Me presento, soy Nuria Antón.
Procuradora en los tribunales y junto con la compañera miriam
anillo impartiremos la docencia en el módulo de la procura
de la asignatura de ontología profesional y régimen profesional
de los procuradores.
Esta asignatura pretende que, de conformidad con las competencias
que tienen atribuidas los procuras que deben garantizarse
en el curso de formación de los procuradores,
el alumnado conozca y sepa aplicar los derechos
y deberes deontológicos profesionales
que informan las relaciones del procurador con el cliente,
con las otras partes del procedimiento,
con los órganos judiciales y autoridades con sus compañeros
y demás profesionales, así como a conocer y evaluar
las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio profesional.
Es importante determinar y fundamental
que el procurador debe conocer aquellos derechos y deberes
que asisten al profesional en el ejercicio de la profesión.
Asimismo, debe tener conocimiento de las previsiones legales
y estatutarias que regulan la mentalidad,
diferenciando la negligencia del error ocasional,
para evitar así una acción de responsabilidad
y una posible sanción disciplinaria,
que es impartida por los colegios de procuradores
en virtud de la potestad disciplinaria que tiene atribuida.
Por tanto,
no solo es necesario el cumplimiento de las normas procesales y de fondo,
sino que es necesario el compromiso de actuar,
con una conducta diligente y evitar acciones u omisiones
que pueden derivar en acciones de responsabilidad,
y su ignorancia no puede, no podrá alegarse en ningún momento
como excusa.
Hay que tener en cuenta que la normativa deontológica
se define por el Tribunal Constitucional
como por un lado, aquellas normas reguladoras del comportamiento
en la actuación profesional de profesiones, reguladas,
regladas o colegiadas.
Esto es el procurador,
esto esto nos nos se nos aplica a los a los procuradores,
en tanto que es obligatorio
para ejercer la profesión el estar colegiado
en un colegio de procuradores,
independientemente de cuál sea nuestro domicilio profesional.
Por otro lado, se trata de normas que son
de obligado cumplimiento en todas las profesiones colegiadas.
Asimismo, los colegios profesionales
consideradas como entidades de derecho público
son entidades que deben velar por el cumplimiento
de todas las funciones públicas en su de actuación profesional,
y deben ejercer un debido control sobre la práctica profesional
a través de las facultades disciplinares y sancionadoras
que tienen atribuidas legalmente.
Hay que tener en cuenta que el incumplimiento de estas normas
deontológicas pueden comportar una sanción disciplinaria.
Qué que se ejercerá por los procuradores
por los colegios de procuradores o puede comportar una sanción legal,
una sanción civil que comporta una responsabilidad patrimonial
personal del procurador o una sanción penal
que puede comportar un delito?
En cuanto a las normas deontológicas aplicables al ejercicio
de la procura,
hay que tener en cuenta las siguientes.
Por un lado, el código deontológico de los procuradores de España.
Esta normativa se considera como la normativa reguladora
de los principios generales en la actuación del procurador,
controlado con su representado por otro lado
con la Administración de Justicia;
y, por último, con el resto de operadores jurídicos;
es decir, fueron los tanto con los abogados
como los graduados sociales o los funcionarios de justicia.
En cuanto a los principios de actuación
por la administración de justicia, se considera el procurador
como un colaborador indispensable e insustituible
con la Administración de Justicia.
En todas las fluctuaciones profesionales, y por tanto,
se en el código deontológico, se determina que el procurador
debe actuar siempre con honradez, lealtad, veracidad y respeto,
y en todo momento debe mantener siempre un comportamiento adecuado
en sus actuaciones profesionales, guardando respeto
y velando siempre por el cumplimiento de la normativa legal.
Asimismo, debe cumplir con la la diligencia debida
en la tramitación de los procesos, en aras a cumplir el principio
de legalidad que tiene al que está sometido,
comunicando siempre con antelación la imposibilidad
de cumplir cualquier actuación que tuviera encomendada.
Respecto a los principios de actuación
con respecto a los intereses de su representado,
el código deontológico recoge como un principio fundamental
el deber de actuar en el desempeño de sus funciones
de una forma integral, con sus representantes,
con su representado y el resto de operadores jurídicos.
Es decir, la integridad profesional
debe debe regir siempre en el ejercicio de la profesión,
nunca pueden, nunca se deben permitir actuaciones
que puedan ser beneficiosas ni para la parte contraria
o que impliquen algún perjuicio para nuestros representado.
