Cuadragésimo séptima sesión del Seminario Internacional
Permanente de Derecho penal y Criminología,
que ya tengo el honor de dirigir,
me llamó José Muñoz el profesor del departamento de Derecho Penal
y Criminología.
Vamos a tratar, como ya les anticipamos,
por la invitación de un tema especialmente sensible
de rabiosa actualidad,
como son los abusos sexuales en el seno de la iglesia católica.
Este sesión se encuadra dentro del proyecto de investigación
de identidades colectivas y justicia penal,
un enfoque interdisciplinar, dirigimos la profesora,
Alicia Gil y, y, sin más, quiero dar las gracias a al público asistente.
En primer lugar, por la buena acogida que ha tenido esta sesión,
y también muy especialmente a las ponentes,
a merecedores Movilla ajema varón,
por la afectada de nuestra invitación ;
en particular también a la profesora literaria
hacia el blanco, por haber puesto el tema y haber,
pues llevar adelante esta iniciativa .
Sin más, le doy la palabra habitar
Ángel blanco para que introduzca el tema y presente a las ponentes.
Muchísimas gracias.
La honestidad, esa a todo se igual que mi compañero José Núñez,
estoy la bienvenida y les agradezco su presencia,
tanto físicas como la cantidad.
Esta ha sido un éxito, porque es un tema que,
como bien se decía, es muy sensible y de mucho interés
y de mucha actualidad en el presente,
y les agradezco profundamente y sinceramente han las dos ponernos
amigas y no solamente eso, no están por amigas,
están porque son unas personas absolutamente válidas
para hablar en nombre de quien hablan y para darnos esclarecer un montón
de datos que son de difícil acceso en muchas ocasiones.
Yo voy a dedicar cinco minutos 10, a lo sumo.
Siempre me extiendo a presentarles el tema,
a contarles un poco cómo llegamos al informe del defensor del pueblo
y que se dedicó básicamente en ese informe,
y les voy a pasar la palabra después.
Primero, a Mercedes Burillo.
Es directora general en libertad, libertad religiosa,
en el ministerio de presidencia, muy extirpa,
en el ministerio y mi compañera, la Universidad Rey Juan Carlos,
que es profesora titular de derecho, si Ártico,
y a mi compañera Gema Barona,
que va a encargarse de la perspectiva de las víctimas,
creo que vamos a tener una sesión muy productivo.
Les contaba.
Verán, al igual que en el resto de países del mundo,
donde la iglesia católica ha tenido una importancia social
también en España.
Los abusos sexuales
cometido en su seno permanecieron invisibilizados
o tratados como cuestiones, niños y niñas.
Durante mucho tiempo.
No fue hasta no consiguió esa relevancia social
en la agenda pública,
sino a través de la lucha de las víctimas,
de las asociaciones de víctimas,
que pusieron en la palestra sus problemas,
ayudados por la inestimable y necesaria colaboración
de los medios de comunicación que les dieron esa plataforma
para esa denuncia pública
y y es que las denuncias y las noticias sobre casos
de abusos sexuales en la iglesia católica
han venido salpicando nuestros medios de comunicación nuestro actualidad
ya desde los años 80 o desde los años 90.
Desde forma esporádica y a pesar de la gravedad
y algunos de ellos escalofriantes.
En algunos casos
los hechos que han relatado no tenían demasiada repercusión pública.
No fue hasta 2002 con una investigación que publicó
The Boston, blog, donde se hacía hacía una denuncia pública
de escenas de casos, de abusos sexuales
perpetrados por sacerdotes sobre menores, con total impunidad,
y donde, además,
se reflejaba no solamente que no eran casos aislados,
que era una dinámica,
y que había también una dinámica por parte de la iglesia católica
que adoptaban tanto el silencio, con relación a los hechos,
como una política de dispersión de aquellos presuntos abusadores
que lo que hacía era extender el problema
y multiplicaron en España.
Quizás el caso que desató que empezó a mover conciencias públicas
fue el del fundador de los legionarios de cristo,
que se evidenció desde México en 1997,
donde se relataban en un reportaje como marcial nazi del.
Había abusado de seminario, vistas y jóvenes religiosos.
Bueno, aquel reportaje tuvo un impacto
y un impacto social importante.
Se generó un importante debate y también
dentro de la iglesia católica se empezaron a mover las cosas,
pero no se intensificó hasta allí; ha llegado siglo xxi.
Fíjense de este dónde bien
el punto culminante lo ha tenido una una recopilación de reportajes
que lideró el periódico El País a partir de mí de 2018;
lo más relevante es que no analizaba dentro del ámbito español
todas las denuncias que en controle de meros cecas
que controlen la jurisprudencia y abrió una un canal de participación
a disposición de víctimas y testigos,
dando direcciones de correo electrónico
para que pudieran proporcionar información útil sobre estos temas.
En junio de 2000 veintitres
se contabilizaban 1957 víctimas y 966 presuntos abusadores.
Esto es importante porque se genera una base de datos
que puede ser de utilidad al efecto de investigaciones futuras,
y el periódico El País,
proporcionó a la iglesia católica la conferencia episcopal perdón,
informes relativos a todos estos temas
y con todos los datos que había conseguido.
La respuesta de la iglesia católica habitualmente suele ser la negación,
la minimización del problema y en algunos casos
hasta la culpabilización de la presunta víctima,
pero también es cierto
que dentro de la iglesia católica como un órgano plural
también se ha movido una enorme sensibilización,
y frente a estos casos, en algunos supuestos se ha sentido
como una expresión de hostilidad hacia la propia institución
y reactivamente, se ha generado una estigmatización de los clérigos
y de los sacerdotes,
lo cual tiene que valorarse también dentro de un contexto histórico
y político entre el clericalismo y anticlericalismo que vivimos
en nuestra sociedad, no solamente dentro de la iglesia católica,
sino también en el organismo por parte de organizaciones sociales.
