Ciencia abierta.
Derecho procesal.
Como parte general coordinaban por sonia calabaza.
Esos coordinarnos.
Unidad, 13 instituciones comprometidas en el desarrollo
del proceso judicial.
El ministerio fiscal Amparo Ribón,
seis dedos, abogada bélica.
Vamos a comenzar con una breve evolución histórica
en la que explicaremos figuras afines en el mundo antiguo,
el origen del ministerio fiscal en España,
y llegaremos a la regulación actual del ministerio fiscal.
Todas las civilizaciones
se han preocupado muchísimo del incumplimiento de la ley,
por ello han creado organizaciones u estructura jurídicas
formadas por personas especializadas que conocieran a fondo las leyes,
los derechos y las obligaciones que estas contenían.
Para proteger los derechos de los ciudadanos,
defender los cuando sus derechos eran agredidos,
perseguir el incumplimiento,
que las leyes acusar a los culpables, ante los tribunales
para que estos les impusieran la correspondiente pena
y, en definitiva,
disuadir del incumplimiento de la ley.
En el mundo antiguo no se constata la existencia de un acusador,
pero ya en Egipto hace más de 4.000 años en la dinastía
tole Maica se designaron inspectores sin los cuales no se podía seguir
el juicio y los paperos de a voz y amuras.
Confirman referencias a un funcionari llamado tajá
-ati, destinado a averiguar la beca.
Estos paperos son muy interesantes porque contigo.
En el resultado de los juicios de los ladrones de tumbas en Grecia
tenemos los desmontes que denunciaban ante el Senado
o la asamblea del pueblo cualquier atentado
que hiciera peligrar la ciudad, su labor disuasoria;
los aleja en cierto modo de la figura del ministerio fiscal,
pero los vuelve a acercar el hecho de que podían acusar
si el agraviado no lo hacía,
y ello para no dejar nunca impune el delito.
En Roma, la defensa de los intereses públicos
se realizaba por medio de los defensores,
quítate un los procuradores, Caesar y, y los advocat
un fiscal que defendían los intereses fiscales
e intervenían para aumentar el fisco mediante una pena fiscal
esto también lo hacen ahora mismo los fiscales.
El origen del ministerio fiscal en España lo tenemos, en principio,
en las siete partidas de Alfonso décimo El Sabio
con el patrons fis y hombre,
puesto para razonar y defender enjuicio todas las cosas y derechos
de la Cámara del rey, un paso más como origen en el procurador fiscal,
también de Alfonso décimo.
Esta vez, gracias a las Cortes de Valladolid,
se creó una figura especial en la que, además te mandar razonar
y defender los asuntos del rey se defendía a las personas desvalidas,
a los pobres, a los huérfanos,
a las viudas y seguidamente las ordenanzas de Medina,
ya en el siglo 15,
en la que se establecen dos fiscales,
una para los juicios penales y otro para los juicios civiles;
ellos defendían la jurisdicción, el patrimonio de la Hacienda real
e integraban el tribunal de la Inquisición
y por fin gracias al real decreto 21 de junio de 1900 veintiseis,
nace como carrera autónoma el ministerio fiscal.
En este momento, gracias a ese real decreto,
el ministerio fiscal representa el gobierno.
En sus relaciones con el poder judicial vela
por la observancia de las leyes y promover la acción de la justicia.
Llegamos al.
Cabe hoy siendo la regulación actual del ministerio fiscal,
la siguiente, como norma básica
que regule al ministerio fiscal.
Tenemos el estatuto orgánico del ministerio fiscal,
aprobado por ley 50 barrachina y uno del 30 de diciembre,
que contiene la regulación básica que las funciones,
organización, estructuras, principios, normas de actuación,
formas de acceso y y darle la condición de fiscal,
derechos y deberes de los fiscales y su régimen disciplinario.
El Real Decreto 305, 2000 veintidos
aprueba el reglamento del ministerio fiscal
desarrollando el estatuto orgánico del mismo, la Constitución Española,
cómo no, en la cúspide normativa con su artículo 124
una referencia a todo lo anterior nos hace la ley orgánica seis barra,
85 de julio del Poder Judicial,
en su libro séptimo, cuando nos habla
del ministerio fiscal y demás personas
e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia.
Pero pocos, delimitar el concepto del ministerio fiscal
pues lo delimitaremos utilizando dos artículos.
Por una parte, el artículo 124 de la Constitución española,
y por otra parte, el artículo dos de la ley 50
barra 81, que es el estatuto orgánico del ministerio fiscal,
como hemos dicho, el artículo 124
de la Constitución nos habla, en primer lugar,
de la misión del ministerio fiscal.
Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad,
de los derechos de los ciudadanos y del interés público
tutelado por la ley, ya sea de oficio o a petición de los interesados,
y velar, por supuesto, por la independencia
de los tribunales, procurando las actis,
facción del interés social como lo hace,
lo hace por medio de órganos propios,
conforme a los principios de unidad de actuación,
dependencia y jerarquía.
