Estamos en otra sesión
de el seminario permanente de democracia constitucional
y estado de derecho, desafíos en la era digital,
que se organiza en el marco del Programa
-crisis de la democracia y estado de derecho de la UNED,
que coordina el profesor carlos Vidal Prado y también la cátedra
jean monnet gobernanza regulación en la era digital.
Bueno, hoy tenemos con nosotros a Patricia Rodríguez
-patrón, que es profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid,
de Derecho Constitucional.
Ella ha sido letrada del Tribunal Constitucional
y tiene una gran experiencia y una línea de investigación
muy desarrollada como cual es una experta muy adecuada para hablar
del tema que nos ocupa hoy, que es el control de constitucionalidad
de las normas con rango de ley, como tiene muchas publicaciones,
estancias de investigación.
Ha estado Boston con José Castillejo,
mucha envidia, Patricia por cierto,
era la meseta y estuve en Boston,
pero una semana solo no maravilla,
y la verdad es que fue famoso y bueno,
pues sin nada más.
Cuando quieras Patricia tiene esta palabra,
muchas gracias por estar aquí y el esfuerzo en participar
y muchas gracias a los estudiantes que están con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ti, Joaquín por la presentación
y y bueno también,
pues por la oportunidad de estar aquí le doy las gracias a Carlos
ya se la y después también personalmente,
y por supuesto,
extiendo la agradecimiento a todos los los asistentes,
a todos los alumnos.
Yo, bueno,
espero que que la la la ponencia les resulte sugerente y bueno,
es de lugar a algún, a un debate después o un diálogo bueno,
creo que no tiene mucho sentido, dado el tipo de público
al que me dirijo ahora mismo hace una una exposición, digámoslo así,
don Martinica de lo que es el control de constitucionalidad
de las leyes en nuestro país.
Parece que esto es muy aburrida,
lo primero y luego no tiene mucho sentido,
porque todos los los oyentes ya saben de qué estamos hablando.
Cuando hablamos de control de constitucionalidad,
en las leyes, salvo efectivamente,
que lógicamente habrá muchas cosas que uno no recuerden,
porque hace mucho tiempo a lo mejor no le ha dado que no le ha dado
vueltas a al asunto, pero bueno, definitivamente todos
tenemos las coordenadas de que es la el control de constitucionalidad
de las leyes.
Por tanto, de lo que yo quiero hablar, ese bueno, en primer lugar,
cuál es el sentido de este control de constitucionalidad y las leyes,
que seguro que no nos resulta ajeno a ninguno,
pero y también en relación con algunos problemas concretos
que últimamente se están planteando respecto al control
de inconstitucionalidad de las leyes.
Porque, al hilo de las circunstancias en relativamente recientes
que han ocurrido entre opción,
con con asuntos concretos de, de de.
Del control del control de inconstitucionalidad, las leyes,
pues digámoslo así que la doctrina y también incluso
en ámbitos políticos,
pues se están replanteando.
En relación con el control de constitucionalidad
de las leyes, bueno, todo el mundo sabe por partir,
como decía al principio, del sentido de este control.
Todo el mundo sabe que el control de constitucionalidad
de las leyes es, si no el pilar uno de los pilares básicos,
el pilar pilar básico que da sentido y que da origen al nacimiento
de la justicia constitucional.
Cuando nace la idea de un Tribunal Constitucional, esta,
esta idea nace unida inevitablemente al control del lamento
es de sobra conocido que antes de la Segunda Guerra Mundial
pues el Parlamento podía hacerlo todo en la Constitución
no significa no, no era un límite a la acción del del Parlamento
y bueno, esto dio lugar a algunas situaciones que son
conocidas de todo el mundo, y yo soy lo que dieron lugar
a la al desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial.
Después de esta de la Segunda Guerra Mundial,
tanto desde el punto de vista político
como desde el punto de vista jurídico,
se comienza a mirar al modelo norteamericano,
en el cual el legislador claramente está ilimitado,
pues la Constitución
y por tanto se empieza a hablar digámoslo así
en firme de la constitución como norma y y como norma suprema
e inevitablemente, junto a esta idea,
pues se empieza a pensar quién ha de ser el guardián
de la Constitución,
quien debe ser el órgano o al debe ser el órgano que garantice
que efectivamente la Constitución es norma
y es norma suprema y, por lo tanto, que todos los actos
y todas las normas del ordenamiento se someten a esa norma suprema.
Aquí de no hacerlo,
pues serán expulsadas del ordenamiento.
