Bienvenidos de nuevo al tema 12 que hemos establecido en dos partes
para mejor comprensión del mismo y vamos a ver ahora
la actividad registral en el proceso de reconocimiento jurídico
de las comunidades religiosas.
Hemos determinado en el anterior apartado que.
Efectivamente, el Estado tiene necesidad
de reconocer a estas entidades religiosas
y ahora vamos a ver cómo articula ese modo de reconocimiento
de todas ellas.
Vamos a definir primero qué es un registro y para qué sirve.
Existen sustancialmente dos registros.
Uno, que es una oficina administrativa
donde se inscriben sujetos, derechos y circunstancias jurídicas,
así las renovaciones,
las modificaciones, cancelaciones, etc. Y serán, o bien,
lo que llamamos registro administrativo,
que otorga una publicidad formal,
pero no son constitutivos de derechos.
No se califica jurídicamente el fondo de la situación.
Y esto está sujeto al principio de legalidad, artículo 9.1,
es meramente declarativo son importantes
pero no son determinantes el que nos interesa
es el registro jurídico que es constitutivo de derechos
el registrador califica jurídicamente el negocio jurídico
que se le presenta.
Mediante un título.
Esa inscripción otorga publicidad material que se vincula
a la oponibilidad frente a terceros, invocabilidad frente a terceros,
y que se consideran ciertas y veraces las inscripciones,
por lo que el tercero de buena fe no puede alegar.
Cumple los principios de legitimación y de buena fe
y, por lo tanto, constituye la publicidad material,
no meramente formal o declarativa.
La estructura orgánica del registro de entidades religiosas,
vamos a ver que procede del artículo 5
de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa
y que se desarrolla por medio de un Real Decreto,
el 594 de 2015, de 3 de julio,
que deroga un decreto anterior.
Se trata este registro de un registro general único
y público.
Depende de la administración general del Estado,
sin perjuicio de que las comunidades puedan firmar
convenios de colaboración para participar en su gestión.
Su publicidad se produce por certificaciones plenas
o parciales o copias del contenido de los asientos.
La certificación aporta fehaciencia del contenido.
El registro de entidades religiosas tiene una estructura
en la que establece varias secciones.
La sección general se inscribe en iglesias, confesiones, comunidades
y entidades menores.
La sección especial se inscribe en las comunidades que han firmado
acuerdo de cooperación con el Estado y sus entidades menores.
La sección histórica,
se inscriben los asientos de las entidades canceladas
y las solicitudes que hayan sido denegadas
y la sección de fundaciones, que es una sección transitoria
sobre la inscripción de las fundaciones de la Iglesia Católica
hasta que se lleguen a regular.
Las comunidades se inscriben.
Y tienen intención
de inscribirse para alcanzar el reconocimiento jurídico
que veíamos en el apartado anterior y dar publicidad formal
sobre su nacimiento, sobre su actividad cotidiana,
sobre sus modificaciones, adaptaciones, es decir,
sobre el día a día del desarrollo de la vida
de las entidades.
Se establece en el Real Decreto un procedimiento de inscripción.
Conferido como un derecho de las comunidades religiosas
para que obtengan la personalidad jurídica en el Estado.
Sin él no tienen esa personalidad jurídica y por lo tanto no podrán
ser interlocutores en nada con el Estado.
¿Quiénes son los sujetos inscribibles?
Pues las comunidades religiosas y las entidades que las integran.
Podrán inscribirse entidades que ejerzan su derecho
de asociarse con fines religiosos
y aquellas ya reconocidas que desarrollen la estructura orgánica,
creando nuevas entidades para la mejor realización
de sus fines.
Así las iglesias, confesiones, comunidades religiosas.
Y sus federaciones, la siguiente erigida por las ya inscritas,
sus circunscripciones territoriales,
las congregaciones, secciones, comunidades locales,
entidades de carácter institucional que formen parte de su estructura,
las asociaciones con fines religiosos, que creen o erijan,
así como sus federaciones,
y los seminarios o centros de formación
de los ministros de culto.
