Buenas tardes.
Antes de nada, muchas gracias por la aceptación de la comunicación
y por la configuración de una jornada de la verdad,
tan tan interesante y tan tan productivas
como como la que hemos tenido es lo más breve posible,
porque ya estamos un poco apurados de horario,
pero, en definitiva mi comunicaciones relativa al derecho al error
en el procedimiento sancionador tributario,
más bien es, digamos, una recuperación o un volver a pensar
en el derecho a la presunción de inocencia,
que, si bien es un derecho fundamental que en el plano teórico
está establecido muchas veces en el plano práctico
no parece que se materializa.
Del mismo modo,
cuando nos enfrentamos ante un procedimiento tributario,
como sabemos, el sistema tributario español
se caracteriza por el empleo de autoliquidaciones masivas,
tal como ocurre en Italia o en Francia
o como contribuyentes.
Somos protagonistas de la aplicación de tributos.
Es decir, en buena parte de los casos,
desde que surge la obligación tributaria
hasta que se produce su cumplimiento, todos,
todos esos hitos de interpretación de la norma,
labor de calificación o cumplimiento del deber material y formal
los realizamos por nosotras mismas.
O acudimos a un auxilio que suele venir dado por un
por un experto en la materia, es decir,
la labor de aplicación de los tributos?
En gran medida se encuentran privatizada, a su vez nos encontramos
con la existencia de numerosas declaraciones informativas,
lo cual incide en un incremento de la carga fiscal indirecta
que puede llegar a soportar el contribuyente,
de tal manera que puede,
en gran medida y ser fuente de conflictividad tributaria causada
por la complejidad de la normativa tributaria.
Hemos venido comentando a lo largo
de la jornada que las normativas no solo es compleja,
sino que en muchos casos está dispersa
o se ha legislado a través del real decreto
-ley, digamos por la vía de urgencia.
Incluso nos encontramos con una proliferación de conceptos
jurídicos indeterminados, de regímenes fiscales
que en definitiva, hacen aún más ardua
la labor del cumplimiento fiscal.
Con ello también se se ha atendido en las comprobaciones
a la sanción por el resultado, es decir,
a pasar a la automatización de las sanciones.
Si bien es una cuestión que ya señaló el Tribunal Constitucional
en la famosa sentencia de 76 barro, 1990 o más recientemente
en a 164 de 2005, el procedimiento sancionador
tributario en España se rige por el principio de culpabilidad,
es decir, no cabe la sanción por el mero resultado
de no ingresar, que es la sanción prototípica,
ni se pueden sancionar mediante razonamientos apodíctica,
como señala la sentencia del Tribunal Constitucional,
de 164 del 2005,
es decir, sin acreditar por parte de la Administración
un mínimo ánimo defraudatorio,
dado que recae sobre la Administración esa carga
de la prueba de la culpabilidad suficiente,
ya sea en grado de negligencia, a los efectos
de los artículos 179 183 de la ley general tributaria.
Ante esta situación de ese proceso
hacia la privatización de la aplicación de tributos
y hacia la automatización de las sanciones,
cuando se comprueba que esa aplicación
debe ser no del todo correcta o que no se ha seguido el criterio
de la Administración, nos puede llegar a resultar desproporcionado
desde el punto de vista del contribuyente,
influyen, en definitiva, sobre nuestra perspectiva
con respecto a la justicia tributaria,
incluso en el, el propio cumplimiento voluntario de las de las obligaciones
en tanto en cuanto,
sino si atendemos a cómo se cumplimentan
las declaraciones.
Tenemos en cuenta en el caso de opiniones y actitudes fiscales
de los españoles.
En el año 2000 veintidos solamente un 11 con cinco por 100
de los encuestados
que eran declarantes, acudía a la administración tributaria,
un 30 por 100, acudir a una asesoría fiscal,
es decir, pagaba los servicios de un asesor fiscal
e incluso en torno a un 20 por 100,
acudir a servicios de asesoría entre comillas, gratuitos,
como puede ser recurrir a al amigo que sabe de derecho tributario
en la empresa, en sindicatos, etcétera,
y ya en torno a un 42 por 100 era el propio contribuyente,
que la sociedad muchas veces la facilitación del renta web,
que simplemente tengamos que confirmar el borrador,
nos hacen estar en esa, en ese, en ese segmento.
Esta situación no es novedosa, es decir,
esta situación se viene produciendo desde al menos la existencia
de la o la entrada en vigor de la ley general tributaria,
con mayor o menor fluctuación, pero sí que es cierto
que la Agencia Tributaria no ha sido protagonista
en la forma de cumplimentación de nuestras autoliquidaciones
y en cuanto a la nuestra percepción de esos servían de servicios
de ayuda que nos puede ofrecer la Agencia Tributaria,
nos llegamos a encontrar.