Por tanto, como digo,
es el control de constitucionalidad de las leyes
y la justicia constitucional.
Son dos ideas inseparables.
Fíjense que inevitablemente está este.
Este tándem produce tensiones, produce tensiones
y eso no es una cosa que se vieran el origen.
Lo estamos viendo continuamente después al final
del de de mi exposición haré mención a un caso que que ha supuesto
o que ha permitido ver con una claridad meridiana
está esta tensión en asunto,
como digo, muy cercano en el tiempo en nuestro país,
pero que podríamos citar podríamos citar muchos más.
Quizá este es especialmente especialmente claro.
Por qué una tensión entre en la ley o legislador podríamos decir,
y el Tribunal Constitucional bueno, es la tensión?
Yo siempre les pregunto a mis alumnos cuando empezamos
a explicar el el control de constitucionalidad de las leyes.
Perdón, siempre les siempre empiezo con la misma pregunta,
les digo.
La democracia y la Constitución son amigas,
son migas y lo normal es que después de pensar un rato
todos me dicen, son amigas son y así y claro,
yo les digo si digo pescarlos,
hasta qué punto tendríais, interiorizado la y la idea
de la Constitución moderna, de la constitución como norma
y como a día de hoy es muy difícil sino imposible,
aunque cada vez hay más ramalazos que separan las dos ideas,
pero digamos que no somos capaces de entender
la democracia sin constitución, lo la práctica política
es otra cosa.
Muchas veces se habla de democracia, democracia,
pero dejando al margen la idea de Constitución
esto por ejemplo por por ponerles un ejemplo concreto bueno
cuando se hablaba de todo ya en el inicio de todo el proceso
secesionista catalán, bueno, y con la posibilidad
de realizar un referéndum sin seguir los requisitos que se establecen
en la Constitución para para realizar ese referéndum,
pues se venía a decir que no había nada más democrático
que problema y en hacer un referéndum.
Si esto es democracia pura.
Es decir, se trata de votar.
Bueno, pues se trata de vostra, pero sin Constitución,
sin seguir los pasos de la Constitución,
a día de hoy no podemos hablar de una democracia constitucional.
Podemos hablar de un mecanismo procedimentalmente democrático,
sí pero, pero es que a día de hoy, en las constituciones modernas
la democracia no acaba ahí la democracia,
se ha venido a completar con el establecimiento
de una constitución normativa que fija límites
también a la democracia, también al pueblo,
procedimentalmente al menos el contenido también,
pero esto sería otra cuestión.
Por lo tanto,
como digo, claro, el surgimiento de la justicia constitucional
y el control de constitucionalidad.
Las leyes pone encima de la mesa.
Esta tensión inevitable y natural entre democracia, inconstitucional.
Por tanto.
El legislador digámoslo así no siempre va a admitir,
no siempre va a admitir con naturalidad y no siempre va
a admitir con naturalidad el control de constitucionalidad
de las leyes que son emanadas por el mismo en nuestro país.
Con lo como saben, de sobra todos los que me están escuchando,
pues hay dos medios fundamentales de control de constitucionalidad
de las leyes.
De un lado, el recurso de inconstitucionalidad
que está previsto en el artículo 161.
1.
A de la Constitución
y los artículos de la ley orgánica del Tribunal Constitucional
en desarrollo de, es que, bueno,
ya se sabe ahí en principio, salvo algunas excepciones,
que no vamos a entrar ahora tres meses para interponer
el recurso de inconstitucionalidad desde la publicación de la ley
y que puede ser presentada,
presentado exclusivamente ante el Tribunal Constitucional,
por el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo,
50 diputados y senadores, los órganos colegiados,
ejecutivos de las comunidades autónomas.
Esto es sus gobiernos y, en su caso, las asambleas legislativas
de las mismas en su caso ni la Constitución
y, efectivamente,
porque no pueden presentar estas recurso de inconstitucionalidad
contra contra cualquier ley.
Pero solamente contra las leyes estatales y en principio,
que afecten al ámbito de autonomía de la comunidad autónoma,
de que se trate de otro lado,
del otro grans procedimiento de control de constitucionalidad,
en las leyes en nuestros ordenamientos,
la cuestión de inconstitucionalidad, que está regulada en el artículo 163
de la Constitución y como se sabe,
pues solo pueden presentar los órganos judiciales,
que órganos judiciales, cualquiera,
pero que lo sean y que presenten esta cuestión de inconstitucionalidad
al hilo del conocimiento concreto de un de un caso tangencialmente,
como digámoslo,
así como resultado de la interposición de un recurso
de amparo.
