Ciencia abierta.
Derecho procesal.
Como parte general coordinaban por sonia calabaza, sus.
Coordinarnos.
Unidad, 6, la jurisdicción como función;
la función jurisdiccional de los jueces y magistrados profesionales
comprometidos con la jurisdicción Antonio Martínez Santos,
profesor titular de derecho procesal de la UNED,
con el ejercicio de la función jurisdiccional;
están implicados en distinta medida varios profesionales diferentes.
En primer lugar, tenemos los jueces
y magistrados, que son las personas encargadas en exclusiva,
de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado,
aunque en España la mayoría de los jueces y magistrados
son funcionarios públicos del Estado, no todos lo son;
también hay jueces y magistrados que ejercen la jurisdicción
con un nombramiento temporal,
sin formar parte de la carrera judicial.
Junto a los jueces y magistrados,
tenemos el personal no jurisdicente o no juzgador,
que incluye a los letrados de la Administración de Justicia
a los funcionarios de los cuerpos generales
y de los cuerpos especiales,
al servicio de la Administración de Justicia
y a la policía judicial, los letrados de la Administración de Justicia
y los funcionarios de los cuerpos generales,
gestión, tramitación y auxilio prestan sus servicios
normalmente en unidades de la oficina judicial.
En cambio, tanto los funcionarios
de los cuerpos especiales como la policía judicial
desarrollan sus actividades en otras instituciones
o en otras dependencias públicas distintas de la oficina judicial.
En esta elección vamos a hablar de todas estas figuras,
empezando por los jueces y magistrados,
sus clases y su estatuto jurídico básico.
En España hay dos grandes tipos.
Veces y magistrados, los jueces y magistrados de carrera
y los jueces y magistrados con nombramiento temporal,
los jueces y magistrados de carrera
son funcionarios públicos del Estado,
a quienes con carácter general se les encomienda el ejercicio
de la función jurisdiccional.
Como funcionarios, forman parte de un cuerpo estatal
de funcionarios al que se conoce con el nombre de carrera judicial.
Dentro de la carrera judicial hay tres categorías.
Juez, magistrado y magistrado del Tribunal Supremo.
La legislación española prevé cuatro formas diferentes
de ingresar en la carrera judicial.
La forma ordinaria y principal de ingreso
es siempre por la categoría más baja,
que va de juez y consiste en la superación
de una oposición y un curso teórico-
práctico de selección se puede ingresar también
en la carrera judicial directamente por la categoría de magistrado
mediante la superación de un concurso de méritos
que está reservado exclusivamente a juristas de reconocida competencia
con más de 10 años de ejercicio profesional.
Además, se puede acceder a la carrera judicial
por la categoría de magistrado en virtud de designación directa
para formar parte de la sala de lo civil y penal,
de un tribunal superior de justicia de una comunidad autónoma.
El nombramiento en este caso lo hará el Consejo General del Poder Judicial
a partir de una terna, es decir, una lista de tres personas
que elaborará la asamblea legislativa de la comunidad autónoma.
Los candidatos tienen que ser juristas de reconocido prestigio,
con más de 10 años de ejercicio profesional.
Con la última forma de ingreso en la carrera judicial
es por la categoría más alta la de magistrado
del Tribunal Supremo.
La ley establece que de cada cinco vacantes que se produzcan
en las diferentes salas del Tribunal Supremo,
una de ellas tiene que cubrirse con abogados u otros juristas
de reconocida competencia, con más de 15 años
de actividad profesional,
preferentemente en la rama del derecho correspondiente
al orden jurisdiccional de la sala,
en la que se vayan a integrar ese llamado quinto turno.
Por lo que se refiere a los ascensos de categoría
dentro de la carrera.
Inicial, hay que distinguir dos situaciones.
Como regla general.
El paso de la categoría de magistrado desde la categoría del juez
se produce a medida que van quedando vacantes de magistrado
en el escalafón.
De cada cuatro vacantes que se producen,
la mitad se cubren mediante el ascenso por su orden
de las personas que ocupan los primeros lugares en el escalafón
de la carrera, dentro de la categoría de los jueces.
Para ello se requiere que hayan prestado al menos -3 años
de servicios efectivos.
Los jueces también pueden llegar a la categoría de magistrado,
superando una serie de pruebas específicas
que pueden ser pruebas selectivas o pruebas de especialización.