Es lo que se denomina conflicto de intereses,
de ahí que no se permita la representación de aquellos sujetos
para los que hemos tenido algo para los que en algún momento
se ha tenido de contrario ni tampoco se permite ejercer
la defensa de intereses contrapuestos de aquellos sujetos
con los que hemos representado en algún momento, por tanto,
sin perjuicio de las normas deontológicas y las normas legales
a las que estamos sometidos.
Debemos actuar siempre de la forma más conveniente
para nuestro representado.
Debe primar siempre el interés de nuestro representado por encima
del resto de procuradores e incluso del propio,
y debe primar siempre, por tanto, una actuación beneficiosa
para su representado como una obligación de medios,
sino de resultados, es decir,
por el mero siempre.
La normativa deontológica implica que se debe cumplir a.
Se debe cumplir los requisitos para el buen fin del proceso.
El hecho de que no se consigue
el resultado esperado no implica una sanción disciplinaria
o un incumplimiento de las normas deontológicas.
Respecto a los principios de actuación con sus compañeros
y abogados, el estatuto general de la procura considera
a los procuradores como una profesión libre independiente colegiada,
que tiene como misión la representación técnica
de quienes sean parte en cualquier clase de procedimiento,
y asimismo el código deontológico ratifica que el procurador
debe mantener y salvaguardar siempre su independencia,
su independencia de prioritarios respecto a su actuación profesional.
Por tanto, el procurador, como profesional jurídico,
debe actuar profesionalmente como con plena libertad
e independencia del resto de operadores jurídicas,
con sujeción al ordenamiento jurídico
y a las normas dentro lógicas y estatutarias reguladoras
de la profesión.
Hay que tener en cuenta que el libre ejercicio independiente
de la profesión se regula como un derecho fundamental
en el estatuto general de la procura en su artículo 6,
al determinar la libre aceptación y renunciar
de los de los casos que no han se nos han encomendado.
Por eso es importante determinar asimismo
que mientras no tengamos la renuncia fehaciente en el procedimiento,
hemos de continuar en el proceso.
Ello implica que, conforme al artículo 30 de la ley,
el hecho de comunicar la renuncia a nuestro cliente no es suficiente.
Para que nos tengan por apartado desde el procedimiento,
es indispensable que esta renunciase haya comunicado de forma fehaciente,
y que conste, unida a los autos.
En el momento en que esta renunciar consta uniéndonos a otros,
se nos tendrá por apartado del procedimiento.
De ahí nuestra responsabilidad.
En el procedimiento que ya hay.
También.
La exigencia que debemos continuar en la, de primar la representación
de los intereses de nuestros representado.
Respecto a la normativa deontológica,
de la siguiente norma, que regula la normativa deontológicas,
se encuentra regulada en estatuto general.
De los procuradores;
en concreto en los artículos referentes a materia deontológicas
se encuentra el artículo 11, punto b.
En referencia a las incapacidades.
Al artículo 20 siguiente se refiere a la pérdida
de la profesión de colegiada;
ella implica la propia prohibición en el ejercicio de la profesión
y el fraude de ley es ello, sobre todo,
afecta a aquellos compañeros que por un lado,
han sido sancionados legalmente para para han sido sancionadas
legalmente.
Conforme se les acuerda, la pérdida de la colegiación
y, por tanto, no pueden ejercer la profesión
y, por otro lado, son aquellos colegiados que han sido sancionados;
disciplinariamente.
En tanto que no han cumplido una de las normativas de antológicas,
sobre todo es el caso del impago de las cuotas profesionales.
Por otro lado, el artículo 37, 38, 39 40 del estatuto general
de la procura recula regulan los derechos
y deberes imprescindibles de los procuradores.
Esto es tan esto es recibir una remuneración justa.
En ese sentido se aplica el arancel de los procuradores
y, por tanto, nuestras nuestros derechos económicos
están regulados en virtud de una normativa que regula
cuál es nuestro precio en el proceso.
Por otro lado, asimismo, a este estos artículos
regulan.
Regulan materia económica que debemos rendir cuentas a nuestros clientes,
debemos satisfacer también las cuotas profesionales
y asimismo también en virtud en aras al principio de independencia.
Debemos denunciar ante el colegio
todo acto que llega a nuestro convencimiento,
que implique un ejercicio ilegal de la profesión
o que sea contrario a los estatutos,
y de especial importancia es en este sentido
el título tres del estatuto general de la procura.
