Uno de los grandes retos para cualquier sociedad moderna
es lograr un entorno accesible y justo para todos.
Este importante desafío no solo se consigue derribando
las barreras físicas y estructurales de nuestras ciudades,
sino también haciendo que todo su sistema procesal y legal
sea accesible y comprensible para la ciudadanía,
especialmente para aquellos con algún tipo de discapacidad.
Aunque hoy no está totalmente regulado por la ley
y quedan muchos retos pendientes,
el facilitador judicial se presenta como una figura clave
para que las personas con discapacidad
participen de forma plena e igualitaria
en los procesos legales,
garantizando así la efectividad
del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
El facilitador no solo actúa como intermediario
entre la persona con discapacidad y el sistema judicial,
sino que también proporciona orientación y apoyo continuo,
asegurando que se comprendan y respeten
todos los derechos y procedimientos.
-Se ha vivido en España un cambio de paradigma
en relación con las personas con discapacidad.
Además, pasado de un paradigma centrado
en la finalidad médico-rehabilitadora,
considerando a las personas con discapacidad como enfermas,
a un paradigma basado en los derechos humanos.
Eso ha requerido una reforma constitucional,
entre otras cosas,
porque nuestra Constitución de 1978
se había quedado obsoleta en este punto,
en el sentido de que se seguía refiriendo
a las personas con discapacidad como personas disminuidas.
Ahora se habla en la Constitución en el artículo 49
de personas con discapacidad,
y se establece que las personas con discapacidad
ejercitarán o ejercen los derechos reconocidos en el título I,
en condiciones de plena libertad e igualdad efectivas,
y también se establece que los poderes públicos
adoptarán políticas para garantizar la autonomía personal
y la inclusión social de las personas con discapacidad.
-La figura del facilitador se crea
en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en un artículo, el 7 bis,
en el que, bajo el título "Ajustes de las personas con discapacidad
y personas mayores", se trata de facilitar
el trayecto procedimental
que recorren las personas con discapacidad,
y también los mayores, de principio a fin, en el proceso judicial.
A tal fin, en este artículo,
se establece que, a modo de facilitador,
es decir, que no se concreta específicamente cuál es la figura,
tampoco es un mero acompañante, puesto que, en el apartado siguiente
de este mismo artículo, se dispone que las personas con discapacidad
podrán acudir a juicio asistidas y acompañadas
por cualquier persona de su confianza.
Luego, el facilitador se presume que es un profesional
especialmente conocedor de la herramienta procesal.
-Es el profesional que va a ayudar a que las personas con discapacidad
entiendan qué es el sistema judicial y cómo les afecta,
y al mismo tiempo puedan ser entendidos por el juez,
la juez, el fiscal y los agentes de justicia.
Es un profesional que existía "de facto",
pero que ahora, después de la convención
del Convenio de Nueva York de 2006
y de la última reforma procesal de 2003,
va a ser obligatorio en España.
De hecho, ya se recoge,
tanto en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria,
como en la Ley de Enjuiciamiento Civil
y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
-Tenemos recientemente una norma,
que es el Real Decreto 6/2023, aprobado en diciembre,
que ya habla de la figura del facilitador
como una forma de facilitar el acceso de las personas
a la justicia, de entender y de ser entendidos.
Pero me gustaría que no lo limitáramos solo
a lo que es facilitarles
la comprensión de lo que supone un juicio, de cada uno de sus actos,
de quiénes son los sujetos que intervienen,
de cómo le afectan las decisiones,
porque hay más ámbitos, además del proceso,
en los que se accede a la justicia,
o a través de los que se accede a la justicia,
como son, por ejemplo, las fórmulas de justicia restaurativa,
la mediación y otros métodos, y en diferentes ámbitos,
tanto en el marco civil como en el marco penal.
-Es una figura esencial que se le ha dado paso,
pero se le ha dado paso con una regulación muy escasa.
Es necesario profundizar en la figura del facilitador,
en su estatuto jurídico,
es necesario que contemos con unos facilitadores,
no solamente que apoyen a las personas con discapacidad.
Yo, desde mi opinión,
creo que la figura del facilitador puede dar mucho más de sí,
no solamente, como he dicho, a las personas con discapacidad,
sino también a colectivos, como pueden ser mayores de edad
que muchísimas veces se ven inmersos en un proceso judicial
y no conocen no tanto la estrategia jurídica
que se la diseña el abogado,
como que no entienden los vericuetos de un proceso judicial.
Ahí yo creo que la figura del facilitador
tiene mucho que decir.
Son muchos los desafíos que se presentan
al definir y concretar la figura del facilitador
y lograr una inclusión total.
Uno de los grandes problemas
a los que se enfrenta un proceso judicial
es el uso de tecnicismos legales de difícil comprensión
y de unos procedimientos complejos que requieren de muchos factores.
