Ciencia abierta, derecho procesal, como parte general,
coordinadas por Sonia calabaza, sus ordeñan.
Unidad, uno del derecho procesal, jurisdicción, acción y proceso,
Sonia Caza López, catedrática de derecho procesal
de la UNED.
Quiero comenzar diciendo algo elemental.
Estas píldoras no sustituyen a las clases magistrales
ni a los contenidos, que se pueden utilizar como sucedáneos
de nuestros manuales, pero sí contribuyen,
y mucho, a facilitar la enseñanza -aprendizaje de nuestra disciplina.
Ese es, desde luego, nuestro propósito,
y esta es la lección primera con carácter previo
a la exposición formal del concepto de derecho procesal
integrado por esa, clásica trilogía estructural,
jurisdicción, acción y proceso
a la que, de inmediato yo me voy a referir,
conviene advertir que esta rama del ordenamiento jurídico,
el derecho procesal,
es la única capaz de provocar una auténtica transformación
de la realidad social por el decisivo impacto
de su activación, los bienes, los derechos, los intereses legítimos
de quienes someten su pretensión de tutela al proceso judicial
en el marco de este derecho procesal jurisdiccional
o a cualesquiera otros mecanismos alternativos o complementarios
de resolución de controversias a los que se referirá mi compañero,
profesor, y sus ordeñan.
En el tema siguiente,
como un derecho procesal jurisdiccional
diversificado ulpiano, expresó en el siglo
tres de nuestra era una definición ciertamente insuperable
de la justicia.
Es la inequívoca aspiración, función y destino al alcance
de la justicia, tanto del proceso judicial
como de esos mecanismos extrajudiciales a los que me acabo
de referir, de resolución de controversias.
La justicia es la constante y perpetua voluntad,
decía el jurista romano de vivir honestamente no dañar a los otros
y dar a cada uno lo suyos, así que el derecho procesal,
como rama del ordenamiento jurídico, como disciplina de conocimiento
científico y aquí ahora como asignatura universitaria,
se ocupa precisamente de esto, del estudio de los procesos judiciales
y mecanismos extrajudiciales de resolución de controversias,
habiendo sido considerado además el principal eje de rotación,
ese derecho a la tutela judicial efectiva
y en su reverso, el derecho de defensa como derechos,
ambos derecho de acción y derecho de defensa,
considerados derechos estrella del firmamento, jurídico-
constitucional español por su capacidad precisamente de iluminación
y sobre todo de transformación de la realidad social.
Pasemos pues, al concepto,
a esa trilogía estructural clásica del derecho procesal,
jurisdicción, acción y proceso.
Para.
El derecho procesal es la rama del ordenamiento jurídico público
destinado en primer lugar a la jurisdicción,
en segundo a los derechos fundamentales de acción o derecho
a la tutela judicial efectiva, artículo 24,
uno de la Constitución española y en su reverso,
derecho de defensa, con sus respectivas proyecciones,
también en tercer lugar al proceso como instrumento de la jurisdicción
para la resolución de los conflictos que se suscitan
entre los ciudadanos.
Tres son,
pues, esas inescindibles partes del concepto global
de derecho procesal, jurisdicción, jueces y magistrados,
acción derecho a la tutela judicial efectiva
y.
De hecho, de defensa y por último, proceso instrumento
de la jurisdicción para solventar los conflictos de los ciudadanos
cuando ejercitan sus derechos de acción y de defensa.
La jurisdicción es un concepto global, integrador y omnicomprensivo
como poder como potestad, como función de una multiplicidad
de manifestaciones o proyecciones interrelacionadas y orientadas
todas ellas a cargo de jueces y magistrados,
conforme a un procedimiento legal,
público, transparente, garantista y eficaz,
de un lado, la resolución definitiva de los conflictos jurídicos,
sean públicos o privados, y de otro a la homologación,
supervisión o amparo de situaciones o relaciones jurídicas,
precisamente precisadas de intervención judicial
en garantía de los derechos legalmente reconocidos,
la jurisdicción se identifica.
