Bienvenidos al tema 14 del curso de Derecho Eclesiástico del Estado,
llamado Financiación de las Comunidades Religiosas de España.
Mi recomendación es que sigan ustedes el manual elaborado
por los profesores de la asignatura,
puesto que los exámenes se van a hacer a partir de los epígrafes
determinados en el tema.
Me llamo Carlos Vaquero Ruiz Pérez y soy profesor del Departamento.
Bien, empezamos sin más dilación con el concepto de financiación
en el marco de la cooperación.
Hemos visto y no vamos a detenernos ahora
que el Estado está obligado, se obliga a sí mismo, artículo 16,
artículo 9, artículo 10 de la Constitución,
a cooperar en el concepto de laicidad positiva.
Por consiguiente, ¿cómo?
Despeja, remueve las condiciones para que se puedan desarrollar
en condiciones reales óptimas las confesiones religiosas,
pues se estableció un medio de financiación.
Para responder a la pregunta
de qué es financiación, nos debemos referir a los mecanismos
mediante los cuales se obtienen los recursos financieros
que son necesarios para llevar a cabo la actividad.
Y estas son muy sencillas.
Autofinanciación es el caso en el que la confesión religiosa
obtiene por sí misma los recursos económicos necesarios
para llevar a cabo sus actividades, bien por sus propios fieles,
bien por su propio patrimonio.
Podríamos situar en esta ubicación la iglesia alemana.
O bien un sistema de financiación externa.
Es aquel en el que los recursos proceden de fuentes externas
a la propia confesión.
Es decir.
Que proceden del dinero público.
Dentro de esta categoría vamos a establecer la financiación directa
y la indirecta.
La directa es el trasvase de dinero desde las arcas públicas.
A las confesiones por partidas presupuestarias,
bien destinando un porcentaje de un impuesto determinado,
normalmente es el directo en la renta personal,
o bien por subvenciones.
Y la financiación indirecta,
que suponen beneficios fiscales que pueden
ser para las entidades religiosas directamente o para quienes realicen
donaciones a las entidades religiosas.
También vamos a poder hablar de financiación con dudoso encuadre,
por ejemplo, la enseñanza de la religión en los centros
de titularidad pública, que está financiada por el Estado,
en los sueldos de los profesores, o de asistencia religiosa
en cárceles, hospitales o dependencias militares.
Ese salario puede pagarse directamente al profesorado
o los ministros de culto y no a la entidad.
También la financiación de construcción de templos
o mantenimiento con los planes de las comunidades autónomas.
Por ejemplo, todos los bienes BIC, bienes de interés cultural
de, por ejemplo, la Iglesia Católica,
entran en unos planes de rehabilitación que son
sustancialmente financiados con dinero público.
Ni la constitución ni las leyes 24 25 26 del año 92
exige que el estado financia las entidades religiosas
históricamente la causa para la financiación de entidades
se apoya en la confesionalidad del estado desde el inicio
de las constituciones del siglo 19 y en otro hecho dramático
que fue la desamortización que sufrió en aquel momento
la iglesia católica.
Para compensar la expropiación de los bienes realizados.
Es decir, esta es la ratio,
una de las ratios del concordato de 1851
o de 1953, que este último prevé expresamente.
La recuperación del patrimonio histórico de la Iglesia Católica,
así como una asignación transitoria de capital como compensación
de la desamortización y pago a la contribución social
de la Iglesia.
Ven, se confunden los términos y se mezclan los términos.
Efectivamente, la Iglesia Católica sufrió dos grandes,
grandísimas expropiaciones, perdón, desamortizaciones,
pero esto no puede ser.
Una fundamentación.
Hoy día no podemos basarnos en eso.
Hay que acudir a un principio de cooperación,
al modelo de laicidad positiva, artículo 16 y 9,
que dice que hay que remover los obstáculos
y promover las condiciones para lograr el pleno ejercicio
del derecho fundamental de libertad religiosa
y no tanto como resarcir viejas afrentas
o viejas expropiaciones o desamortizaciones.
La delimitación teórica de los sistemas de financiación
o las distintas modalidades en que se ha concretado el sistema
de financiación podemos establecerlos de la siguiente manera.
Son tres, fundamentalmente.
Dotación o consignación presupuestaria.
Aquí el Estado entrega una cantidad de dinero
con cargo a presupuesto general del Estado a una
o varia comunidad religiosa.