También se puede terminar controlando la constitucionalidad de las leyes,
pero para ello es necesario que el Tribunal Constitucional,
primero, admítanme acuse de amparo.
Después entienda que haya lesión del derecho invocado en el recurso
y que entiendan que esa lesión proviene en realidad
de la ley que se aplicó en el caso concreto.
En ese caso el Tribunal Constitucional lo que hace
es que suspende la tramitación del recurso de amparo,
el lema autocuestión al pleno
y una vez que el pleno artes suelto sobre la constitucionalidad
o no de la ley, origen del conflicto o de la posible lesión,
pues, y con esa sentencia de declaración de inconstitucionalidad
o no de la ley,
pues retoma el recurso de amparo y estima o no la demanda en función
de lo que haya adoptado en su la resolución,
cual resuelve la autocuestión y también de forma
digámoslo así periférica.
Puede, el Tribunal Constitucional,
terminar pronunciándose sobre la constitucionalidad
de una ley en los conflictos en defensa de la autonomía local.
En este caso primero tiene que terminar.
Tiene que adoptar una decisión en el seno de ese conflicto
y después, en su caso,
se pueden auto plantear la cuestión de inconstitucionalidad
y resolver resolver a posteriori por qué en el seno del proceso
del conflicto defensa de la autonomía local.
No.
El Tribunal Constitucional no se pronuncia
sobre la constitucionalidad o no de la ley,
sino únicamente de si se ha visto afectada la autonomía local.
Invocada o no.
Bien, como digo,
estos son los los los casos en los cuales el Tribunal Constitucional
se puede pronunciar sobre la constitucionalidad
o no de una ley, pero, como digo,
no vamos a entrar detenidamente en cada uno de los requisitos.
Los los legitimados ya los ya lo hemos dicho,
pero no vamos a entrar en todo el que me interesan más,
pues me interesa.
Como decía al principio,
ya lo advertía que últimamente se ha discutido la posibilidad,
se ha discutido de determinadas cuestiones en relación
con el control de la ley por el Tribunal Constitucional,
y particularmente se ha introducido la discusión sobre la posibilidad
de hablar de controlar la ley antes de su aprobación,
antes de que esta haya sido definitivamente aprobada.
Y cómo se podría, como se ha planteado,
controlar la ley antes de que sea aprobada,
que en estos dos procedimientos principales y en otros,
como como he dicho, como he dicho antes.
En esos casos, cuando se controla la ley,
la ley es una ley ya perfecta y una ley aprobada
y publicada bien antes de desaprobación y.
Cabe el control previo
de unas concretas leyes orgánicas que son los estatutos,
los estatutos de autonomía, bien, el control previo
de constitucionalidad de las de las leyes.
En realidad se se previo inicialmente.
Se previó inicialmente en la primera,
en la primera redacción de la primera redacción
de la ley orgánica del Tribunal Constitucional,
y ese recurso previo de inconstitucionalidad
está previsto para las paral en los estatutos de autonomía,
para los proyectos de estatuto de autonomía y para el resto
de las leyes orgánicas.
Señalaba la ley orgánica el Tribunal Constitucional.
Bien, una vez que.
O mejor antes de decir esto este este recurso previo
de control de las leyes orgánicas y entre ellas las leyes,
las las los proyectos o si los proyectos o proposiciones
de de de estatutos de autonomía, leyes orgánicas,
estatutos de autonomía, pues perdón.
En realidad, aunque este recurso previo
siempre lo que pretendía en realidad era controlar la constitucionalidad
de los de los estatutos de autonomía,
antes de que estos fueran aprobados,
lo cierto es que lo que ocurrió es que no había forma humana
de aprobar una ley orgánica en este país
sin que se interpusiera antes un recurso de inconstitucionalidad,
de forma que antes de que estas fueran fueran aprobadas
se había interpuesto un recurso previo de inconstitucionalidad,
de manera que digámoslo así las leyes orgánicas, que son las leyes,
como bien es sabido, que regulan las cuestiones más importantes,
más importantes de nuestro de nuestro ordenamiento
y, por tanto una parte nuclear de la política de cada gobierno
y con el de su mayoría parlamentaria, pues, como digo,
hacía prácticamente imposible que los distintos gobiernos
que contaban con esa mayoría absoluta para aprobar las leyes orgánicas
pudieran aprobar una ley orgánica en tiempo.