Las primeras las vamos a llamar entidades mayores
y las segundas entidades menores.
Esta es una terminología técnica.
Bien, y ya entramos en los requisitos para la inscripción
de las entidades religiosas.
La ley orgánica,
en su artículo quinto, dispone.
La inscripción se practicará en virtud de una solicitud.
Es la entidad quien tiene
que presentar una instancia al Estado, en este caso,
el Ministerio de Presidencia tiene asumida esa competencia actualmente,
Dirección General de Asuntos Religiosos, acompañada de documento
fehaciente, es decir, un acto notarial feo,
en el que conste su fundación o establecimiento en España.
¿Qué más?
Expresión de sus fines religiosos,
denominación y demás datos de identificación,
su régimen de funcionamiento, sus órganos representativos,
con expresión de sus facultades
y de los requisitos para su válida designación.
Es decir, hay que determinar en esos órganos representativos
cómo han sido elegidos,
en virtud de qué motivo se les puede cesar o cómo.
Todo el proceso.
En el desarrollo de dicha ley, el Real Decreto 594 del 2015,
dice en su artículo 6, se requiere la inscripción
de las iglesias, confesiones y comunidades,
se iniciará por sus representantes legales
o personas debidamente autorizadas mediante esa solicitud
que deberá acompañarse de documento elevado de escritura pública.
Bien, vemos que la denominación.
Al igual que sucede en el registro mercantil,
por ejemplo, para las entidades mercantiles,
no podrá incluir términos que induzcan a confusión
sobre su naturaleza religiosa.
No serán admisibles las denominaciones que incluyan
expresiones contrarias a las leyes.
Tampoco podrá coincidir o asemejarse de manera
que pueda crear confusión con ninguna otra previamente inscrita
en el registro de entidades religiosas.
Los solicitantes adoptarán.
Aportarán su traducción al castellano o a alguna de las lenguas oficiales
de las comunidades autónomas en el caso de que así sea.
También hay que expresar el domicilio
y, importante, el ámbito territorial de la actuación.
Esto está introducido por la ley orgánica
del derecho de asociación, no os constaba inicialmente.
Pero es necesario y útil porque así nos garantiza la identificación
de dónde va a actuar esa comunidad religiosa.
La expresión de sus fines religiosos,
tema polémico.
Y de cuantos datos se consideren necesarios para acreditar
su naturaleza religiosa.
A estos efectos se consideran, como tal,
sus bases doctrinales, ausencia de ánimo de lucro,
sus actividades religiosas específicas,
representadas por el ejercicio y fomento del culto,
el mantenimiento de lugares y objetos de culto, la predicación,
la intervención social, la difusión e información religiosa,
la formación de enseñanza religiosa y moral, la asistencia religiosa,
la formación y sustento de ministros de culto.
Y otros análogos.
Es un numeros apertus que va a completar
todo el elenco de facultades que las entidades religiosas
puedan desarrollar.
Sin embargo, esta mención es controvertida
porque se vio que suponía un posible control administrativo
del concepto de finalidad religiosa.
Conforme el artículo 3 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa
y el 4 del Decreto 142 del 81,
lo que permite la denegación,
permitiría la denegación del funcionario público
de la inscripción, remitiendo al registro de asociaciones.
Que no estamos en ámbito de asociaciones,
estamos, como vimos en el primer apartado,
en tema religioso.
Esta actuación vulnera, por lo tanto,
la tutela judicial efectiva,
por cuanto es competencia de un tribunal
y no de la administración,
determinar si es o no comunidad religiosa.
Únicamente se podría aplicar este 3.2
de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa
cuando un tribunal hubiera determinado vulneración
del orden público o lesión de los derechos fundamentales
por sentencia firme,
Recuerden que esto era un mandato constitucional.
Solamente tenía el límite el orden público
y eso se debe determinar por un juez.
