Un saludo.
Mi nombre es Penélope del vais a investigadora,
predoctoral y colaboradora docente.
En el departamento de Derecho Político de la UNED,
en la videoclips, se de hoy, vamos a abordar
las distintas competencias del Tribunal Constitucional
y vamos a analizar los diferentes procesos
que pueden tener lugar ante el caso español.
El Tribunal Constitucional ha recibido en la construcción española
la tarea de desempeñar las tres funciones básicas
que tradicionalmente han asumido y han justificado el nacimiento
de los sistemas de justicia constitucional, que son controlar
la constitucionalidad de las leyes
y de las disposiciones normativas con rango de ley,
resolver conflictos constitucionales entre el Estado y las comunidades
autónomas o de estas entre sí y garantizar subsidiariamente
los derechos fundamentales y las libertades públicas.
De estas tres competencias o funciones básicas
vamos a empezar por la primera, el control de constitucionalidad,
respecto al cual cabe decir que en realidad
se encuentra en la esencia misma
de la existencia de los sistemas de justicia constitucional
y en el caso español se articula a través de tres vías directas
de control de diferente relevancia,
y una vía indirecta.
El control directo de constitucionalidad
se canaliza a través del recurso de inconstitucionalidad,
que es un proceso limitado.
En cuanto a los sujetos que pueden interponerlo,
prevén el plazo de interposición y en el tiempo de resolución
y que se puede dirigir contra cualquier norma
del ordenamiento jurídico de rango legal,
luego con una menor relevancia,
aunque también se puede considerar control directo
de constitucionalidad.
Tenemos el recurso previo contra tratados internacionales
previsto en el artículo 95 de la Constitución española
y que será cuando se considera
que existe una contradicción entre la construcción española
y un tratado internacional que el Estado Español
quiere ratificar y luego también tenemos
el control preventiva de las reformas de los estatutos de autonomía
del artículo 79 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional,
que se introdujo en un primer momento,
junto con la posibilidad de impugnar el texto de leyes orgánicas
aprobadas por las Cortes y antes de su publicación oficial,
pero que, por su disfuncionalidad, se derogó
y posteriormente fue recuperado, aunque, como digo, solo en relación
con el texto de los estatutos de autonomía,
y ello fue así por las inseguridades creadas,
trastos recursos de inconstitucionalidad
que se interpusieron frente a la ley orgánica
de reforma del estatuto de autonomía de cataluña.
La vía de control indirectos
se realiza a instancia de jueces y tribunales a través de la cuestión
de constitucionalidad prevista en el 163
de la Constitución española, y junto a estos procesos básicos,
la ley orgánica del Tribunal Constitucional
ha previsto otros procedimientos en los que también se realiza
un juicio represivo de constitucionalidad
y que se caracterizan porque aquí el control de constitucionalidad
se inicia desde un proceso diferente a partir del recurso del recurso
de amparo.
Se origina la cuestión interna de constitucionalidad o autocuestión,
que deja en suspenso la resolución sobre la lesión del derecho
hasta que se resuelve la duda de constitucionalidad
que se da sobre la norma con rango de ley
en la que se ha basado la actuación del poder público,
que se considera lesiva del derecho o libertad
y que está en el 55, dos de la ley orgánica.
El Tribunal Constitucional, y en parecidos términos
se comporta también la vía regulada en el artículo 67
de la ley orgánica, el Tribunal Constitucional,
solo que aquí el proceso inicial no es un recurso de amparo
sino un conflicto de competencias que se da entre el Estado
y una comunidad autónoma o dos o más comunidades autónomas,
que se transforma en un control de la ley que origina.
La disposición cuarto, que se entiende invasora
de la competencia, y en este grupo
debe incluirse también el denominado conflicto en defensa
de la autonomía local, que es un procedimiento híbrido,
que se tramita por un lado como un conflicto
y que va a finalizar con una sentencia que puede abrir
un proceso de control de constitucionalidad,
que va a seguir los trámites de la cuestión de inconstitucionalidad
y que está regulada en los artículos 75 bis
y siguientes de la ley orgánica del Tribunal Constitucional.
De entre estos se procesos de control de constitucionalidad,
los más relevantes o principales son el recurso de inconstitucionalidad
y la cuestión de inconstitucionalidad,
que también suelen ser los más conocidos,
y por ello nos vamos a detener más.
