Buenos días a todas,
a todos, a pesar de ser la tercera y la última, no, y bueno,
la quiste para el estar aquí debe
estar tomando un café tranquilamente.
No me resisto a empezar mi intervención agradeciendo
al profesor Rafael Sánchez, raza por, por un lado,
la invitación a participar en este proyecto
y, por otro lado,
pues la propuesta para formar parte de esta de esta mesa redonda;
invitación que hago extensiva a todo el departamento de Derecho
de la empresa de la UNED,
que siempre nos acoge.
También voy a dedicar los siguientes minutos
a hablar sobre la eficacia de las consultas vinculantes
y la importancia de una función de asistencia
a los obligados tributarios en lo que debería considerarse
una buena administración tributaria.
Sin extenderme demasiado, porque seguramente a lo largo
de la mañana de hoy y también de esta tarde,
se va a definir este derecho a una buena administración
con mayor profundidad.
Todos sabemos que este derecho se encuentra reconocido
en el artículo 41.
Ve la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea
y en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra implícito
en el artículo 9, 3.
Y el artículo 103 de la Constitución Española
y sí que está,
o sea, sí que tiene una plasmación directa en el artículo 3,
uno de la Ley 42.015.
Este derecho ha sido definido por el Tribunal Supremo
en en diferentes sentencias,
cuya referencia aparece en la diapositiva,
como aquel derecho que excluye,
o que hay un buen perdón que impone a la Administración una conducta
lo suficientemente diligente como para evitar las posibles disfunciones
derivadas de su actuación;
o aquellas actuaciones que dan lugar a resultados arbitrarios
sin que sea suficiente.
En este sentido, la mera observancia estricta del procedimiento,
sino que lo que se reclama es la plena efectividad
de los derechos y garantías reconocidos al contribuyente.
En materia tributaria, este derecho a una buena administración
está directamente conectado con el artículo 34
de la ley general tributaria, que recoge un listado abierto,
catálogo abierto de derechos y garantías
de los contribuyentes,
y dentro de este artículo, concretamente en el apartado 1,
letra se encuentra el derecho de los contribuyentes
a ser informados y asistidos por la administración tributaria,
tanto en el ejercicio de sus derechos
como en el cumplimiento de sus obligaciones.
Más adelante, en la sección segunda
del título tercero, de la ley general tributaria,
se recogen diferentes actuaciones dirigidas a esta información
y asistencia a los obligados tributarios,
y concretamente en el.
Entre ellas vamos a centrarnos en lo que la ley general tributaria
denomina las consultas tributarias escritas.
El régimen jurídico aplicable a estas consultas se encuentra
en el artículo 88 los artículos 88 69 de la ley general tributaria,
y se desarrolla en los artículos 65 siguientes del reglamento general
de los procedimientos de inspección de gestión e inspección tributaria
y salvo una pequeña modificación que se realizó en el año 2017,
en relación a la forma de iniciación del procedimiento
para la contestación a las consultas sobre una materia muy concreta,
que era bueno cuando la consulta versase
sobre establecimientos permanentes
u operaciones transfronterizas es un régimen que ha aparecido,
ha permanecido inalterado a lo largo a lo largo del tiempo,
a pesar de bueno, de las recurrentes críticas
realizadas a incumplimiento sistematizado por parte
de la administración tributaria del plazo de seis meses de resolución
y a la falta de previsión de unas consecuencias a asociadas
a ese incumplimiento del plazo de respuesta a día de hoy,
a pesar de que como comentabais en la presentación, en esta jornada,
de las múltiples iniciativas que se están implementando
y desarrollando en este ámbito
no de la información y asistencia a los obligados tributarios,
puede decirse que, que las consultas tributarias
continúan siendo el mecanismo de información y asistencia
más relevante, y puede decirse por por varios motivos.