En caso de sospecha de lesión de los derechos fundamentales
de los demás o de actos contrarios al orden público,
el funcionario del registro debería suspender el procedimiento
y dar traslado al Ministerio Fiscal
para que decida si inicia o no acciones judiciales.
En todo caso, este control de lo religioso.
Vulneraría el principio de laicidad,
porque el Estado no tiene un concepto de religión único,
ni debe entrar ahí, sino que con la neutralidad,
que le impide, el principio de neutralidad,
le impide asumir concepciones religiosas
y no discriminar por motivos religiosos,
puesto que tiene que garantizar la igualdad.
La Administración debe limitarse a constatar
que, atendido sus estatutos, objetivos y fines,
no son entidades excluidas por el 3.2.
Se ve de forma negativa.
Recomiendo la lectura de esta sentencia
del Constitucional, la 41.2001, en su fundamento jurídico décimo.
Bien, ¿qué más?
Pues el régimen, funcionamiento, órganos representativos
y de gobierno con expresión de sus facultades
y de los requisitos para su válida designación.
Este elemento se exige en ese acta notarial
tenerlo consignado.
¿Qué más?
La relación nominal de los representantes legales.
En el caso de que fueran extranjeros deberán acreditar su residencia legal
en España.
Será necesario presentar además el acta de la fundación
o establecimiento en España en documento público.
Dicha acta podrá hacer constar la relación nominal
de al menos 20 personas mayores de edad y con residencia legal
en España que avalan la fundación o establecimiento de la Iglesia,
confesión o comunidad religiosa.
Fíjense la incidencia de control que exige el Estado
para identificar a las personas que son los que van
a dirigir esa entidad religiosa.
Finalmente, para el caso de las entidades menores,
el artículo 7 del Real Decreto 594 exige,
además de lo previsto en el apartado anterior,
pues un testimonio literal autenticado del acta de constitución
y documento de la entidad mayor por el que se erige.
Y en su caso de conformidad con el órgano supremo
de esa iglesia.
En caso de federaciones, además del apartado A,
acta fundacional con expresión de denominación, domicilio,
número registral e identificación de los representantes,
acreditación en escritura pública de su fundación.
El acuerdo de integración en una federación por las personas
que consten ya inscritos y con facultades para certificar
y asunción de los estatutos.
Para las entidades extranjeras se pide además copia
de los estatutos vigentes de la entidad extranjera,
la certificación de identidad de los representantes
tanto en el país de origen como los de destino.
Y la certificación que acredite que esa entidad está realmente
reconocida en el país de origen.
Todos estos documentos tienen que ser legalizados y traducidos.
¿Todo ello por qué?
Porque esta inscripción va a dar unos efectos.
El efecto principal es la personalidad jurídica.
Por ello, valorada y declarada
positiva la solicitud por parte de la Administración,
la inscripción se practicará en una ficha registral
elaborada por el procedimiento electrónico.
El expediente se tramita ante la Dirección General de Asuntos
Religiosos, dependiente actualmente del Ministerio de Presidencia.
Y este proceso tarda seis meses.
Es el plazo administrativo que podrá sufrir
las eventuales modificaciones dentro del procedimiento.
Cada entidad tiene asignada un número registral independiente
y único para todo el registro.
Así, la inscripción en el registro es necesaria
para el reconocimiento de la entidad de personalidad jurídica,
la garantía de autonomía plena y la posibilidad,
y esto es sustancial, la posibilidad de firmar acuerdos de cooperación
con las administraciones.
A partir de esa inscripción gozan de personalidad jurídica
y podrán conseguir el notorio arraigo esencial para la plena vivencia
de esa comunidad.
Fíjense, tienen que llevar inscrita más de 30 años en el REER
para conseguir ese notorio arraigo.
O 15 si se trata de entidades extranjeras
que lleven reconocidas en el extranjero al menos 60 años.
Tiene que tener al menos una presencia
en 10 comunidades autónomas,
por eso en los estatutos y por eso en la inscripción que se solicitaba
se daba el ámbito territorial de actuación.
