En los estatutos de autonomía podemos encontrar
declaraciones de derechos que reiteran algunas
de las expresiones de la Constitución española,
pero también otra serie de derechos que vienen
a concretar aún más su definición e incluso
incorporando derechos nuevos, como por ejemplo
el derecho a la buena administración.
Estos nuevos derechos, cuando no están recogidos
expresamente en la Constitución española,
se incluyen en la mayoría de los casos como
una traslación a los estatutos de autonomía
de derechos fundamentales que o bien son de
creación jurisprudencial o bien están contenidos
en declaraciones internacionales de derechos.
No obstante, también se puede observar en
los estatutos de autonomía que hay derechos.
que lo que vienen es a responder a los principios
rectores de la política social y económica.
En un intento de clasificación de estos derechos,
a grandes rasgos podemos mencionar que nos
encontramos entonces con cuatro tipos de
contenidos sobre derechos en los estatutos de autonomía.
Por un lado, derechos de carácter
social y económico, que son los que más
abundan y en los que se concretan aspectos de
los principios de política social y económica
del capítulo 3 del título 1 de la Constitución española.
Por otro lado, también encontraríamos
derechos relacionados con, estrictamente, los
derechos fundamentales y libertades públicas
reconocidos en la Constitución o en textos
internacionales suscritos por España.
Por otro lado, nos encontramos también principios
rectores formulados de esta manera, pues como
podemos encontrar, por ejemplo, la lucha contra
el sexismo, la lucha contra la marginación
y pobreza, entre otros. Y finalmente, pues
encontraríamos otra serie de contenidos en
los estatutos de autonomía que tienden a
responder a las garantías de los derechos.
Por ejemplo, la vinculación a los poderes
públicos, la salvaguarda a través de instituciones
propias de carácter autonómico o, por ejemplo,
la defensa de los derechos a través de
las defensorías del pueblo autonómicas.
De esta manera, podemos decir que los estatutos
de autonomía han seguido un proceso evolutivo
en el que distinguimos tres etapas.
En una primera etapa, sería la correspondiente a
la aprobación inicial de los diversos estatutos
de autonomía, algo consustancial al proceso autonómico.
Y en estos estatutos, pues, básicamente
se centraban sus contenidos en el desarrollo
del Marco institucional básico y de las instituciones
de autogobierno, de acuerdo con lo establecido
en la Constitución española al respecto.
Sin embargo, ya es en una segunda etapa, en
la que se ha dado lugar tras reformas puntuales,
en las que se ha venido principalmente a asumir
nuevas competencias. Y una tercera etapa,
que ya nos sitúa en el Marco de los derechos
estatutarios, una tercera etapa que ha acontecido
a partir del nuevo milenio, en la que se ha
producido una serie de reformas integrales
de algunos estatutos de autonomía, de manera
que además incorporan derechos estatutarios.
Siguiendo a la profesora Cristina Elias Méndez,
Ella caracteriza estos nuevos estatutos por
los siguientes rasgos. Porque intensifican,
por un lado, los rasgos identitarios, porque
perfeccionan la arquitectura institucional
de la comunidad autónoma, porque clarifican el
reparto competencial y asumen nuevas materias,
también porque desarrollan la autonomía
financiera y, por último, y es el motivo
por el cual hacemos esta evolución, este
recorrido, porque contienen declaraciones de derechos.
Sin embargo, la incorporación de derechos
en los estatutos de autonomía, sobre todo
cuando no tienen un respaldo en la Constitución
Española, nos lleva a una serie de preguntas
que nos suscitan, una serie de incógnitas,
y entre ellas podemos citar si es posible
que una Norma como los estatutos de autonomía
recojan derechos o, en otras palabras, si
se pueden incluir declaraciones de derechos
en este tipo de normas o excede del margen para el que están pensados.
Luego, por otro lado, si debe admitirse que
debe existir un federalismo de derechos en
la línea o en el sentido de que haya diferentes
derechos reconocidos según el territorio
de la comunidad autónoma. Y, por último, una tercera inquietud nos
lleva a interrogarnos por cuál es la naturaleza
jurídica de estos derechos y cuál es su
posición funcional dentro del ordenamiento jurídico.