Es una dotación global.
La cantidad estipulada
se entrega directamente a la entidad o es una dotación particular
por áreas el importe se destina actuaciones concretas
tanto para el culto tanto para el clero
tanto para conservación del patrimonio histórico ese modelo.
También se ha producido.
La asignación tributaria.
El Estado asigna un porcentaje de lo recaudado por un impuesto,
normalmente es el del IRPF, la partida afectada
y el modo en que los contribuyentes eligen su asignación.
Es la famosa X. No es un impuesto religioso,
no se incrementa el importe que tiene que pagar el ciudadano
ni tampoco el Estado.
El Estado dedica esa partida que ya había previsto,
o bien para la Iglesia
o bien para actividades de fines sociales.
La otra fórmula.
Es la exención y la desgrabación.
El Estado no asigna una cantidad de dinero
a las comunidades religiosas, pero en su defecto renuncia,
en determinados supuestos, a su facultad dispositiva.
Es decir, el pago queda eximido de ciertos impuestos
o permite que los sujetos puedan desgrabarse
de las aportaciones económicas
realizadas a favor de las comunidades religiosas,
si bien es una cuantía más modesta.
El sistema de dotación y de asignación
son financiación directa.
El Estado dispone de menor dinero al dotar y asignar,
mientras que el de exención es indirecta.
El Estado deja de ingresar.
¿Cuál es el modelo español?
Apartado segundo.
Pues las bases constitucionales
las tenemos en la Constitución del 78,
la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y todas aquellas normas específicas
que afectan a los impuestos y presupuestos generales del Estado,
así como los acuerdos de cooperación con las entidades religiosas.
La libertad religiosa impone neutralidad del Estado
y la laicidad positiva impone a su vez
la cooperación del Estado.
Entonces, el artículo 1 de la Constitución
dice igualdad en la colaboración por pluralismo político.
El artículo 10,
colaboración por cuestión de dignidad de la persona.
Artículo 9, tienen obligación de remover obstáculos.
Y el 16,
que ninguna confesión podrá tener carácter estatal.
Y dice, los poderes públicos tendrán en cuenta,
ese tener en cuenta es cooperar las creencias religiosas
de la sociedad española.
Y qué más,
mantendrán consiguientes relaciones de cooperación.
Ahí está.
Con la Iglesia Católica y demás confesiones.
La financiación no es obligatoria para el Estado
y la puede modular conforme a sus propios intereses
estableciendo requisitos, por ejemplo, como hemos visto ya,
la inscripción en el RER de una confesión.
Sin esa inscripción,
esa confesión no podrá disfrutar de estas cantidades.
¿Cómo es el desarrollo efectivo de la cooperación en España?
Pues el artículo 16
establecía que tendrán en cuenta las creencias religiosas
de la sociedad española.
Vemos que es un tema dinámico,
que no es estático, que hoy son estas religiones,
mañana serán aquellas.
Y que el Estado deberá modificar o estar atento
a cuáles son las necesidades de cooperación.
Básicamente será de la cooperación que pida,
de la confesión la que pida al Estado, no al revés.
La Ley Orgánica de Libertad Religiosa,
en su artículo séptimo, determina en los acuerdos, convenios
y respetando siempre el principio de igualdad,
se podrá extender a dicha Iglesia, confesión y comunidad
los beneficios fiscales previstos en el ordenamiento jurídico general
para las entidades sin ánimo de lucro y demás de carácter benéfico.
El acuerdo segundo de los acuerdos Iglesia-Estado
con la Iglesia Católica dice que el Estado
se compromete a colaborar con la Iglesia Católica
en la consecución de su adecuado sostenimiento económico
con respeto absoluto del principio de libertad religiosa.
Y como no podía ser menos, en el año 92 las leyes 24, 25 y 26
con las demás confesiones emplean la misma fórmula.
Estarán exentas.
Se establece una exención para unos supuestos determinados
y como una cláusula de cierre establece en su apartado cuarto,
sin perjuicio de lo previsto en los números anteriores,
dice, tendrán derecho a los demás beneficios fiscales
que el ordenamiento jurídico
tributario del Estado español prevea en cada momento
para las entidades sin fines de lucro.
Y en todo caso las que se concedan a las entidades benéficas
privadas.
Vemos la asimilación tributaria a estas entidades sin fines
de lucro establecidas, ya lo veremos,
en la ley de mecenazgo.