Nos dice el artículo 124 de la Constitución
que el fiscal general del Estado,
quien está en la cúspide de la pirámide organizativa
de este ministerio será nombrado por el rey a propuesta del Gobierno.
Esto tiene gran importancia a los efectos que veremos
con posterioridad.
El artículo dos de la ley 50 barro 81,
nos indica que este órgano de relevancia constitucional
tiene propia personalidad
y está integrado con autonomía funcional en el poder judicial
y nos reitera que lo hace por medio de sus propios órganos
conforme a los principios ya detallados de unidad de actuación
y dependencia jerárquica,
y además nos añade otros dos principios.
El de legalidad e imparcialidad.
Si unimos estos dos artículos podemos delimitar conceptualmente
la figura del ministerio fiscal y lo haremos de la siguiente manera,
es un órgano de relevancia constitucional
con personalidad jurídica propia,
integrado con autonomía funcional en el poder judicial,
que ejerce su misión mediante órganos propios
conforme a los principios de unidad de actuación
y dependencia jerárquica, y con sujeción,
en todo caso a los de legalidad e imparcialidad,
pero que se necesita para ser fiscal,
pues para poder ingresar en la carrera fiscal.
Hay que ser español mayor de edad, no estar jubilado,
ser graduado doctor en derecho y reunir las condiciones
de capacidad exigidas; es una oposición
convocada al menos cada dos años de forma conjunta
a las oposiciones de la carrera judicial.
En estas oposiciones se garantizará el principio
de no discriminación e igualdad.
El temario también garantizará la adquisición de conocimiento
de normativa interna europea, internacional y, cómo no, nacional,
y era especial hincapié en los derechos del niño
y el principio de igualdad,
incluyendo las medidas contra la violencia de género
y su aplicación.
Una.
Han aprobado la oposición, deberán superar un curso
-en el centro de estudios jurídicos
y, tras el correspondiente juramento,
serán fiscales.
Esto figura, la del ministerio fiscal,
ha ocasionado un gran debate doctrinal
acerca de cuál es la naturaleza real del ministerio fiscal,
dado que efectivamente, como hemos visto,
el fiscal general del Estado quien hemos dicho
que se encuentra en la cúspide de la jerarquía del ministerio
es nombrada por el gobierno,
que factores son los que influyen en esta falta de consenso,
pues, en primer lugar, el ministerio fiscal
está integrado en el poder judicial sin ser Poder Judicial,
porque Poder Judicial ya sabemos solamente
que son los jueces y magistrados tienen autonomía funcional
respecto de este poder.
La naturaleza del ministerio fiscal no está exenta de polémicas,
y los factores que influyen en esta falta de consenso
son los siguientes.
El primero es que está integrado en el poder judicial
con autonomía funcional,
es decir, están dentro del Poder Judicial
sin ser Poder Judicial, porque Poder Judicial ya sabemos
que son solamente los jueces y magistrados,
el fiscal general es nombrado por el rey a propuesta del gobierno
el ministerio fiscal depende orgánica y funcionalmente del ministerio
de justicia, es decir, del poder ejecutivo.
Por tanto, es un órgano público estatal,
de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia,
que ejerce su función mediante órganos propios.
La vinculación que en cierto modo se puede considerar
que existe entre el ministerio fiscal y el poder ejecutivo
y, a la vez que está integrado dentro del Poder Judicial,
hace que haya ciertos sectores de la doctrina que lo considere,
incluso como un cuarto poder del Estado,
aunque esto a nosotros nos parece ciertamente exagerado.
Qué funciones desempeña el ministerio fiscal?
Volvemos para ello al artículo 124 de la Constitución,
que nos dice que estas funciones son, en primer lugar,
promover la acción de la justicia en defensa
de la legalidad en defensa de los derechos de los ciudadanos
y en defensa del interés público tutelado por la ley;
en segundo lugar, vele por la independencia
de los tribunales; y, en tercer lugar,
procura ante los tribunales la satisfacción de la ley social,
pero tiene otras funciones.
El ministerio fiscal
y estas funciones no las detalla el artículo tres
del estatuto orgánico del ministerio fiscal,
hemos dicho que velaba por la independencia de jueces
y tribunales y procuraba ante estos el interés social.
Tenemos que distinguir dos situaciones.
Una situación son las funciones que realiza en el marco general
de jueces y tribunales integrados en el poder judicial, que es
cuando ve la por el cumplimiento de la función jurisdiccional
y fuera de estos tribunales.
El ministerio fiscal interviene en procesos judiciales
de amparo de legalidad, cuestión de inconstitucionalidad
y vela también por el respeto de las instituciones constitucionales,
y la segunda cuestión es la defensa de la legalidad,
de los derechos de los ciudadanos y del poder público.