A continuación vamos a tratar de responder a estas preguntas.
En relación a la pregunta de si es el estatuto
de autonomía una Norma en la cual se puedan
incorporar declaraciones de derechos, el Tribunal
Constitucional ha tenido la ocasión de manifestarse
indicando que los contenidos de los estatutos
de autonomía no tienen por qué ceñirse
a lo establecido en la Constitución Española
como contenidos mínimos y que pueden incluir
contenidos distintos. En este caso hablaríamos del artículo 147
de la Constitución, que es el que define los
estatutos de autonomía como Norma institucional
básica de cada comunidad autónoma y que
indica lo que tienen que contener, pues una
denominación, la delimitación de su territorio,
la caracterización de sus instituciones autónomas y competencias.
Es decir, en otras palabras, que estos contenidos
son mínimos y, según la interpretación del
Tribunal Constitucional, se pueden añadir
otros que tengan relación con los expresados
en este artículo 147 de la Constitución
Española o con el resto de remisiones que la
Constitución hace a los estatutos de autonomía
en otros preceptos. Por tanto, viene a decir el Tribunal Constitucional
que el contenido constitucionalmente lícito
de los estatutos de autonomía incluye tanto
el que la Constitución prevé de forma expresa
como el contenido que, aún no estando recogida
excesamente por la Constitución, es complemento
adecuado por su conexión con las aludidas previsiones constitucionales.
Con relación a la pregunta que nos hacíamos
de cómo concebir la posible existencia en
un federalismo de derechos por el cual haya
diferentes derechos reconocidos según el
territorio en función del contenido de los
estatutos de autonomía, podemos examinar.
alguna sentencia y alguna doctrina constitucional.
En este caso, la sentencia 247/2007 indicaba
que la igualdad de derechos y obligaciones
de todos los españoles en cualquier punto
del territorio nacional no puede ser necesariamente
entendida como una rigurosa uniformidad del ordenamiento.
Por tanto, venía a expresar que
esta igualdad en el ejercicio de los derechos.
se ve satisfecha con la fijación de unas
comunes condiciones básicas, lo que constituye
un límite a la diversidad de las posiciones
jurídicas de las comunidades autónomas.
Pero no por ello se elimina la posibilidad
de hacer un reconocimiento de declaración
de derechos en los estatutos de autonomía.
Con relación a la naturaleza de estas declaraciones
de derechos, en todo caso la doctrina constitucional
nos va a llevar a afirmar que los estatutos
de autonomía como tal no pueden establecer
por sí mismos derechos subjetivos en sentido
estricto, sino lo que serían más bien directrices,
objetivos o mandatos a los poderes públicos.
Es decir, este sería el valor que se debe
otorgar a estas declaraciones de derechos,
cualquiera que sea la literalidad que se utilice
o como se denominen o como se expresen en
el Marco de los estatutos de autonomía.
A ello se añade además que estos mandatos deben
de estar vinculados al ámbito competencial
asumido por la comunidad autónoma.
Y finalmente, en lo que respecta a la posición de
estas declaraciones de derechos en el ordenamiento
jurídico, hay que indicar alguna reflexión
adicional, porque estas declaraciones, en
la medida en que están incluidas en los estatutos
de autonomía, nos llevarían a plantearnos
si forman parte del bloque de constitucionalidad.
Como es sabido, el Tribunal Constitucional,
a la hora de diminuir controversias, atiende
a los parámetros de constitucionalidad que
no solamente se derivan de la Constitución
Española, sino del contenido de los estatutos
de autonomía y de las leyes que afectan a competencias.
En este caso, las declaraciones
de derechos se podrían considerar que no
forman parte del bloque de constitucionalidad.
¿Por qué motivo? Porque podríamos decir
que los estatutos de autonomía no tendrían
esa calificación dentro del bloque de constitucionalidad
de todo su contenido íntegro, sino que en.