En vista de ese abuso,
una vez que fueron aprobados todos los estatutos de autonomía,
se suprimió este este recurso previo de inconstitucionalidad
y se dejó exclusivamente para los tratados internacionales,
que ha sido los únicos que durante este tiempo,
pues han contado con un control previo de constitucionalidad
antes de que fueran firmados por el Estado,
por el Estado español.
Esto tiene un cierto sentido porque evidentemente,
cuando España firma un tratado internacional
pues se obliga y ciertamente mejores que el Tribunal Constitucional
declare la inconstitucionalidad de ese tratado antes de firmarlo,
que no lo tenga que firmar después perdón,
que la tenga, que lo tenga que declarar inconstitucional,
después de firmado,
porque evidentemente las consecuencias internacionales
que de ello se derivan, pues creo que son evidentes
para todos.
Viene a raíz de la ola de reformas de los estatutos de autonomía,
que empiezan en 2006,
particularmente y debido a los problemas que planteó
la tardanza en resolver el recurso de inconstitucionalidad
frente al estatuto de autonomía de catalán,
que terminó con la sentencia del año 2010,
pues se vuelven a plantear nuevas.
Se vuelve a plantear otra vez la y a de si se debe a introducir
este recurso previo de inconstitucionalidad
y y se plantea esta cuestión porque evidentemente el hecho
de que el tribunal constitucional se pronunciara,
se pronunciara cuatro años después de que el estatuto
de autonomía catalán fuera aprobado y hubiera
sido ratificado en referéndum también por los ciudadanos catalanes.
Pues esto evidentemente, produce una distorsión
en el ordenamiento que no es aconsejable en absoluto,
y por ello, en el año 2015, mediante la ley orgánica,
12 para 2015, de veintidos de septiembre,
se introduce nuevamente el recurso previo de inconstitucionalidad,
pero esta vez no ya para todas las leyes orgánicas
sino únicamente para los, para las reformas o para las formas
y o nuevos estatutos de autonomía.
Bueno, yo creo que quizá la en este caso
la decisión de la reforma de la introducción de este,
de este recurso previo para los para las,
para los, la reformas de los estatutos de autonomía,
creo que que puede ser una una cuestión positiva
no hubiera no hubiera tenido.
No, no tengo tan claro que fuera bueno
introducir el recurso previos para todas leyes orgánicas,
pero básicamente,
como como he explicado antes, por los resultados que esto produjo,
por la utilización política que este recurso previo
de inconstitucionalidad se tuvo lugar tuvo lugar
en la bajo bajo la primera redacción de la ley orgánica
del Tribunal Constitucional.
Sin embargo, muy recientemente hay autores,
como, por ejemplo y Bor Fernández, que han abogado
por que se incorporara esta.
Esta se volviera a introducir el recurso previo
de inconstitucionalidad frente a todas las leyes orgánicas.
En el caso de este autor que acabo de citar,
bueno lo que viene a decir, y más o menos en consonancia
con otros autores que mantienen esta misma idea,
pues consideran que digámoslo así las tienen en cuenta,
sobre todo el factor de la tardanza del Tribunal Constitucional
a la hora de resolver los recursos de inconstitucionalidad
y entienden que, de un lado el recurso previo
impediría que esa ley entre en vigor y despliegue
sus efectos y, por tanto, después de varios años,
de estar de desplegando efectos que el Tribunal Constitucional
la pueda declarar inconstitucional.
Esto, evidentemente, produce distorsiones
en el ordenamiento y, por tanto,
entienden que es mejor digámoslo así para la jugada antes de que esa ley
entre en vigor y y empieza a desplegar sus efectos
y de otro lado, la existencia de ese recurso previo quizá obligaría
al Tribunal Constitucional a ser más ágil en la resolución.
Lo cierto es que no siempre,
pero, pero si tenemos algún ejemplo de esto, por ejemplo, en el año 85,
cuando el Tribunal Constitucional resuelve sobre la primera ley
del aborto, que da un proyecto de ley,
no era una ley todavía aprobada.
Era un recurso, fue un recurso de inconstitucionalidad previo,
pues lo cierto es que resolvió mucho antes que, por ejemplo,
la última, la última resolución del Tribunal Constitucional
sobre el aborto, aunque en este caso
es que hubo 14 años en resolver.
Entonces, realmente si vemos esto
y yo creo sinceramente que en el año 85.
El hecho de que el recurso fuera un recurso previo
de inconstitucionalidad sí que ayudó a que el Tribunal Constitucional
resolviera con con más agilidad ese recurso ese recurso
de incoación de inconstitucionalidad frente a la ley del aborto que,
como ha demostrado la historia reciente,
pues no es un, no es un plato de buen gusto
para ningún tribunal, digámoslo así por la, por las connotaciones
que tiene y lo problemático del de.