En primer lugar, por la amplitud de su ámbito objetivo,
no el, el, el, la amplitud del objeto de estas consultas
que como se establece en la ley general tributaria
pues permite al obligado tributario plantear cuestiones
en relación al régimen,
clasificación o calificación tributaria que en cada caso
le corresponda, y también y principalmente por los efectos
que producen esta que produce esa contestación
a una consulta frente, por un lado, la administración tributaria
frente al obligado tributario.
Al consultante no han que plantea esa consulta
frente a otros obligados tributarios
aunque como sabemos más dudas ha planteado
la la extensión de efectos de estas consultas a los tribunales
económicoadministrativos y a los tribunales de justicia centrándonos
en cada uno de estos ámbitos, frente al obligado tributario.
Bueno, si nos centramos en los efectos de las consultas
frente a los obligados tributarios que que las plantean,
aunque tampoco ha sido esta una cuestión exenta de controversia,
podemos decir que se tratan de actos de trámite,
que, aunque no son impugnables individualmente si lo son
al en el momento en el que finaliza el procedimiento
mediante la oportuna liquidación con ocasión de la impugnación
de la misma y dan desde el mismo momento
en el que el contenido de la consulta es notificada
a los obligados tributarios,
da lugar al nacimiento de derechos y obligaciones
para las distintas partes implicadas respecto del obligado tributario.
Estas consultas tienen un carácter que podríamos decir
que es meramente informativo.
Por qué?
Porque no les vincula los los obligados tributarios
pueden separarse legítimamente de la contestación de la respuesta
dada a la administración del criterio administrativo que se fije
en esa consulta.
Sin embargo, también sabemos que en el caso
de que el obligado tributario ajustes,
su comportamiento han criterio dictado por la administración
tributaria, podríamos decir que recibe una especie de premio,
porque, bueno, está se entenderá que en ese caso
actuado con la diligencia necesaria para el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias,
quedando así exento de responsabilidad
por las infracciones que que hubiera podido,
por las situaciones tributarias que hubiera podido,
comete en este punto.
Bueno, sí creemos que es el momento a devolver,
a reflexionar sobre uno o de plantear, no,
si resultaría posible que, y sobre todo,
si tenemos en cuenta que de forma relativamente frecuente
se incumple ese plazo de seis meses de respuesta
si sería posible tomar en consideración
el mero planteamiento de la consulta como una circunstancia
que que determina esa diligencia necesaria,
no en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Todo ello desde desde qué perspectiva.
Pues bueno, dada la necesidad,
dado que se insiste en el plan estratégico
de la administración tributaria para los años 20, 24 también
en el plan anual de control tributario y aduanero de 2024,
en los anteriores.
En esa necesidad de que tanto la administración tributaria
como el legislador implementen un enfoque de biji,
boral insa y no un enfoque, que consiste muy brevemente
en que la respuesta del ordenamiento jurídico debería
ser proporcionada al comportamiento de los obligados tributarios,
debería adaptarse a a la a-bueno, pues, a las circunstancias
no en las que se produce ese cumplimiento o incumplimiento
de las obligaciones tributarias es sin duda,
bueno, pues este sería un ámbito en el que podríamos ver ese avance,
no en el en-en una relación que sea, pues eso, más adaptada,
no más proporcionada a al comportamiento
de los obligados tributarios,
dando así al mismo tiempo pues solución
a una demanda que se ha venido produciendo a lo largo de los años,
no de asociar alguna consecuencia.
En este caso sería una consecuencia positiva al incumplimiento
del del plazo de resolución en este.
En este punto también, bueno,
puede ser interesante para para estimular el el debate,
no que recientemente el Tribunal Supremo
en febrero de este año ha admitido una,
una cuestión de interés casacional no relacionadas con esto,
no directamente con las consultas, pero sí que se se se resolverá
una cuestión en la que se se plantea si cabe entender
que un contribuyente ha actuado con la diligencia necesaria
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
que exige no el artículo 179, dos de la ley general tributaria,
para eximir de responsabilidad por infracciones
cuando el contribuyente adecuado a su comportamiento,
a una respuesta que ha proporcionado el programa informa claro,
a día de hoy está esta exención de responsabilidad.