Y al menos tener 100 inscripciones o anotaciones en el RER.
Bien, como epígrafe cuarto tenemos las modificaciones
y demás datos de las comunidades religiosas.
Hemos visto lo que es el registro, su proceso de inscripción,
qué ofrece, qué es la personalidad jurídica,
y ahora vamos a ver cómo se puede modificar.
Claro, hemos inscrito unas entidades que tienen una vida,
que tienen un movimiento.
Bueno, pues estos actos de la vida de la entidad inscribibles
en el RER también son inscribibles.
Así, la fundación o establecimiento en España
de la entidad, las modificaciones estatutarias,
la identidad de los titulares del órgano de representación,
la incorporación y separación de las entidades de una federación,
la disolución, los miembros acuerdan su disolución,
los lugares de culto que tienen o que van adquiriendo
o que van extinguiendo,
quiénes son sus ministros, identificación de los ministros,
esto es importante, y dice,
cualesquiera otros actos que sean susceptibles de inscripción
o anotación, conforme a los acuerdos del Estado español
y las confesiones religiosas.
Se otorga, como ven,
un carácter dinámico a este registro.
El objetivo,
conseguir que las entidades mantengan actualizada su información registral
y que el Estado sea consciente de ello
y lo tenga bien registrado.
Requisitos para la inscripción de los actos inscribibles.
Bueno, pues.
La inscripción del acta de fundación o establecimiento en España,
también para las entidades mayores.
La modificación estatutaria deberá presentarse una vez
más en escritura pública.
Esta es la tónica.
Documento público con acuerdo de modificación,
los artículos de modificación, quórum de asistencia.
Imagínense que son dos de los 20 miembros
los que acuerdan una modificación y no ha habido una convocatoria.
Este documento nunca podrá ser inscrito.
Porque vemos, el control de legalidad realizado,
se ve que no establece, que ese acta no tiene el quórum necesario.
Resultado de la votación, fecha en que se aprueba,
en el caso de que la modificación afecte a los fines,
además el régimen de funcionamiento, órganos de gobierno del nuevo texto.
Cuando se modifiquen los representantes de la entidad,
se deberá aportar escritura pública del acta de la reunión,
certificado con indicación de la fecha y la identificación
de los nuevos titulares, fecha de su nombramiento
o de renovación y cese de los salientes,
ojo, con firma de todos ellos, si es posible, imagínense,
un miembro de esa congregación que ha muerto,
pues lógicamente se dejará constancia en el certificado notarial
su fallecimiento.
Ven, el control es un control de legalidad.
Esta modificación debe presentarse a la administración
dentro de los tres meses siguientes a su fecha.
Siendo un requisito de admisibilidad
el temporal presentada en el plazo de tres meses,
la inscripción se deberá practicar en el plazo de otros tres meses más.
Silencio positivo.
Es decir, se aceptará.
¿Qué requisitos para la incorporación y separación de una federación?
Pues en el capítulo tercero
encontramos el artículo 15.
La solicitud de anotación en el registro de la adhesión
de una entidad religiosa se presentará igualmente
en el plazo de tres meses.
¿Qué es necesario?
Junto con la solicitud, bien acta de la reunión,
bien certificado del acuerdo de la entidad federativa,
federativa según el procedimiento
que se haya determinado en los estatutos
y que deberá constar además denominación y domicilio
de la entidad federativa denominación y número registral
que esté pendiente de inscripción por cada una de las entidades
religiosas que se incorporan a la federación
o una certificación expedida por las personas con facultad
para ello las adhesiones serán anotadas por resolución
del titular de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional
transcurrido el plazo de tres meses.
Se entenderá, si no se hubiese resuelto,
el silencio positivo.
En el capítulo cuarto se regula la inscripción
de los lugares de culto.
La solicitud, nuevamente, anotación.
Dicha anotación no conferirá personalidad jurídica propia.
