Vamos a continuar con otro tema y tenemos a Miguel Hernández Serna
para hablar de las ayudas de Estado como constitución económica,
les fiscal en excedencia, magistrado de lo contencioso administrativo,
fue magistrado del gabinete técnico del Tribunal Supremo
y actualmente años ya letrados del Tribunal Constitucional.
Además se ha sido, es coautor en varias obras colectivas,
como comentarios a la ley de la jurisdicción contencioso
-administrativa y más recientes fundamentos de derecho administrativo
y 77 aspectos esenciales del proceso contencioso
-administrativo,
o sea que un gran experto que nos va a hablar de las ayudas de estado
en materia también de gran relevancia actualidad,
porque igualmente estamos pasando de una fase especial
de suspensión con motivo del comida y de la guerra de Ucrania
y de las ayudas al medio ambiente en el que se está reactivando un poco
la normalidad.
Pues nada más, tienes la palabra.
Muchísimas gracias y adelante, gracias a, y gracias
al saber por invitarme a estas jornadas
y por su paciente lectura de este eje, de mi tesis,
y sus recomendaciones, que elabora, que siempre han sido muy sugerentes
y siempre correctas lo que voy a exponer.
Es un resumen de la tesis doctoral que estoy preparando
y que está bueno ya bastante ultimada.
Entonces, soy capaz de, digamos, de exponer este resumen.
Quizás el powerpoint,
que preparado es un poco denso.
Yo iré tema no un poco resumida porque me lo he preparado yo
también, como esquema para ordenar ideas,
quizás no pueda entrar en todo lo que ahí se dice,
cómo?
Como veréis, pero bueno, yo vengo quizá a hacer un poco
le decía antes a a uno de los compañeros
un poco de Grinch del proceso de integración y de la gobernanza
y del modelo social de la Unión Europea,
porque son ideas muy bonitas, muy buenas que yo comparto incluso,
pero que me parece que parten o que olvidan un aspecto fundamental
de esta mayor integración económica que tiene que ser un una dirección
y un control democráticos que antes decía Maribel,
que, bueno, pues que en la Unión Europea
falta el déficit democrático de la Unión Europea,
es algo ya muy estudiado y en fin,
por sintetizarlo, se habla de gobernanza económica,
pero se habla de gobierno democrático,
no se habla de gobernanza democrática.
Esto, en fin, y con esto tenemos que diría.
Yo propongo, digamos, una perspectiva diferente de lo hace
para el estudio de las ayudas de Estado del y del derecho
de la Unión Europea,
del derecho europeo se claro, según una una opinión tradicional,
el derecho europeo es un derecho autónomo,
se interpreta con sus propios conceptos.
La, la voluntad de que tenga una aplicación uniforme
en todos los Estados;
le lleva a ser un derecho muy autorreferencial.
Lo que ocurre es que, claro, nada tiene que ver la Unión Europea
hoy en día con la comunidad económica europea
que se creó en 1957 para seis Estados era una comunidad pequeña,
digamos, eran grandes Estados
y un avance tremendo en el derecho internacional,
pero Estados muy homogéneos las los Estados,
las competencias de la Unión Europea se han ampliado enormemente
y yo creo que la primera parte está el primer panel,
y esta primera intervención del segundo panel
lo lo demuestran ampliamente.
El Parlamento Europeo es democrático.
El Parlamento Europeo ya elige a la Comisión,
aunque a propuesta del Consejo puede incluso
plantearle una moción de censura.
La Comisión y forzar su dimisión.
La Unión Europea ya tiene que velar es condición,
ser un estado democrático para ser un estado miembro,
y encima la Unión Europea
tiene que velar por este carácter democrático
y puede activar incluso el procedimiento de retirada
del derecho de voto que quiero decir.