Se ha luchado por visibilizar este problema.
Ha habido diferentes supuestos, no voy a entrar en ellos,
sobre todo voy a centrarme en uno que en una plataforma cívica.
El abuso no prescribe, que abogaba por la modificación
de los plazos de prescripción en abusos sexuales a menores,
que ya veremos cómo.
Ese es uno de los problemas que ha provocado esto y que consiguió más
de 20.000.000 de firmas que fueron llevadas al Congreso de los Diputados
en 2000 veintidos, en 2009,
en 2016.
Sin embargo, en 2016 las campañas electorales
no incluyó ninguno de los partidos políticos.
Incluyó estos temas en su programa electoral,
aunque sí que hubo algún candidato que públicamente dijo
que iban a abordar el la solución del problema
y hasta 2000 veintidos no se planteó seriamente una,
una respuesta a nivel nacional con la creación de mandato
que se hace el 10 de marzo de 2000 veintidos
en el pleno del Congreso de los Diputados.
Quería decir que anteriormente y han ponerlo en valor
y a nivel local o regional hubo también iniciativas importantes.
Hay que destacar al instituto vasco de criminología
a la comunidad autónoma de Cataluña o a la hubo,
o a la comunidad foral de navarra,
donde la asociaciones de víctimas en este caso
también la universidad pública de Navarra y el gobierno de Navarra,
habían realizado estudios, se habían realizado informes
sobre estos problemas en su ámbito local.
Pero les digo, a nivel nacional no es hasta el 10 de marzo del veintidos,
en el cual del pleno del Congreso de los Diputados
se aprueba una proposición
no de ley.
Le comencé encomendando al defensor del pueblo la creación
de una comisión independiente
que elaborara un informe sobre estos.
El Defensor del Pueblo crea 3.
Una comisión asesora independiente de personas expertas,
crea una unidad específica dedicada a la atención
a las víctimas y supervivientes y al apoyo de la investigación
y un foro de diálogo con asociaciones de víctimas y supervivientes
y para mí en un plazo bastante razonable.
En un poco más de un año, presenta un informe sobre abusos sexuales
en el ámbito de la iglesia católica, y esto es importante.
El papel de los poderes públicos, una respuesta necesaria
se llama en el informe se analiza el alcance de los abusos sexuales
en el ámbito de la iglesia católica, sus causas y evolución,
con especial atención a los casos denunciados
ante el defensor del pueblo y la atención
de las víctimas y supervivientes y la respuesta que ha recibido
en la iglesia católica ni en los poderes públicos
los cambios que se han ido produciendo en la legislación estatal
y canónica,
así como el modo en que se debería abordar
esta grave vulneración de derechos humanos,
tanto por parte de la Iglesia
como por parte de los poderes públicos.
Algunas de sus conclusiones son las ganas de desarrollar después
las ponentes.
Primero, los abusos sexuales en la iglesia
constituyen un grave problema social y de salud pública
por la intensidad de los daños causados a las víctimas
y, o supervivientes por la cantidad de personas afectadas
y la defraudación en la confianza depositadas por ellas
y por una parte muy importante de la sociedad
en una institución que ha tenido un poder innegable en España
y una autoridad moral en la sociedad,
pues existen factores de oportunidad de carácter institucional
que han favorecido por el peso social que ha tenido la iglesia católica,
sobre todo en la educación y en el modo
de concebir este problema más como un pecado que como un delito
concepción que solamente ha sido superada a partir de las reformas
de derecho canónico de 2020.
La respuesta de la iglesia católica,
tanto a la encomienda del Defensor del Pueblo
como a las denuncias de los abusos, ha sido insuficiente
también por parte de los poderes públicos.
En cuanto a la iglesia, el informe concluye
que se encontraron buenas y malas prácticas,
y también algunas personas e instituciones especialmente
comprometidas con el problema.
Los cambios que se han producido en los últimos años
en la imposición de la iglesia católica
y en las normas materiales y procesales de derecho canónico
se han traducido en una propuesta de presente y futuro
en la elaboración por parte de las entidades religiosas
de diversas instrucciones y protocolos dirigidos
a la prevención, detección e intervención
en los casos de abusos sexuales, así como en la puesta en marcha
en todas las diócesis, en muchos institutos religiosos,
también de las oficinas de atención a las víctimas.
Pero esto está con vistas a presente y a futuro,
el problema es resarcir el pasado lo ocurrido en el pasado.
En cuanto a los poderes públicos, el informe concluye
que el estado español hasta la ley orgánica,
ocho para 2021, de cuatro de junio, de protección integral
a la infancia y adolescencia frente a la violencia,
no había contado con mecanismos eficaces de prevención y detección
de abusos ni protocolos obligatorios de denuncia,
de traslado de quejas de los padres o persones menores.
La respuesta Nadal
ha estado limitada por la institución de la prescripción,
que no fue modificada hasta esta ley hasta el 21.
Si bien dicha modificación no tiene 2,
porque es una aplicación retroactiva in malam partem hacia el pasado,
es preciso asumir por tanto la obligación
de reparar tanto por parte de la Iglesia,
como de los poderes públicos,
sin que esta reparación dependa única
y exclusivamente de la voluntad de una de las partes
y tampoco ceder la respuesta al ámbito penal,
puesto que por parte de las instituciones penales
pueden abordar los casos que todavía no hubieran prescrito,
pero el problema está en aquellos otros en los que el fallecimiento
de las víctimas o bien la prescripción de los hechos
dejan el problema sin una solución,
sino una respuesta.
Vamos a esperar ahora a ver qué soluciones nos aportan muestras
por.