Ciencia abierta, derecho procesal, como parte general,
coordinadas por Sonia calabaza, sus ordeñan.
Unidad, 8, derechos fundamentales de derecho procesal,
derecho a la práctica de la prueba, Ana Isabel,
lo haces Gutiérrez, profesora, titular de derecho procesal
de la UNED.
Podemos comenzar con el artículo 24 de la Constitución,
que dice que todas las personas tienen derecho a la tutela efectiva
de los jueces y tribunales
en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos
sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.
Esto es lo que nos dice el artículo
24 en su apartado primero, y en su apartado segundo.
Nos dice que asimismo todos tienen derecho al juez ordinario
predeterminado por la ley, a la asistencia, al letrado,
a ser informados de la acusación formulada contra ellos,
a un proceso público sin dilaciones indebidas
y con todas las garantías a utilizar los medios de prueba pertinentes
para la defensa;
a no declarar contra sí mismo
a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia.
Bien, como puede observarse.
En el apartado primero de este precepto
se proclama el derecho a la tutela judicial efectiva
y en el apartado segundo consagra las garantías esenciales
que conforman el debido proceso.
Por tanto, para que se pueda hablar de esa tutela judicial efectiva
es necesario que se cumplan esas garantías procesales,
porque si no se generarían situaciones materiales
de indefensión.
Bien, cómo.
Veremos a continuación es verdad que este derecho
a utilizar los medios de prueba pertinentes
para la defensa está relacionado con los demás derechos,
es decir, con el derecho al juez ordinario
predeterminado por la ley, es decir,
será este ante el que se practique
o se lleva a cabo la práctica de la prueba.
Es decir, es un juez que está vestido de jurisdicción y de competencia,
también en un proceso público sin dilaciones indebidas
y sobre todo un proceso con todas las garantías.
Y por qué digo un proceso con todas las garantías?
Porque evidentemente un proceso con todas las garantías
es aquel en que las partes regidas por el principio de contradicción
tendrán las mismas posibilidades de alegación, prueba e impugnación,
es decir, aquí aparece el término.
Por lo tanto, como hemos dicho,
se relaciones y derecho a utilizar los medios de prueba,
que además ya veremos la transcendencia que tiene
y que por eso aparece dentro de los derechos fundamentales.
Incidencia procesal, el ámbito constitucional,
porque se relaciona
de alguna manera con todos y cada uno de los demás derechos.
Pero quiero centrarme sobre todo en la utilización
de los medios de prueba.
Como derecho fundamental, como veremos,
hemos dicho que se relaciona con todos los demás derechos
y también, como veremos en su momento,
tienen que hacerse efectivo a través de un proceso
legalmente establecido y mediante el cumplimiento de una serie
de principios.
Por lo tanto, como veremos a continuación,
vamos a hablar ya de ese derecho fundamental
a utilizar los medios de prueba pertinentes
para la defensa, la proclamación constitucional
que tiene este derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes.
Para la defensa evidencia la extraordinaria importancia
que revise.
La actividad probatoria dentro de un proceso
y por qué reviste esta especial importancia
por porque es fundamental para el adecuado ejercicio
de la potestad jurisdiccional a través del proceso;
es decir, esa potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado,
que se confiere a los juzgados y tribunales
para resolver definitiva e irrevocablemente.
Los conflictos ínter subjetivos y sociales que se plantean
para su conocimiento, requiere en primer lugar,
del sometimiento de esos órganos jurisdiccionales a la ley
y, en segundo lugar, de la aportación de los hechos que conforman
las distintas pretensiones de las partes,
y que se confiere en exclusiva a los litigantes.
Por lo tanto, lo que hay que hacer primero es esa aportación de hechos
que tienen las partes litigantes y que en un momento posterior
se subsumen en la hora de dictar la resolución judicial,
pero entre medias es necesario, es necesario para garantizar
o para resolver ese conflicto
y para alcanzar esa paz social que tenga lugar una actividad concreta,
y esa actividad es la actividad probatoria
y es tan trascendental para el correcto desempeño,
como hemos dicho, esa potestad jurisdiccional,
que el legislador constituyente, consciente de esa importancia
optó por plasmar.