Depende de la matriz o del órgano superior.
Por eso establecíamos los lugares de culto dependientes
de las entidades menores o entidades mayores.
La solicitud de anotación se presentará por el representante
de la entidad o persona debidamente autorizada
a la que se acompañará.
Copia del título de disposición,
certificado que acredite su condición de lugar de culto,
por su dedicación principal
y permanente al culto y la asistencia religiosa,
con la conformidad del órgano competente en España de la Iglesia,
confesión religiosa a la que pertenece.
La solicitud de cancelación de lugares de culto
se presentará igualmente por el representante legal
de la entidad.
Este procedimiento es igual.
Si se dan cuenta,
tienen los mismos requisitos de acta notarial,
identificación del acto y las personas que lo firmen deben.
Ser aquellas que tengan las facultades conferidas.
Nuevamente se presenta ante la administración
en el plazo de tres meses máximo.
Si no, no se podría.
Es un requisito de procedibilidad o de admisibilidad.
Y la administración tiene tres meses para resolver,
en los cuales, si no ha resuelto,
el silencio se entenderá que es positiva.
Vamos a ver ahora la inscripción del ministro de culto.
El artículo 18.
No es el lugar, ahora es el ministro.
Observen el control detallado que pretende el Estado.
Las entidades religiosas
podrán anotar en el registro de entidades religiosas
a sus ministros de culto que ostenten residencia legal en España.
Deben anotarse aquellos ministros de culto que estén habilitados
para realizar los actos religiosos con efectos civiles.
Fíjense, por ejemplo, un ministro religioso
tiene facultades en España con nuestro ordenamiento civil
el reconocimiento de un matrimonio celebrado en la forma religiosa.
Eso es lo importante y por eso el Estado necesita tener este control.
Para efectuar dicha anotación, los representantes legales
de la entidad deberán presentar la certificación notarial
por las personas correspondientes, etc. Estas entidades deben comunicar
al registro las bajas de sus ministros
y solicitar su cancelación.
Aquí el plazo cambia a un mes desde que la baja tuvo lugar.
Las resoluciones de su anotación y cancelación de ministros de culto
y de las entidades religiosas
se dictará por el titular de la Subdirección General de Relaciones
con las Confesiones.
Transcurrido el plazo de tres meses a contar desde la fecha,
el silencio es positivo.
La certificación registral de la anotación del ministro de culto
será prueba suficiente para acreditar dicha cualidad
y el certificado tendrá una vigencia de dos años,
pudiendo ser prorrogado por periodos iguales.
En el capítulo 6 se regula la inscripción de la extinción.
Fíjense, la cancelación es un acto que solamente se puede acordar
o bien por petición de sus miembros,
en un acta presentada en esas formas que hemos mencionado,
o por resolución judicial firme.
Y se producen los efectos desde la fecha de su resolución
y dará lugar al traslado a la entidad a la sección histórica del registro.
El artículo 20
establece el procedimiento para la cancelación
solicitada por la entidad pues lo mismo el plazo de tres meses
desde que haya producido la causa que determine la disolución ojo
conforme su derecho estatutario fíjense
esa entidad religiosa acuerda soberanamente disolverse
bueno pues esa decisión siempre y cuando esté tomada
correctamente conforme sus propias reglas no las del estado.
Tendrá que presentarse al Estado para decir solicitud
de cancelación.
El Estado lo recibirá
y si esa disolución es consecuencia de la decisión de los miembros
de la entidad correctamente, ese documento público
que contenga bien el acta de la reunión,
bien el certificado de aquella expedida por las personas con cargo
para certificar, el Estado lo aceptará
y en el plazo de tres meses.
Si no resuelve positivamente, se entenderá producido.
Si es, en cambio, por resolución judicial firme,
será, lógicamente, el documento público,
que es el testimonio de la resolución judicial.
Y hasta aquí vamos a explicar este tema 12,
que ya lo dejamos concluido.
Muchas gracias.