Vamos a ver en el apartado 2.2.1 el acuerdo con la Iglesia Católica.
Es un modelo único.
El artículo 2 de los acuerdos Iglesia-Estado
recoge un modelo único de financiación,
cuyo único fundamento para no ser contrario a la laicidad
es la transitoriedad,
hasta que el modelo de autofinanciación,
sea el establecido.
Esto es según el profesor Llamazares.
Está dividido en cuatro fases.
Primera fase, de dotación presupuestaria.
Aunque estaba previsto su fin en el año 83,
no se culmina hasta el 87.
Es una dotación variable
actualizándose anualmente y la Iglesia Católica
tenía que presentar una memoria en la que justificase ese destino
de los fondos.
El Estado tiene ese control sobre el dinero que presta.
Perdón, presta, entrega.
La segunda fase es una fase mixta.
De dotación más asignación tributaria
de un porcentaje esa asignación es la la equis famosa
aprobado por la ley 33 87 se convirtió con un
convivió con el sistema de dotación el estado seguía dotando una cantidad
de presupuestos que se minoraba por el importe que la iglesia
recibía por la asignación se llegaba a una cifra
y a esa se se llegaba o bien por la dotación directa
o por lo que se fuera a conseguir cuanto más asignación.
Se establecía menos dotación para llegar a ese nivel.
Esa casilla que debía marcar el contribuyente.
En defecto de ese importe se destina a otros fines.
Desde el 2007 la Iglesia Católica
únicamente percibe la asignación tributaria, no la dotación.
La tercera fase, la asignación tributaria en sí,
que se inició en solitario
a partir de la disposición adicional decimoctava de la ley
42-2006 de 28 de diciembre
para los presupuestos generales del 2007.
Fíjense, El porcentaje que se asignaba
era el 0,7.
La partida afectada será la cuota íntegra del IRPF,
entendiendo por tal la suma de la cuota íntegra estatal
y la autonómica o complementaria.
Y se consolidan las cantidades entregadas
a cuenta de ejercicios anteriores.
Por su parte, en la disposición adicional 46
de la Ley 48.2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016, se establece una modificación sustancial.
Fíjense, con vigencia desde el año 2016
y con carácter indefinido, cuidado, la entrega a cuenta mensual
a que se refiere el apartado tercero de la disposición adicional 18.2015,
de la ley 42-2006 de 28 de diciembre
de presupuestos para 2007 ascenderá a la duodécima parte del 70%
de la última liquidación definitiva
practicada del sistema de asignación tributaria
o a un inicio de ejercicio
ha bajado sustancialmente como ven la cuarta fase
¿por qué ha bajado?
porque la cuarta fase es la de autofinanciación
la la iglesia católica quiere esa.
Ese sistema y por eso en el artículo 2
de los acuerdos iglesia-estado dice la iglesia católica
declara su propósito de lograr por sí misma
los recursos suficientes para atención de sus necesidades
cuando fuera conseguido este propósito ambas partes
se pondrán de acuerdo ojo para sustituir los sistemas
de colaboración financiera expresadas en los párrafos anteriores.
Y por otros campos y formas de colaboración económica.
No se cierra la Iglesia Católica
a seguir siendo financiada, sustentada,
simplemente de otras formas.
Esas formas serán las que en adelante tendrán que pactar la Iglesia,
por un lado, con el Estado Español.
En cuanto a la financiación indirecta, brevísimamente
y me remito al manual,
dentro de las actividades no sujetas al IRPF y el consumo,
es decir, el IVA, sin embargo,
sí existe el IVA para la adquisición de objetos destinados al culto
y que eso ha dado lugar a una tremenda polémica.
La Ley 58.2003 de General Tributaria determina que están exentos
Santa Sede, Conferencia Episcopal, las diócesis,
parroquias, órdenes, congregaciones, locales de curia, seminarios,
casas de conventos, casas, conventos, órdenes religiosas,
residencias.
Bien, hay una exención absoluta
a todo lo que sea hecho troncal religioso,
tampoco se devengará el IBI en dichos inmuebles,
ni el incremento de valor de los terrenos, perdón,
ni tampoco el impuesto de vehículos de tracción mecánica
que sean destinados al servicio de la Iglesia,
la exención del ICIO, el impuesto de construcciones,
instalaciones y obras, siempre que esté destinado al culto,
pero no cuando exista explotación comercial.