En cuanto al paso a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo,
la ley establece que de cada cinco plazas que queden
vacantes en las distintas salas del Tribunal Supremo,
todas menos la correspondiente al quinto turno
tienen que cubrirse con magistrados de carrera que tengan
al menos -10 años de servicios en la categoría de magistrado
y una antigüedad de 15 años en la carrera judicial,
la elección de estos nuevos magistrados del Tribunal Supremo
corresponde al pleno del Consejo General del Poder Judicial.
Por mayoría de tres quintos de los vocales.
A. La condición de juez o magistrado de carrera
se puede perder por alguna de las siguientes causas.
Por renuncia a la carrera judicial;
por pérdida de la nacionalidad española;
en virtud de sanción disciplinaria;
de separación de la carrera por la condena
a la pena privativa de libertad por razón de delito doloso;
por haber incurrido de forma sobrevenida en alguna de las causas
de incapacidad o por jubilación la jubilación
a su vez puede ser por edad o por incapacidad permanente.
La jubilación por edad en principio es forzosa a los 70 años,
pero se puede adelantar a los 65 o retrasar hasta los 72 años.
Se le interesado lo solicitado dentro de los plazos previstos
en la ley?
La suspensión es una sanción que sólo se puede imponer
como consecuencia de la tramitación de un expediente disciplinario
o en su caso en el marco de un proceso penal,
un juez o magistrado que haya sido suspendido.
Se va a haber privado del ejercicio.
Sus funciones mientras dure la situación de suspensión, que puede
ser provisional o definitiva los jueces y magistrados solo
pueden ser suspendidos en los casos previstos
en la ley, que son los siguientes.
Primero, que por delito doloso se hubiera dictado contra ellos auto
de prisión de libertad bajo fianza o de procesamiento; segundo,
que se hubiera acordado la suspensión en un expediente disciplinario
de incapacidad y tercero por sentencia firme condenatoria
en la que se imponga como pena principal o accesoria la suspensión,
siempre y cuando, lógicamente, no proceda a la separación
del servicio.
Junto a los jueces y magistrados de carrera,
la ley orgánica del Poder Judicial
prevé distintas figuras a las que se les puede encomendar
el ejercicio de la potestad jurisdiccional,
pero solo por tiempo determinado y sin integrarse
en la carrera judicial, exceptuando los jueces de paz,
se trata en todos los casos de soluciones adoptadas
por el legislador para tratar de mitigar las casas de jueces
de carrera.
Entre estas soluciones se encuentran los jueces sustitutos,
los magistrados suplentes
y los jueces en régimen de provisión temporal.
Los jueces de paz son los titulares de los juzgados de paz.
Son nombrados por la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de la comunidad autónoma,
correspondiente a propuesta del pleno del ayuntamiento,
en cuya localidad municipio van a ejercer sus funciones,
puede ser elegida juez de paz
cualquier persona que aún no teniendo estudios de derecho
reúna los requisitos establecidos en la ley para el ingreso
en la carrera judicial.
Los jueces de paz tienen las mismas incompatibilidades
que los jueces y magistrados de carreras,
pero se les permite ejercer actividades profesionales
o mercantiles.
El nombramiento como juez de paz tiene una duración de cuatro años.
Los jueces sustitutos, los magistrados suplentes
y los jueces en régimen de provisión temporal son personas
tituladas en derecho nombradas por el Consejo General del Poder Judicial
a propuesta de las salas de gobierno
de los tribunales superiores de justicia,
tras la celebración de un concurso de méritos.
El nombramiento en todos estos casos.
Es por un año los jueces sustitutos se nombran para cubrir
provisionalmente las bajas de jueces de carrera que se produzcan
en los juzgados del territorio del tribunal superior
de justicia que los proponen.
Los magistrados suplentes son personas
a las que pueden acudir las salas y secciones de los tribunales
y audiencias del territorio de un tribunal superior de justicia,
cuando no haya suficientes magistrados de carrera
para constituir la sala o sección válidamente.
Por último, los jueces en régimen de provisión temporal
se nombran para cubrir de forma rápida
las vacantes de jueces que queden desiertas,
tras la celebración de los concursos de traslado,
y solo cuando esas vacantes no se puedan cubrir
por otros medios, sean del tipo que sean.
