Ciencia abierta, derecho procesal como parte general,
coordinada por Sonia.
Calabaza esos ordeñará.
Unidad 11, el proceso penal, concepto, regulación y clases
verónica López Leagues, profesora titular de derecho procesal
de la Universidad de Alicante.
Tenemos por delante unos minutos para conocer a fondo,
aunque en breve tiempo el proceso penal.
Tengo intención de acercarme a su concepto,
a los principios que informan también hablar de su estructura,
los sujetos que intervienen y la tipología.
En realidad, una forma de acercarse a este proceso
puede ser a través de la distinción entre proceso y procedimiento
coloquialmente y de modo frecuente en los tribunales.
Son términos que se utilizan indistintamente esos términos.
Sin embargo, no son conceptos o naciones equivalentes
definir qué es proceso en realidad solo es posible
desde una perspectiva dinámica caracterizada por su instrumentalidad
y finalidad.
El proceso es el instrumento diseñado por el Estado
y a través del cual la jurisdicción resuelve
y decide distintos conflictos intensos, objetivos y sociales
surgidos en el seno de una comunidad,
en ese concepto se resume el carácter instrumental del proceso
en su doble vertiente de método,
al cual se sujeta el Estado para la emisión
de sus pronunciamientos,
con capacidad para obligar a los ciudadanos
y el de forma de solución de controversias por parte
de esos mismos.
El procedimiento es, en cambio, una noción que se acerca a la forma,
al método o simplemente una sucesión de actos que desarrolla
el órgano jurisdiccional y las partes al servicio de un fin,
por lo que ahora nos atañe a la aplicación del derecho penal.
El proceso lo hemos conocido antes el procedimiento ahora nos acerca
a una noción referida por tanto al aspecto puramente externo
de la actividad a su desenvolvimiento formal,
de esa distinción.
Sin embargo, no puede concluirse que el procedimiento
sea una cuestión menor o sin importancia,
todo lo contrario, resulta vital de cara al logro
de la necesaria seguridad jurídica
y como garantía o limitación del poder del Estado,
que ha de resolver los conflictos con arreglo a una forma determinada,
excluyendo así la arbitrariedad.
De ahí mi propuesta
de acercarnos al proceso penal a partir de esta doble noción
y con arreglo a lo que pueda ser un análisis antes decía
que breve.
De los principios que informan una y otro,
es decir, mi propuesta es el estudio de los principios que inspiran
el proceso y el procedimiento como una fórmula útil válida,
y un método infalible de aprendizaje del derecho procesal,
que desde luego tiene una suma utilidad y un gran valor pedagógico.
Por qué?
Pues porque permite la comprensión global del funcionamiento del proceso
y, por su lógica, por su racionalidad.
También conocer cada uno de los diferentes actos procesales,
su ubicación, su extensión y, desde luego,
sin necesidad de recurrir a la memoria.
Es difícil entrar a conocer cada uno de los principios,
que son vertebradores del proceso y del procedimiento.
No puedo detenerme en ellos tampoco lo haré
de los principios que son consustanciales a la idea misma
de proceso, hasta el punto de que su ausencia puede hablar
de cualquier fórmula de solución.
De proceso,
pero desde luego no necesariamente entraría en esta definición.
Solo recuerdo que estos dos principios esenciales
antes decía consustanciales a la idea de proceso
son la contradicción y la igualdad de partes procesales
voy a centrarme por tanto solo
en esos que definen el proceso penal,
que es la materia que ahora nos ocupa;
en realidad serían dos los principios,
los grandes ejes vertebradores de este proceso,
que podrían resumirse en la noción de acusatorio,
el principio acusatorio,
y el principio de aportación e investigación;
el segundo en realidad de este primero
el principio acusatorio;
hablen término muy amplio, muy genérico,
porque engloba a tres su principios o tres distintos principios
que nos conducen a rincones muy diferentes.
El principio acusatorio está integrado de un lado
por el principio de oficialidad, por otro del de legalidad;
y en último término del acusatorio;
en un sentido mucho más estricto cuando hablamos de oficialidad
empezamos a conocer porque este principio
responde precisamente a esta duda,
a quién corresponde la iniciación del proceso,
quien deduce la pretensión y si esa petición jurídica
vincula o no al juzgador.
El principio de legalidad determina las condiciones
en las que se sujeta.
El ejercicio de la acción penal
y por último el acusatorio en este sentido estricto
del que hablaba, determina la forma
en que se ha de producir la investigación delictiva
y el enjuiciamiento de los hechos penales.
Indica, por tanto, qué poderes tiene el juez penal
en ordena la investigación y el enjuiciamiento habla
de la necesidad de asegurar su independencia
y también determinan qué posición ocupan las partes en el proceso
y sus relaciones con el objeto procesal,
este principio acusatorio
de nuevo en grueso parte de dos premisas fundamentales,
y así es cómo empieza a definir el proceso.
De un lado, la configuración del delito.
Como un fenómeno de naturaleza pública e indisponible
y de otro, la segunda, esas premisas es que el Estado
para asegurar la imparcialidad judicial
y mantener la persecución delictiva, en sus manos desdobla sus funciones
entre dos órdenes de funcionarios las confía a dos órganos distintos.
