Hola, bienvenidos a esta vida clase sobre el sistema de fuentes español
fabricarlas, te vamos a Méndez contrato predoctoral
en el departamento de Derecho Político,
y considero que esta es una lección básica
para cualquier estudiante que queda afrontar con éxito esta asignatura.
El sistema de fuentes del derecho en España
ha experimentado una transformación significativa
desde la adhesión de España a la Unión Europea en 1986.
Para comprender esta evolución es esencial
partir de la pirámide normativa dejas
que se organiza las normas jurídicas según su jerarquia,
comenzando por la constitución como norma suprema
la primacía del derecho de la Unión Europea.
Ha cambiado la forma de entender este esquema tradicional
y redefinido la relación entre el Derecho Nacional
de supranacional,
como veremos la pirámide normativa en España,
pues está vinculada a este teórico austriaco hans
kelsen, reconocido por su teoría pura del derecho.
En esta obra introdujo la pirámide de que el ser una representación
muy gráfica que ilustra la jerarquía de las normas jurídicas
dentro del sistema legal en la cúspide de esta pirámide,
como veremos, se sitúa el rango constitucional segura
por un segundo nivel legislativo de un tercer nivel inferior
que desarrollo de desarrollo de la legislación,
que incluye reglamentos y disposiciones administrativas,
como veremos este esquema asegura que las normas de menor rango
estén subordinada las superiores,
garantizando así la coherencia y la unidad del ordenamiento jurídico.
Aquí veremos la pirámide y vemos esas tres partes fundamentales.
Una primera, la cúspide,
veremos tal Constitución y aquellos pactos internacionales,
una segunda, la tal legal que tendría esa característica
de que para estar normas tiene que participar el Parlamento
y que englobaría leyes orgánicas leyes leyes ordinarias decretos leyes
como veremos que donde tiene una importancia el gobierno
y luego tendríamos ya por fin la base donde estarían
todas aquellas que no precisan de la intervención del Parlamento
como reglamentos, ordenanzas y también las sentencias judiciales,
como veremos.
Así en esa cúspide estaría las normas de máxima jerarquia,
siendo la fundamental, como hemos visto,
la Constitución española, aprobada en 1978 por tanto,
previa a la entrada de España en la Unión Europea.
Era norma suprema, que establece el marco jurídico fundamental,
y los derechos básicos supone la integración de,
a continuación tendríamos también los tratados internacionales,
que no deben contradecir a la Constitución española
y que supone la integración de compromisos internacionales
adquiridos por España.
Tienen un rango superior a las leyes internas
y se sitúan justo por debajo de la Constitución,
por lo tanto, no deben contradecirla y veremos
que algunos de los tratados más relevantes
serían aquellos que, pues desarrollan derechos fundamentales.
Entre ellos vemos el Convenio Europeo de Derechos Humanos
, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y el pacto internacional
de derechos económicos y sociales y culturales
también estarían tratados económicos, comerciales
y de cooperación internacional,
y también, como veremos con un importancia,
pues suprema las normas de la Unión Europea
era medidas que lo explicaremos.
En la siguiente, en ese nivel intermedio
estaría la resta pirámide que hemos hablado
de que estaría en las normas.
Con fuerza de ley,
que son las leyes que tanto tanto las orgánicas que regulan
materias esenciales como derechos fundamentales,
los estatutos de autonomía que crea las distintas comunidades autónomas
las regula las principales instituciones del Estado,
como las cortes generales o el gobierno, el régimen electoral,
etcétera.
Estas, por su importancia
y por mantener una serie de consensos en la sociedad,
requiere mayoría absoluta del Congreso,
una votación fina también estaría en las leyes ordinarias
que son aprobadas por mayoría simple
y regula materias que no están reservada a ley orgánica.