Los jueces y magistrados
son siempre independientes, inamovibles y responsables,
solamente pueden ejercer funciones jurisdiccionales
y, además, han de hacerlo siempre de manera imparcial.
Con independencia quiere decir ausencia de dependencia.
Ausencia de vinculación o sujeción referida
a los órganos jurisdiccionales
significa que en el ejercicio de su función,
de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, los jueces y magistrados
están sometidos únicamente a la ley y al derecho.
Por lo tanto, a la hora de resolver los asuntos
todos los que conocen deben regirse siempre por criterios
estrictamente jurídicos.
Esta independencia tiene dos importantes dimensiones.
Por un lado, una dimensión interna
que quiere decir que entre los juzgados y tribunales
no existe una relación de subordinación o jerarquía de manera
que los tribunales superiores nunca van a poder impartir instrucciones
a los tribunales inferiores sobre el modo
en el que deben tramitar los asuntos de los que conocen,
y, por otro lado, la independencia judicial
tiene una dimensión externa.
Los jueces y magistrados tampoco están sometidos a poderes
o a instancias externas, sean de la naturaleza que sea.
En particular,
los jueces y magistrados están libres de sujeción directa,
tanto respecto de los órganos del poder legislativo,
que no les pueden llamar a rendir cuentas
como respecto del poder ejecutivo y sus agentes.
Para garantizar esta independencia
respecto del resto de poderes públicos,
la Constitución de 1978 creó el Consejo General del Poder Judicial
como supremo órgano de gobierno de los jueces.
La inamovilidad es la principal garantía
de la independencia judicial.
Los jueces y magistrados
son inamovibles en el sentido de que no pueden ser separados,
suspendidos trasladados ni jubilados si no es por alguna de las causas,
y en los supuestos previstos en la ley ya se ha explicado antes
que los motivos por los que se puede perder la condición de juez
o magistrado de carrera están tasados legalmente,
también están tasados los supuestos de suspensión y jubilación.
Por su parte, el traslado es voluntario con carácter general
y requiere que el juez o magistrado interesado
se presenta un concurso de traslado.
El traslado forzoso es posible,
pero es excepcional y normalmente constituye una sanción
que solo cabe imponer en virtud de la comisión
de una falta disciplinaria muy grave,
imparcialidad o desinterés subjetivo
quiere decir que los jueces y magistrados no deben ser parte
en los asuntos cuya resolución se les encomienda.
La Constitución no menciona la imparcialidad
en ninguno de sus artículos, pero el Tribunal Constitucional
ha declarado que el derecho a un juez imparcial
forma parte del contenido esencial del derecho fundamental
a un proceso con todas las garantías.
El artículo 219 de la ley orgánica del Poder Judicial
enumera una serie de circunstancias que pueden incidir
en la imparcialidad de un juez o magistrado,
si se da alguna de estas circunstancias.
En un asunto concreto, el juez o magistrado
afectado tiene la obligación de abstenerse de conocer del asunto,
sino se abstiene las partes.
Pueden plantear un incidente de recusación con el fin
de apartarle forzosamente del procedimiento.
Según la Constitución, los jueces y magistrados solo
pueden ejercer las funciones jurisdiccionales,
y aquellas otras funciones que la ley les encomiende en garantía
de cualquier derecho.
Por eso los jueces y magistrados están sometidos a un severo régimen
de incompatibilidades y prohibiciones,
el cargo de juez o magistrado es incompatible
con prácticamente cualquier cargo, empleo o profesión,
exceptuando solamente la docencia,
la investigación jurídica y la producción
y creación literaria, artística científica técnica.
En cuanto a las prohibiciones, los jueces y magistrados tienen
terminantemente prohibido pertenecer a partidos políticos o sindicatos,
dirigir felicitaciones o censuras por sus actos
a los poderes públicos, asistir como miembros del Poder Judicial
a reuniones públicas de carácter no judicial,
participar en las elecciones de cualquier forma que no sea emitir
su voto personal y revelar hechos o noticias referentes a personas
de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
Los jueces y magistrados en servicio activo
tienen además una cierta inmunidad en el sentido
de que en principio solo
se les puede tener por donde el juez competente solo
cabe la detención policial de un juez o magistrado
en caso de flagrante delito.