Se estima que para el 82 % de los ciudadanos
el lenguaje y los procedimientos de justicia
son especialmente difíciles de entender,
una cifra que aumenta exponencialmente
entre las personas con discapacidad.
Por ello, para que el proceso funcione de forma plena
y realmente sea justo,
el primer reto es identificar una discapacidad intelectual
desde el inicio, para brindar la ayuda necesaria a la persona.
-Hay que dar una formación en materia de discapacidad,
de todos aquellos que intervienen, de alguna manera,
a lo largo del proceso penal.
Esa formación y, además,
ya que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
hagan constar en ese atestado
que esa persona tiene una discapacidad.
¿Por qué? Porque va a ser muy importante
a lo largo del devenir de todo el proceso penal.
Pensemos, para cualquier ciudadano,
verse inmerso en un proceso penal ya es algo difícil.
Imaginemos cómo puede ser para una persona
que, además, tiene discapacidad.
Que algunas de las cuestiones no las entiende
no las entiende a lo mejor muchas veces un ciudadano de a pie,
como para entenderlas una persona con discapacidad.
-A todos nos han llegado notificaciones
de la Administración en general
y de la Administración de Justicia en particular
a nuestros domicilios y no sabemos ni por dónde empezar.
Yo, que tengo una cierta formación jurídica,
no sé por dónde empezar.
Son figuras que, desde luego,
proveen de un grado mayor de humanización
a cualquier Administración pública y a la de Justicia en particular.
-El proceso es muy técnico.
Entonces, no existe una comunicación fluida
entre lo que es el proceso judicial
y las capacidades de la persona que tiene discapacidad
o personas mayores que ya tienen,
por la edad, sus capacidades mermadas.
Entonces, llegan al despacho, por ejemplo,
con una resolución
en la que son condenadas a un desahucio
o se ha declarado el embargo de sus bienes
y es que la persona ni siquiera tiene un conocimiento
real y efectivo de la condena que se le ha impuesto.
-Claro, si nos fijamos en la víctima
como uno de los posibles sujetos de un proceso,
ya sufre de por sí una doble victimización.
La primaria es la que resulta de la comisión del hecho delictivo.
La segunda, que es casi inevitable,
lo es por razón de su paso por el proceso,
cosa que pretende evitarse,
y por eso se activan determinadas medidas que impidan
que el necesitar acceder a la justicia a través del proceso
suponga todavía un daño mayor, si cabe,
que el padecido por razón del delito.
-El riesgo aquí está en que no se asegure la comprensión
de los derechos que tiene,
por eso es importante que haya una figura como el facilitador
que, desde la neutralidad, desde la imparcialidad,
asista a esa persona, porque no la representa,
sino que la asiste y le explica
tanto el desarrollo procesal, procedimental,
de cómo se va a desarrollar el procedimiento,
pero también los derechos que le asisten a esa persona
particularmente, que los comprenda, y por tanto que es el paso previo
para que los pueda ejercer como ciudadano,
porque si no hay comprensión
no puede haber tutela judicial efectiva,
no puede haber el derecho de defensa,
porque no hay ese conocimiento previo
que es el requisito indispensable para poderlos ejercer.
-La justicia, los juicios,
son procesos que nos afectan en lo personal,
un proceso civil nos puede afectar respecto a un contrato,
pero un proceso penal nos puede afectar
en nuestra libertad.
Entonces, ¿qué pasaba?
Que los sujetos, los ciudadanos, que se ven en un juicio,
si no entienden lo que se les está preguntando
o no llegan a explicarse bien ante los jueces,
pues quedan indefensos,
que es algo que prohíbe la Constitución española.
El artículo 24 de la Constitución
prohíbe que los ciudadanos nos quedemos indefensos
ante los tribunales de justicia,
y la falta de existencia de la figura del facilitador
contribuía a que realmente las personas con discapacidad
fueran demandantes, demandados, acusados,
o acusadores en su caso, pues quedaban indefensos.
-Los operadores jurídicos,
cuando se encuentran con una persona con discapacidad intelectual,
piensan desde que es una persona que no es capaz de tomar decisiones,
o tienen el estereotipo de que son personas violentas,
lo cual no es cierto,
o que tienen una percepción de la realidad alterada,
que tampoco es realidad,
confunden además la discapacidad intelectual
con los problemas de salud mental,
y eso también genera un sesgo en cómo interactúan con la persona
o, por ejemplo, otro problema es el tema de que muchas veces
en los procedimientos se habla de la edad mental.
"Esta persona tiene una edad mental de seis años",
y eso determina todo lo que estoy diciendo.
Primero que se piense que la persona no va a poder tomar decisiones,
se les habla también y se les trata de forma infantilizada.
Muchas veces ponemos otro tono,
utilizamos palabras que no utilizaríamos
con personas que no tengan una discapacidad.