Vamos a recordar muy brevemente, en primer lugar,
cómo el poder judicial por tratarse del tercer poder del Estado
considerados al más alto precisamente por fiscalizar al resto,
también ha de identificarse a su vez con la potestad jurisdiccional,
porque a los jueces y magistrados
corresponde en régimen de exclusividad esta potestad,
que se concreta en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Finalmente, la jurisdicción ha de integrar en su núcleo duro
a la propia función jurisdiccional;
atribuida de nuevo y en exclusiva a los jueces y magistrados
ejercida a través del único instrumento
legalmente establecido para la resolución estatal
de los conflictos, que es el proceso judicial.
Esta concepción de la jurisdicción, la tercera es la más humilde,
la más modesta, la más cercana,
porque hace referencia, efectivamente a la tutela judicial
de los derechos subjetivos e intereses legítimos
también al control normativo,
a la creación jurisprudencia del derecho.
Lo que debe conectarse ahora con una vertiente humana.
Infestación de servicio público,
puesto que no cabe duda alguna al respecto del relevantísimo,
servicio público que jueces y magistrados
prestan al ofrecer, a través de estos procesos judiciales
una fundada respuesta a los conflictos jurídicos
de los ciudadanos.
En todos los órdenes jurisdiccionales.
Una vez delimitada la jurisdicción por contraste a otras fórmulas,
siempre dentro del amplio concepto de la jurisdicción,
cabe acometer una clasificación de la jurisdicción por razón
precisamente de su ordenación,
así conforme, aunque elemental criterio negativo
corresponde a la jurisdicción española,
conocer de todos esos conflictos
que no corresponden a la jurisdicción internacional.
En segundo lugar, corresponde a la ordinaria,
precisamente para distinguirla
de la única especial admitida en nuestro ordenamiento jurídico,
que es la militar corresponder de los asuntos que no correspondan
a los militares en tiempo y territorio militar,
conforme a su propia legislación militar.
En tercer lugar,
apelamos a la jurisdicción civil, penal contencioso
-administrativa y social o laboral,
por razón de la distinta rama del ordenamiento jurídico
-sustantivo que debe analizarse y al término juzgarse.
En el concreto conflicto suscitado, en el marco del procedimiento,
por último, en cuarto lugar, aludimos a la jurisdicción voluntaria,
por contraste a la voluntaria.
Para.
El derecho a la tutela judicial efectiva o derecho de acción,
recogido en el primer apartado del artículo 24
de la Constitución española, que así reza todas las personas,
tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva
de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos
e intereses legítimos
sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.
Pues bien, este derecho a la tutela judicial efectiva,
derecho de acción.
Es el derecho de acceso a la jurisdicción,
es decir, ese derecho de cualquier persona
de acudir al poder judicial integrado por jueces y magistrados
para postularse ante ellos,
y solicitar a través de un proceso justo,
garantista y reglado, 1, algunas de estas tres pretensiones,
el restablecimiento de un derecho subjetivo supuestamente lesionado
la satisfacción de un interés legítimo en hipótesis,
desmerecido o bien el reconocimiento de una situación jurídica
precisada de constatación, un homologación judicial
frente a este derecho a la tutela judicial efectiva
o derecho de acción,
que corresponde al demandante del proceso civil y laboral,
al acusador del proceso penal o al recurrente
del contenciosoadministrativo,
surge como legítima reacción jurídica del derecho de defensa,
que corresponde ahora, el demandado del proceso civil y laboral,
al acusado del proceso penal o al recurrido
del contencioso administrativo, el derecho de defensa
recogido en el segundo apartado del artículo 24,
también de la Constitución Española.
Asimismo, todos tienen derecho a la defensa
y a la asistencia letrada.
Es el derecho a reaccionar.
Precisamente frente a la acción.
Recuérdese, frente a la demanda civil y laboral frente a la acusación penal
o frente al recurso contencioso administrativo.
Precisamente para repeler en el marco de un proceso garantista
celebrado bajo, la atenta dirección del juez o magistrado,
todas esas pretensiones que se formulan en su contra,
por tanto el derecho de acción o derecho
a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa
son considerados de forma muy elocuente como dos caras
de una misma moneda, y ambos tipos de derechos,
acción y defensa mantienen una vinculación
tan íntima, tan sustancial.