Se limita a haber actuado conforme al criterio establecido
en las consultas tributarias.
Pero, claro, teniendo en cuenta que cada vez son mayores los medios
de información y asistencia a los obligados tributarios,
pues posiblemente había que adaptar el contenido de esa norma,
pues a la nueva, a la nueva,
las nuevas realidades, no así en plural,
porque ya sabemos que los la afortunadamente,
los medios de información y asistencia
cada vez son mayores complementando pues la asistencia online digital
o sea la asistencia digital o presencial y proporcionando bueno,
pues cada vez más vías para, para garantizar este ese,
ese cumplimiento tributario.
En relación a si pasamos a los efectos
de las consultas tributarias frente a otros obligados tributarios,
sabemos que los órganos de la administración tributaria
encargados de la aplicación de los tributos deben tomar en consideración
los criterios que se contienen en las consultas tributarias escritas
y que pueden resultar de aplicación a cualquier obligado tributario.
Para ello se exige como requisito que exista una identidad
entre los hechos y las circunstancias del,
de este eoi, otro obligado tributario,
y los que se incluyan en la en la propia consulta.
En este sentido, se ha venido interpretando
que no es necesaria una identidad total y absoluta,
sino que basta con que esa identidad se predique
de lo que se consideran los elementos esenciales o determinantes
de de cada uno de los casos.
Esta es una un aspecto que que debe valorarse muy positivamente
y que, y que posiblemente constituía uno de los de los de los.
Pues bien, de los elementos que dotan de mayor eficacia
a las consultas tributarias,
como mecanismo de información y asistencia,
ya que mediante la extensión de efectos
a otros obligados tributarios,
bueno, se garantiza el principio de seguridad jurídica
y también el principio de igualdad en materia tributaria.
Si atendemos a los efectos
de las consultas frente a la administración tributaria,
ya hemos dicho que vinculan a los órganos y entidades
encargados de la aplicación de los tributos.
Hasta cuándo?
Pues hasta que no se modifique la legislación o la jurisprudencia
que aplique resulta aplicable al caso y, por supuesto,
siempre y cuando no se hubieran alterado las circunstancias,
antecedentes y demás datos que se contienen en la consulta.
Claro, este órganos encargados de la aplicación de los tributos,
al vincular exclusivamente a estos órganos,
excluye a los de eficacia o de esta eficacia vinculante
a los tribunales económicos
-administrativos, porque precisamente la función que tienen encargada
estos órganos es una función revisora de los actos dictados
por dichos órganos de aplicación de los tributos y otra precisión,
y es que en relación a la al al término de jurisprudencia,
pues se ha venido interpretando como un sinónimo de criterio
consolidado.
Es una interpretación amplia del concepto de jurisprudencia
lo que incluye no solamente la doctrina
fijada por el Tribunal Supremo en sustenten cia,
sino también por órganos judiciales inferiores,
siempre que, bueno, pues sabemos que el criterio
se haya repetido en dos o más pronunciamientos
y, por último, debemos referirnos al alcance de la eficacia vinculante
de las consultas en relación a los tribunales de justicia,
ya que esta ha sido también una cuestión ampliamente debatida
a lo largo de del tiempo, no desde la crea
y donde de este instrumento de información y asistencia,
que son las las consultas, como suele suceder,
se trata de una cuestión que debe resolverse necesariamente
mediante una ponderación de los diferentes principios
y derechos constitucionales en juego.
Por un lado, o al lado de la balanza,
podríamos situar el principio de de seguridad jurídica,
reconocido en el artículo 9, tres de la Constitución,
y, por otro lado, el derecho a la tutela judicial efectiva,
que se encuentra reconocido en el artículo 24.
Sobre este asunto se ha pronunciado recientemente el Tribunal Supremo.