También estaría en las normas con rango de ley
producidas por el Gobierno,
que incluyen decretos -leyes para situaciones de urgencia
y decretos legislativos,
delegación legislativa que requiere la intervención del Congreso
en algún momento y, por lo tanto,
mantiene esas características básicas de este segundo nivel normativo,
ese control parlamentario y las características de este nivel,
pues debería la aprobación.
Las leyes orgánicas y ordinarias deben ser aprobadas
por las cortes generales mediante procedimientos legislativos
establecidos.
Los decretos legislativos de los que se encarga el Gobierno
requieren una delegación expresa del Parlamento para que cumplan,
pues la función de control y ese control también de los decretos
-leyes que se dictan por el Gobierno
en situaciones de urgencia están sujetos
a que se ratifique posteriormente por el Parlamento
en un plazo máximo de 30 días,
el cual puede aprobarlos modificarlos o derogar;
por lo tanto, sigue interviniendo el Parlamento
en todas estas normas con rango de ley,
y ya, por último, en la base de la pirámide
estarían las normas reglamentarias
y derivadas que complementan y desarrolla las leyes,
y adoptan diversas formas, como son los reales decretos
y las órdenes ministeriales en el ámbito autonómico,
los decretos autonómicos, locales, etcétera,
desarrolla y complementa las leyes para facilitar su aplicación práctica
en el día a día.
Las sentencias judiciales también interpretar las normas
que están en vigor en especial las leyes llegan
a establecer precedentes que guiarán futuras decisiones.
Todas las disposiciones,
deben respetar la jerarquía normativa,
asegurando que no contradigan;
ley de superiores y por supuesto, la propia Constitución,
manteniendo siempre la coherencia del sistema jurídico,
como hemos dicho.
En esa segunda.
El nivel de la pirámide estaría las normas con rango de ley
y vemos que algunas eran producidas por el gobierno.
Está seria principalmente el decreto
-ley que se usan en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad
en virtud del artículo 86 de la Constitución.
Tienen efectos inmediatos
desde el momento que lo promulga el Gobierno,
aunque están sujetos, como hemos dicho,
al control parlamentario plazo máximo de 30 días.
Estarían los decretos legislativos, qué se harían,
aprobados bajo delegación específica de las cortes generales
para compilar modificado, desarrollar leyes que son complejas,
con premisas claras del Parlamento, de los límites.
Entonces,
ambos mecanismos son esenciales para la gestión legislativa,
aunque su uso está limitado para evitar abusos
y garantizar el respeto a la Constitución,
manteniendo, por tanto que intacta esa esencia
de los tres poderes esa delimitación de poderes,
pero hemos hablado de la importancia del derecho internacional
y los tratados, que se varían en una posición superior
a las a las leyes.
Así los tratados internacionales ratificados en España,
se integran en su ordenamiento jurídico,
según el artículo 96 de la Constitución,
prevaleciendo sobre las leyes nacionales ordinarias.
Este principio asegura la adopción de buena
la adaptación del derecho interno
a los compromisos que España asume internacionalmente.
También es de destacar el artículo 10, punto dos
de la Constitución española, que establece
que los derechos fundamentales se deberán interpretar,
entre otros, conforme a la Declaración Universal de Derechos
Humanos, que fue promulgada por las Naciones Unidas en 1948,
los tratados internacionales ratificados por españa.
Entregar e integrando su jurisprudencia
en el marco constitucional alguno de los tratados más destacados
en materia de derechos sería el Convenio Europeo de Derechos Humanos
, que garantiza derechos civiles y políticos esenciales
y es vinculante para España desde su ratificación en 1979,
que se integra dentro de esa institución.
El origen de esta, este convenio del Consejo de Europa,
una organización de un ámbito superior
al geográfico que abarca la Unión Europea,
en la que participan prácticamente todos los países
del continente europeo.
También estaría el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
que regulan derechos básicos como la libertad de expresión
y la participación política y los pactos internacionales
de derechos económicos, sociales y culturales,
que garantiza derechos como la educación.
