El derecho a huelga está recogido en el artículo 28.
2 de la Constitución española.
Dice la Constitución que se reconoce el derecho a la huelga
de los trabajadores para la defensa de sus intereses.
y que la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías
precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Se trata del reconocimiento del derecho a hacer huelga
para la defensa de los intereses de los trabajadores.
La Constitución española no define qué debe entenderse por
huelga, aunque supone una cesación colectiva del trabajo.
Es un derecho que es acorde a la idea de Estado social y democrático de derecho, de
manera que se legitiman los medios de defensa de colectivos socialmente dependientes.
También es un derecho vinculado con
otros, como el derecho de sindicación.
También está relacionado con otros muchos derechos que son necesarios para
visibilizar las demandas y que van más allá de la mera cesación del trabajo,
el derecho de Reunión, la libertad de expresión, entre otros.
En cuanto a la regulación del derecho de huelga, más allá de su reconocimiento
en diferentes textos normativos, como el Estatuto de los Trabajadores,
hay que decir que, como tal, no ha sido objeto de
una regulación con posterioridad a la Constitución.
De hecho, la regulación principal se contiene en el Preconstitucional
Real Decreto Ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo.
Pero solamente va a estar vigente en aquellos extremos que no son contrarios a
la Constitución española y que así lo ha destacado el Tribunal Constitucional.
Y siempre bajo la interpretación que ha hecho en
sus diversas sentencias sobre este particular.
Se podría plantear que el Real Decreto Ley sobre el derecho a huelga tiene el inconveniente de que
no cumple con la Reserva de Ley Orgánica para la legislación que desarrolla derechos fundamentales.
No obstante, en una temprana sentencia del año 1981 ya vino a decir el Tribunal
Constitucional que no aplicaba la retroactividad en la Reserva de Ley Orgánica.
El núcleo esencial de este derecho consiste en la cesación del trabajo
en cualquiera de las manifestaciones o modalidades que puedes revestir.
Se trata de una libertad del trabajador tanto de declararse en
huelga como no hacerlo, como de elegir la modalidad de huelga.
Ello conlleva la suspensión de la relación
jurídica del trabajo y del salario.
En todo caso, es compatible con el respeto al contenido esencial de este derecho que se regulen
una serie de modalidades de huelga en las que pueda considerarse que se está incurriendo en abuso.
También es compatible, con el respeto al contenido esencial de este
derecho, someter el ejercicio del derecho a huelga a diversas formalidades.
Formalidades que no pueden ser arbitrarias y que deben de estar
justificadas a la protección de otros bienes y derechos constitucionales.
Y siempre y cuando no Sean tan rígidas que
terminen vaciando de contenido el derecho.
En relación a los límites, hay que hacer alusión
necesariamente a la garantía de los servicios mínimos.
Que en este caso la Constitución española realiza una remisión a
la ley para el establecimiento de las garantías que deben regir.
Así se va a constituir en el principal
límite del ejercicio del derecho de huelga.
Sin embargo, el problema que tiene el concepto de servicios
mínimos es que se trata de un concepto jurídico indeterminado.
Al cual el Tribunal Constitucional se refiere como aquellas actividades de
las que derivan prestaciones vitales necesarias para la vida en comunidad.
Por ello, por este motivo, su prestación va a
tener prioridad respecto al derecho de huelga.
Y como dice literalmente el Tribunal Constitucional en su sentencia 11.981, el derecho
de huelga cede cuando con ello se ocasiona o se puede ocasionar un mal más grave...
...que el que los huelguistas experimentarían si
su reivindicación o pretensión no tuviera éxito.
En todo caso, el derecho a huelga, como el resto de derechos
fundamentales y libertades públicas, no es absoluto.
Y puede venir limitado con base en la protección de otros derechos
fundamentales, libertades públicas o bienes protegidos constitucionalmente.
Este derecho de los trabajadores tiene como contrapartida una limitación del derecho del empresario,
que en este caso no puede adoptar medidas para dejar sin efecto una huelga o adoptar represalias.
Así no puede haber una reacción del empresario que conlleve cierre patronal
o que conlleve contratar a personas para sustituir a los huelguistas.
En lo que respecta a la titularidad del derecho, hay que decir que
es de carácter individual, pero de ejercicio colectivo y concertado.
No obstante, se puede defender, como de hecho hacen otros autores, que
se trata de un derecho de titularidad múltiple por su naturaleza grupal.
En todo caso, va a corresponder a los
trabajadores y no a otro tipo de personas.
Estos trabajadores vienen definidos también porque implica la existencia
de otra parte, una empresa, una administración de la que dependen.
Y hay que mencionar también que, pese a que es un derecho de titularidad de todas las
personas que cumplan con esta condición, no obstante hay colectivos que tienen restricciones,
como por ejemplo los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado o los miembros de las Fuerzas Armadas.
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