El ministerio fiscal encargado de la acusación y el juez penal,
a quien se atribuye el enjuiciamiento y fallo de las conductas delictivas,
de esa doble premisa se pueden extraer
las siguientes notas que caracterizan este principio que estudiamos.
Son 3.
La acción penal es pública.
El proceso se divide en dos fases diferenciadas,
es decir, investigación y juicio oral;
son las fases en las que se estructura
y como antes decía encomendadas a funcionarios judiciales diferentes
y 3.
El juez o tribunal está relativamente vinculado
a las pretensiones de las partes.
Que supone que la acción penal sea pública porque lo es el delito.
Todos en nuestro ordenamiento son de naturaleza pública,
a excepción de los denominados delitos de carácter privado
o semipúblico que para su persecución siguen pautas o guías,
algo diferentes que implica que el delito,
que la acción sea pública, pues de un lado,
que la apertura de la fase de investigación penal
sea competencia siempre pública,
con independencia de quien la inste y de otro.
Que la acusación corresponde en líneas de principios,
siempre al Estado y se ejercita por el ministerio fiscal.
Eso en ningún caso es óbice para que pueda enfila
el ofendido por el delito o cualquier miembro de la sociedad,
aun no siendo ofendido por el hecho delictivo.
Además, la acción penal es necesaria lo dice el artículo 100
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
y debe ejercitarse en cualquier.
Caso sin que sea posible atender a motivos
de oportunidad que no estén tasados en la ley,
la apertura del juicio oral es siempre decisión
de las partes acusadoras que deben deducir la pretensión
y mantenerla hasta el momento mismo de la sentencia
y nunca el órgano sentenciador
puede acusar mi directamente mi indirectamente bien,
excediéndose de los límites de la pretensión,
deducida o bien condenando,
a pesar de la retirada de la acusación
o de la petición de absolución.
Además, esta es la segunda nota que antes anotaba el proceso.
Se divide en dos fases diferenciadas.
Confiadas a órganos jurisdiccionales distintos
la investigación denominada sumario o diligencias previas,
también diligencias urgentes,
aunque no sé si convendría hacerlas equivalentes,
pero recibe distintas denominaciones,
esa labor de investigación está en la actualidad,
confiada al juez de instrucción en el futuro,
quizás pueda ser confiada al ministerio fiscal.
El juicio oral, en cambio,
está encomendado a órganos estatales distintos.
El órgano que ha de conocer del juicio oral
es distinto de aquel que preside, que dirige la fase de investigación,
el órgano que conoce del asunto, por tanto es diferente
del que intervino en la instrucción.
Y por último, esa tercera nota que hablaba de la relativa,
vinculación del juez o tribunal a las pretensiones de las partes
de que nos habla, pues indica que este no goza de libertad absoluta
a la hora de emitir la sentencia.
El juez no puede introducir los hechos esenciales
que no hayan sido objeto de acusación,
si puede incorporar algunos hechos
los que no tengan esas características,
los que no sean de carácter esencial.
Además, no puede condenar por un delito distinto del acusado,
salvo.
Que se trate de delitos homogéneos,
es decir, aquellos que reúnen como condición compartir el mismo
bien jurídico, no puede además condenar
a un sujeto distinto de quien fue acusado,
y por último no queda vinculado a la pena solicitada.
Impone la que corresponde en atención al delito por el que condena.
Esta es en suma la característica,
o las manifestaciones del principio acusatorio que comparte espacio
con el que he denominado principio aportación e investigación;
segundo, principio vertebrador del proceso penal
de que nos habla este segundo principio,
aportación en un binomio con la investigación
de quién o a quien corresponde la introducción de los hechos
en el proceso y su prueba, y hay que diferenciar en este punto
de si nos hallamos en la fase de investigación
o la fase de juicio oral,
porque los sujetos en cierto modo varían
en la fase de investigación.
Los hechos son introducidos de muy diversas formas,
los introducen las partes con su denuncia,
con su querella son introducidos a través del atestado policial,
pero también y según establece el artículo 299
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
El sumario tiene por objeto averiguar y hacer constar los delitos
perpetrados y su presunto autor de forma.
El propio juez de instrucción no está vinculado a los hechos
que consten en los diversos actos de iniciación del proceso.
Los hechos resultan de los actos de investigación que se practican
y tanto de los propuestos por las partes cuanto de aquellos
cuya práctica puede el juez de instrucción disponer
de oficio en la fase de juicio oral, en cambio,
y por imperativo, del principio acusatorio,
y la necesidad de preservar la imparcialidad de los jueces,
la aportación de los hechos al juicio corresponde exclusivamente
a las partes a través de la oportuna pretensión
y resistencia.
Son estas las que han de proponer en sus respectivos escritos
la proposición de pruebas para su práctica en.
A juicio oral, el Tribunal de oficio,
además puede ordenar la práctica de aquellas que entienda oportunas,
y esa intervención del juez o tribunal
es sumamente amplia en la práctica de todos los medios de prueba,
sin sujeción, en ese aspecto a iniciativas,
a posibles límites impuestos por las partes.
