Un saludo.
Mi nombre es, Lluís, su Vielha y soy investigador predoctoral
y colaborador docente en el departamento
de Derecho Político de la Facultad de Derecho de la UNED.
En esta vídeo clase
vamos a estudiar el derecho de las comunidades autónomas,
atendiendo en particular a su sistema de fuentes
y a las relaciones entre el derecho de las comunidades autónomas
y el derecho del Estado.
En primer lugar,
debemos señalar que el derecho es una técnica de ordenación social
que se compone de una multitud de normas jurídicas.
La, el poder de crear normas jurídicas
reside principalmente en los Estados,
pero los Estados son estructuras políticas complejas
que se componen de distintos órganos que tienen a su vez
la capacidad de crear normas jurídicas.
Dependiendo del órgano que cree estas normas jurídicas,
y dependiendo también de otras características que tienden
a cada norma, podemos identificar distintos tipos de normas jurídicas
a cada uno de estos tipos de normas jurídicas
les llamamos fuentes del derecho.
Como el derecho está organizado de acuerdo a unos principios
y como las normas nos resultan eficaces de una manera aislada
sino que se relacionan entre ellas, hablamos del derecho como un sistema
y, por tanto también podemos hablar de un sistema de fuentes
del derecho.
Para empezar con nuestra exposición debemos comenzar
por la Constitución española de 1978 que organiza el Estado Español
territorialmente.
En comunidades autónomas.
Estas comunidades autónomas se organizan
y funcionan de acuerdo con el derecho pero además también son capaces
ellas mismas de crear derecho.
Por tanto, el derecho de las comunidades autónomas conforma
un su ordenamiento jurídico, eso sí dentro
del ordenamiento jurídico español.
Así pues, vamos a hablar del derecho de las comunidades autónomas
y también vamos a poder hablar de fuentes del derecho autonómico.
Bien, la Constitución española
se sitúa en la cúspide del ordenamiento jurídico español
y, por tanto, también nos ocupa esa posición preeminente
en el sistema de fuentes del derecho autonómico.
La Constitución
regula la organización territorial del Estado.
En el capítulo tercero del título
octavo la Constitución establece algunos elementos básicos
del régimen jurídico y político de las comunidades autónomas,
aunque cabe señalar que la Constitución
no establece cuáles son las comunidades autónomas
que forman España,
sino que establecen la posibilidad de crear comunidades autónomas.
Lo que sí que prevé la Constitución es una norma básica
para la organización de cada comunidad autónoma.
Estamos hablando del estatuto de autonomía
en cuanto a las competencias de cada comunidades,
es decir, las facultades que cada comunidad
tiene en las distintas materias políticas la Constitución
no determina qué competencias son de las comunidades autónomas,
sino que establece un catálogo dentro del cual las comunidades autónomas,
mediante su estatuto de autonomía,
deben seleccionar qué competencias asumen a su vez.
La Constitución
establece las competencias exclusivas del Estado, por tanto,
de una manera negativa.
También está estableciendo el techo máximo competencial
de las comunidades autónomas y de cada estatuto.
Pasamos, por tanto, hablar de esa norma principal
del derecho autonómico, que es el estatuto de autonomía.
Como hemos dicho,
son las normas institucionales básicas de cada comunidad autónoma
y forman parte integrante del ordenamiento jurídico
del estado español, tal y como señala el artículo 147.
Uno de la constitución como norma jurídica,
podemos definir el estatuto de autonomía de la siguiente manera.
Es la norma que crea la comunidad autónoma,
es la norma institucional básica ante cada comunidad autónoma
y además es la norma de cabecera de ese su ordenamiento jurídico
del que hemos hablado es la norma que completa
el régimen de organización territorial del Estado,
pero es que además es canon de validez para el resto de normas
del derecho autonómico que sean inferiores al estatuto.
En cuanto a su contenido, podemos distinguir un contenido
mínimo, que es el que establece el artículo 147.
Dos de la Constitución.
Este contenido básico es la denominación de la comunidad
que mejor se corresponda con su identidad histórica,
la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede
de las instituciones de autogobierno,
las competencias asumidas dentro del marco
establecido por la Constitución y las bases para el trasvase;
el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas,
siempre de acuerdo con los artículos 148 149 de la Constitución
y además para aquellas comunidades autónomas
que accedieron a la autonomía por el artículo 151
de la construcción la llamada vía rápida que son
euskadi cataluña andalucía y galicia sus estatutos también deben recoger
una organización política de naturaleza parlamentaria.