Por otro lado,
como manifestación del principio de separación de poderes,
la ley establece que todas las autoridades
deben abstenerse de realizar, intimaciones o requerimientos
a los jueces y magistrados y sobre todo de citarlos
para que comparezcan a su presencia.
A. La responsabilidad individual de los jueces y magistrados
se puede exigir en dos planos diferentes,
puede ser una responsabilidad de naturaleza penal
si cometen algún delito, en el ejercicio de sus funciones
o disciplinarias,
si se trata de alguna de las conductas tipificadas
como infracción administrativa en la ley orgánica
del Poder Judicial.
De este modo los jueces y magistrados pueden incurrir
en responsabilidad penal si cometen delitos,
en el ejercicio de sus funciones, como puede ser el cohecho,
la prevaricación o la denegación de justicia.
Los procesos penales encaminados a la persecución de este tipo
de ilícitos.
Se pueden iniciar de oficio por el tribunal competente
o bien por querella del ministerio fiscal,
del ofendido o perjudicado por el delito
o de cualquier ciudadano español que.
Actúe en el ejercicio de la acción popular.
Por lo tanto, no basta la mera denunciar.
El tribunal competente para conocer de la causa
varía en función del cargo del juez o magistrado investigado
porque todos los jueces y magistrados están aforados.
Una vez presentada, la querella será examinada
y si se admita a trámite, dará lugar a un proceso penal,
al término del cual se dicta la sentencia absolviendo,
condenando al presunto responsable del delito en lo relativo
a la responsabilidad disciplinaria de los jueces y magistrados.
La ley tipifica tres tipos de faltas.
Las muy graves, las graves, las leves,
las sanciones pueden consistir en una simple advertencia.
Una multa pecuniaria el traslado forzoso de destino,
la suspensión de empleo y sueldo o en los casos más graves,
la separación del servicio en concreto.
Las faltas leves solo pueden sancionarse con advertencia
o multa las faltas graves con multa y las faltas muy graves
con la suspensión, el traslado forzoso,
o incluso la separación de la carrera.
Los jueces y magistrados
no son los únicos profesionales al servicio de la jurisdicción,
como hemos visto al principio.
Hay otros profesionales que también forman parte en mayor o menor medida
de la Administración de Justicia;
se trata del personal, no jurisdicente o no juzgador.
En primer lugar están los letrados de la Administración de Justicia
y los funcionarios de los cuerpos generales,
al servicio de ministra de justicia,
que, como regla general, trabajan en la oficina judicial.
La oficina judicial es esa organización burocrática,
de carácter instrumental que sirve de soporte
a la actividad jurisdiccional de los juzgados y tribunales.
Según el diseño legal, la oficina judicial
consta actualmente de dos elementos organizativos básicos.
La unidad procesal de apoyo directo y el servicio común procesal;
las unidades procesales de apoyo directo,
sustituyen a las antiguas secretarias de los juzgados.
La ley prevé que cada órgano unipersonal
y cada sala o sección de los tribunales colegiados
disponga de una unidad procesal de apoyo directo,
integrada por un número variable de funcionarios,
pero siempre dirigida por un letrado de la Administración de Justicia,
que puede dirigir varias unida.
De esa vez, los servicios comunes procesales
son oficinas que, sin estar vinculadas
o sin estar adscritas a ningún órgano jurisdiccional concreto,
centralizan determinadas funciones de gestión y apoyo
a todos los tribunales
de una determinada circunscripción territorial.
Cada servicio común procesal
se compone de un número variable de funcionarios,
pero a la cabeza siempre hay un letrado
de la Administración de Justicia, director.
La ley atribuye a los servicios comunes procesales
allí donde existan competencias en materia de registro de reparto
auxilio judicial jurisdicción voluntaria ejecución mediación
ordenación del procedimiento y actos de comunicación
Los letrados de la Administración justicia son un cuerpo único
de funcionarios públicos de carácter estatal,
no están sometidos orgánica ni jerárquicamente a los jueces
y magistrados,
porque, a nivel orgánico,
dependen directamente del Ministerio de Justicia
con carácter general para el ingreso en el cuerpo de letrados,
administración, justicia.
Hace falta ser titulado en derecho y superar una oposición libre.