De la cuestión regulada, pues yo creo que digámoslo así impide
que haya acuerdos fáciles, sin ralentiza,
ralentiza la la decisión del Tribunal Constitucional.
Por tanto, quizá no le falte razón aquellos que entienden que, bueno,
pues que podría ser un revulsivo para que el Tribunal Constitucional
resuelva antes.
Lo que pasa es que si nos fijamos es una forma de solucionar
un problema que en realidad tendría una solución mucho más fácil
y es simplemente que el Tribunal Constitucional
resuelva de una vez emplazó
y sin no emplazo al menos lo más lo más diligentemente posible
por que ciertamente
el Tribunal Constitucional esta está extendiendo los plazos.
Se está dilatando de está dilatando los plazos de resolución,
de una forma que ya hace mucho tiempo que viene siendo inadmisible, vale,
y la otra posibilidad o la otra la transi,
la otra posibilidad de controlar la ley antes de su aprobación,
que se está poniendo encima de la mesa por parte
de la doctrina últimamente, es el hecho
de que el tribunal pueda suspender una ley,
una ley que ha sido recurrida por la vía del recurso
de inconstitucionalidad y y esto yo creo que es una cosa
que conocen todos.
Pero no obstante lo lo recuerdo que en realidad nuestro ordenamiento
solo prevé la posibilidad de suspender las leyes autonómicas
cuando se ha interpuesto el recurso de inconstitucionalidad
por el gobierno.
Esta es la única posibilidad que de forma expresa y también daría para.
También daría para para un rato de discusión
si efectivamente lo que prevé preveía primero la Constitución
y después la ley orgánica.
Efectivamente se estaba refiriendo en las leyes o no,
pero en cualquier caso
el Tribunal Constitucional así lo ha entendido
y es las únicas situaciones en las cuales el Tribunal Constitucional
permite la solicitud de suspensión.
Se ha pedido más veces, pero solamente debe, en su caso,
a la suspensión de las leyes.
Cuando se trata vuelvo a repetir, de leyes autonómicas
que han sido impugnadas por el gobierno de la nación.
Sin embargo,
hay autores que entienden que le de lege ferenda.
Sería recomendable que se previera,
la posibilidad de que el Tribunal Constitucional
suspendiera pudiera suspender cualquier,
pudiera suspender cualquier cualquier ley.
Cualquier ley que se recurra por la vía del recurso
de inconstitucionalidad.
Porque, bueno, pues un poco por por razones muy similares
a las que señalaba a las que señalaba antes,
porque se entiende que la suspensión puede evitar perjuicios
de difícil o imposible solución.
Una vez que la ley ha entrado en vigor y no solamente eso,
nos ha mentes que proponen que de lege ferenda se introduzca
la expresamente en la ley orgánica del Tribunal Constitucional,
la posibilidad de suspender de suspender
una ley que ha sido impugnada mediante un recurso
de inconstitucionalidad, una ley vuelvo a repetir, estatal no una ley
o una ley autonómica en supuestos distintos
al al recurso por parte del gobierno.
Como digo, no solamente es que proponen
que se introduzca en la ley esta posibilidad expresa,
sino que incluso entienden que le delata.
El Tribunal Constitucional podría, podría suspender suspender
a día a día de hoy una una ley que haya sido impugnada
por el mediante el recurso de inconstitucionalidad.
Bueno, la idea de esta posibilidad, en realidad,
está muy inspirada en la práctica del Tribunal Constitucional alemán,
que ha suspendido en ocasiones las leyes infundadas
con un recurso de inconstitucionalidad,
pero es cierto que el artículo 32 de la Ley del Tribunal Constitucional
Federal Alemán le otorgó unos poderes
para adoptar medidas cautelares al Tribunal Constitucional,
que son muy amplias y que no es el caso
en que no es el caso de España, no es, es cierto.
Este autor hace mención a un a un antecedente,
en el cual, y me parece, por los años 80,
no me acuerdo exactamente cuando el Tribunal Constitucional
suspendo la vigencia de una ley estatal
y es cierto.
Lo que ocurre es que fueron unas circunstancias muy especiales.
Cuáles fueron estas circunstancias sencillo?