En estos dos procesos ambos son objeto de regulación
en el título segundo de la ley orgánica
del Tribunal Constitucional y son procesos distintos,
pero que tienen elementos comunes, y entre esos elementos comunes
destaca sobre todo las normas objeto de control, que son las reguladas
en el artículo 27, apartado segundo, de la ley orgánica
del Tribunal Constitucional, y son estatutos de autonomía,
leyes y normas con rango de ley, tanto estatales como autonómicas,
tratados internacionales, reglamentos,
tanto de las cortes generales como de los parlamentos autonómicos
y a esta se han añadido otras como leyes forales, fiscales
o los actos gubernamentales y parlamentarios
por los que se procede a la declaración o prórroga
de alguno de los estados de excepción
previstos en el 116 de la Constitución,
y ahora, como digo, vamos a ver con un poco
de más detalle tanto el recurso de inconstitucionalidad
como la cuestión.
El recurso de inconstitucionalidad es un control abstracto
al margen de la aplicación de la ley y de naturaleza objetiva,
que se impulsa fundamentalmente por sujetos políticos
y tiene tres características.
La primera, que la relación de sujetos
con legitimación para interponerlo es taxativa y rigurosa.
Les enumera la propia Constitución en el artículo 162 uno apartado a,
aunque la ley orgánica, el Tribunal Constitucional,
en el 32 también concreta varios elementos.
Parecer esta facultad y los sujetos legitimados,
pues son presidente del Gobierno Defensor del Pueblo,
50 diputadas,
50 senadores y los órganos legislativos y ejecutivos
de las comunidades autónomas.
En relación con este último sujeto legitimado,
órganos ejecutivos y legislativos de las comunidades autónomas,
la ley orgánica,
el Tribunal Constitucional ha impuesto dos limitaciones
que el objeto del recurso es solo pueden ser leyes,
disposiciones y actos con fuerza de ley del Estado,
o sea que no cabe contra leyes de otra o de la misma comunidad
autónoma, y siempre que se afecte a su propio ámbito de autonomía.
El objeto del recurso de inconstitucionalidad
es el contraste entre una norma legal y la construcción,
y la finalidad es expulsa del ordenamiento jurídico
aquellas normas contrarias a la construcción
para mantener la supremacía constitucional.
Por otro lado, tenemos la cuestión de inconstitucionalidad que frente
al recurso hemos dicho que es un control abstracto al margen
de la aplicación de la ley.
La cuestión es un control concreto.
Como consecuencia de la aplicación de la ley,
se plantea a instancia del juez, no de órganos políticos.
Por tanto, otra diferencia con el recurso de inconstitucionalidad
y se regulan en el artículo 163 de la Constitución española,
que nos dice que cuando un órgano judicial
en algún proceso considera que una norma con rango
de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo
puede ser contra la construcción,
tiene que plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional,
o sea que al final en realidad la cuestión de inconstitucionalidad,
ese instrumento de colaboración entre la jurisdicción ordinaria
y la Constitucional para garantizar la integridad de la Constitución,
la legitimación para elevar la cuestión de inconstitucionalidad
ante el Tribunal Constitucional
corresponde, por tanto a cualquier órgano jurisdiccional,
como hemos visto en el artículo 163, la duda de constitucionalidad.
Puede plantearse a instancia de parte
o ser conocida de oficio por el órgano judicial,
aunque sí que es verdad que los jueces y tribunales
tienen discrecionalidad a la hora de decidir
si elevar o no la la cuestión al Tribunal Constitucional,
y destaca el hecho
de que el planteamiento de la cuestión
y su admisión suspende el proceso en el que ha surgido la duda que va
a quedar a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional,
algo al respecto.
Ya, entrando en la segunda de esas funciones o competencias básicas
de las que hablábamos al principio del Tribunal Constitucional,
resolución de conflictos,
cabe decir que los procesos de resolución de conflictos
o los más importantes son fundamentalmente 2,
aunque hay otros.
El primero de ellos de los que, o sea a los que me estoy refiriendo,
ha sido creado por el artículo 161.
1.