Si habláramos de la estructura del proceso,
sería muy fácil resumirla en cuatro grandes fases.
Hemos nombrado la instrucción y la fase de juicio oral,
pero nunca mina intermedio;
habríamos de hablar, como su denominación bien indica,
de la llamada fase intermedia,
que es un espacio que separa, instrucción del juicio oral
y que sirve al desarrollo de actividades tendentes,
a facilitar o a posibilitar el paso al acto de juicio
y finalizado el juicio;
una cuarta fase, por tanto, serían instrucción fase intermedia,
juicio oral, y, por último, fase de ejecución,
que es la que se abre y se desarrolla a partir del dictado
de la sentencia, una gran fase
olvidada en el marco del proceso penal.
Por eso, llamada La Cenicienta del proceso penal.
Si además atendemos a los sujetos
y a modo de síntesis los que conforman el proceso penal,
son de un lado.
El órgano judicial es el que primero instruye
y después enjuicia y falla el asunto,
las partes distribuidas en acusación y defensa,
la acusación en términos muy amplios porque no queda en monopolio
exclusivo del órgano público ministerio
-fiscal, sino que junto a él intervienen la acusación particular,
la acusación popular y la acusación privada,
una singularidad del proceso penal español.
No es así en el contexto de marco más cercano jurídicamente a España,
pero nuestra ley de enjuiciamiento criminal
da una amplia cabida a distintas acusaciones,
junto al ministerio fiscal y del otro lado.
La defensa es un sujeto.
Integrado, a su vez, por dos voces.
El sujeto investigado o el encausado y su abogada defensora,
voz de su representado y en realidad,
como de forma muy común se suele expresar boca y oído,
jurídico, de su cliente y sujeto que interviene en el desarrollo
de las actuaciones propias del proceso penal.
Es también la policía judicial,
que tiene confiadas infinidad de funciones y de actividad
dentro fundamentalmente del marco de la investigación
o instrucción criminal, y.
Por último, hablar de tipología de procedimientos penales
obliga a advertir que la pauta es una diversidad de procedimientos.
Aquí saltamos esta primera noción de proceso
y hablamos de la forma de la estructura del modo
de desenvolverse.
Esta actuación que conforma el proceso, procedimientos penales,
hay muchos y son diversos.
Podemos hacer una amplia distinción
entre los llamados procesos ordinarios
y los que son especiales o bien ordinarios,
con especialidades procesales,
si es así de ordinarios podemos identificar al proceso denominada,
además de este modo sumario u ordinario por delito
al llamado procedimiento abreviado a los juicios rápidos,
los juicios por delitos leves y el llamado proceso por aceptación
de decreto.
El procedimiento ante el tribunal de jurado es claramente especial,
es además singular su regulación,
no está contenida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
sino en una ley orgánica 5.995 que es la que determina su ámbito
de aplicación también limitado.
Podemos hablar de un criterio positivo del listado.
Lleva su competencia cuatro tipos de delitos.
En grandes términos.
Son delitos contra las personas.
Delitos cometidos contra funcionarios públicos
en el ejercicio de sus cargos, delitos contra el honor y delitos
contra la libertad y la seguridad solo
tiene conocimiento del Tribunal de Jurado
de esas categorías delictivas y también en un espacio distinto,
por un criterio negativo podemos determinar su ámbito
de aplicación, que es el excluyente, y es que se escapan aquellos delitos
contra las personas no consumados, por ejemplo,
el homicidio o el asesinato en grado de tentativa.
Quedarían excluidos.
También es singular su composición.
Está formada por nueve jurados,
personas que no son conocedoras de derecho legos en derecho,
ciudadanos y ciudadanas carente de estos conocimientos.
Nueve miembros decía y dos suplentes
y presidido todo el procedimiento por un magistrado presidente.
El procedimiento en sí desde luego incorpora importantes
singularidades procesales.
Su conclusión ya lo es el veredicto, en lugar de una sentencia,
aunque sus efectos son equivalentes y de especiales.
Podemos hablar también cuando nos referimos al proceso
de menores, al llamado proceso de decomiso,
el procedimiento por delitos privados por delitos, que son simplemente
injurias y calumnias, no otros, y hablar de especialidades
dentro de lo que es un proceso ordinario
como lo que detectamos.
En materia de violencia de género, en fin,
estos son en esencia los distintos y grandes tipos
de procedimientos, su amplia tipología,
la noción muy distinta de la que hablaba inicialmente,
que se refiere al proceso
y que hemos conocido a través de esos principios
que lo vertebran para conocer cómo eso seguro es
sabido de la comisión de hechos que el Código Penal
recoja como delito para depurar la responsabilidad que nace
de la comisión del hecho delictivo y la civil,
que nace del daño que esa comisión delictiva produce, bueno, conocido,
ese doble concepto entre proceso y procedimiento.
Los principios.
Es que en forma de estructura, sujetos
y además tipología espero haber dado información válida
para conocer en mayor profundidad desde lo que son verdaderos
fundamentos de derecho procesal, una noción importante,
aunque llevada a un ámbito, que es el del orden jurisdiccional penal.
Muchas gracias.