Además, podemos hablar también de un contenido adicional.
Este contenido lo conforman,
por ejemplo, el los los artículos que dentro del estatuto
regulan el procedimiento de reforma del propio estatuto.
También el artículo 145.
Dos de la Constitución dispone que los estatutos pueden regular
los convenios de colaboración entre las distintas comunidades
y también formaría parte de este contenido adicional,
lo que el artículo 152
dice al hablar de que los estatutos de las comunidades debía rápida,
pueden establecer circunscripciones territoriales propias.
Así pues, llegamos también al momento
de hablar de la naturaleza jurídica de los estatutos,
y es que la Constitución establece en el artículo 81
uno que son leyes orgánicas las que aprueban
los estatutos de autonomía.
Pues bien, esta expresión que se recoge en nuestra carta magna,
ha dado lugar a dos posiciones o dos opiniones en la doctrina.
La primera de ellas es la que dice
o defiende que, como se aprueban por leyes orgánicas
los estatutos de autonomía son leyes orgánicas,
pero también hay otros sectores de la doctrina que defiende
que los estatutos de autonomía son una fuente del derecho
diferenciada debido a las especialidades de su procedimiento
y a que intervienen las cortes generales,
pero también las asambleas legislativas
de las comunidades autónomas también puede intervenir
el cuerpo electoral electoral mediante referéndum.
Es decir, son leyes paccionadas.
También son singulares en su contenido, en su finalidad,
y, por todo ello, este sector defiende que,
a pesar de que se aprueban por ley orgánica,
lo cual sería simplemente una nota procedimental,
son una fuente del derecho diferencia bien.
Pasamos ahora a hablar de otras leyes del Estado,
que también delimitan el sistema de fuentes autonómico
y que delimitan en general el derecho de las comunidades autónomas.
En cuanto a las competencias, existen leyes estatales
que completan el marco de actuación de las comunidades autónomas;
por ejemplo, el artículo 150 de la Constitución
hace referencia a tres tipos de leyes estatales,
como son las leyes marco, las leyes de transferencia o delegación;
y las leyes de armonización; el artículo 157,
tres de la Constitución también nos habla de la ley orgánica
de financiación de las comunidades autónomas
y también para la aprobación de convenios.
Pues es necesario que intervengan las cortes generales.
En cuanto al control jurisdiccional del derecho autonómico,
tenemos que hablar de la ley orgánica del Tribunal Constitucional;
la ley orgánica dos barras, 1979, de tres de octubre.
Bien, en cuanto al control del que se somete el derecho autonómico,
debemos hablar del recurso y la cuestión de inconstitucionalidad,
ya que las leyes autonómicas y otras disposiciones autonómicas
con fuerza de ley pueden ser objeto de estos procedimientos de control.
Además, existe un recurso previo de inconstitucionalidad
para los proyectos de estatutos de autonomía
y para los proyectos de reforma de los mismos una vez
han sido aprobados, eso sí por las cortes generales,
y además el gobierno de españa, mediante su presidente,
puede impugnar ante el Tribunal Constitucional
las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos
de las comunidades con efectos suspensivos,
de acuerdo con el artículo 171.
2.
De la Constitución también vemos a hablar de otras normas,
como los reglamentos parlamentarios,
que delimitan el derecho y el régimen de las comunidades autónomas.
Pues bien, porque establecen distintas disposiciones en relación
con el procedimiento de tramitación de los estatutos,
en las cortes generales,
todo ello nos lleva a hablar de un concepto
como el de bloque de constitucionalidad.
Como hemos dicho, la Constitución no contiene, no contiene un listado
cerrado de las materias sobre las que las comunidades autónomas
pueden asumir las competencias, sino que son las propias
comunidades, en las que mediante sus estatutos,
seleccionan las competencias que finalmente asumen.
Además, también hemos hablado de otras leyes
que atribuyen competencias así por tanto,
la Constitución no es la única norma de atribución
de competencias del Estado y de las comunidades,
sino que los estatutos puedan también un papel a la hora
de cerrar este sistema competencial.
Pues bien, de todo ello la doctrina ha denominado
bloque de constitucionalidad al conjunto de normas
que distribuyen las competencias entre el Estado
y las comunidades autónomas la lo forman la Constitución,
los estatutos de autonomía, las leyes de transferencia,
delegación marco y de armonización del artículo 150
otras leyes de delimitación competencial.