De la Constitución,
y es el conflicto de competencias entre el Estado
y las comunidades autónomas,
y de estas entre sí que son más bien conocidos
como conflictos territoriales.
El segundo ha encontrado su regulación en la ley orgánica
del Tribunal Constitucional artículo 75.
Con la cobertura constitucional del 161.
1.
De la Constitución,
y es el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales
y además al amparo de esta ambientación
hecha por la construcción la ley orgánica,
el Tribunal Constitucional ha añadido el conflicto en defensa
de la autonomía local del artículo 59,
que ya ha sido mencionado con anterioridad,
y que lo que vienesa satisface una demanda de los entes locales
para garantizar de alguna manera las sus competencias propias
cuando son puestas en peligro por normas con rango
de ley del Estado de las comunidades autónomas
y el conflicto en defensa de la autonomía foral
previsto en la disposición adicional quinta,
apartado tercero de la ley orgánica del Tribunal Constitucional
y, bueno, los conflictos generalmente,
lo que tienen en común es la formalización de una disputa
en la que unen.
Te dice que otro le arrebatado,
una competencia de la que se estima titular
y, por tanto, pues reclama ese título competencial.
Por ser de los más relevantes,
nos vamos a centrar sobre todo en el conflicto territorial
y en el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales
del Estado.
Centrándonos ahora en los conflictos territoriales,
la ley orgánica del Tribunal Constitucional
prevé la regulación de dos procedimientos
en los que se encuentran implicados el Estado
y las comunidades autónomas en la defensa de sus competencias;
uno denominado conflicto positivo
y otro denominado conflicto negativo de ambos procedimientos,
que el conflicto negativo se encuentra casi inédito,
mientras que el conflicto positivo,
junto con el recurso de inconstitucionalidad a través
del cual también se pueden vehicular conflictos territoriales
sin el conflicto, interviene una ley
ha sido uno de los instrumentos clave que ha usado la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional para ir delimitando
los elementos definidores de nuestro estado autonómico,
como puede intuirse en su propia denominación.
Los conflictos positivos se dan entre el Estado
y las comunidades autónomas o entre dos
a las comunidades autónomas, cuando ambos entes territoriales
consideran que una disposición o resolución del otro invade
una competencia que le corresponde.
Se caracteriza porque existen ciertas peculiaridades,
dependiendo de que sea el Estado la comunidad autónoma
el que lo interponga en la medida en que al Estado
se le reconocen ciertos privilegios como poder plantear
directamente el conflicto ante el Tribunal Constitucional,
sin tener que requerir previamente a la comunidad autónoma
o el privilegio de la suspensión automática
de la disposición autonómica, de manera que en realidad
la posición del Estado está más protegida
que la de las comunidades autónomas.
El conflicto va a recaer sobre disposiciones,
resoluciones o actos emanados de cualquier autoridad del Estado
de una comunidad autónoma que carecen de rango de ley,
ya que, si tienen rango de ley,
pues se tienen que tramitar a través de las vías de control,
y si el asunto se inició como un procedimiento de conflicto,
tiene que transformarse, cambiando, digamos su naturaleza,
en una especie de recurso de inconstitucionalidad
conforme a lo dispuesto en el artículo 67
de la ley orgánica del Tribunal Constitucional
y al que también he hecho referencia con anterioridad.
Por otro lado, serán los conflictos positivos.
Ahora vamos con los negativos.
Los conflictos en los conflictos negativos.
La hipótesis de partida es que tanto la administración del Estado
como la Administración de una comunidad autónoma
niegan ser titulares de una competencia
y, por tanto, no asumen las funciones derivadas de esa competencia
y se regulan dos procesos negativos.
El suscitado por persona física o jurídica,
que sufre la inactividad de los poderes públicos
y el planteado por el Gobierno del Estado
frente a la comunidad autónoma por su inactividad.
Entonces, de nuevo,
una muestra de protección del Estado frente a las comunidades autónomas,
porque, como vemos, lo puede plantear el Gobierno del Estado
frente a la comunidad autónoma, pero no al revés.
El otro de los conflictos que a nuestro me refería antes
el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales
destaca por el hecho de que la ley orgánica del Tribunal Constitucional
ha limitado bastante la participación en estos conflictos
a un reducido número de órganos constitucionales que son Gobierno.