El trabajo y la salud o el Convenio sobre los derechos del niño
y de la niña que proteger los derechos de los menores,
y es vinculante desde el año 1990 o otros específicos,
como la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer,
que establece las obligaciones que se tiene para combatir
la discriminación de género y con la entrada en 1986 de España,
la Unión Europea.
El derecho europeo se ha incorporado como parte esencial
del ordenamiento jurídico nacional.
Las fuentes del derecho europeo
se diferencia principalmente en dos grandes familias;
el derecho originario, que está compuesto
por los tratados fundacionales de la Unión Europea,
como el Tratado de la Unión Europea,
y el tratado de funcionamiento de la Unión Europea,
que establece la estructura institucional y el marco legal
de la Unión Europea.
De la existencia de estas instituciones,
surgiría el derecho derivado que se genera por las instituciones
de la Unión Europea y que incluye los reglamentos,
que serán de aplicación directa de obligación obligatoria
en todos los Estados miembros.
En el momento que estos reglamento se publica,
pues ejercerían su obligación
sin necesidad de hacer cambios legislativo en los países miembros;
en cambio, las directivas obligado a los Estados,
alcanzar objetivos específicos,
pero tienen los estados a su disposición,
los métodos que consideren oportunos para implementar
o, por lo tanto, requiere la intervención interna
de los Estados para regular estas medidas
que se consideren oportunas para alcanzar estos objetivos
y otra serie, las decisiones y las recomendaciones
y dictámenes que serían vinculantes o como hemos fuerza vinculante,
pero sería para destinatarios concretos.
Dentro de esto el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea asegura la afirmación y la correcta aplicación
de estas normas sobre el derecho nacional.
El proceso de integración europea, las relaciones entre el derecho
de la web y los ordenamientos internos
de los Estados miembros se basan en tres principios claves
para seguir manteniendo esa soberanía que se presupone al Estado,
pero con esa secesión compartida de algunas competencias
a la Unión Europea así la Unión Europea
por el principio de atribución,
solo puede actuar en las áreas en las que el Estado
miembro de haber llegado otorgado competencias mediante los tratados,
lo que nos haya atribuidas sigue siendo competencia nacional
y estaría el principio de subsidiariedad materias
de competencias compartidas.
La Unión Europea solo intervendría cuando los objetivos
pueden lograrse de manera más eficaz a nivel europeo que a nivel nacional
y, por último, el nivel de el principio de proporcionalidad.
Las acciones de la Unión Europea debe limitarse a lo necesario
para alcanzar los objetivos establecidos en los tratados
sin exceder,
lo indispensable estos principios aseguran un equilibrio entre el poder
la Unión Europea y las soberanías trata,
por lo tanto el ordenamiento jurídico español.
El derecho de la Unión Europea
se integra de manera directa y prevalente.
Los reglamentos europeos tienen aplicación inmediata,
como hemos dicho, sin necesidad de trasposición.
Mientras que las directivas requieren su incorporación
mediante normas nacionales, el proceso de integración
se basa en los principios de privacidad y efecto directo
del derecho europea, asegurando que la aplicación uniforme
en todos los Estados miembros, la Constitución española,
aunque anterior a la entrada de España
en la Unión Europea, reconoce esta realidad,
permitiendo la selección de competencia,
organizaciones supranacionales, como hemos dicho dicho,
y garantizando la adaptación del derecho interno
al comunitario y en España tenemos también
esta realidad autonómica.
La Constitución Española estableció este régimen peculiar autonómico
y el sistema jurídico.
La distribución de competencias el Estado de la comunidad autónoma
se basa en los principios de autonomía y unidad
armonizado por los principios de integración y coordinación.
La Constitución Española establece un sistema de distribución
de competencias en una doble lista de materias y una cláusula residual
a las comunidades autónomas asume las competencias
que desea ejercer en sus estatutos de autonomía,
interpretándose en conjunto con la Constitución y puede
haber distintos tipos de competencias entonces competencias exclusivas,
aquellas las que una sola entidad ya sea el Estado.