Entre las funciones más importantes de los letrados
de la Administración de Justicia cabe mencionar la dación de fe pública,
la dirección de la oficina judicial,
la ordenación formal del proceso mediante el impulso procesal,
la ejecución de las resoluciones judiciales
en todo aquello que no esté reservado a los jueces y magistrados,
la resolución de expedientes de jurisdicción voluntaria,
la práctica de actos de comunicación o la tasación de costas.
El personal que trabaja en las unidades de la oficina judicial,
bajo la dirección de los letrados del Administración
justicia es personal funcionario,
que realiza tareas de contenido procesal y administrativo.
Ahora bien, no todo el personal administrativo
de los juzgados y tribunales tiene el mismo estatus,
ni las mismas responsabilidades
ni, por supuesto, tampoco la misma retribución,
porque existen tres cuerpos diferentes de funcionarios
a los que se accede siempre por oposición
o, en su caso, por promoción interna.
Se trata de los cuerpos de gestión procesal y administrativa,
tramitación procesal y administrativa
y auxilio judicial.
Los cuerpos especiales de funcionarios al servicio
de la Administración de Justicia
están integrados por personas que desempeñan funciones
para las que se necesita una cualificación técnica
o una cualificación profesional específica.
Estos funcionarios prestan sus servicios en dos tipos
de instituciones públicas, que son los institutos de medicina legal
y el instituto nacional de toxicología y ciencias forenses,
los funcionarios de los cuerpos especiales o los médicos forenses
y los facultativos.
Los técnicos especialistas y los ayudantes de laboratorio
del instituto nacional de toxicología y ciencias forenses,
el cuerpo de médicos forenses se compone de médicos de carrera
especialistas en medicina legal.
Los médicos forenses ayudan a los juzgados y tribunales
a las fiscalías y a las oficinas del registro civil
en las materias de su disciplina profesional,
tanto en el campo de la patología forense
como en la asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos,
de los lesionados o de las personas enfermas,
que están bajo la jurisdicción de un tribunal.
El cuerpo de facultativos del instituto nacional de toxicología
se compone de titulados en carreras universitarias del ámbito
de las ciencias experimentales y de la salud.
Los facultativos del Instituto Nacional de Toxicología
tienen como misión la asistencia técnica a los tribunales
y al ministerio fiscal en materia de sus disciplinas profesionales.
Para ello llevan a cabo análisis científicos
y emiten dictámenes e informes.
Los técnicos, especialistas y los ayudantes de laboratorio
prestan ayuda en las actividades del instituto nacional de toxicología
y de los institutos de medicina legal.
En España no hay un cuerpo específico e independiente de policía
que dependa orgánicamente de los juzgados
y tribunales de manera directa,
sino que la función general de policía judicial,
que consiste en ayudar a los órganos jurisdiccionales,
en la investigación de los delitos y en la averiguación
y de atención de los delincuentes,
se encomienda a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad
que existen a efectos prácticos la ley prevé
que dentro de cada cuerpo de policía se constituyan unidades específicas
dedicadas a las labores de policía judicial.
Esas unidades tienen un régimen especial para evitar
que las investigaciones judiciales o de la fiscalía se vean perturbadas
por factores externos.
La forma en las funciones de investigación penal,
las unidades que actúan como policía judicial están siempre
bajo las órdenes directas de los juzgados y tribunales
o del ministerio fiscal.
Ahora bien, estamos hablando de una dependencia puramente funcional
a los solos efectos de la investigación
que se está llevando a cabo.
No es una dependencia orgánica,
porque orgánicamente los agentes destinados en las unidades de policía
judicial siguen dependiendo de los mandos del cuerpo
en el que prestan sus servicios.
En segundo lugar, en ningún caso
pueden encomendarse a los miembros de estas unidades de policía judicial
la práctica de actuaciones que no sean las propias
de una unidad de policía judicial,
es decir, estamos hablando de unidades
que trabajan en régimen de exclusividad.
Por último, los funcionarios de policía
a quienes hubiera encomendado una actuación
o investigación judicial concreta tienen una cierta inamovilidad,
porque no pueden ser removidos o apartados de la investigación
hasta que haya terminado, al menos que el juez fiscal competente
así lo ordene o de su autorización.
Con esto damos por terminada la lección sexta,
que es la que se refiere a los jueces y magistrados
y al resto del personal al servicio de la Administración de Justicia.
Muchas gracias por su atención o on.