Congreso, senado y Consejo General del Poder Judicial.
El Tribunal ha exigido para que se pueda plantear
el conflicto que el órgano reclamante demuestre que se ha verificado un
despojó de competencias constitucionales propias
o de forma excepcional,
que se produce un menoscabo en el ejercicio de una competencia
cuya titularidad no se discuta,
pero se dificulta o impide ilegítimamente
y antes de ella analizar la última de esas funciones básicas.
Cabe decir que en el título quinto de la ley orgánica
el Tribunal Constitucional
se ha previsto un proceso de impugnación.
Es una vía de impugnación, no conflictual,
de disposiciones y resoluciones de las comunidades autónomas
que se diseña al amparo del artículo 161,
dos de la Constitución.
Lo que se busca es otorgar al Gobierno central
un instrumento que pueda ser utilizado para cuando los órganos
de las comunidades autónomas en su funcionamiento
rebasan el marco jurídico de los estatutos de autonomía,
de manera que se inicia en esos supuestos
en los que las comunidades autónomas realizan actos
de naturaleza inconstitucional que carecen de fuerza de ley
y en los que no hay una disputa competencial
de manera que no es ley, no es competencia, es algo distinto,
y por eso se crea esta vía;
b de impugnación; apenas había habido casos hasta la crisis de Cataluña;
y la impugnación se va a tramitar siguiendo el procedimiento
de los conflictos positivos de competencia;
y su planteamiento produce la suspensión automática
de la disposición o resolución impugnada,
y ya solo nos queda ver la tercera y última de esas funciones
básicas que tiene asumida el Tribunal Constitucional,
que es la garantía subsidiaria de los derechos fundamentales
y de las libertades públicas,
que se ha articulado a través del recurso
de amparo constitucional, completando de esta manera
las facultades naturales, digamos que tienen encomendadas
en esta función los órganos de la jurisdicción ordinaria.
El recurso de amparo constitucional puede interponerse frente a actos
de los poderes públicos que lesionen los derechos reconocidos.
En el artículo 14, sección primera, del capítulo segundo
del título primero, se artículos 15 a 29,
en el artículo 32 objeción de conciencia,
y según el 162, uno b están legitimados
para interponer el recurso de amparo toda persona natural o jurídica
que invoquen interés legítimo,
así como el defensor del pueblo y el ministerio fiscal,
destaca el hecho de que en función del poder público
del que proceda a la lesión la ley orgánica,
el Tribunal Constitucional distingue tres tipos de supuestos
en los que se puede recurrir en amparo.
El primero sería el recurso de amparo contra decisiones parlamentarias,
que es el del 42, el recurso de amparo
contra decisiones gubernativas y administrativas, que es el del 43,
el recurso de amparo contra decisiones judiciales,
que es el del 44,
todas ellas de la ley orgánica del Tribunal Constitucional,
y además tenemos dos recursos electorales contra proclamación
de candidatos, que es del 49 de la ley orgánica
de régimen electoral general.
La loreg y contra proclamación del lector que es el del 114
de la misma ley de la loreg.
Cabe decir que hasta el año 2007 el volumen de recursos de amparo
que se presentaban era absolutamente excesivo
y no se correspondía verdaderamente con las violaciones,
violaciones de derechos, efectivamente,
producidas y ello generó que se abriera un debate
y la Academia sobre cómo solucionar este problema
por el riesgo de colapso del Tribunal Constitucional
que estaba generando,
y el problema se solucionó mediante la aprobación
de la ley orgánica seis 2007 que modificó el procedimiento
de admisión del recurso de amparo,
introduciendo un requisito adicional, el requisito
de la especial trascendencia constitucional.
De manera que, a partir de esta modificación
el recurso de amparo se convierte en un proceso
para garantizar la Constitución y de a qué pasa anteponerse
al interés subjetivo de la persona.
La sentencia que resuelve el recurso de amparo puede otorgarlo
o denegarlo, y contra ella no cabe recurso,
aunque sí que puede ser objeto de demanda
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
, y con esto ya habríamos abordado todas las competencias
del Tribunal Constitucional
y los precios que se pueden interponer ante.
Esperamos que estaba vivió clase, haya sido de utilidad.
Muchas gracias y un saludo.