Que esta misma legislación se permite equipararlos
en una recíproca interconexión como una auténtica ecuación.
Axioma
-ética.
Quiere esto decir que sin tutela judicial efectiva
no es posible una defensa real
y sin una defensa efectiva es inviable el ejercicio.
Qué hay de una judicial?
Tutela efectiva.
Los tres elementos del derecho a la tutela judicial efectiva,
con impacto directo en el derecho de defensa
son el objeto, los sujetos,
el procedimiento, el objeto del proceso jurisdiccional;
por cierto,
ahora que, al igual que el objeto de cualquier mecanismo extrajudicial
de resolución de controversias, es el conflicto,
la controversia la desavenencia en función de cuál sea la naturaleza
de este conflicto constitucional, civil, penal, etc.
Laboral administrativo de los bienes jurídicos protegidos.
En esa parcela del Ordenamiento Jurídico
así será el tipo de proceso de que se trate
y del que hablarán mis compañeros en las lecciones sucesivas.
Los sujetos principales del proceso judicial son
y siempre serán tres el juez o magistrado
ante el que se implora la acción de la justicia de las dos partes.
Procesales activa y pasiva,
a las que me he referido antes; parte acusadora
y acusada en el proceso penal,
actora y demandada en el proceso civil y laboral recurrente
recurrido en el contencioso.
El proceso, por último, es el instrumento reglado,
puesto al servicio de los sujetos procesales.
Recién referidos, esa parte activa y pasiva
para implorar ante la jurisdicción del juez o magistrado
una respuesta a través de una resolución
que generalmente adoptará la forma de sentencia
a esa controversia que plantea la parte activa
en su legítimo derecho de acción por un objeto litigioso concreto
insisto de naturaleza civil penal administrativa laboral
frente a la pasiva merced a esa ecuación
e axiomáticas la que antes nos hemos referido
en su legítima reacción con el derecho de defensa.
El procedimiento, por contraste al proceso,
es el itinerario.
Es el itinerario cronológico lógico, ordenado, pautado por exponerlo
más sencillamente ese trayecto procedimental
que han de recorrer esas partes activa y pasiva.
En principio, a fin, para llegar a una respuesta lo más armonizada
o lo más adecuada al ideal justicia posible.
La primera sistematización que cabe establecer
entre los distintos tipos de procesos diseñados por el legislador,
ha de ser en función de extremos tan relevantes
como su ámbito de conocimiento,
la plenitud restricción de medios delegación y prueba,
singularidades procedimentales o los mismos efectos
de la sentencia.
Así los procesos ordinarios,
conforme aunque elemental el criterio de nuevo negativo
de descartes son aquellos por los que suelen canalizarse
o encauzarse las pretensiones que no se encuentran específicamente
comprendidas en otros procesos, concretamente los especiales,
los especiales, sin embargo,
son esos que presentan por razón de su objeto,
de los sujetos directamente involucrados o el interés público
inherente a su resolución, bueno, pues alguna especialidad digna
de especial consideración procedimental, en definitiva,
a aquellos que no deben sustanciarse por trámites generales universales
o impersonales sino por otros más singulares específicos en atención
precisamente a sus características esenciales.
Por último, los procesos sumarios,
antiguamente denominados interdictos y también en la práctica forense,
son esos que presentan la característica esencial
de su inmediatez, de su urgencia, de su celeridad,
de su práctica fugacidad.
La creación de estos sumarios surge como consecuencia de la necesidad
de resolver determinados conflictos jurídicos de manera
especialmente acelerada, porque el transcurso del tiempo
estimado para el ordinario comportaría un perjuicio con riesgo,
incluso de pérdida del objeto procesal, por tanto,
el justiciable decidido acudir.
Este tipo de procesos ha de saber de antemano
que obtendrán una respuesta rápida.
Es cierto, pero será a costa de soportar los atributos opuestos
a los que adornan a los procesos ordinarios y especiales
a los que me acabo de referir.
