Bienvenidos todos al curso de Derecho Eclesiástico del Estado.
Me llamo Carlos Vaquero Ruy Pérez, profesor de esta asignatura,
y vamos a ver hoy el tema 12,
reconocimiento jurídico de las comunidades ideológicas
y religiosas de España y el registro de entidades religiosas.
Mi recomendación es que sigan el manual realizado
por los profesores de la asignatura toda vez que las preguntas
van a seguir el índice establecido para tal finalidad.
Por lo tanto, será más productivo el que tengan esta referencia.
Vamos a empezar sin más dilación a estudiar las bases jurídicas
del tratamiento de las comunidades ideológicas y religiosas de España.
Y así podemos definir estatuto jurídico
como aquel conjunto de disposiciones jurídicas de derecho público
que regulan el procedimiento y los requisitos necesarios
para la correcta.
Creación, existencia y actuación
en el tráfico jurídico de aquellas instituciones
que aglutinan a un número indeterminado de personas
y que comparten todas ellas las mismas ideas o creencias,
convicciones.
La libertad religiosa es configurada como un derecho fundamental
en el artículo 16 de la Constitución Española.
Esta materia la hemos estudiado en profundidad
en el tema quinto al que nos remitimos,
si bien solamente vamos a hacer un par de referencias.
Así, por ejemplo,
el artículo 16 primero de la Constitución Española
garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto tanto
de los individuos como de las comunidades,
sin más limitación en sus manifestaciones
que la necesaria para el mantenimiento
del orden público protegido por la ley.
Como vemos en ese capítulo,
el derecho de libertad religiosa se entronca dentro del artículo 18
de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
a la que nosotros en España
estamos vinculados constitucionalmente.
Existen también límites tasados en el ejercicio de ese derecho.
Existe un contenido positivo
y otro negativo por parte de la autoridad,
es decir, el positivo de promover,
de procurar, de.
En definitiva, permitir ese ejercicio de libertad religiosa,
y uno negativo, que es de abstención del poder público
en todo aquello que limite indebidamente
ese ejercicio.
También tenemos como una nota principal
el principio de igualdad y el principio
de no discriminación entre miembros o comunidades
o entidades religiosas.
Fundamental también es para nosotros el principio de laicidad
o de no confesionalidad del Estado,
y como garantía o cumplimiento de ese principio,
el de neutralidad y separación entre la Iglesia
y el Estado.
No podrá confundirse en ningún caso una actuación
de una comunidad religiosa con la actuación de un Estado.
Y finalmente, la nota característica de nuestro sistema de laicidad
es que la adjetivamos positiva.
Esto es, la laicidad positiva,
a diferencia de otros ordenamientos como el francés,
exige en España una cooperación inmediata,
directa del Estado.
Bien, la actividad privada que crea o establece la comunidad
es de derecho asociativo
y hemos dicho antes que.
Que era de derecho público.
Bueno, puesto que se trata de un derecho fundamental
y por consiguiente protegido por el Estado,
las normas que deben regir estas asociaciones
son de derecho público.
Será de aplicación, por tanto, la siguiente normativa,
la Constitución Española,
la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980,
el Real Decreto 594 del 2015 sobre creación
del registro de entidades religiosas,
así como los acuerdos con las comunidades religiosas,
nos referimos en concreto a los acuerdos Leyes 24, 25 y 26
para las comunidades musulmana, judía y evangélica,
así como aquellas otras con las que se puedan desarrollar
ulteriores acuerdos.
Por finalidad, al ser un derecho de asociación
de las personas que se agrupan en asociaciones,
también tendremos que tener en cuenta su propio derecho interno.
Es decir, es un derecho estatutario
o derecho propio de las comunidades religiosas
que afecta internamente al desarrollo de su vida diaria.
Pero que esto puede tener una incidencia en el ámbito civil.
Por ejemplo, todas aquellas fundaciones,
todas aquellas asociaciones
que el Estado reconozca una capacidad jurídica,
una capacidad de obrar en el ámbito civil.
Por lo tanto, esos efectos civiles en el ordenamiento civil español
tendrán que ser regulados del modo que establece el Estado
para con relación a otras entidades.
Finalmente, la personalidad jurídica
de las comunidades se regula por el artículo 35 del Código Civil,
pero insistimos, además, al tratarse de un derecho fundamental,
se precisa cumplir las normas específicas,
como derecho especial,
establecidas en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa
de 1980.
Bueno, vamos a pasar entonces al apartado primero, 1.1,
con el título de las comunidades ideológicas y religiosas
en el marco constitucional.
El artículo 16 de la Constitución
reconocía la libertad ideológica, religiosa y de culto
de las comunidades.
Sin embargo, no aporta una definición
de qué debe entenderse por comunidad religiosa.