Con todo ello,
que este carácter democrático, esta amplitud de las competencias,
hacen que el tratado de funcionamiento de la Unión Europea
y el Tratado de la Unión,
que obviamente no son formalmente una construcción
esto no es necesario decirlo no tienen por base
un poder constituyente,
pero si funciona materialmente como una constitución
y esto es algo en fin, asumido y que lo lo lo ha reconocido incluso
el Tribunal de Justicia en la sentencia les ves
que ahí cito este carácter materialmente constitucional
de los tratados.
Se evidencia también en la posibilidad del control
de comunitaria, edad, teléfono de expresión,
que empleó el Tribunal Constitucional y que es básicamente la posibilidad,
la posibilidad de declarar que una ley
de un Estado es contraria al derecho de la Unión y, por consiguiente,
es ineficaz, Hasina aplica, en fin, un efecto parecido,
digamos, al a la declaración de inconstitucionalidad que se produce.
En el caso del Tribunal del ordenamiento español,
cuando lo declara el Tribunal Constitucional
o, en fin un un un efecto semejante
al tradicional control de constitucionalidad de las leyes
que conocemos, de Derecho Constitucional,
y esto nos sitúa en la dificultad contra mayoritaria de Vic
el de una obra, en fin muy conocida,
del lista de los Plans o del gobierno de los jueces de o el riesgo
de caer en el gobierno de los jueces de otra obra también muy conocida,
ya muy antigua, de derogarla en ver y que yo creo que puede sintetizarse
en esta pregunta,
que está en letra pequeña al final de la de la diapositiva,
que es que justifica que en una democracia
un tribunal de justicia inamovible,
que no es responsable por sus decisiones pueda declarar
inconstitucional una ley que no solo ha sido aprobada democráticamente
sino que los los ciudadanos tienen la posibilidad
de revocar si no les gusta esa ley
mediante la renovación de su parlamento.
Esto en fin,
sería adentrarnos ya en derecho constitucional.
Yo de las muchas teorías que hay, que no es necesario.
En fin, yo creo que exponer y no tiene sentido.
Yo me centro en una porque es muy relevante
para los efectos que yo creo que voy a exponer que voy a exponer aquí
es la teoría de los fallos del proceso político
que anunció que estableció el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos en la sentencia que roben productos en las notas.
Bien número 4, muy famosa 1938,
el Tribunal Supremo acababa de capitular frente al presidente
Rus por las leyes redistributivas de la propiedad,
hasta un nivel de entonces desconocido en Estados Unidos
como guardián de la, de una constitución económica
de un sistema económico que consideraban inserto
en la Constitución acababa de capitular
y como consecuencia del crack del 29 del nivel
había aceptado esta redistribución de la propiedad
y la consideración de la propiedad como un derecho,
digamos, más débil y estableció en esta nota número 4,
que el escrutinio estricto del tribunal
debía ceñirse fundamentalmente a aquellos casos
en los que no era posible esperar del proceso político.
Una corrección de una ley de aquí surge
todo el derecho antidiscriminatorio, es decir,
cuando se hacen leyes que perjudican a minorías raciales,
a minorías sexuales, etcétera.
No es esperable del proceso político
que estas minorías pueden adquirir un poder,
tal como para revertir esa ley.
Esto, como idea general,
puede ser muy discutible y es muy discutido,
pero sí me interesa destacar que cuando se trata del control
de federalidad de una ley, es decir,
cuando un tribunal federal permite esta expresión
en el caso de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia,
cuando puede anular una ley de un Estado, aquí sí que es,
yo diría que unánime, la doctrina, que entiende la idea,
que entiende que qué por respeto al principio democrático,
esto solo está permitido en la medida
en que esa ley produzca un impacto
fuera del territorio del estado de la región,
de la comunidad autónoma que lo ha aprobado,
y esto además de que hay abundantísima doctrina.
El propio Tribunal Constitucional español lo ha reconocido
en la sentencia que hay veis citadas la 79 2017,
cuando declaró inconstitucional el principio de eficacia
extraterritorial de la Ley de garantía de la unidad de mercado,
precisamente impuesto desde la Unión Europea
y el Tribunal Constitucional dijo.