Respecto al régimen de responsabilidad
de los colegiados, en estos artículos se determinan y se especifican
cuáles son las infracciones y las sanciones que se aplicarán
en cuanto se en el momento
en que se implique una normativa deontológica.
Por último, debemos tener en cuenta los derechos y deberes relacionadas
en el artículo veintiseis.
En principio hay que tener en cuenta, sobre todo,
que las relaciones entre el poder Dante
y el procurador a falta de disposición expresa se regirán
por las normas establecidas en el contrato demandado,
así se determinan el artículo veintiseis y 27
asimismo es en ese exigible un apoderamiento expreso y suficiente
otorgado conforme a las disposiciones legales.
Ello determina el inicio de la responsabilidad profesional
del procurador en el momento en que el poder esa portada,
los a los autos,
es el momento en que se inicia la responsabilidad del procurador.
Hay que tener en cuenta que hay un poder,
la aceptación del poder puede ser expresa o tácita
está esta aceptación tácita significa que en el momento
en que tú presentas una demanda o una contestación sin poder
debe estar debe cumplir los requisitos legales
de los requisitos legales que te exigen aportar.
El poder en el momento procesal oportuno,
si no se aporta en ese momento procesal oportuno,
puede devenir una acción de responsabilidad
en tanto que no se nos tiene por personados y y puede devenir
que decaiga la que no se admitan ni la demanda ni la contestación,
provocando un perjuicio a nuestros clientes.
En ese sentido,
también hay que tener en cuenta que las gestiones extraprocesales
que se nos que se nos reclamen
o que se nos encomienden.
También está sujeta al régimen de responsabilidad,
a pesar de que no exista poder,
existe una aceptación tácita de cumplir con esa obligación
y, por tanto, también se se debe cumplirse.
Con las normas deontológica, tanto en las gestiones procesales
como las gestiones extraprocesales encomendadas por último tacto
como tal y como he mencionado con anterioridad,
el poder siempre continuará vigente en los autos,
y nuestra responsabilidad también continuará vigente
en los autos,
hasta que no conste en los autos la renuncia de la representación,
cumpliendo los requisitos del artículo 30.
Esto es.
La comunicación fehaciente a nuestro representado,
debe comunicarse de forma fehacientes,
sea por el certificado o bien por burofax
o por comunicación personal en la que el representado acepta,
la renuncia debe comunicarse, esta renuncia a los tribunales
y en el momento en que los tribunales nos tengan por aceptarnos
tengan unidas, esta renuncia a los autos se entenderá
que ya nos que nos tienen por apartados de los procedimiento
y, por tanto, nuestra responsabilidad en esas,
en ese procedimiento y respeto a nuestro presentado
a nuestro cliente de cae.
En cuanto a la justicia gratuita,
hay que tener en cuenta que la designación de oficio impide
se equivale a un poder este poder.
Es un poder parapeto que es otorgado
por los colegios de procuradores.
Por tanto, la presentación de la designación de oficio
en autopsia.
Supone la aceptación del poder.
Asimismo, hay que tener en cuenta que esta aceptación de poder
continuará vigente hasta en tanto no se deniegue el derecho
a la justicia gratuita.
En el momento en que se deniega la justicia gratuita
decaen las designas y, por tanto,
la responsabilidad así queda regulado en el artículo 17.
Punto tres del reglamento de justicia gratuita.
La resolución,
al indicar que la resolución desestimatoria implicará
que las eventuales designaciones de oficio realizadas previamente,
queden sin efecto y, por tanto, la persona solicitante
habrá de designar profesional de la abogacía
y de la procura de su libre elección.
En ese sentido, también hay que tener en cuenta
que respecto a nuestros derechos económicos,
en caso de denegación de justicia gratuita, la persona peticionarias
deberá abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados,
pero la persona profesional de la abogacía nunca podrá reclamar
al profesional de la procura el pago de sus honorarios
deberá reclamarlo a al beneficiario
que se le ha denegado la justicia gratuita,
y, por último, la última normativa.
Incluso quizá más importante es la normativa del artículo
veintiseis.
En este artículo de la ley se regula los derechos de forma específica.
Cuáles son los derechos y obligaciones del procurador?
Así por un lado, es en este artículo
cuando determina que en el momento en que se una,
el poder a los autos es cuando se da inicio a nuestra responsabilidad,
tal y como he mencionado con anterioridad.