La comunidad autónoma tiene una potestad plena
sobre una materia específica,
las habría compartidas que implican que tanto el Estado
con las comunidades autónomas tienen atribuciones sobre una materia
diferenciándose en las que el Estado establece la legislación básica
y las comunidades autónomas.
Desarrollen,
ejecutan dicha legislación, estaría las competencias concurrentes,
se refieren a situaciones donde tanto el Estado
como las comunidades autónomas pueden legislar sobre una misma materia,
pero desde perspectivas o finalidades distinta,
evitando la superposición normativa y estabilidad.
Las competencias indistintas en estas tanto del Estado
como las comunidades autónomas poseen facultades similares
sobre materia pudieran no ambos niveles administrativos
llevar a cabo las mismas acciones o iniciativas,
y la correcta delimitación y ejercicio de estas competencias
son esenciales para garantizar la coherencia y eficacia
del ordenamiento jurídico español, evitando conflictos
y asegurando una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía.
En el sistema jurídico español.
Las comunidades autónomas se organizan normativamente
a través de los siguientes instrumentos,
pues el principal sería la Constitución española,
que establece el marco general
para la autonomía de las nacionalidades y regiones,
definiendo las bases de su organización y competencia,
y los estatutos de autonomía, que son la norma institucional básica
de cada comunidad autónoma, reconocidos y amparados por el Estado
como parte integrante de su ordenamiento jurídico,
deben definir la denominación de la comunidad
según su identidad histórica, las delimitaciones de,
su territorio y la organización de la y sede de sus instituciones autónomas
propias.
Además,
establece las competencias asumidas dentro del marco constitucional
y las bases para el traspaso de servicios,
garantizando su funcionamiento dentro del ordenamiento jurídico español
y actuarial a nivel autonómico.
Como la cúspide,
desafiar que hemos hablado normativa también estaría
en las leyes autonómicas aprobadas por las asambleas legislativas
de cada comunidad autónoma.
Desarrollen irregular
las competencias asumidas en sus estatutos,
siempre en consonancia con la Constitución,
y las leyes estatales.
También pueden existir a nivel autonómico considerarse
lo regulan sus estatutos de autonomía, los decretos
-leyes autonómicas por los que adoptar
todas las comunidades autónomas, que son normas
aprobadas por sus gobiernos.
En situaciones urgente y la legislación delegada autonómica
sería a través de la figura del decreto legislativo autonómico,
que se utiliza cuando el parlamento autonómico
delega en el Gobierno elaboración de leyes en temas concretos,
como sucede en ese segundo escalón de la pirámide normativa del Estado,
y por último, estarían los reglamentos
y disposiciones, el Milti administrativas
emitidas por los distintos órganos autonómicos.
Esta estructura normativa permite a las comunidades autónomas
ejercer su autogobierno dentro del marco constitucional,
garantizando la unidad del Estado y la diversidad territorial
de España, por lo tanto, el sistema de fuentes
del derecho español se estructura como un sistema multinivel,
como hemos visto donde interactúa el derecho interno,
los derechos de la Unión Europea y los tratados internacionales,
y en el derecho interno,
pues reconociendo las comunidades autónomas y sus competencias.
Este modelo se rige por lo tanto por el principio de competencia
y distribuya atribuciones entre el Estado
y las comunidades autónomas.
Según criterios constitucionales, y la privacidad del derecho
de la Unión Europea ha redefinido la jerarquía normativa exigiendo
una constante adaptación legislativa a los últimos años en España
para evitar conflictos, garantías la seguridad jurídica,
el sistema debe buscar una armonía normativa,
asegurando la coherencia y el equilibrio
entre los distintos niveles jurídicos que lo componen.
Muchas gracias.