Esta aplicación extraterritorial es inconstitucional,
porque significa que se aplicarán en comunidades autónomas
diferentes leyes de una comunidad autónoma
que no en la que los ciudadanos de esas otras comunidades autónomas
no han participado en la elaboración de la ley.
Esto lo asume también en sus sentencias
el Tribunal Supremo, los Estados Unidos,
si no se produce, digamos esta buena en general en esta
esta está esta percepción de un fallo en el proceso político,
digamos con carácter general o en particular,
una eficacia extraterritorial,
que puede generar problemas democráticos
porque se aplica una ley a ciudadanos que no han participado
en su elaboración y no podrán derogar nunca
porque no están representados en la cámara que aprobó esa ley,
la justicia constitucional o, en teoría constitucional.
El canon con el legislador debe ser un canon de razonabilidad,
que es un canon muy famoso puesto por el juez Jons
en la sentencia, ocho en un voto particular
hecho para apartarse de la consideración mayoritaria
en el sentido de que la mayoría tiene el derecho a expresar sus opiniones
en las leyes.
Dice gráficamente.
Salvo que estén en juego derechos fundamentales,
los básicos, los de abstención,
el secreto, las comunicaciones,
el derecho a la legalidad penal, el derecho de reunión,
de manifestación, libertad de expresión,
salvo que estén afectados estos derechos,
el canon debe ser de la razonabilidad,
por un respeto al principio democrático
y a la posibilidad de que el Estado
pueda intervenir en el proceso económico irregular
y condicionan el proceso económico
como una manifestación más del del del Estado social y del principio
democrático otra vez osciló.
Hay una sentencia del Tribunal Constitucional
relativa a la ley del mar menor, donde el Tribunal Constitucional
expresamente dice que para el control de las leyes,
desde el canon de los derechos de la propiedad
y libertad de empresa, 33 38 la Constitución,
el cánones de razonabilidad y no de proporcionalidad,
la proporcionalidad como sabéis,
el control de los tres pasos tradicional de adecuación
de la medida, necesidad, como existen una alternativa
menos restrictiva y proporcionalidad en sentido estricto,
que compensen los beneficios a las a las desventajas.
Bien, estas son las premisas metodológicas,
quizás me entre un ratito,
pero me parecen muy importantes a la hora de, digamos,
de comprender el examen que propongo del control de ayudas de Estado
y la tremenda invasión en la soberanía de los Estados
y en la posibilidad de desarrollar sus políticas económicas
que comporta no tanto el sistema de ayudas Estado en sí
porque este no ha sido alterado desde 1957.
Las normas son literalmente idénticas,
salvo la sustitución de mercado común por mercado interior.
No han cambiado, pero la interpretación
que ha desarrollado el Tribunal de Justicia de la Comisión
de una norma constitucional es decir que no es una directiva,
no es un reglamento,
es una norma de los tratados de derecho originario.
Ha generado un efecto, digamos, devastador sobre sobre la posibilidad
de los Estados de desarrollar sus políticas económicas sí
y vaya por delante ahora que digo esto de efectos devastadores
que no estoy, no quería ser apocalíptico,
como alguien decía,
porque es evidente que los Estados lo han consentido.
Es decir, yo no estoy diciendo que la comisión y el Tribunal de Justicia
estén yendo más allá o hayan dado un golpe de Estado
ni nada por el estilo, porque los propios Estados
hubiesen podido parar esta evolución,
y lo cierto es que la han tolerado y la han incentivado perdonar.
Decía que funcionan el control de ayudas Estado.
Funciona en dos fases,
y esto es determinante para mí que se regulan.
Estos dos artículos, que luego volveré y saber en las diapositivas
todo proyecto de ayuda que un Estado se proponga establecer, ejecutar,
aprobar debe ser comunicado a la comisión,
y la comisión tiene que autorizarlo y mientras no lo autorice,
el Estado no puede ejecutar esa ayuda.