Es decir, si yo hago una rectoría,
esa rectoría es para los monjes de donde sea, si hago una rectoría,
Hospedería, ahí sí hay una actividad comercial que no está asignada,
dedicada al culto.
En principio esto sí tiene que tributar.
Extensión total del impuesto de sucesiones
y de donaciones y del acto jurídico documentado.
Siempre que los bienes o derechos
se destinen al culto, a la sustentación del clero,
apostolado o ejercicio de la claridad.
Fíjense que son términos muy amplios y en esos términos amplios
se meten esas conductas que estarían exentas del impuesto.
Porque el tipo es suficientemente amplio
para que permita la inclusión
de otros elementos que no sean los estructuralmente religiosos.
También deducciones y desgrabaciones fiscales.
Las cantidades donadas a los entes eclesiásticos
darán derecho a las mismas deducciones
que si fueran entidades benéficas o de utilidad pública.
Los beneficios fiscales similares a entidades sin ánimos de lucro.
Bueno, esto es para la Iglesia Católica.
¿Y qué pasa con las demás religiones?
Pues los acuerdos.
Establecen la posibilidad de que esas comunidades
reciban libremente prestaciones a sus fieles,
como la Iglesia Católica,
importes de colectas, públicas, ofrendas, etc.,
que no estarán sujetas a tributo alguno.
Y también se usa el sistema establecido para la Iglesia Católica
en relación con el criterio de exención.
Así.
Sobre el impuesto de bienes inmuebles
y las contribuciones especiales para los lugares de culto,
dependencias o edificios locales anejos,
los locales destinados a oficinas de las iglesias pertenecientes
a las federaciones, los seminarios dedicados a la formación de culto
cuando impartan únicamente enseñanzas propias
de las disciplinas eclesiásticas.
También del impuesto de sociedades, en los términos del artículo 5, 2 y 3
de la ley 6178, con sus modificaciones legislativas,
además se incluye en la exención los incrementos de patrimonio
obtenidos a título gratuito, las donaciones que recibe,
cuando los bienes se destinen al culto
y, fíjense, a la caridad.
Esto no es religioso,
pero expresamente se prevé esta posibilidad.
Y la exención del impuesto de transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados cuando los bienes o derechos
se destinen al culto y al ejercicio de la caridad.
Se extienden los beneficios fiscales de las entidades sin ánimo de lucro
a las autoridades.
Obras benéficas,
exención parcial en el impuesto de sociedades,
donativos procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario
de las entidades, derivadas de adquisiciones
o transmisiones de cualquier título de bienes o derechos
incluidas con ocasión o la disolución y liquidación de la entidad.
Es decir, se está dando un tratamiento específico de exención
de la tributación para aquello que sea religioso.
Estos acuerdos del 92 declaran exentas
las actividades propias del culto.
Fíjense, cojan por favor el manual y vean la enumeración
o el acuerdo establecido.
Y fíjense,
en el apartado 11 establece las explotaciones económicas
que tengan un carácter meramente auxiliar o complementario
de las explotaciones económicas exentas
o de las actividades encaminadas a cumplir los fines estatutarios
o el objeto de la entidad sin fin lucrativo.
¿Qué es esto?
Pues es un cajón desastre que permite mucho margen de juego
porque esa exención va a ser para aquellas explotaciones económicas
que sean auxiliares pero que tengan esa finalidad religiosa
el estado crea la fundación pluralismo y convivencia que es
un mecanismo de colaboración económica.
Acorde con lo que entienden que es el modelo constitucional.
Y tras un largo devenir legislativo, por medio de un Real Decreto Ley
del 45 de 2021, de 26 de enero,
se aprueban los estatutos de la Fundación Pluralismo
y Convivencia.
Bien, esto es una institución nueva, una fundación,
en la que está excluida la Iglesia Católica
y el.
Se constituye en beneficio de las confesiones religiosas
no católicas que tengan acuerdo de cooperación
con el Estado español.
En su artículo séptimo, la Fundación tiene, se establece
como fines, el carácter cultural, educativo, social,
de promoción de las condiciones necesarias
para el ejercicio efectivo del derecho de libertad religiosa
en los términos previstos en el artículo 1 de esos estatutos.
Siempre y cuando que sea no católica.