El poder puede ser expreso o tácito,
pero a en el momento en que nosotros comparecemos
en un procedimiento es cuando da inicio a nuestra responsabilidad,
independientemente de si este poder consta, unido a los autos o no,
dado que el tribunal verificará si se cumplen los requisitos legales
para la misión de ese procedimiento y no requerirá en un término
que precluye para aportar el poder de representación.
Si dentro de ese término no se porta el poder de representación,
tendremos un problema deontológico en el sentido
de que supondrá un perjuicio para nuestros,
representado por en tanto que no admitirá ni la demanda
ni la contestación al ser en el mortal,
se preceptivo la representación por procurado.
Así en el artículo,
en el apartado primero del artículo veintiseis ya se indica
que el procurador deberá seguir con la representación procesal
en autos; mientras no conste, renuncia fehaciente
en auto y deberá efectuar todas aquellas actuaciones procesales
para impulsar el buen desarrollo del proceso.
Esto implica que en tanto,
tal y como he mencionado con anterioridad,
en tanto que no consta la renuncia fehaciente en autos,
debemos efectuar todas aquellas actuaciones necesarias
para el buen desarrollo del proceso
y conseguir la resolución que ponga fin al procedimiento.
Por otro lado, en ese sentido también es importante
que determina establecer
que el procurador está obligado a transmitir al abogado
todo aquello que se le notifique haciendo lo necesario para la defensa
de los intereses de su poder dante
bajo la responsabilidad que las leyes imponen al mandatario.
Hay que tener en cuenta que el procurador en sus relaciones
con el, con sus representado debe seguir las normas del contrato
de mandato.
Esto se establece tanto en el artículo veintiseis
como en el artículo 27 de la ley.
Asimismo, tal y como se indica en el artículo tres
muy relacionado con el Ártico, con el punto 2.
El procurador está obligado a informar al abogado
y a su poderdante del estado de los autos
y de las actuaciones profesionales transmitiéndole
todas aquellas resoluciones
que se notifiquen y los escritos y documentos
trasladados por el tribunal
o los procuradores de las demás partes,
en el momento en que hay que tener en cuenta
que el Tribunal sede se comunica siempre
o notifica siempre al procurador y este está obligado a trasladar
todas las comunicaciones a la abogada,
para que así pueda tener conocimiento de cuáles son los trámites legales
que prece procedentes.
En cuanto a las comunicaciones, al poder Dante,
hay sentencias contradictorias al respecto,
pero sí que es importante
tener en cuenta que si el poderdante nos reclama,
tan cuales nos reclama, que le notificaremos
o le comuniquemos el estado de los autos,
estamos obligados a comunicarle y y comunicar lo que expresarnos
en un lenguaje claro.
Cuál es el estado de los autos y qué actuaciones procesales
se han efectuado hasta la fecha.
Por otro lado, el punto cuatro se refiere a otras lado
de los escritos entre las partes.
En el momento en que estamos en la parte contraria
está comparecido por procurador.
Todos los escritos deberán presentarse
en la forma de traslado de copias.
Hay que tener en cuenta que conforme la última reforma
de la ley es obligatorio, el traslado telemáticos
de escritos a todas las partes con parecidas con procurador,
se efectuará un traslado simultánea entre la parte entre el procurador,
comparecido y el tribunal,
y ambos los recibirán al mismo tiempo asimismo.
Por otro lado, el procurador, en el caso
de que cese en sus obligaciones, está obligado a recoger del abogado,
todos los escritos y documentos de antecedentes necesarios
para entregarnos al nuevo letrado, o incluso en el caso
de que cese entregarnos al procurador.
Esto hay que tener en cuenta que a la actualidad
con el expediente digital cada vez hay menos documentos físicos.
Entonces el traslado telemático del expediente no es tanto necesario
y obligatorio en tanto que el en el nuevo procurador,
que entre en sustitución no está ni proceso,
puede obtener todas las, toda, la puede obtener
todo el expediente digital.
En el momento en que se le tiene por comparecido,
si bien si si el nuevo procurador
no solicita información del estado de los autos
o en caso de que comparezca un abogado,
nos solicita información del estado de los autos.
Estamos obligados a informar de cuál es el estado de los autos,
de cuál es el siguiente, la siguiente fase procesal,
para evitar una indefensión a nuestros nuestros representados.
En este sentido, hay que tener en cuenta el punto seis
de la ley, que estamos obligados a comunicar al tribunal.
Cualquier circunstancia que nos impida cumplir
con nuestras obligaciones, quiénes ello implica?