Según los dos artículos que veis aquí en la primera fase lo esenciales,
el concepto de ayuda, que está definido
en el artículo 107, 1, toda medida que encaje en esa definición legal
debe ser notificada a la comisión,
y el Estado no puede aprobarlo en la segunda fase de autorización.
Está implicado el artículo 108.
Tres del tratado de funcionamiento,
que veréis que es este inciso final que dice.
A partir del punto seguido,
el Estado miembro interesado no podrá ejecutar las medidas proyectadas
antes de que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva.
Decisión de la comisión.
Como el orden de los factores no altera el producto,
permítanme que empiece por la segunda fase,
aunque supongo que por la vertiente procesal
más que quizá la segunda fase es característico del sistema de ayudas
y singular y único.
Yo creo que el control de la comisión de una institución federal, central,
o como la queramos llamar, se produce a priori,
antes de que el Estado aprueba una ley
en el recurso por incumplimiento
o el recurso de inconstitucionalidad en el ordenamiento español,
la controles a posteriori, el Estado o en España una comunidad autónoma,
aprueba una ley y es el Estado,
el presidente del Gobierno, en su caso,
el que tienen que acudir al Tribunal Constitucional
para decir.
Oiga, esta ley es inconstitucional.
Si el presidente del Gobierno,
que es en este caso legitimado el ejemplo que estoy poniendo
en el caso de recursos de incumplimiento la Comisión
o un Estado porque solo están legitimados,
procesalmente estas dos instituciones
no asume estas cargas de alegación y prueba
o no argumenta convincentemente esta contrariedad con la Constitución
o con el derecho a la Unión, la medida del Estado,
el ámbito europeo de la comisión o de la comunidad autónoma,
prevalece aquí se invierten completamente los términos.
En la medida en que la comisión pueden
no autorizar la medida conforme a las reglas
que establece el tratado y que no pueda entrar en ellas
ahora sí la Comisión
considera que la ayuda es ilegal, los contraria al mercado interior
es el Estado el que asume es una situación yo creo que inédita
en todo el derecho internacional.
El Estado asume la carga de acudir a un tribunal extranjero
entenderme supranacional a decirle.
Oiga, que esto sí es conforme con el tratado,
la claro al asumir todas estas cargas de alegación y prueba.
La posición de la comisión es mucho más cómoda,
viene a ser una posición como la de la administración
en un contencioso administrativo.
Le basta con resistir si el Estado no es capaz de demostrar
que cumple con sus obligaciones, no se puede establecer,
no puede establecer la medida a esto.
Se suma este segundo guión que tenéis.
En el primer apartado, la extraordinaria deferencia
que el Tribunal de Justicia muestra quisieron,
porque son análisis económicos muy complejos
y que, por consiguiente, revertir la decisión de la Comisión
es muy difícil que el Tribunal de Justicia esta es
una parte, esta alteración que genera el control a priori de ayudas
frente al control a posteriori.
El segundo efecto
y este es también tremendo es que el Tribunal de Justicia
ha reconocido efecto directo a la última cláusula del 108.
3, que antes os leía.
El estado miembro interesado no podrá ejecutar las medidas antes
o mientras no recaiga decisión definitiva.
Este efecto directo comporta, por una parte,
perdone qué es esta norma.
No requiera desarrollo legislativo de la comisión de perdón
de las instituciones de la Unión.
Es inmediatamente ejecutiva si se quiere,
y un segundo efecto, que es el el verdaderamente trascendente,
y es que este precepto,
que en su redacción no otorga ningún derecho a un particular,
ha entendido el Tribunal de Justicia que si otorga verdaderamente
el derecho a un particular, a un empresario, a un competidor,
a denunciar ante la comisión ante un tribunal nacional,
si se dan las condiciones de legitimación del Derecho Nacional,
porque quizá no puede intervenir tanto la comisión
y sí que anunció ante la comisión luego ante el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea un competidor puede cuestionar una ayuda de Estado
que ahora entraremos en el concepto de en qué medida se abarca
esta definición puede entrar a instancias de un particular
un tribunal nacional, la comisión o el Tribunal de Justicia,
a verificar si constituye o no una ayuda,
y si constituye una ayuda y no ha sido notificada
a la Comisión.