En dos sentencias, de veintidos de enero,
y de 25 de enero de 2000, este mismo año, de 2024,
a las que nos vamos a referir brevemente.
En ambas sentencias la controversia es la misma,
los argumentos de las partes son los mismos
y por lo que en la sentencia realmente en la sentencia,
de 25 de enero lo que hace el Tribunal Supremo
es remitirse a su sentencia anterior de 20 del día
veintidos de ese mismo mes.
En ambos casos se plantean dos cuestiones de interés casacional.
La primera de ellas es y determinar si el órgano judicial
que controla la legalidad un acuerdo de liquidación
debe analizar cuando así se denuncie,
si el órgano liquidador se apartó de la doctrina administrativa vigente
en la fecha de la liquidación y que le vinculaba según lo dispuesto
en el artículo 89.
Uno de la ley general tributaria,
y, por lo tanto, debe anular el acto de liquidación
cuando se constate el apartamiento de esa doctrina administrativa
con independencia de que reputa o no sabe que considere
o no correcto el criterio jurídico vinculante
o de que exista doctrina o jurisprudencia posterior,
o si, por el contrario, el órgano judicial
lo que debe hacer es entrar a estudiar en todo caso
la corrección del criterio jurídico vinculante
y el seguido por la liquidación, de tal forma que,
aunque se hubiera desconocido la doctrina administrativa
que en ese momento estaba en vigor,
lo que hay que hacer es verificar si el acto de liquidación
es conforme a derecho y no procede, por tanto,
en ese caso su anulación.
La segunda cuestión a la que se da respuesta en esta sentencia
se refiere al concepto de utilización explotación efectiva
previsto en el artículo 72 de la ley,
del impuesto sobre el valor añadido,
con relación a los servicios de publicidad prestados
únicamente a través de Internet,
y si estos servicios, la prestación de estos servicios,
están sujetos al impuesto.
Bueno, la y la respuesta es que están sujetas al impuesto
cuando tengan como destinatarios a internautas.
Los mensajes de publicidad no tengan como destinatarios a internautas,
es situados en el territorio, aplicación del impuesto.
Como veis, esta segunda cuestión ex breve,
con mucho del ámbito del objeto de esta intervención,
por lo que me voy a centrar solamente
en la, en la respuesta a la primera de las cuestiones en este,
la respuesta del Supremo a esta primera cuestión
ha sido que cuando se denuncie que el órgano liquidador
se apartado de la doctrina administrativa vigente,
el juez, al ejercer el control de legalidad
sobre esa, sobre esa liquidación tributaria,
debe entrar a analizar el motivo de la impugnación.
No debe entrar a analizar si se ha producido tal apartamiento
o no por exigencias del del, del respeto a la congruencia de todo
de toda resolución judicial, del principio dispositivo
y de la adecuada salvaguarda de la tutela judicial efectiva
en estos casos que deberá hacer.
Para ello, pues, verificar si se cumplen los requisitos
para que la consulta tributaria
produzca los efectos que se recogen en el en el artículo,
en los artículos 88 89 de la ley general tributaria,
es decir, que no haya habido una modificación de la legislación
o de la jurisprudencia aplicable que la consulta
fuera formo haya sido formulada antes de la terminación del plazo
para el ejercicio de derechos o el cumplimiento de obligaciones
que no se hayan alterado las circunstancias del caso
y bueno, además, cuando se prevea la posibilidad
de aplicar esa consulta
a otros obligados tributarios distintos del del consultante,
pues bueno que exista esa identidad
entre las circunstancias de de ambos casos,
con independencia de ellos, sea de que se tenga
que entrar a analizar cuando así se solicite,
si se ha producido la, la, esa liquidación de conformidad
o no con un criterio con el criterio administrativo vigente.
Lo que lo lo interesante es que el Tribunal Supremo
dice que eso no es obstáculo para que el órgano judicial deba,
en todo caso, entrar a enjuiciar si la liquidación es conforme
o no a derecho.