La consecuencia práctica de todo esto
es que en los procesos ante el Tribunal Constitucional,
cuando este debe resolver conflictos en materia de competencia,
es que no solo estimara el Tribunal la constitucionalidad,
o, mejor dicho,
la inconstitucionalidad o no de una ley
o resolverá un conflicto de competencias en un sentido
o en otro, mediante la interpretación solo de la Constitución,
sino que deberá hacerlo interpretando normas que, en sentido estricto
no son la Constitución.
Bien, y llegados a este punto,
cómo se relaciona el derecho del Estado
con el derecho de las comunidades autónomas?
Pues lo hace a través de distintos principios,
porque, como vamos a ver, entre estos ordenamientos jurídicos
no funciona el principio de jerarquía.
En primer lugar, nos encontramos con el principio de competencia.
Las comunidades autónomas solo pueden actuar en aquellas materias
cuya competencia tienen atribuida esto es así porque el artículo 149,
tres establece que las competencias que no hayan
sido atribuidas expresamente a las comunidades autónomas
corresponden al Estado.
Las normas del Estado
y de las comunidades pueden tener el mismo rango;
por ejemplo, una ley del Estado y una ley autonómica
no están subordinadas, sino que están en el mismo rango.
Por tanto, como hemos dicho,
no funciona el principio de jerarquía,
entre ellas funciona el principio de competencia,
pero es que además también puede darse el caso de que exista
una norma estatal
sobre una materia sobre la que una varias o todas las comunidades
autónomas tienen atribuida la competencia.
Debemos recordar que antes de la existencia
de las comunidades autónomas el Estado
tenía la competencia sobre todas las materias.
Por tanto, puede ser.
Si ponemos el ejemplo de la competencia
de la materia de urbanismo puede ser que el Estado
tenga una norma jurídica, una ley en materia de urbanismo,
y puede ser que a la vez las comunidades autónomas
tengan la competencia en urbanismo que ocurre en este caso,
pues que la norma autonómica se aplica preferentemente.
Qué ocurre?
Por tanto, con la norma estatal
la norma estatal no desaparece simplemente
en caso de que la norma autonómica exista,
es esta la que se aplica, pero la norma estatal,
sin desaparecer, siempre subsiste.
Es lo que se conoce como principio de supletoriedad.
En caso de que en materia de urbanismo, que es el ejemplo
que estamos tratando, no existiera norma autonómica,
sería la norma del Estado en esta materia la que se aplicaría.
Esto es el principio de supletoriedad.
También existe el principio de prevalencia.
Es el último criterio.
El criterio que cierra este sistema ocurre
que no siempre las competencias entre el Estado
y las comunidades están perfectamente delimitadas
y, además, existen muchas competencias
compartidas entre el Estado y las comunidades.
Por ello, es frecuente que existan conflictos en materias
de competencias, no conflictos de competencia.
Pues bien, cuando una norma estatal y una norma autonómica
se contradicen y no es posible resolver este conflicto
mediante el principio de competencia o el de supletoriedad,
existe un último criterio que es el de prevalencia, que es que
en ese caso la norma que se aplica es la norma del Estado.
La norma autonómica no desaparece,
simplemente queda inaplicada y, además,
debemos hablar también del principio de eficacia territorial,
no entre el Estado y las comunidades autónomas,
sino entre las distintas comunidades autónomas.
Pues bien, queda claro que el derecho de una comunidad autónoma se aplica
y es eficaz en el territorio de esa comunidad autónoma,
y ahora sí vamos a hablar de las fuentes autonómicas
del derecho autonómico,
es decir, de aquellas normas de aquellas fuentes que pueden crear
las propias comunidades autónomas.
En primer lugar, nos encontramos con la ley autonómica.
La ley emanada de las asambleas legislativas
de las comunidades, tiene el mismo rango,
y la misma fuerza que la ley estatal se relacionan.
Recordemos por el principio de competencia,
y, además es la norma.
La ley autonómica
es la norma del ordenamiento autonómico superior.
Después del estatuto al que no puede contradecir,
recordemos que el estatuto escalón de validez de la ley autonómica,
el ámbito que pueden cubrir las leyes autonómicas
viene delimitado precisamente por las competencias que haya asumido
cada comunidad autónoma.
Cabe recordar que existen competencias exclusivas,
pero también competencias compartidas.
En ese último caso, la ley autonómica se encuentra vinculada a las leyes.
El desarrollo de las leyes básicas del Estado.
Las leyes de las comunidades autónomas
pueden cubrir la reserva constitucional de ley en materias
atribuidas a la competencia correspondiente a la comunidad
y, además, los estatutos de las comunidades autónomas
pueden establecer sus propias reservas de ley.