Que en el caso de que se nos entregue
sobre todo en el caso de que se se nos tengamos señalado una vista
o se nos entregó un acto de comunicación,
debemos comunicar al tribunal con la antelación suficiente.
El motivo que nos impide cumplir con esta obligación,
en el caso de que sea un señalamiento de vista.
Sí que es verdad que podemos en el caso de que no podamos actuar,
sí que podemos,
podemos ser sustituidos por otro procurador.
Que ejerzan nuestras funciones en ese ese acto procesal,
pero en el caso del acto de comunicación
hay que tener en cuenta de que se debe cumplir
en un término legal preceptivo, y ese término legal
se debe cumplir en caso para evitar una mora
y un retraso en el procedimiento.
Ello viene a colación de lo que se dispone
en el artículo 168 de la ley,
que establece la responsabilidad de los procuradores
en el incumplimiento de la tramitación
de los actos de comunicación que se nos han entregado.
Por otro lado, estamos obligados a abonar aquellos gastos
que se nos ocasionen en el proceso, excepto los honorarios de abogados,
peritos, tasas judiciales y depósitos para recurrir,
salvo que se disponga de fondos para su abono.
Es importante determinar que las tasas judiciales
y los depósitos son preceptivos para la admisión
de determinados actos procesales.
Las tasas judiciales es importante, es obligatorio
para aquellas sociedades, para las las personas jurídicas
y en aquellos procedimientos superiores a 2000 euros,
pero, en estos casos, a las tasas judiciales,
si no disponemos de fondos para poderlas abonar,
no estamos obligados a su abono y en ese importe.
En este sentido, es importante determinar
que en el presupuesto que se haga a los a nuestros representados debe
indicarse el importe de la tasa judicial
para que se diferencie del resto de del resto de.
Debe diferenciarse del resto de partidas económicas,
y en cuanto a los depósitos hay
que tener en cuenta que los importes son de 25 50 euros,
25 para los recursos de reposición y revisión
y que 50 euros para los para los depósitos
del recurso de apelación,
si bien no estamos obligados a satisfacer y pagar estos depósitos,
pero su incumplimiento puede devenir de una una responsabilidad,
una responsabilidad para el procurador
en tanto que no se admita el recurso
y precluye a este derecho de segunda de segunda,
este derecho de segunda oportunidad.
Por tanto, es importante determinar
y reclamar el importe necesario para cumplir con los actos procesales
y cumplir sobre todo con aquellos gastos que se ocasionan
en el proceso.
Por por último, y repitiendo,
reiterando lo que he mencionado con anterioridad,
el procurador está obligado a realizar los actos de comunicación
y otros actos de comunicación de cooperación
con la Administración de Justicia que se le solicite
o cuando se acuerda en el transcurso del procedimiento judicial
por el letrado de la Administración de Justicia.
Es si bien los actos de comunicación es una facultad,
que tiene atribuido al procurador,
y si bien esta facultad no es una facultad tan obligatoria
en el momento, debe solicitarlo, tú en un escrito o en la demanda,
en los estados de la Administración de Justicia
nos pueden obligar a practicar estos actos de comunicación
bajo nuestra responsabilidad.
Esta responsabilidad es importante tenerla en cuenta en el momento
en que nosotros tenemos atribuida una capacidad de certificación
que da fe del contenido del acto de comunicación
y esta capacidad de certificación solo
la tienen los procuradores.
Por tanto, estos actos de comunicación
nunca los pueden realizar oficial habilitado
o terceros que no tengan la condición de procurador,
y ello podría considerarse incluso un delito,
por una falsa por falsedad documental,
falsedad documental al indicarse en el mismo que se ha realizado
por un procurador.
Asimismo, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 168.
Ley, que determina expresamente cuál es la responsabilidad
del procurador, por no respetarse estas formalidades legales necesarias
en la práctica de los actos de comunicación,
por tanto, han.
En resumen, hay que tener en cuenta en nuestra actuación profesional
que se trata de una obligación de medios
y no resultado; que nuestra actuación profesional
debe ser adecuada a los cánones profesionales
conforme a las normas deontológicas estatutarias de la profesión
y debe siempre a fin de conseguir el resultado que se espera
con independencia que este resultado se consiga o no,
y es importante determinar que la actuación profesional,
en un sentido u otro,
determinará la posible existencia de negligencia
y una posible responsabilidad disciplinaria, civil o penal.
Muchas gracias.