Por tanto, los sumarios se caracterizarán por una restricción
de los medios de ataque y de defensa,
por una ausencia de cosa juzgada, material y en su triste consecuencia
por una minoración inevitable de garantías.
Procesales.
Una vez perfilado con cierto grado de detalle
el concepto de derecho procesal,
conviene ahora advertir cuáles sean sus características esenciales
y las hemos concretado en cinco dimensión pública ámbito nacional
naturaleza imperativa relativa autonomía e instrumentalidad
por qué el derecho procesal es una vertiente ramificación
del derecho público, porque público es el poder del Estado,
concretamente el tercer poder del Estado
integrado por jueces y magistrados, todos ellos funcionarios públicos,
a los que se encomienda mediante el también público
instrumento del proceso y su procedimiento la resolución
de los conflictos jurídicos que se suscitan entre los ciudadanos,
el ámbito estatal.
El Estado tiene competencia exclusiva en materia de legislación procesal.
La naturaleza es fundamentalmente imperativa.
El derecho procesal es una rama del derecho no dispositiva,
sin perjuicio de que hay algunas posibilidades
o oportunidades procesales de someter a voluntad de las partes
ciertas actuaciones, pero con carácter general
es un derecho obligatorio improrrogable de ius cogens.
Finalmente, bueno, pues tiene una relativa autonomía
e instrumentalidad.
Por qué?
Porque el derecho procesal es solo relativamente autónomo
del derecho sustantivo.
Para comprender esta premisa vamos a indicar muy brevemente
que entre tanto el derecho procesal en su parte digamos,
relativa al proceso, se ocupa regular esa sucesión de actos procesales.
Desde la demanda denuncia, queréis ya recurso cualesquiera
que sean el proceso como se entable que realiza el juez
para otorgar fundado conocimiento de los hechos?
El derecho sustantivo, sin embargo,
aporta tanto a las partes como al juez.
Precisamente las normas legales objetivas previa.
Las públicas no necesitadas ni de alegación
ni de prueba que deben aplicarse al objeto litigioso,
planteado para resolverlo.
Finalmente, fruto de esta relativa autonomía
del derecho procesal, es su consabida instrumentalidad.
El proceso, todo lo acontecido dentro del proceso,
pierde virtualidad fuera del mismo.
Por tanto,
el proceso es un instrumento del derecho sustantivo,
pero el derecho sustantivo también es imprescindible para llevar
a buen término el derecho procesal.
Por último, y para finalizar, bueno, pues,
el proceso jurisdiccional encomendado al poder judicial legal,
el público garantista y al tiempo que escrupulosamente respetuoso
con los derechos fundamentales y libertades públicas
de todas las personas físicas y jurídicas,
es una de las grandes conquistas democráticas de la historia
de la humanidad y se rige por principios
que están muy, muy asentados en nuestro ordenamiento jurídico.
Bien, no cabe en un producto tan breve entrar al detalle de todos
y cada una de estos principios.
Si bien se aportaran documentos los principios
sucintamente detallados, son legalidad compatible
con la oportunidad, la propia oportunidad,
igualdad de armas procesales o idéntico tratamiento
de las dos partes activa y pasiva en el proceso;
imparcialidad asociada a la independencia ahora del juez;
publicidad, conectada con la oralidad inmediación,
relacionada con la imprescindible presencia judicial
a la hora de evaluar la prueba;
libre valoración; probatoria referida a la práctica totalidad de mecanismos
de averiguación de la única realidad de los hechos.
Presunción de inocencia como principio de inspiración penal
doble instancia o control dual de las resoluciones judiciales
ante la inevitable falibilidad humana, y, por último, el non bis
in idem o imposibilidad
de enjuiciar a una misma persona física o jurídica
en más de una ocasión por unos mismos hechos.
Todos estos principios son tan vertebradores,
digamos.
Nucleares, estructurales basales de nuestro sistema
de justicia jurisdiccional,
que si llegan a en Tomé Cerse a faltar a fallar,
incluso se llenan desdibujarse a diluirse o mínimamente a.
Desmerecer ese entonces ni tan siquiera podría sostenerse
en verdad la misma existencia de un proceso judicial democrático.
Muchas gracias por su atención.