Lo que hizo el gobierno fue, una vez aprobada,
una determinada ley definitivamente en el congreso,
en vez de esperar el plazo de tres días para publicar Carla,
para permitir que se presentan al recurso previo
de inconstitucionalidad, porque por aquel entonces todavía
existía el recurso previo frente a leyes orgánicas,
la publicó inmediatamente entrando en vigor ese mismo día,
de forma que imposibilitó que se presentar un recurso previo
porque la ley ya estaba aprobada, ya estaba en vigor
el Tribunal Constitucional para evitar este fraude.
Digámoslo.
Así pues lo que hizo fue entender que efectivamente,
era un recurso previo y que si no, no era era simplemente,
digámoslo así por el fraude que había sido, se había cometido al publicar
la ley antes de, sin dejar esperar el plazo,
para poder interponer el recurso previo de inconstitucionalidad,
y por ello procedió a suspender la Ley estatal.
La ley, quien quiera, a la sazón una ley orgánica,
procedió a suspenderla para o y resolvió resolvió del asunto
después.
De lo cual, efectivamente, pues, y la ley o lo que quedara de ella,
pues sigo.
Si yo digo yo creo que hubo una declaración
de inconstitucionalidad parcial
y, por tanto, pues quedaría yo esta solución.
La solución del referendar, tengo mis dudas por aquello
de la presunción de constitucionalidad de las leyes;
me parece que quizá deba prevalecer sobre cualquier otra cuestión.
Volvemos nuevamente a que en muchas ocasiones
esta idea de controlar la ley antes de que se apruebe,
lo que pretende es darle solución a la tardanza
del Tribunal Constitucional en resolver,
y yo creo que no hay que acudir a tajo para, sólo o, mejor dicho,
a rodeos,
para solucionar una cosa que se puede solucionar directamente,
que está en manos del Tribunal Constitucional,
que es resolver diligentemente los asuntos
que se presentan ante para su conocimiento.
Fíjense cómo este problema
de los plazos de resolver del Tribunal Constitucional
ha dado origen a toda esta imaginería de soluciones
para para tratar de resolver un problema que no debería existir
y que se debería atajar, en primer lugar, por el propio,
por el propio tribunal constitucional;
bien, como digo,
que quizá efectivamente podría solucionar ese problema
y no lo tenemos claro, porque fíjense que dejar en suspenso una ley.
Es un problema grave y, por tanto, como digo,
en todo caso introduciéndolos en la ley
y estableciendo una serie de límites.
Podría pensarse.
Ahora bien, delegue la lo tengo menos claro,
lo tengo menos claro, porque para empezar, hombre,
podríamos utilizarlo lazos por analogía,
los plazos de seis meses
que están previstos para las leyes autonómicas,
pero en realidad nada y nada le obliga al Tribunal Constitucional
hacer esto.
Es decir una vez que el Tribunal Constitucional
funciona más allá de su a.
Pues por qué no lo va a hacer también con respecto a los plazos,
porque se va a obligar asimismo a seguir
unos plazos que están previstos para un supuesto distinto
al que lo está utilizando.
Por tanto, como digo, no lo veo claro,
porque me parece que deja en manos del Tribunal Constitucional
un poder muy grande.
Dice el profesor Simón.
Hombre, pues que sea solamente para casos muy graves,
muy graves, donde haya un periculum in mora evidente.
Bueno, solamente hace falta ver echar un vistazo a las resoluciones
del Tribunal Constitucional últimamente para darse cuenta
que ese margen de apreciación al tribunal
dejarle ese margen de apreciación al Tribunal Constitucional
es, a mi modo de ver, muy peligroso, muy peligroso,
porque a nosotros nos puede parecer que los va a utilizar esa idea
de extrema necesidad extrema urgencia etc
etc con cautela pero a lo mejor no es así y, por tanto, como digo,
a mí sinceramente me produce cierto rechazo
pensar que le dejamos al Tribunal Constitucional ese margen,
ese margen de decisión tan amplio y muy últimamente se ha producido
un problema en la práctica parlamentaria,
en la realidad parlamentaria que ha vuelto a suscitar el problema
de si la ley se puede controlar solo una vez que ha sido aprobada
o antes, y este problema se ha, se ha presentado concretamente
en relación con la tramitación de un procedimiento legislativo.
Y el problema lo ha suscitado un recurso de amparo,
no un recurso de inconstitucionalidad.
En este caso, como saben todos, el recurso de amparo
tiene una modalidad, que es el recurso de amparo parlamentario.
Que se puede presentar frente a dos sin valor de ley
de las cámaras parlamentarias.
Ya sean esta CongresoSenado, ya sean éstas las cámaras autonómicas.