La práctica de la prueba, el derecho constitucional
que tienen reconocido las partes procesales,
derecho que además su ubicación sistemática
dentro de la sección primera del capítulo
segundo del título primero de la Constitución
le hace que tenga la categoría de derecho fundamental para.
Que quiere decir que la catalogación de un derecho como fundamental,
con rango constitucional.
Lleva a que tengamos en cuenta varias premisas
y esto es muy importante a nivel general
vale desde el punto de vista,
desde el prisma del derecho procesal, pero es muy importante
saber que la primera consiste una estricta observancia
a la que estarán obligados
y vinculados todos los poderes públicos, incluidos,
como no puede ser de otra manera, los juzgados y tribunales integrantes
del Poder Judicial.
Después, todos los poderes públicos,
en el ejercicio de sus respectivos contenidos constitucionales,
deben interpretar las normas de conformidad
con la Declaración Universal de Derechos Humanos,
y los tratados y acuerdos internacionales
sobre las mismas materias que hayan sido ratificados por España
y, en tercer lugar se refiere a la tutela jurisdiccional
que puede efectuarse.
No solo esto es importante a través de la vía ordinaria,
ante órganos jurisdiccionales de la jurisdicción ordinaria,
es decir, mediante las decisiones judiciales relativas
a esa actividad probatoria,
sino también subsidiariamente mediante la interposición del recurso
de amparo ante el Tribunal Constitucional, es decir,
agradecerse subsidiariamente.
Una vez que se hayan agotado las vías previas,
vamos a dar un concepto que así nos queda más claro.
Podemos definir ese derecho
a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa,
como la actividad procesal con categoría de derecho fundamental,
ejercitable en cualquier tipo de procesos,
inseparable del derecho de defensa, y que pretende y bueno,
pues pretende demostrar ante el juez ordinario
predeterminado por la ley.
La veracidad o falsedad de las alegaciones fácticas?
Controvertidas sobre la que se sustentan las pretensiones
de las partes actora y defensiva,
según el rol que ocupen en el proceso bajo los principios de publicidad.
Oralidad, contradicción, concentración y media.
Acción, por tanto, la prueba que nos quede claro,
después de este concepto, ha de practicarse,
en el marco habilitante de un proceso legalmente establecido
y acorde con los principios de publicidad oralidad contradicción
concentración e inmediación por lo tanto la práctica de la prueba
se erige en un auténtico pilar del proceso que con carácter general
se celebra o se tiene que celebrar o se tiene que practicar
en la fase del juicio oral vale que es el momento
en el que se garantice el equilibrio entre las partes, personas
y al celebrarse además en un debate contradictorio,
es decir, es importante en el proceso,
siempre tiene que haber dos partes contradictorias.
Por eso decimos que rige ese principio de contradicción.
Por lo tanto, como vemos,
esa práctica de la prueba se relaciona con esos principios,
con el principio de anualidad, un proceso público
ante el juez ordinario predeterminado peritar,
o por la ley, que es el que está investido de jurisdicción
y de competencia bajo el principio de inmediación,
es decir,
la práctica se hace en presencia del órgano jurisdiccional.
Es verdad que últimamente este principio de de inmediación,
que es verdad que está arraigado en nuestro ordenamiento jurídico,
está sufriendo últimamente una transformación,
y es porque se están implementando tecnologías de la información
y la comunicación en el ámbito judicial
y un avance en la digitalización de la justicia
y que está provocando, bueno, pues en cierta medida está provocando
una inevitable desplazamiento de esa tradicional
o como lo concebimos y mediación física
en cuanto a la práctica de la prueba,
a favor de otra inmediación, electrónica o digital.
Pero, bueno, estamos en el camino
y no sabemos cuál será el futuro de una manera contradictoria.