En el orden civil, el ministerio fiscal
intervienen los procesos relativos al estado civil
en los procesos relativos a menores,
personas discapacitadas o personas desvalidas
en el orden penal puede ejercitar u oponerse
a acciones penales y civiles dimanantes de los delitos.
Medidas cautelares solicitando el esclarecimiento,
incluso de los hechos y la instrucción.
Interviene en los procedimientos judiciales de menores
y protege procesalmente a las víctimas
y los testigos y peritos en el orden contencioso defiende,
en suma, la legalidad.
Eso.
Para realizar estas funciones el ministerio fiscal
precisa de una serie de herramientas.
Estas herramientas son, entre otras,
interesar la notificación de cualquier resolución judicial;
incluso se lo puede solicitar a la fiscalía europea,
aunque de la fiscalía europea no vamos a hablar
porque es un órgano independiente, al ministerio fiscal.
El ministerio fiscal también puede pedir información
del estado de los procesos, visitar en cualquier momento
los centros o establecimientos de detención no penitenciarios;
requerir el auxilio de las autoridades y de sus agentes
y dar instrucciones a la policía judicial.
También debe informar a la opinión pública atención,
respetando el secreto profesional
y guardando los deberes de sigilo inherentes a su cargo,
importantísima cuestión y establecer centros de relación
con las víctimas,
y los perjudicados.
Estas funciones que hemos detallado deben de ajustarse
a una serie de principios, principios tanto de organización
como de actuación externa.
Los principios de organización son el de unidad orgánica,
territorial y de actuación.
Tenemos que tener en cuenta
que el ministerio fiscal es único para todo el Estado;
por tanto, su actuación ha de estar coordinada,
compaginada tiene que ser armónica, homogénea y conjunta;
para no caer en contradicciones.
Para lograr este objetivo
es imprescindible establecer una dependencia jerárquica,
de tal forma que el principio de dependencia jerárquica
obliga a los fiscales inferiores a acatar
las instrucciones y decisiones de los fiscales superiores.
Los principios de actuación externa
son el de legalidad y de imparcialidad,
que va junto con la objetividad y la independencia.
El principio de legalidad indica.
Lo que el ministerio fiscal
hace actuar siempre con sujeción a la Constitución,
a las leyes y demás normas que integran
el ordenamiento jurídico vigente
y la imparcialidad implica que actúa siempre con plena objetividad
e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados.
La imparcialidad se refiere a la ausencia de interés personal
propio y directo en un asunto concreto.
Los fiscales no pueden ser recusados como lo son los jueces,
pero se abstendrán de intervenir en los pleitos
o causas que les afecten, siendo las causas de abstención
establecidas para los jueces y magistrados,
las mismas causas que han de tenerse en cuenta
para la abstención del ministerio fiscal.
Hemos dicho que la estructura organizativa del ministerio fiscal
es una estructura piramidal.
Así en la cúspide
tenemos al fiscal general del Estado inmediatamente debajo
a los órganos de asesoramiento, como el consejo fiscal,
la junta fiscales y la junta de fiscales superiores
de las comunidades autónomas.
Tenemos también las fiscalías nacionales, la del Tribunal Supremo,
la del Constitucional, la Audiencia Nacional,
el tribunal de cuentas o el tribunal jurídico militar;
las fiscalías especiales como son, por ejemplo la antidroga
y la de la corrupción y el crimen organizado,
y las fiscalías territoriales, las de las comunidades autónomas,
las provinciales y las fiscalías de área.
Pero de todas estas funciones que hemos visto
que desarrolla el ministerio fiscal tiene un papel fundamental
dentro del proceso penal.
Estamos hablando de los delitos.
Los delitos privados,
el fiscal, no interviene en los delitos semipúblicos,
interviene siempre y cuando el ofendido haya.
Utilizado una denuncia previa,
en este caso el ministerio fiscal puede ejercitar tanto la acción civil
como la acción penal y en los delitos públicos.
Interviene siempre, haya o no haya acusación,
en especial en la instrucción penal.
El ministerio fiscal interviene de la siguiente forma,
se constituirá en las actuaciones para el ejercicio de la acción penal
y de la acción civil,
velará por el respeto de las garantías procesales,
del investigado,
del encausado a los derechos de las víctimas
y de los perjudicados.
Impulsará y simplificará la tramitación del procedimiento penal,
solicitará al juez la práctica de diligencias y medios de prueba
para el esclarecimiento de los hechos,
así como medidas cautelares o el levantamiento de las mismas,
y si considera que no existen elementos,
instara el sobreseimiento,
porque el fiscal no siempre acusa y, en caso contrario,
elevará escrito de calificación con proposición de prueba
para juicio oral.
En definitiva,
como nos dice la sentencia del Tribunal Constitucional,
al 71 para 94, de tres de marzo, y el auto del Tribunal Constitucional
467, párrafo 2007, del 17 de diciembre,
el fiscal no es una parte más.
Es el acusador público,
que hace promover la acción de la justicia en defensa
de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos
y del interés público.
Muchas gracias.
O.