Por tanto, por ejemplo, una admisión a trámite de unas enmiendas,
de unas enmiendas, que es un acto parlamentario sin valor de ley,
cuenques recurrido por la vía del procedimiento,
por la vía del recurso.
El recurso de amparo, como ustedes saben, en el artículo 56
prevé la suspensión del acto impugnado,
e incluso en el artículo 56.
Si uno lo analiza detenidamente, se da cuenta
que el Tribunal Constitucional puede suspender no solo el acto
impugnado sino otros actos, y eso es necesario para garantizar
que el amparo no pierde su finalidad.
Pues bien, ocurrió que, efectivamente la tramitación de una ley penal,
en fin, que de por sí ya era ya era polémica,
porque afectaba a los delitos de ahora.
No me sale porque tengo el Alzheimer muy, muy avanzado,
de sedición, si no recuerdo mal y bueno,
era ya una, una, una, una ley de por sí muy muy polémica,
pero en el seno de ese procedimiento la mayoría parlamentaria
que sostiene al gobierno, los 2,
los dos grupos parlamentarios que constituían la chip
que constituían por aquel entonces la mayoría que sostenía el gobierno,
pues deciden presentar dos enmiendas que nada tenían que ver
con el procedimiento legislativo
que se estaba tramitando mediante esas dos enmiendas.
Se trataba de reformar la ley orgánica del Tribunal Constitucional
y la ley orgánica del Poder Judicial.
Para conseguir que el Gobierno pudiera proceder a,
ya había realizado la elección de los magistrados
del Tribunal Constitucional
que a él le cuando le tocaban por aquel entonces,
pero en vista de que el Consejo General del Poder Judicial
en aquel momento no había decidido todavía
o no había elegido a sus dos candidatos,
pues en fin, la mayoría que sostenía al gobierno
trató de solucionar el problema.
Ahora no puedo entrar en detalles porque si no me comería el tiempo
que me queda para la exposición, pero inicitiva lo que vino a hacer,
fue tratar de reformar estas dos leyes
para conseguir que se renovara el Tribunal Constitucional,
en el turno que le tocaba
al gobierno y al Consejo General del Poder Judicial
y en el Tribunal Constitucional tiene una doctrina muy asentada
respecto a la cual y la mesa la mesa de la Cámara
o en este caso, de la comisión,
de una comisión, pues no puede aceptar enmiendas,
quien no guardan una relación de homogeneidad con el proyecto
o la proposición de ley que se está tramitando en la cámara.
En ese momento,
y en pese a la falta de homogeneidad que había en este caso,
la mesa de la comisión admite a trámite estas dos enmiendas
que una de ellas, como digo,
trataba de modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional
y la otra también modificar la ley orgánica del Poder Judicial
como los admite a trámite,
y el grupo parlamentario popular del Congreso,
pues presenta un recurso de amparo frente a estos dos actos de admisión
y solicita la suspensión cautelarísima.
Esto es que también está prevista en el artículo 56 que supone
que el Tribunal Constitucional puede proceder inmediatamente
a la suspensión sin necesidad de dar audiencia a las partes.
Se solicita la la suspensión cautelarísima
para que no se tramiten esas enmiendas que nada tenían que ver
con el procedimiento legislativo que estaba en curso,
que alegaban los los recurrentes.
Pues alegaban que, al haberse introducido en Rally en realidad
lo que era, lo que han dos procedimientos legislativos distintos
al haberse introducido en un procedimiento legislativo
que nada tenía que ver por la vía de la enmienda
y dado quien no cabe presentar enmiendas a las enmiendas,
pues la oposición y, por tanto, la minoría parlamentaria
se había visto privada de su derecho no solo a votar en la cámara,
este derecho permanecía intacto, podía votar,
pero digámoslo así que ellos entendían que, en su condición
de representantes del pueblo,
suponía su supone no solamente el derecho a votar,
sino el derecho también a discutir y a tratar de mejorar el proyecto,
la proposición de ley,
en este caso que se estaba tramitando en la cámara.
Pues bien, el Tribunal Constitucional accede a esta petición
de el grupo parlamentario popular
y mediante el auto 177 barra, 2000 veintidos,
de 19 de diciembre, procede, procede a la, procede a la suspensión
de la resolución de la perdón de la tramitación.
De estas dos enmiendas, que, a la sazón,
ya habían sido aprobadas en el congreso
y iban de camino para su discusión en el Senado,
que no las llevó a discutir por esta razón,
porque el Tribunal Constitucional suspendió suspendió su tramitación,
al margen de toda la polémica política que plan
que planteó este auto, de hecho hubo declaraciones institucionales
del presidente del Gobierno muy duras,
del presidente del Senado y de la presidenta del Congreso
y las cuales se venía a decir que era una un ataque
a la autonomía de las cámaras y una que sin precedentes
al procedimiento legislativo.