Este último inciso obliga, es terminante.
Es imperativo al tribunal nacional,
a la comisión de la Comisión en particular a declare unificada.
De alguna manera es una ayuda prohibida
y debe requerir al Estado la recuperación de la cantidad,
incluso con multas coercitivas y con intereses.
La legitimación procesal de los competidores está reconocida
frente a la Comisión.
En el reglamento del consejo,
que oscila en esos artículos y por el Tribunal de Justicia,
os cito la sentencia más relevante hay otras muchas posteriores.
Bien, la conclusión de este concepto,
de este contexto institucional que me interesa fijar
o que se retenga, es que en instancia de un solo particular,
se puede poner en cuestión una ayuda no notificada momento,
nos quedamos con una ayuda no notificada,
y ahora entramos en la primera fase,
que es una ayuda al Estado.
La definición legal, como digo,
no ha variado.
Se encuentra ahora en el artículo 107
uno evidentemente las letras uno dos tres cuatro no están
en el artículo yo es porque, bueno, son los cuatro elementos
que el Tribunal de Justicia dice que deben concurrir
para que una medida sea constitutiva de ayuda.
Lo interesante es la jurisprudencia del Tribunal de Justicia,
sobre todo desde la sentencia Italia Comisión,
que cito donde pone jurisprudencia en el primer guión.
Este es un aspecto fundamental de la jurisprudencia que dice
que las ayudas se definen en función de sus efectos,
sino por su forma de derecho internos,
una razonamiento clásico de derecho internacional
ni por sus propósitos objetivos.
Qué significa esto?
Que una ley del Parlamento es para la Comisión,
el Tribunal de Justicia, lo mismo que un acto administrativo
o un reglamento no aplican ningún tipo de deferencia,
ningún canon de más de un escrutinio,
menos intenso para examinar si esa medida estaba justificada,
y tampoco le importan los los objetivos.
Por ejemplo, en esta sentencia, Italia,
Comisión y Italia defendían que había rebajado por ley
las cotizaciones sociales de su sector textil
porque en un sector que estaba en desventaja
con otros sectores italianos que tenían menos cargas sociales,
menos cotizaciones sociales,
al Tribunal de Justicia le da igual y dijo.
Esto es una ayuda y no está notificadas.
Por consiguiente, tienen que recuperar esas esas cantidades;
a sus empresas les tienen que cobrar esas cantidades
de las que usted les había liberado y hay una segunda y otras evoluciones
tremendamente trascendentes.
También, como veis en la definición legal del artículo 107,
dice.
En el punto uno que señalo, salvo que los tratados y convenios
serán incompatibles con el mercado interior,
en la medida
en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros,
esto nos retrotrae a lo que decía antes del efecto extraterritorial
de las leyes regionales sobre otros territorios
como fundamento del control de constitucionalidad de esas leyes
o decisiones estatales.
Sin embargo, desde la sentencia feliz Morris
se asunto 730 barras de 39.
El Tribunal de Justicia ha dicho que basta
con que no es necesario acreditar este efecto extraterritorial.
Este daño basta con que la ley, aceite,
o que la ayuda se proyecta sobre un sector
en el que existe competencia para que sea suma apodíctica mente
que esto genera unos intercambios,
unos efectos en los intercambios comerciales entre Estados miembros.
De este modo este requisito está de facto suprimido
a pesar de que pervive en el tratado, o sea,
asume con carácter hipotético, con un dato adicional que,
si os fijáis en el número 3.
El falseamiento de la competencia,
si puede ser potencial, si puede estar exento de prueba,
porque dice que falseen o amenacen falsear la competencia.
