Ciencia abierta, derecho procesal como parte general,
coordinada por Sonia.
Calabaza esos ordeñarlo.
Unidad que 7, derechos fundamentales de naturaleza procesal,
derechos de acción y derecho de defensa
con todas sus proyecciones.
Irene, gómez profesora titular
de derecho procesal de la Universidad de Palma de Mallorca.
Este es el primero de los dos temas que se dedicaran
a los derechos fundamentales de naturaleza procesal
para su explicación.
Dividir el tema en dos partes, de manera que en primer lugar,
me referiré al derecho a la tutela judicial efectiva,
haciendo especial referencia al derecho de acción.
En segundo lugar, me detendré en el derecho de defensa convención
de todas sus manifestaciones.
Así lo primero que hay que tener en cuenta
es que el derecho de acción es uno de los tres elementos clásicos
del derecho procesal junto con la jurisdicción
y el proceso.
También hay que tener en consideración
que el tema de la acción se enmarca en el ámbito del derecho fundamental
a la tutela judicial efectiva,
que, como se verá más adelante, tiene un contenido amplio
que comprende a su vez un conjunto de derechos autónomos.
Lo primero que cabe señalar en relación a este tema
es que en su origen histórico.
El derecho de acción coincidía con el derecho sustantivo
que se reclamaba así.
Por ejemplo, el derecho de propiedad comprendía el derecho
a reclamar su efectividad como parte de su contenido propio.
De ahí que se hablara de la concepción monista
de la acción.
Más adelante ya se estableció que la acción como derecho
a reclamar la tutela del conflicto era diferente.
De la relación jurídico,
sustantiva que está en el fondo del conflicto, por ejemplo,
la relación que subyace al conflicto sobre el derecho de propiedad
es diferente de la relación que se constituye
con la reclamación de su tutela ante la jurisdicción.
Por ello, se habla de la teoría dualista
de la acción.
El derecho de acción se enmarca en el esencial derecho fundamental
a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales
en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos,
sin que en ningún caso pueda producirse indefensión,
tal y como está recogido en el artículo 24,
uno de la Constitución española y el derecho,
entre otros, a la defensa recogido en el apartado dos
de este mismo precepto, derecho a la tutela judicial efectiva
y derecho de defensa.
Son, pues, esas dos caras de la misma moneda
y se relacionan de manera que no hay tutela judicial efectiva
sin una defensa real y viceversa.
Ambos derechos tienen a su vez,
una serie de proyecciones y manifestaciones,
algunas contempladas en el propio artículo 24,
otras recogidas en diversas normativas y muchas de ellas
te construcción jurisprudencial.
Comenzaremos así con el derecho a la tutela judicial efectiva
y sus manifestaciones.
El contenido del derecho a la tutela judicial efectiva
en relación con el derecho de acción se manifiesta en tres niveles.
El primer nivel es el derecho de acceso
a los tribunales.
Este derecho se entiende de manera incondicionada,
de forma que asiste a todas las personas,
físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras.
En definitiva,
cualquiera puede dirigirse a los órganos judiciales
para pedir una tutela, que además,
quedará satisfecha con cualquier resolución basada en derecho.
Incluso, aunque esta rechace tramitar la petición,
podríamos preguntarnos si imponer la obligación de acudir previamente
a un mecanismo adecuado de solución de controversias
vulnera este derecho de acceso a la jurisdicción.
Pues bien, según la sentencia,
al así ni del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no se vulnera
tal derecho siempre que se cumplan las condiciones allí establecidas,
que no impiden el acceso a la jurisdicción;
en todo caso lo retrasan pero nunca de una forma sustancial ya
el segundo nivel vendría determinado por el llamado derecho al proceso.
Este derecho sí que depende de que se cumplan
los presupuestos procesales,
presupuestos que afectarán al órgano jurisdiccional y a las partes,
y que no existan óbices procesales, como sería el caso de que ese asunto
ya haya sido resuelto anteriormente por la jurisdicción.
El derecho al proceso se satisface, a diferencia del derecho de acceso,
con una resolución sobre el fondo que esté fundada
en derecho y con independencia
de si su contenido es favorable o desfavorable.
Las peticiones del actor, por último, el tercer nivel,
sería el del derecho de acción,
que es el que relaciona el proceso con el derecho en conflicto
tradicionalmente, y en relación con el proceso civil,
se ha hablado principalmente de dos teorías.
La teoría concreta de la acción y la teoría abstracta
de la acción.
Veamos brevemente en qué consisten ambas teorías.
La primera esto es la teoría concreta de la acción,
entiende que solo la resolución favorable
a las pretensiones del actor satisface su derecho
a la tutela judicial concreta
y depende de condiciones que afectan al fondo del asunto.
Las llamadas condiciones de la acción,
en cambio la teoría abstracta de la acción entiende
que la resolución sobre el fondo satisface el derecho
a la tutela judicial efectiva, con independencia de su contenido
y, por lo tanto, coincide con el derecho al proceso
y es la que más se ajusta con el concepto del derecho
a la tutela judicial efectiva.
Por su parte, el derecho de acción en el proceso penal
presenta una serie de peculiaridades,
que derivan de la naturaleza del conflicto del proceso,
que no es otro que el derecho penal.