Es decir, lo que está diciendo el Tribunal Supremo
es que el órgano judicial no debe,
necesariamente anular la liquidación,
cuando el órgano liquidador
se aparta del criterio sentado en una consulta,
siempre y cuando la misma sea una, o sea, contenga una interpretación
que es conforme a que es conforme ajustada
a derecho.
Cuál es el límite, como todos sabemos,
la prohibición de reformatio in peius de los procedimientos
iniciados a instancia de los obligados tributarios.
Para terminar, a modo de conclusión,
me gustaría resaltar solamente algunas de las ideas
sobre las que nos hemos ido refiriendo.
En primer lugar,
como decía al principio de la intervención,
el derecho a una buena administración exige la plena efectividad
de los derechos de los contribuyentes.
Entre los que hemos visto se encuentra el derecho
a ser informado y asistido en el ejercicio de derechos
y en el cumplimiento de obligaciones.
Esta información y asistencia a los integral,
a los obligados tributarios
constituye uno de los ejes vertebradores del plan estratégico
de la Agencia Tributaria para los años 2024 2027,
también es una es una de las de las de los pilares del plan
de anual de, con el plan anual de control tributario y aduanero
para 2024.
En este ámbito,
cuáles son las actuaciones que se prevén realizar
y que creemos que deben ser valoradas de forma positiva?
Pues se prevé crear una base única de conocimiento tributario
que lo que va a hacer esta base única.
Es recopilar, no recoger tanto la doctrina
reiterada del tribunal económico administrativo central
como las contestaciones a consultas de la Dirección General de tributos,
permitiendo o tratando de facilitar.
Así que se pueda consultar cuál es de forma sencilla?
Entiendo que cuál es el criterio administrativo vigente
en cada momento, incluso se va a permitir consultar,
si había un criterio administrativo anterior
que separa sí que se separaba no de este nuevo
de esta nueva doctrina que resulta de aplicación.
Dentro de las principales críticas
que se ha venido realizando al régimen
de las consultas tributarias,
pues encontramos la, la, la falta de consecuencias al incumplimiento
del plazo de resolución en este caso.
Bueno, pues lanzamos esa.
Esa pregunta, no?
Si si se supone que vamos hacia hacia la aplicación
o de técnicas de de vigía y mural insá y no de de un concepto de,
de regulación responsible o no,
de que se adecúe la respuesta del ordenamiento jurídico
al comportamiento de los obligados tributarios para bien o para mal,
todo hay que decirlo.
Debería tenerse en cuenta en aquellos casos
en los que no se ha producido una respuesta en tiempo,
el mero planteamiento de la consulta
como un indicativo de esa diligencia necesaria,
no de esa buena de sadismo,
buena disposición del obligado tributario
a cumplir de forma correcta con sus obligaciones tributarias?
Todo ello a efectos de determinar
no la responsabilidad por la comisión de una de infracciones tributarias
que podrían derivar de la conducta
del mismo en por resaltar algunas un aspecto positivo,
no del régimen de las consultas?
Pues, como hemos comentado, la eficacia vinculante
de las consultas para la administración
respecto a quien plantea la consulta y respecto a otros obligados
tributarios que se encuentren en una situación idéntica o similar,
constituye creemos la principal razón de ser de este mecanismo
de de información y asistencia,
y constituye una garantía del principio de seguridad jurídica
y del principio de igualdad que deben regir,
que deben ordenar la relación jurídico
-tributaria.
En cambio, bueno, pues coincidimos con la postura manifestada,
no por el Tribunal Supremo en relación a la imposibilidad
de extender esa vinculación a los órganos revisores
sean sea la revisión realizada en vía administrativa
o en vía judicial por por o con el objetivo
de salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva
de los obligados tributarios.
Por mi parte, esto es todos.
Agradezco mucho vuestra atención y bueno queda abierta cualquier duda
pregunta sugerencia queráis formular Gracias.
Muchísimas gracias.
La obra.