Sin embargo, las ayudas solo son contrarias al mercado interior,
en la medida en que afecten a los intercambios comerciales;
otros desarrollos importantes en la jurisprudencia,
el tercer guión que veis.
El principio del operador en una economía de mercado
para diferenciar las ayudas de las nuevas ayudas, la Comisión,
el Tribunal de Justicia, han dicho que no es una ayuda
cualquier medida que podrían cualquier financiación normalmente
que podría haber obtenido una empresa en condiciones normales de mercado.
Esto significa que cualquier medida que un Estado no pueda justificar
desde una perspectiva de razonabilidad
o de con un criterio de mercado será constitutiva de ayuda.
Debe notificarse a la Comisión porque si no la comisión
o el Tribunal de Justicia podrán obligar a ese Estado
recuperar la ayuda y, finalmente la selectividad material
alude al requisito de que,
favoreciendo determinadas empresas o producciones tradicionalmente,
se requería una selectividad, digamos bien regional,
bien material, por ejemplo, el caso del sector textil,
que usted decía que afecte a un sector de actividad del Estado,
pero desde los años 90 el criterio se ha expandido
de una manera tremendamente importante
para como para comprender, ayudas discrecionales, por ejemplo,
para empresas en crisis, es decir,
simplemente habilitar un fondo para que ante una empresa en crisis
que tiene un plan de reestructuración,
el Estado pueda apoyarla.
Mientras se reestructura si es bueno esto es una ayuda discrecional,
y como es discrecional es selectiva.
Bueno, yo creo que es una interpretación bastante forzada
y ha dado mucho que hablar también entre entre la literatura científica
y el sistema de derogación,
justificación que excitan a continuación también,
porque dice que la una excepción de un gasto
de una carga regulatoria tiene que estar justificada
en atención a la finalidad por la que se previo
esta esta excepción.
Por ejemplo, en esta sentencia habría
Wing Plain no se la pronunciación, se establecía la la una, en fin,
que no tuvieran que pagar impuestos sobre la electricidad,
las empresas de producción de bienes porque tenían más,
usaban más electricidad que las de prestación de servicios,
y el Tribunal de Justicia dijo no.
Si la finalidad es ecológica, esta excepción no se sostiene.
Esto es un canon muy de una intensidad que no se conocen,
las en la jurisdicción constitucional, entonces normalmente
cualquier medida que sea parte de un estándar de mercado básicamente
y esto incluye medidas regulatorias exenciones fiscales
previstas en leyes por supuesto subvenciones
préstamos adquisiciones de capital cualquier medida que comporte
una ventaja competitiva para una empresa,
tiene que ser notificada a la comisión,
y debe ser autorizada por la comisión,
y si no, el Estado corre el riesgo de que un solo particular
un competidor que diga esa empresa
tiene disfrutar de una exención fiscal que no está justificado,
que yo no puedo disfrutar debe ser autorizada por la comisión
y podría ser recuperado a instancias de ese particular.
Este es el régimen general de ayudas,
pero el tratado establecía ya en su versión original una puerta,
digamos, para los Estados,
una salida por la cual podían apartarse
de estas normas de competencia en el mercado interior,
que era la implantación de un servicio de interés económico
general que estén en el artículo 106, 2,
me interesa sobre todo esa parte destacada en negrita,
que las empresas encargadas de la gestión
de un síes quedarán sometidas a las normas,
en particular las de competencia, en la medida
en que la obligación de dichas minas no impida de hecho,
de derecho al cumplimiento de la misión específica
que tienen confiada aquí nuevamente.
Este artículo permanece inalterado desde 1957.
Pero la jurisprudencia ha hecho una interpretación que ha ido
acotando poco a poco y restringiendo hasta prácticamente la nada,
el margen que tiene de que disfrutaban los Estados
otra época de manera muy diferente.
Pero el margen que tenía jurídicamente
y que ahora no tienen el margen de apartarse de condicionar,
de regular el mercado, en primer lugar,
el concepto de servicio público en España
y en cualquier país es sobre todo un concepto formal
que depende de la decisión de un parlamento.