El derecho al castigo esencial
en el derecho penal es de titularidad pública
y, por tanto,
el derecho de los ciudadanos ante el juez de instrucción
se limita a manifestar la existencia de hechos en apariencia delictiva,
quien pudiera ser su posible autor y su localización,
y, además, se satisface con la obtención
de una resolución jurídica, razonada y suficientemente motivada
sobre si se inicia o no el proceso penal.
Finalmente, el derecho a la tutela judicial efectiva.
Va más allá del concepto de acción y se proyecta en otros derechos
autónomos objeto de estudio más detallado en otros temas,
como son el derecho a la resolución suficientemente fundada,
exhaustiva que resuelva todo lo pedido por el actor
y congruente con lo alegado y probado en el proceso,
también el derecho a los recursos,
que si bien corresponde al legislador decidir su existencia y regulación.
Una vez regulados forman parte de ese derecho
el derecho a un sistema de medidas cautelares que garantice
que aquello que se solicita podrá hacerse efectivo
si es reconocido en la sentencia el derecho a la ejecución
de lo resuelto, que garantiza que lo juzgado se hará efectivo
y finalmente el derecho a la invariabilidad
de las sentencias.
Porque llegado el momento ya no podrán ser recurridas.
Por pasaremos ahora a la segunda parte del tema
que se dedica al derecho de defensa
y que también se ubica en el artículo 24
de la Constitución española, recordemos que este derecho
era la otra cara de la misma moneda en relación
con el derecho a la tutela judicial efectiva
y, en concreto, el derecho a la tutela judicial efectiva.
Es la actividad primera en el tiempo
y, por tanto motora de toda la actividad jurisdiccional;
en cambio, el derecho de defensa es reactivo
y garantiza la posición de la parte pasiva con un contenido complejo
y adecuado a nuestro modelo de justicia garantista.
Por lo tanto, el derecho de defensa se dirigirá frente al legislador
para que este no cree trabas en el diseño del procedimiento
que puede.
La no afectar al ejercicio del derecho de defensa
por la parte pasiva y también frente a los órganos
de la jurisdicción o los encargados de los mecanismos
adecuados de solución, de controversias
para que para que interpreten y aplíquenlas normas
en el sentido más favorable a los fines de defensa,
en definitiva, debe garantizarse que no se impide
o disminuya la eficacia defensiva de la parte pasiva,
en un proceso o en el seno de un mecanismo adecuado
de solución de controversias.
Ya de forma más concreta, el derecho de defensa
despliega en todos los procedimientos de cualquier jurisdicción
unas de derechos,
como son el derecho al juez predeterminado por la ley,
a un proceso sin dilaciones indebidas y con todas las garantías,
y el derecho a alegar y probar lo que a su derecho convenga,
pero es en el derecho penal donde sin duda el derecho de defensa
tiene una especial relevancia y así además de los anteriores derechos
hay otros que se manifiestan con una especial intensidad,
como sería el derecho a ser informado de la acusación.
No cabe hablar de derecho de defensa si no se sabe
de que se le acusan a examinar las actuaciones
o el derecho a actuar en el proceso,
alegar y probar con una especial intensidad
en el proceso penal a la interpretación y traducción
y, cómo no, a la asistencia letrada
de especial importancia en el proceso penal
y los tan conocidos derechos a guardar silencio
y a no declarar contra sí mismo que, aunque están muy relacionados,
no se identifican entre sí.
Junto todo este elenco.
Derechos habría que señalar que para la vulneración del derecho de defensa
no basta con el quebrantamiento de estas garantías constitucionales
se requiere que se produzca una verdadera lesión material relevante
del derecho que sea consecuencia de dicho quebrantamiento,
y, finalmente el derecho de defensa encuentra una de sus principales
expresiones en el derecho a la asistencia jurídica
sobre el contenido de este derecho de asistencia letrada.
Podría hablarse mucho,
pero de forma resumida cabe decir que comprende, en primer lugar,
el derecho a la autodefensa.
Este derecho está permitido constitucionalmente,
pero este configuración legal,
es decir, le corresponde al propio legislador determinar
en qué casos y de qué manera se ejercerá por otro lado,
tendríamos el derecho a la asistencia letrada,
pero por el abogado elegido por la parte, en tercer lugar,
nos encontraríamos con el derecho a la asistencia letrada
por abogado de oficio.
La asistencia jurídica en general incluye
el derecho al asesoramiento jurídico como tal y a la defensa enjuicio
que garantice tanto la calidad como la accesibilidad del servicio.
Finalmente, en los supuestos de carencia de recursos económicos
o en otros supuestos que estén previstos legalmente,
el derecho a la asistencia letrada.
También comprenderá el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Para concluir, como se ha podido ver,
el derecho a la tutela judicial efectiva
y el de defensa están íntimamente relacionados
y no pueden entenderse de forma única.
Ambos derechos se yuxtaponen
como esas dos caras de la misma moneda,
como un corolario propio de nuestro estado de derecho.
Espero que esta explicación haya servido para su mayor aclaración
y haya sido de su agrado.
Muchas gracias.