Cada comunidad podrá organizarse por consiguiente libremente
como mejor considere.
Todas las comunidades religiosas serán reconocidas por igual,
por aconfesionalidad, por principio de pluriconfesionalidad,
por principio de neutralidad del Estado,
solo que tendrán que cumplir, como veremos, unos requisitos.
¿Quién es el sujeto protegido por la Constitución?
En el artículo 16 se nos dice que es el individuo y las comunidades,
independientemente de que se trate de convicciones religiosas
o ideológicas, puesto que el derecho en sí es único.
Por su parte, el ejercicio del derecho de libertad ideológica
o religiosa puede hacerse de forma individual,
pero si se acude a las formas asociativas
que vemos que están previstas y permitidas,
eso al exceder de un ámbito interno se hace público
y deberá entonces aplicarse esta normativa que estamos diciendo
porque va a tener una trascendencia pública o social.
Y entonces el cumplimiento de la normativa debe ser exigido.
Normativa civil.
Así lo establece, por ejemplo, la sentencia del Constitucional número
46 de 2001 en su fundamento jurídico 5.
Esta sentencia merece la pena ser leída
y estudiada porque fija todo este criterio
que estamos hablando en el tema.
Por su parte, el artículo 16.3 de la Constitución dice,
ninguna confesión tendrá carácter estatal.
Lógico.
Los poderes públicos
tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española.
Fíjense, nos está marcando un principio.
Tendrán en cuenta la creencia, que puede ser modificada,
no es estático, sino dinámico.
Y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación
con la Iglesia Católica y con las demás confesiones,
cuales las que están en el momento registradas por el Estado
y las que se puedan llegar a configurar.
Por lo tanto, estas notas nos indican una autonomía e independencia plena
de las comunidades religiosas,
La laicidad, no puede existir confusión entre Estado
y las confesiones, ni en los fines ni en la estructura.
Pensemos en los numerosos casos que se han dado lugar
y que tienden a confundir,
pues no, debe producirse una separación absoluta
entre ambos fines o estructuras.
Por su parte, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa
nos establece que las iglesias, confesiones,
comunidades religiosas inscritas, y esta es la nota peculiar,
tendrán plena autonomía y podrán establecer
sus propias normas de organización, régimen interno y régimen
de su personal.
Y en el apartado segundo nos dice, las iglesias,
confesiones y comunidades podrán crear
y fomentar para la realización de sus fines asociaciones,
fundaciones e instituciones
con arreglo a las disposiciones del ordenamiento jurídico.
Es decir, tanto en un sentido individual
como colectivo, El artículo 6 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa
prevé que se puedan desarrollar,
que pueda abundar este tipo de asociativo.
Y ello,
esta autonomía plena, exige del Estado abstención y neutralidad
en las decisiones tanto de creación de comunidades o asociaciones,
pero siempre y cuando que se cumpla necesariamente.
El orden público, que es la línea divisoria entre lo que está permitido
y lo que no.
La laicidad del Estado, por lo tanto,
vemos que es positiva, de cooperación.
No es algo que surge aparente independiente del Estado.
Es que el Estado integra, porque considera y protege,
en el artículo 16.1, el sentimiento religioso,
simplemente que está ordenado en la forma legal.
Ello que obliga al Estado a crear las condiciones,
remover los obstáculos, artículo 9.2 de la Constitución.
Pero solo se producirá en aquellas confesiones
en las que el Estado reconoce personalidad jurídica.
¿Y eso cuándo se produce?
Pues veremos el proceso de inscripción de las entidades.
Si no, estarían de una forma anómala dentro del Estado español.
No les interesa a las entidades, como veremos, esa situación,
sino que todas quieren la anotación o la inscripción
para seguir este proceso de integración.
Bien, el apartado 1.2 nos establece las comunidades religiosas
en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
Y entonces se desarrolla aquí el artículo 16,
en el que podemos señalar que tanto la creación de comunidades religiosas
es un derecho fundamental, artículo 2,
y asociarse para desarrollar
comunidades, sus actividades religiosas,
de conformidad con el ordenamiento jurídico y lo establecido
en la presente Ley Orgánica, marca los límites de actuación,
Se protege también como derecho fundamental
exclusivamente la libertad religiosa,
quedando fuera de protección en la ley orgánica
de libertad religiosa
aquellas actividades que no tengan que ver con la entidad religiosa,
como por ejemplo los fenómenos psíquicos, parasíquicos,
difusión de valores humanísticos, espiritualistas
u otros fines análogos ajenos a los religiosos.
Gran parte, por consiguiente, del contenido de libertad religiosa
se expresa colectivamente.
Fíjense en los funerales, matrimonios, en la enseñanza.
En las celebraciones litúrgicas.