En cuanto al procedimiento legislativo,
todas las comunidades autónomas
han optado por establecer en sus estatutos
un procedimiento similar al de la Constitución,
al que la Constitución establece para las leyes del Estado,
aunque con algunas diferencias,
empezando por que los parlamentos autonómicos son unicameral,
es también hay diferencias en los presupuestos de iniciativa
legislativa popular y, por ejemplo, tampoco existe la sanción real
en cuanto al control.
La ley autonómica como la estatal solo
puede ser controlada por el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, aquí se ve una posición desigual
entre la ley autonómica y la ley estatal,
ya que el presidente del Gobierno puede invocar.
La suspensión automática de una ley autonómica al interponer
un recurso de inconstitucionalidad en cuanto a la potestad reglamentaria
en las comunidades autónomas operado en modo análogo
a la del Estado, sin embargo,
cabe señalar que el reglamento autonómico
puede desarrollar, además de la ley autonómica,
la ley.
Esto la ley estatal, siempre y cuando la comunidad autónoma
tenga la competencia en el desarrollo legislativo
y en la ejecución.
En el caso de una competencia compartida,
si solo tiene la competencia de ejecución
el desarrollo reglamentario debe hacerlo el Estado,
cada comunidad autónoma
puede determinar su procedimiento reglamentario y en cuanto al control
de los reglamentos, este se ejerce principalmente
a través de la jurisdicción contencioso
-administrativa, aunque también puede hacerse
a través de un conflicto de competencias
ante el Tribunal Constitucional.
En cuanto a otras disposiciones con rango de ley,
algunas comunidades han previsto en sus estatutos
esta posibilidad es en en cuanto a los decretos legislativos
y en cuanto a los decretos
-leyes suelen tener los mismos requisitos y límites
que los que establece la Constitución en los artículos 82 a 86
para este tipo de normas dictadas por el gobierno de España.
En cuanto a los decretos legislativos,
existen remisiones indirectas.
En la Constitución
y en la ley orgánica del tribunal construye constitucional,
y, aunque las comunidades los han regulado
de una manera muy similar al Estado,
existen algunas particularidades, por ejemplo,
como que la delegación se agota.
Si el gobierno está en funciones en Aragón,
como el control previo por el órgano de garantías autonómico en Cataluña
o el monopolio del control a posteriori por el tc,
en el caso de Andalucía.
En cuanto a los decretos -leyes,
es una novedad que se introdujo a partir de la oleada
de reformas estatutarias del año 2006 en adelante,
y el decreto -ley, como la ley,
no puede regular materias que no sean competencia de la comunidad autónoma
y asimismo, el estatuto puede establecer límites materiales,
que no pueden ser traspasados por el decreto
-ley autonómico.
Su régimen jurídico es muy similar a los decretos
-leyes de emanados del gobierno de españa;
necesitan convalidación por los parlamentos autonómicos y solo
pueden ser controlados por el Tribunal Constitucional.
El estatuto de cataluña establece que puede haber un control previo
no vinculante por su consejo de garantías estatutarias,
como en los decretos legislativos, y ya para concluir,
vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto en esta clase.
Pues bien, el régimen jurídico de las comunidades autónomas
se determinan distintas normas.
La principal de ellas es la Constitución,
pero también existen los estatutos de autonomía,
que son normas muy especiales en el ordenamiento jurídico español.
Además, hay otras normas que delimitan el régimen jurídico
de las comunidades autónomas
como las leyes de delegación de transferencia,
las leyes marco, las leyes de armonización,
la lofca, la ley orgánica del Tribunal Constitucional,
entre otras, la Constitución y los estatutos
establecen tipos de normas o fuentes
que pueden producir las propias comunidades autónomas.
Hablamos de las leyes,
de los reglamentos y de normas con fuerza de ley,
como pueden ser los decretos legislativos
y los decretos leyes.
También hemos visto que entre el derecho del Estado
y el derecho de las comunidades autónomas
la relación entre estos ordenamientos se rige por una serie de principios,
como son el principal, el de competencia,
pero también el de supletoriedad, el de prevalencia,
el de eficacia territorial
y dentro de cada ordenamiento autonómico, el de jerarquía.
Pues bien, con este breve resumen nos despedimos.
Recuerden que me tienen a su disposición
en el departamento de Derecho Político de la UNED.
Espero que esta clase les haya sido de interés y de utilidad.
Muchas gracias.
Un santo.