Veíamos que se dudaba de la imparcialidad del Estado
respecto de la financiación de la Iglesia Católica
y que lo justificábamos porque era un medio transitorio
en tanto se organizaba esa cuarta fase de independencia
o de autonomía fiscal
y se crea este decreto que sí ayuda a unas concretas confesiones
exceptuada la Iglesia Católica.
Respecto a las minorías religiosas,
en el marco de la colaboración económica,
la Fundación se compromete a apoyar actividades
y proyectos de carácter cultural, educativo, integración.
Esto ya no es religioso, tiene un marcado cariz más social.
Dar asistencia técnica en la planificación
y la ejecución de proyectos
realizados por las confesiones religiosas.
Impulsar el papel de interlocución de las confesiones religiosas
minoritarias con la sociedad española,
favorecer el reconocimiento social de las comunidades religiosas
y que las personas pertenecientes a ellas puedan ejercer plenamente
su libertad religiosa e integrarse social,
culturalmente en la sociedad.
Esa fundación presta apoyo a las federaciones,
para el fortalecimiento institucional de coordinación
con sus comunidades religiosas
y para mejorar el mantenimiento de las infraestructuras
y equipamiento.
También tiene unos proyectos finalistas del ámbito local
de carácter cultural, educativo, integración social,
para mejora y mantenimiento de infraestructuras y equipamiento
por parte de las entidades, comunidades religiosas.
La promoción de estudios e investigaciones
sobre realidad religiosa, su implantación e integración social
y cultural de algunas comunidades autónomas del Estado español,
así como algunas cuestiones clave para entender el pluralismo
religioso, jornadas y seminarios y programas de comunicación
dirigidos a la promoción de la libertad religiosa
y de convicción y a la mejora del conocimiento de la realidad
de las confesiones minoritarias.
Se abren las convocatorias de subvención semestrales
para el apoyo de las actividades
y el conocimiento de la difusión del pluralismo religioso
y de la convivencia.
Esta es una fundación que tiende a estas finalidades.
Bien, según el artículo 44 de la ley 50 del 2002,
la aportación mayoritaria de dinero para su contribución
proviene de la Administración General del Estado,
que un 50% será insuflado por ello, bienes o derechos aportados
por las referidas entidades.
La Fundación tiene tres objetivos,
apoyar las actividades de las confesiones religiosas,
que tengan acuerdo de colaboración, el configurarse como espacio
de cohesión y convivencia para la sociedad
y elaborar políticas de gestión de la diversidad
y la pluralidad y garantes de los derechos fundamentales
con las administraciones públicas.
En el Real Decreto 696 de 2023, de 25 de julio,
la Fundación Pluralismo y Convivencia establece una dotación financiera.
De 1.170.623 euros que forma parte de su capital fundacional
y que anualmente se entregan subvenciones y así para el año 2023
el importe máximo de las subvenciones a las entidades beneficiarias
será la Ferede 526.000 las comunidades musulmanas
y las comunidades judías 210.433.
Y yo anoto abajo para la Iglesia Católica,
esto dando de su propia página web,
determina un importe asignado en la campaña de renta.
No estamos en un sistema como este de dotación,
sino en el otro que habíamos manifestado,
un importe de 358.994 euros.
La ley de mecenazgo,
finalmente, ley 49.2002, ha venido a alterar el esquema,
por lo que en la disposición adicional
novena de dicha ley se van a aplicar los mismos beneficios fiscales,
es decir, de exención adicional,
a las entidades religiosas, igual que a las sin fines de lucro,
que son las fundaciones, asociaciones de utilidad pública,
ONGs de cooperación al desarrollo, la federación deportiva
y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos.
Así estarán exentas del impuesto de sociedades donaciones,
donativos, algunas subvenciones,
las procedentes del patrimonio inmobiliario,
dividendos, cánones, alquileres, Se establece exención de rentas
obtenidas en explotaciones de prestación de servicios,
la promoción y gestión.
Es decir, todas estas.
Normas, lo que establecen es garantizar un espacio económico
en el que permita el desarrollo de esas finalidades
y la fórmula que ahora se ve que está usando es asimilar
conforme a la ley de mecenazgo a todas las entidades religiosas
salvo las que tengan pactos específicos.
En todas las bonificaciones o todas las exenciones tributarias
como si fuera entidades sin fines de lucro.
Finalizamos aquí la sesión e insisto, sobre todo,
precisamente porque estamos hablando de una materia muy casuística,
el uso del manual.
Muchas gracias.