Por todo ello, el esfuerzo de su capacidad jurídica,
dice el artículo 2,
asimismo comprende el derecho de las iglesias,
confesiones y comunidades religiosas a establecer lugares de culto
o de reunión con fines religiosos, a destinar y formar a sus ministros,
a divulgar y propagar su propio credo,
a mantener relaciones.
Es decir,
a establecer todo lo que es propio de esa comunidad religiosa,
que tenga que ver con temas religiosos.
El Estado, por lo tanto, tendrá que reconocer civilmente
a esas comunidades.
Así, en su artículo 5, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa
establece que gozarán de personalidad jurídica una vez,
solo una vez que esté inscrita en el registro público.
Ese será el RER.
Registro de entidades religiosas.
El interesado deberá presentar, para ello,
una solicitud de inscripción con una documentación acreditativa
de cumplimiento de requisitos.
Un documento fehaciente, notarial, vamos a decir claramente,
en el que conste su fundación y establecimiento en España,
expresión de sus fines religiosos, denominación, demás datos.
Que le puedan identificar el régimen de funcionamiento
y sus órganos representativos.
Es importante haya una relación nominal de sus directivos,
vamos a decir así, o de sus autoridades religiosas,
con expresión de las facultades y los requisitos
para su válida designación.
También la cancelación de los asientos relativos
a una determinada entidad religiosa sólo podrá llevarse a cabo
a petición de sus órganos representativos
o en cumplimiento de sentencia judicial firme.
Este artículo 5 nos está marcando todo el ámbito legal
para conseguir esta inscripción.
Por ello, la creación del RER y el proceso
para otorgar personalidad jurídica a las comunidades
cumple la obligación de remover obstáculos que obliga
la Constitución a la autoridad pública.
Y ello precisamente para garantizar el ejercicio del derecho.
Es decir, el Estado no puede quedarse inmóvil,
tiene que controlar el acceso, por una cuestión de seguridad,
de las entidades religiosas y al mismo tiempo
verificar que las comunidades cumplen esos mínimos.
Bueno, pues eso es entendido por la sentencia
referida del Constitucional como suficiente
para garantizar el mandato del artículo 16.
El Estado, no nos olvidemos, tiene que ser neutral
y las comunidades tienen autonomía plena, fíjense,
para auto-organizarse, auto-gobernarse y auto-regularse.
Es decir, ellos van a crear otras entidades, pueden,
pueden crear sus propios órganos de administración,
sustituirlos.
Y pueden también dotarse de sus propios estatutos.
Será el derecho estatutario al que nos referíamos antes
y que es importante al objeto de verificar
si esos estatutos son acordes con la mentalidad
y con la garantía de los derechos constitucionales y europeos.
Las comunidades podrán, por tanto, para la realización de sus fines,
crear y fomentar asociaciones, fundaciones e instituciones
con arreglo a las disposiciones del ordenamiento general.
Esta es una cláusula de salvaguarda de su entidad propia.
Ese podrán es, se puede hacer y te lo vamos a reconocer.
Existirán comunidades originarias y entidades mayores y entidades
que se integran en la estructura ya creada, que son las menores,
que dependen de ella por vía estatutaria.
Así el obispo tiene una categoría, la iglesia católica
tiene otra, el seminario tiene otra, la parroquia tiene otra.
La neutralidad e igualdad en el tratamiento de las entidades
es la actuación del Estado.
El artículo 1 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa
dice que las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad
o discriminación ante la ley.
La cooperación, por tanto, del Estado.
Es, se materializa, en que adoptarán las medidas necesarias
para facilitar esa asistencia religiosa.
¿Dónde?
Pues en los establecimientos públicos, militares, hospitalarios,
asistenciales, penitenciarios y otros bajo su dependencia.
Así como la formación religiosa en los centros docentes, públicos,
tan importante como todas estas actuaciones
que las vemos diariamente.
Debiendo, fíjense, incluir en la cooperación
los beneficios fiscales, que veremos en otro tema.
Por lo tanto, la cooperación del Estado va a desarrollarse
de varias maneras.
Acuerdos o convenios,
siempre que la comunidad tenga inscripción en el registro
y haya alcanzado notorio arraigo por su ámbito espacial
y número de creyentes, según el artículo 7
de la ley.
Ley orgánica de libertad religiosa
o bien por la creación de una comisión asesora
de libertad religiosa una entidad compuesta de forma paritaria
entre todas las as religiones todas las confesiones
o asociaciones de carácter estable por ciento que han sido por ciento
reconocidas previamente por el estado y que tienen notorio arraigo
es importante estar estén en el seno de esta comisión.
Tiene una facultad que es el informe de las solicitudes de incorporación
de nuevas concesiones, por ejemplo.