Es decir, dos partes contrapuestas en el proceso.
Las dos van a intentar valerse de esos medios de prueba
para obtener que, pues, la medida de lo posible,
una sentencia favorable, no, y es verdad.
Además se intentará hacer de una manera en la que rija
el principio de contradicción es decir que esas sesiones
celebradas en el proceso bajo los principios de oralidad,
inmediación y concentración a los que hemos aludido anteriormente
se practiquen en la medida de lo posible en unidades,
es verdad que no toda la prueba determinadas cuestiones
se practica el juicio oral puede hablarse por anticipada
o preconstituida,
que se puede llevar, por ejemplo,
aprobar constituida en la instrucción a veces,
antes de llegar al juicio oral en determinados casos, por ejemplo,
pensemos en menores, personas con discapacidad
y además últimamente también las últimas reformas.
Los últimos reales decretos, como el real decreto ómnibus,
tienden a afianzar todavía más esa posibilidad de prueba
practicada prueba anticipada prueba preconstituida además
utilizando tecnologías como digo yo que nos lleven
a una mayor humanización de la justicia en materia probatoria
como sería el caso de la declaración,
era.
Como hemos visto, ya hemos dado una pincelada
en cuanto a ese concepto, no como es su relación,
el derecho a utilizar los medios de prueba como derecho fundamental,
como es su relación con los demás derechos del 24,
dos lo hemos visto en qué medida también hemos visto
cómo tiene que hacerse en un proceso y además también a través,
como mediante unos principios que rigen el proceso,
y ahora vamos a hablar de un contenido.
Cuando hablamos del derecho a la práctica,
la prueba que contenido tenemos, que es lo que nos interesa
que se retenga en nuestra memoria,
bueno, pues vamos a ver ese contenido.
Primero, el derecho
a proponer la prueba primero, comprende el derecho a,
siguiendo los cauces procesales legalmente establecidos,
vamos a acreditar los hechos constitutivos
que fundamental.
La pretensión por parte de la parte actora y los hechos impedit.
Vos extintivos y excluyentes por la parte defensiva.
Es decir, ya tenemos lo primero proponer los medios de prueba,
esto ya, esa proposición de la prueba.
Es verdad que en primer lugar, tiene que adaptarse
a unos imperativos de Tiempo y Forma,
vale siguiendo las normas procesales que son las que establecen
efectivamente esos imperativos de tiempo y forma.
Es verdad, no pueden darse irregularidades formales
en la proposición de la prueba por parte del interesado,
y si se dieran hay que ver si pueden ser subsanables,
siempre que efectivamente no afecten a terceras personas,
pues deberíais verdad facilitarse, esa subsanación,
pero por eso hay que tener una cierta diligencia en el momento
de proponer los medios de prueba y pensar muy mucho.
Qué medios de prueba queremos proponer
para elaborar configurar nuestra estrategia de defensa.
Después del derecho a que se admita la prueba que sea
legalmente admisible.
Ese derecho fundamental a utilizar los medios de prueba
también otorga a los titulares de este derecho vale
a que el juez o tribunal que esté conociendo
de ese asunto admite aquellos medios de prueba que propuestos primero
hemos dicho en tiempo y forma.
Se declaren pertinentes y útiles
y no hayan sido obtenidos de una manera ilícita
o vulnerando derechos o libertades fundamentales.
Por tanto, esos medios de prueba ya hemos dicho
que se establecen si hay un derecho a que se admita la prueba,
pero la que sea legalmente admisible,
y ya hemos visto que nos da dos pinceladas que luego veremos
pertinente, útil y que no haya sido obtenida con vulneración
de derechos fundamentales.
Después también hay un derecho a motivar a que se motiven
mediante las resoluciones judiciales.
La admisión de la prueba.
Es decir, yo admito ese medio de prueba
y tengo que.