Que si bien se utiliza renta web
o el teléfono de atención al contribuyente,
etc. Hay, hasta casi un 20 por 100 de encuestados,
que desconocen que existe un teléfono de atención
o, simplemente, no lo utilizan o mismamente una atención presencial
en las oficinas de la Agencia Tributaria,
lo que nos refleja que estamos absolutamente bastante
distanciados como contribuyentes con respecto a las posiciones
de la Administración contraste, por ejemplo,
con lo que comentaba Beatriz con respecto a Navarra
y el poder sentarse y tratar los temas tributarios cuestionables
con la administración foral,
nos encontramos a su vez que, entre las declaraciones presentadas,
el año 2021, del año pasado,
se presentaron las declaraciones del ejercicio 2021,
más de veintidos millones de declaraciones de las cuales
no llega al tres por 100 de las que se presentaron
en las oficinas de la Agencia Tributaria,
es decir, al fin y al cabo, el contribuyente,
con nuestros datos podemos reflejar que el que los contribuyentes
autoliquidar autoliquidar más en todos los sentidos,
no, no utilizamos tanto a la Administración
o no nos sentamos tanto con la administración
en cierta medida cuando actuaciones de control
han ido creciendo hasta encontrarnos en casi 800.000 actuaciones
de control extensivo.
Es decir, las actuaciones de los departamentos de gestión,
que muchas veces van a dar lugar a esas
coloquialmente llamadas paralelas y que automatizara en gran medida
de los casos las sanciones definitiva aquí es donde quiero residir,
el derecho al error en el procedimiento sancionador
tributario no no llevarlo por el error de derecho
que contemplamos en el artículo seis del código civil,
sino si todo tipo de incumplimiento se tiene,
que tiene que ser cuestionado como una infracción por parte
de la administración tributaria.
Es decir, se trata de detenernos a valorar
la conducta subjetiva del obligado tributario
no solo en el momento de comisión del error,
es decir del equivoco, o de la utilización
de un criterio distinto al de la Administración,
sino también incluso de forma previa.
Te respecto es es famosa desde desde hace varios años
la normativa francesa de 2018 sobre el estado al servicio
de una sociedad de confianza en el título.
Es cuanto menos romántico con lo que hemos venido comentando
hasta ahora sobre el derecho a la buena administración.
Pero también me gustaría detenerme en Italia,
tanto en cuanto el decreto de 11 de febrero de 1998,
en su artículo 30 37 viene a referirnos
que la administración antes de litigar con el propio contribuyente,
debe realizar un estudio de si le conviene litigar
en términos de coste -coste de oportunidad,
de tal manera que son cuestiones que cuando nos detenemos
y planteamos cuál ha sido la conducta del contribuyente
o qué temas se están cuestionando en esta comprobación
o en esta inspección sí que puede reducir esa en cierta medida,
agresividad que puede llegar a tener la Administración con respecto
al contribuyente.
Comprobado en España al consejo para la defensa del contribuyente,
en la propuesta tres del 2000 veintidos se hizo,
se hizo eco de la normativa francesa sobre el derecho al error,
también el libro blanco
sobre la reforma tributaria del 2000 veintidos,
en lo que señala que es indispensable mejorar la relación
de la administración tributaria con los contribuyentes,
en definitiva, acercarnos, hacer una relación jurídico
-tributaria basada en la transparencia y la buena fe,
y en esos términos también se ha pronunciado.
En los planes de control tributario
y aduanero del veintitres y 24 tienen un mismo parrafito,
en el que señala que la imposición de sanciones tributarias
se establecerán criterios sancionadores,
de tal manera que se incorpore como elemento relevante
el historial de cumplimiento de incumplimiento del contribuyente
en la evaluación de la existencia del elemento subjetivo
en determinados tipos de conducta definitiva,
como he venido señalando.
Valorar ante qué situación se ha encontrado el obligado
tributario y cuál ha venido siendo su historial de cumplimiento.
En otros términos.
El tsj de Galicia, en una sentencia bastante reciente,
de noviembre del veintitres,
ya ha venido señalando esta cuestión en tanto en cuanto nos recuerda
que la responsabilidad sancionadora en España no es objetiva,
es decir, debe motivar la administración,
su existencia.
Esta cuestión no es novedosa, pero sí que había una ser novedosa,
el que se detenga en el hecho de que tenemos
unas autoliquidaciones masivas
que el que las normas tributarias son complejas y que, en definitiva,
de cara a valorar la culpabilidad del contribuyente,
tenemos que atender no solo al contexto
del propio contribuyente,
sino al contexto del propio sistema.
Sin más, son le llamó el volver o el retomar ese derecho
a la presunción de inocencia,
porque ya en 1997 el propio tribunal supremo
señalaba que la medida en que sea un error razonable
o que se ofrezcan dificultades de interpretación,
pues no, no cabe la la sanción de cara a la posible introducción
para finalizar del derecho al error.
Creo que hay que ser prudentes y atender al principio
de culpabilidad y a la el concepto de la diligencia debida
a que ya se regulan al artículo 179.
Dos de la ley general tributaria,
si bien se puede interpretar como criterio de graduación,
a establecer en el artículo 187 la posibilidad
de tomar como referencia al historial del contribuyente
o las circunstancias atinentes al caso, en definitiva,
promover el incentivo de buenas prácticas
basadas en la reciprocidad y la transparencia,
que nos den lugar a que se promueva el auxilio
y la prevención de los obligados tributarios,
cuando sea posible,
pero también la coerción cuando sea necesaria.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ana, muy interesante.