscal General del Estado.
Se establece para el Fiscal General del Estado
un nuevo régimen de incompatibilidades que implica
que no podrá ser propuesto para el cargo
de Fiscal General del Estado quien en los cinco años anteriores
haya sido fiscal.
De nuevo, ministro, secretario de Estado,
consejero autonómico, presidente de una corporación local
o en el ámbito de los cargos representativos,
quienes hayan sido en los últimos cinco años diputados,
senadores, diputados del Parlamento Europeo,
eurodiputados o diputados de alguna asamblea legislativa
autonómica de alguno de los 17 parlamentos autonómicos.
Además, como novedad, se establece que el fiscal general
del Estado deberá abstenerse de intervenir en los pleitos o causas
cuando le afecten algunas de las causas de abstención
que ya se establece por la Ley Orgánica del Poder Judicial
para los jueces y magistrados.
Por tanto, se incorpora.
El deber de abstención también para el fiscal general de Estado
y se equipara en su régimen al régimen de abstenciones
que se establece para jueces y magistrados
en la ley orgánica del Poder Judicial.
Por último, la ley orgánica trae consigo una novedad consistente
en establecer un mandato dirigido al recién renovado
Consejo General del Poder Judicial
para que en el plazo de seis meses realice dos estudios,
fundamentalmente.
Un estudio sobre los sistemas europeos
para la elección de vocales en consejos judiciales,
realizar un estudio fundamental sobre cuáles son los sistemas de elección
de los vocales de los consejos judiciales en nuestro entorno europeo
comparado y también una propuesta de reforma del sistema de elección
de vocales del Consejo General del Poder Judicial
que sea aprobada por tres quintos de los vocales del actual Consejo
y que esa propuesta sea remitida a algunos de los órganos
constitucionales que tienen iniciativa legislativa,
que sea remitida al Gobierno, al Congreso de Diputados,
al Senado,
para que estos órganos constitucionales,
si así lo consideran, puedan ejercer su iniciativa legislativa,
bien a través de proyectos de ley, en el caso del Gobierno,
bien a través de proposiciones de ley
en caso del Congreso de los Diputados
y el Senado, para, en caso de que así lo consideren,
someter esa propuesta de reforma del sistema de elección
de vocales del Consejo General del Poder Judicial
al debate parlamentario.
Eso es todo y muchas gracias.