Apoyar a la persona con discapacidad
a lo largo de todo el proceso judicial
es fundamental para evitar una doble victimización.
Esto incluye informar sobre los plazos existentes,
los derechos que asisten a la persona
y las acciones que puede emprender,
así como las consecuencias de sus decisiones.
Para ello, es importante estar preparados
para enfrentar todos los tipos de discapacidad
y estar formados para detectarla.
-En el año 2020 hicimos un informe que se llama "A cada lado",
que es sobre la situación de las personas reclusas
y reclusas con discapacidad intelectual
en España.
En este informe teníamos una muestra representativa
de aproximadamente 365 personas, y estas 365 personas, a su vez,
tenían aproximadamente acumulados unos 780 procedimientos judiciales,
porque muchas de ellas eran personas que eran reincidentes.
En este informe, nosotros hallamos la situación de indefensión
a la que se enfrentaban las personas con discapacidad intelectual
cuando eran presuntas autoras de un delito.
Lo primero de todo, la dificultad era que no se detecta
la discapacidad intelectual durante el procedimiento
y, por tanto, si no se detecta,
no se pueden generar ajustes de procedimiento
que garanticen esa participación eficaz
en el proceso.
Lo que nosotros encontramos fue que aproximadamente
el 49 % de las personas
no tenían un certificado de discapacidad previo
al procedimiento judicial.
Eso significa que casi la mitad de las personas
llegan a prisión sin que tengan un certificado
y sin que se haya detectado
que tenían una discapacidad intelectual.
-Es que, en el momento en el que, dentro del proceso,
se detecta que la persona tiene cualquier tipo
de discapacidad intelectual
o cualquier tipo de discapacidad
que le impida conocer de forma efectiva
cualquiera de las resoluciones o de los trámites
que se están llevando a cabo en el proceso,
desde ese momento se debería de paralizar
el proceso para que, de forma inmediata,
a esta persona se le dotara de un facilitador
que hiciera esa comunicación fluida.
Es que es imprescindible.
-Otra cuestión es, a lo mejor,
si hay que hacer algún ajuste en el contexto
y el facilitador lo indica.
Imagina que a la persona le genera mucho estrés
el que el policía lleve un uniforme o que el juez lleve una toga;
entonces, el ajuste de procedimiento
para eliminar esa situación de estrés
es que no se utilice la toga o el uniforme de policía
o que se haga en un entorno
donde haya menos estímulos sensoriales,
porque si hay mucho ruido o hay unas luces muy fuertes,
hay personas que tienen sensibilidad
a ciertos entornos o a ciertos ruidos.
-Por ejemplo, la instrucción.
En la instrucción puede haber muchos actos de investigación,
pruebas que se practiquen,
que la persona con discapacidad debe entender qué está ocurriendo,
qué pruebas son las que se van a practicar.
Y para ello, puede ser a través del facilitador
y también de las herramientas de lectura fácil.
¿Qué son las herramientas de lectura fácil?
Pensemos en una detención, una detención de una persona normal,
pero una persona con discapacidad
que se encuentra en esa misma situación
y que le leen sus derechos
del 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Tienes derecho a no declarar, a no confesarte culpable,
a presunción de inocencia,
tienes derecho a un intérprete si no lo entiendes,
toda esa serie de derechos instrumentales que lleva
ese 520, que es el derecho de defensa.
Bien, si lo hacemos a través de herramientas de lectura fácil,
por ejemplo, pictogramas, dibujos, explicaciones sencillas...
Mira, ahora mismo vas a pasar a las dependencias policiales,
estás en dependencias policiales, te vamos a tomar declaración,
puedes declarar o decir que declaras ante el juez.
¿Qué ocurrirá cuando declares ante el juez?
¿Qué es lo que te va a ocurrir en ese momento?
¿Qué te van a preguntar?
Es decir, eso, si tú tienes un facilitador,
no llegas a tener una victimización secundaria.
Existen numerosos testimonios que destacan el papel crucial
del facilitador judicial durante el proceso.
Estos testimonios son un ejemplo del importante papel
que cumplen en la sociedad.
Los facilitadores no solo ayudan a simplificar el lenguaje
y los procedimientos judiciales,
sino que también proporcionan un apoyo emocional crucial.
-Llevo más de 20 años trabajando con personas
con discapacidad intelectual en diferentes ámbitos.
He trabajado en viviendas,
en centros ocupacionales, en área laboral...
También he trabajado con personas en riesgo de exclusión social
y con personas en situación de cárcel y en diferentes prisiones.
Y, bueno, siempre, durante todo mi recorrido laboral,
he vivido muy de cerca el apoyar a las personas
con discapacidad intelectual y que ejerzan sus derechos,
e intentar que estén en una inclusión social
y que estén en igualdad de condiciones.