Pero, al margen de esta, como digo, de esta polémica,
de esta, de esta repercusión política,
basta con que se vean los votos particulares
que incluyen el auto 177 barra, 2000 veintidos,
para ver, efectivamente, que la polémica central,
efectivamente, es si el procedimiento legislativo
puede ser controlado, pues ser controlado a pre a priori,
o si puede ser controlado únicamente única y exclusivamente.
Una vez que la ley ha sido aprobada.
Sobre esta cuestión,
si alguno tiene interés, podemos podemos ahondar después,
pero simplemente, para ir terminando no aburrirles más,
les diré que unos meses después el Tribunal Constitucional Federal
Alemán el cinco de julio de 2000 veintitres,
concretamente procedió a una resolución,
a tomar una solución muy similar a la del Tribunal Constitucional.
Es cierto que el Tribunal Constitucional alemán
adopta esta decisión, no en el seno
de un recurso de amparo; los derechos de los parlamentarios en Alemania
se defienden por la vía del conflicto entre órganos constitucionales,
y fue en el seno de este conflicto,
los cuales, el un diputado del adn de la cedeao denuncia
ante el Tribunal Constitucional,
que no se le ha permitido deliberar suficientemente sobre un proyecto
de ley que había presentado
la coalición en la llamada coalición del semáforo en en Alemania,
que la habían presentado en el Bundestag.
Por qué?
Porque alegaba
que no se le había dado un plazo de tiempo suficiente
para poder conocer toda la documentación.
Parece ser que sobre la marcha, el gobierno alemán
introdujo muchas modificaciones a la ley,
hasta el punto que los propios expertos,
que habían sido llamados a informar sobre ella venían a decir
que era un proyecto totalmente diferente al inicialmente propuesto.
Por tanto, aparte de que se produjeron varias,
varias protestas en el seno del boom de estar porque los diputados
venían a decir que eran dictámenes de cientos de folios
y que resultaba imposible en el tiempo
que les habían dejado estudiarlo, pues analizarlos con profundidad
y adoptar su voto con responsabilidad suficiente frente al cuadro,
el recurrente pedía además en concreto que les dejaran 15 días
y el Tribunal Constitucional accede a esta esta petición.
Es cierto que en el caso de España
la ley que finalmente se aprobó sobre los delitos antes citados
se aprobó sin la inclusión de estas enmiendas,
de forma que las enmiendas desaparecía.
El contenido de las enmiendas no formaba parte
de la ley que finalmente se aprobó en tanto que en el caso de Alemania.
El Tribunal Constitucional,
como digo, procedió a la suspensión durante 15 días del procedimiento
para dar tiempo a los diputados del Bundestag
para que lo estudiaran finalmente se retomó el procedimiento,
y la ley vino a ser aprobada en enero de 2024,
más o menos en el mismo tiempo que estaba previsto inicialmente bien,
pero también es cierto que en el caso español la mayoría parlamentaria
que había introducido esas enmiendas en la el proyecto del procedimiento
legislativo de otra ley no estaba impedida en absoluta
de iniciar inmediatamente otro procedimiento legislativo
para la aprobación de reformas
de las leyes que había intentado introducir por la vía,
por la vía de la enmienda.
Lo cierto es que nunca lo hizo y no lo hizo,
no porque estuviera impedido para ello,
sino porque las circunstancias políticas cambiaron
y ya no le será necesario no les será necesaria esa reforma
para conseguir la renovación del Tribunal Constitucional,
que se consiguió finalmente, porque
Consejo General del Poder Judicial
tuvo a bien aceptar la elección de dos de los candidatos
y digámoslo así que en la historia acabó felizmente.
Por ese lado
y como digo, no se aprobó una ley.
En ese sentido, no porque la mayoría parlamentaria
estuviera imposibilitada para hacerlo jurídicamente,
sino porque políticamente no lo estimaron,
no lo estimaron conveniente.
En fin, aquí dejo para la reflexión estas estas cuestiones
sobre sobre los retos que últimamente está presentando el control,
el control de las leyes y particularmente este control
antes de que estas sean aprobadas definitiva definitivamente
y entre en vigor,
y ya quedo a disposición de todos los los presentes.
Por si quieren hacer cualquier aclaración,
cualquier comentario que será muy bien.