Motivar si lo inadmita es decir imaginemos una prueba
o sea existe ese derecho constitucional
no comprende también el derecho a la inadmisión de la prueba,
cuando se motive que esa prueba no corresponde,
pero el órgano jurisdiccional debe motivarlo,
tiene que hacer un juicio sobre la impertinencia
o la neutralidad,
o sea, no puede sin más.
Inadmitir esa prueba porque parte del contenido de derecho fundamental
es derecho a que se admita la prueba que sea admisible.
Si yo, como órgano jurisdiccional dinamito, tengo que motivarlo,
y es que la motivación.
Además la motivación tiene rango constitucional,
es decir, no vale hacer una motivación comodín.
Tengo que motivar por qué inadmitió esa prueba
y después de la motivación tengo derecho
a que esa prueba admitida sea practicada.
Efectivamente, usted me admite la prueba
yo lo he hecho en tiempo y forma, y también tengo derecho
a que se practique ese medio de prueba
y que se ejecute dentro de un plazo razonable,
porque esa es la manera, la manera en que propicia la efectiva práctica
de las pruebas que se admite a trámite.
Después tendremos,
o sea, hemos dicho proponer prueba que se admita esa prueba
que se motive, si se admite la prueba que se practique,
la prueba que se ha admitido y por último, el derecho
a que esa prueba practicada sea valorada
por el órgano jurisdiccional.
Es decir, el órgano judicial tiene que valorar esa prueba
porque sobre la misma se va a fundamentar esa sentencia.
Qué ámbito de aplicación tiene el derecho fundamental
a utilizar los medios de prueba?
Bueno, pues como derecho fundamental que se vamos,
que se queden, nuestra retinas aplica todo tipo de procesos.
Con independencia del orden jurisdiccional
en el que se ejercite de acuerdo quién es titular de ese derecho
a utilizar los medios de prueba como manifestación de un derecho
a un proceso con todas las garantías.
Son titulares de ese derecho fundamental
quienes hayan adquirido la condición de en parte en el proceso
y que le otorga,
qué derechos le otorgan, pues eso es que hemos visto dentro del contenido
sea el derecho a proponer la prueba tendente
a demostrar que los hechos jurídicamente relevantes
en el proceso que conforman las respectivas pretensiones
de las partes,
así como el derecho a que esas pruebas pertinentes
y útiles sean admitidas, sean practicadas,
y además el juez o tribunal deba valorarlas
sin obstaculizar ni desconocer este derecho fundamental
que derecho es el que verdaderamente guarda una íntima relación
con el derecho a utilizar los medios de prueba,
pues es el derecho de defensa, es decir,
cómo avanzamos ya en el concepto del derecho constitucional
a prueba está íntimamente ligado al derecho de defensa,
porque no cabe duda que uno de los más eficaces medios
para sostener la pretensión o que tienen las partes
para sostener la pretensión o para desvirtuar
la de la parte contraria es precisamente el solicitar
la misión y la práctica de los medios de prueba
de que intentan valer esa íntima conexión.
Entre el derecho a la prueba y el derecho de defensa
tiene que entrañar la imposibilidad de entender vulnerado el primero,
es decir, solo se entenderá vulnerado ese derecho
a la práctica de la prueba.
Solo se entenderá vulnerado
si se ha producido una situación real y efectiva de indefensión,
o sea, esa garantía constitucional solos intentan,
pero vulneraba si efectivamente se ha producido una situación
de indefensión en la parte procesal agraviados.
Por qué límites existen al derecho a la práctica de la prueba?
Bueno, pues los límites ya casi los hemos ido avanzar.
El primero, el de la pertinencia de la prueba,
es decir, de toda la prueba que las partes
puedan proponer en tiempo y forma en el proceso solo
es admisible aquella que guarde relación con el objeto del mismo,
prueba que será por lo tanto considerada pertinente
aquella prueba que no guarde relación con el objeto del proceso.
Será considerada impertinente utilidad de la prueba.
Es decir, la prueba tiene que ser útil;
a veces la prueba puede ser pertinente,
pero sin embargo puede ser inútil.