Porque, por ejemplo, en el caso de Luis...
Luis, has estado en la sede policial
y creo que... ¿tuviste facilitador cuando estuviste en comisaría?
-La primera vez no.
-¿Y qué pasó en esa situación?
-Pues que llegas ahí y realmente no te enteras de nada,
porque llegan, te leen derechos de...
lo que más entiendes es que tienes derecho a una llamada,
te encierran y ya está, realmente no te estás enterando muy bien,
porque tampoco ellos se paran a pensar
si esta persona tiene discapacidad o no, tampoco te lo van a preguntar.
-Luis, en tu caso,
¿tú llegaste a decir que tenías una discapacidad intelectual?
-En ese momento no sabía que la tenía,
aparte de que si la hubiera tenido, igual tampoco lo hubiera dicho,
por el mero hecho de que estás ahí con más compañeros,
hay gente más detenida ahí contigo y te da un poquito de...
por la cosa del que se rían o el qué dirán, hay muchas cosas.
- ¿Tuviste abogado? - Sí.
-¿Y el abogado en comisaría te explicó un poco la situación?
-No, ese vino, me dijo que era mi abogado y ya está, y poco más.
-¿Te explicó algo que tú recuerdes?
-Pues... no, poco.
-Tú, Luis, tuviste varios juicios, ¿verdad?
-He tenido unos cuantos.
-¿Y has tenido con facilitador y sin facilitador?
-Sí.
-¿Recuerdas el que no tenías facilitador?
-Sí.
-¿Entendiste un poco lo que pasaba?
-Sin facilitador me fue todo muy deprisa,
no me enteré de nada.
Es como te digo, que hablan entre juez y abogado
y tú realmente no te estás enterando de nada.
Hay gente que va a prisión y luego dice:
"¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que he hecho,
que no me he enterado?"
Porque muchas veces no te explican muy bien
las palabras que ellos dicen.
Yo, por ejemplo, no entiendo las palabras que suelen utilizar,
no me explico con ellos.
-Y, en ese caso, ¿las consecuencias cuáles fueron?
-Pues que acabé preso.
-¿Y has tenido algún otro juicio con facilitador?
-Sí.
-¿Y cuál fue la diferencia que tú más notaste?
-La diferencia fue que llegué a un acuerdo.
-¿Llegaste a un acuerdo y ese acuerdo lo entendías o algo?
-Me lo explicó.
-¿Te lo explicó la facilitadora, verdad?
¿Y entendiste lo que era un acuerdo?
-Sí, porque me lo explicó Sara, que es mi facilitadora.
Me explicó que eso es muy sencillo,
es de que yo estoy reconociendo mi delito
y que al reconocer mi delito me están bajando condena.
Y luego ya decidí yo que sí.
Y ya firmé con el juez,
le dije al juez que sí, que estaba de acuerdo y firmé.
-Sí, además en el caso de Luis ha tenido triple, casi, exclusión.
-Aparte de ser gitano, he tenido una vida un poquito complicada.
-¿Y a ti cuando te ven,
piensan que tienes discapacidad, o sea, cuando ven por tu raza,
creen que también puedes tener discapacidad intelectual?
-Yo creo que eso no paran a mirarlo.
Eso no, yo creo que no lo miran.
En ese momento, realmente, no te miran nada,
te cierran ahí y ya está.
La Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
se compromete a que nadie se quede atrás.
Por ello, apostar por el desarrollo del facilitador judicial
se presenta como más importante que nunca.
Un mundo más justo está en juego.
-Lo que se trata es que todos los ciudadanos
tengan el mismo acceso a la justicia
y ello pasa por garantizar la comprensión
de aquello en los que están inmersos,
porque ahora nos podemos encontrar que, como decía,
hay obstáculos contextuales, conceptuales, que dificultan
que esos derechos que están reconocidos en la Constitución
sean efectivamente aplicables en un proceso judicial concreto.
-El acceso a la justicia ha de ser fácil
y acaba siendo fácil cuando, además, resulta accesible
para personas carentes de recursos.
La gratuidad, en muchas ocasiones, debería primar.
-Todas las reformas hay que tomárselas en serio.
Es decir, hay que poner...
Todos los operadores jurídicos tienen que poner de su parte.
Es decir, las reformas es verdad que al principio asustan,
pero hay que llevarlas a efecto.
-Es muy habitual entender que un facilitador,
que el cliente del facilitador,
es la persona con discapacidad, y eso no es cierto.
El cliente del facilitador es el sistema de justicia,
porque está obligado a ofrecer a la persona,
en igualdad de condiciones,
el derecho a la tutela judicial efectiva,
a igualdad de medios procesales.
Si la persona no está comprendiendo qué ocurre,
si la persona no está pudiendo expresarse,
si no está pudiendo participar en el procedimiento,
se está generando una indefensión.