Pensemos en pruebas continuamente, repetitivas;
por ejemplo, se propone una prueba testifical de 10, 15 o 20 personas
que todas ellas han presenciado un mismo hecho
o se encuentra en la misma situación con respecto al tema aprovant l
y, bueno, si todas van a aportar lo mismo, esa prueba reiterativa
o que puede ser cubierta ese extremo fáctico
puede quedar cubierto con otros medios de prueba.
Pues resulta inútil porque repetitiva por tanto,
al igual que el tema de la impertinencia
los órganos judiciales no van a admitir una prueba
que sea inútil, inútil, porque no aporta al proceso.
Ya hemos puesto el ejemplo, esa prueba testifical reiterativa
o que se pudiera ese extremo fáctico,
o ese hecho para que lo entendamos el término se pueda demostrar
con otros medios probatorios también hay que demostrar
la relevancia y el carácter decisivo de la prueba.
Es decir, sus señorías yo hago valer esta prueba porque esta prueba
es la que puede hacer que yo obtenga una sentencia favorable
o fundamente, por supuesto mi motivo como demandante de amparo.
Es decir, tengo que ver la trascendencia,
es decir, la trascendencia como se demuestra,
pues demostrar si yo usted no practica esta prueba
o no me admite esta prueba, el resultado del proceso
o de esa sentencia podría ser diferentes
y, por último, la ilicitud de la prueba que ocurre.
Bueno, pues no podrán admitirse aquella prueba
que sea ilícita, ilícita desde el punto de vista
de vulneración.
La legislación ordinaria o bien prueba
prohibida lo que llamamos, que es la que se ha obtenido con vulneración
de los derechos fundamentales y las libertades públicas.
Imaginemos una prueba.
Que se ha obtenido prueba,
que se haya obtenido vulnerando esos derechos fundamentales?
Por ejemplo, la entrada y registro levanta de registro.
Tienes unas pruebas, con una anta de registro,
que no ha tenido una resolución,
o sea, no están parado una resolución judicial
que permita esa entrada y registro,
y eso que nos lleva, bueno, pues nos lleva a la teoría
de que sabemos anglosajona del árbol prohibido,
es decir, de los frutos del árbol prohibido.
No solamente no se admitirá esa prueba,
sino toda la prueba que se derive de la misma.
Pensemos en una conversación entre dos personas,
una grabación en la cual se han vulnerado el derecho,
porque una persona ajena a esa conversación después aprueba,
aporta esa prueba.
Que ocurre con la infracción del derecho a la práctica,
de la prueba que control constitucional
existe?
Bueno, pues existe un control constitucional
basado en dos requisitos.
Primero, la resolución judicial que haya denegado una prueba,
poder hacerlo solo si no ha sido razonada
o motivada ese rechazo o la práctica de esa prueba,
o el medio probatorio sea arbitrario o irrazonable
y, en segundo lugar,
que se haya producido en la parte demandante.
Amparo.
Una real y efectiva situación de indefensión.
Es necesario que se dé una situación real y efectiva de indefensión.
Por otra parte, respecto a los requisitos necesarios
para la estimación del recurso de amparo,
normalmente las sentencias favorables del Tribunal Constitucional
viene exigiendo dos aspectos.
El primero, evidenciar la relación que existe
entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar,
y las pruebas practicadas,
y es decir, porque usted no me admitió esa prueba
y por otro lado, acreditar que si se hubiera.
Ha realizado este medio probatorio que no se llevó a cabo
la sentencia hubiera podido ser otra o favorable que ya lo hemos dicho,
que es lo que se refiere a la relevancia.
Bueno, creo que hasta aquí he dado una pincelada, más o menos,
lo que es el derecho fundamental a utilizar los medios de pruebas
como derecho fundamental y el artículo 24.
Dos de la Constitución y como es su relación
con respecto a los demás derechos del 24.
Muchísimas gracias y pronta gracia.