Es el Parlamento el que dice.
Yo considero que el sector eléctrico caso debe,
no debe estar sujeto a las normas de competencia,
y yo se lo voy a encomendar a un monopolista
o lo voy a regular, etc. Es una decisión libre
o prácticamente libre del Parlamento.
En esta sentencia del Tribunal Constitucional
que os 173 2014 se planteó el problema
de si la televisión local,
una ley de 1995, había establecido un único prestado,
habían transcurrido prácticamente 15 o 20 años,
la tecnología se había disparado,
y la Audiencia Nacional creo que fue si no fue el Tribunal
juraría que fue la Audiencia Nacional a instancias de un competidor.
Dijo.
Hombre, tecnológicamente es posible ya esto ya no tiene sentido.
Era que hubiera un solo concesionario,
tenía sentido.
Cuando el espectro era limitado solo podía haber uno entonces centralizaba
el Estado y escogía con bases objetivas,
etc. Ahora las posibilidades tecnológicas permiten que sean varios
y el Tribunal Constitucional dijo.
Estos competencias legislador.
Está muy bien esta posibilidad tecnológica,
pero esto es una decisión del Parlamento.
En derecho de la Unión Europea.
El canon del Tribunal de Justicia es mucho más intenso
y establece un concepto material.
Dice que un sieg tiene que tener características específicas
para que pueda un Estado calificarlo como tal.
Si no admite sin más que un Estado,
siguiendo sus consideraciones de política económica, social,
lo que sea, pueda establecer que un determinado sector
de la actividad queda exento de las leyes, del mercado consciente
o la sentencia.
Por todo lleno, porque es en un en la que el Tribunal de Justicia
aplicó efectivamente este canon,
dijo que la actividades de descarga de mercancías
no tenía las características requeridas para ser un,
sigue y anuló la o declaró contrario al derecho de la Unión
la calificación como tal efectuada por el derecho y italiano,
un segundo escrutinio intenso que desarrolla muy intenso
que desarrolla el Tribunal de Justicia.
Es la proporcionalidad estricta.
La necesidad absoluta del sí como decía antes
para las regulaciones y decisiones de política económica
los Tribunales Constitucionales en España, en Alemania,
en Francia, en Estados Unidos,
en cualquier parte, asumen un criterio de razonabilidad
que básicamente viene a reconocer que las competencias del Parlamento,
que es el Parlamento, el que decide por múltiples intereses
y porque en él están representados los ciudadanos,
qué actividad puede ser un servicio público en denominación tradicional
o un servicio de interés económico general en derecho europeo.
Este este canon de la razonabilidad realmente nunca se aplicó,
pero había varias publicaciones doctrinales
y una muy relevante del juez
Lenaerts ahora presidente, Lenaerts cuando era juez creo que es del año
2012 en que decía bueno siempre habla el Tribunal de Justicia,
proporcionalidad, pero realmente sabes que proporciona,
y es un término muy polisémico
que realmente aplicar solo proporcionalidad estricta,
cuando el sector está armonizado con nuestra interpretándola,
mejor esta misma expresión pero que aparecen una directiva,
una directiva delegats que dice que solo podrán ser el servicio
si hay delgadas aquellas medidas.
Como hay una norma armonizadora,
el Tribunal de Justicia entra con una proporcionalidad estricta;
verificar si se cumple esa condición.
Cuando no es así se aplique una proporcionalidad,
un canon de error, manifiesto, una especie de razonabilidad.
Yo creo que estas publicaciones y esta
y esta explicación han caído por tierra
y por eso cito esta otra sentencia de nombre también.
Impronunciable ver en tu jur una sentencia en asuntos del 17
la sentencia creo que es del 19 del 20.
Ahí se trataba de un sector de actividad no armonizado
porque era la constitución de un espacio de red; natura 2000
en el que el legislador neerlandés otorgaba subvenciones
a unas entidades que, además de digamos,
de gestionar estos terrenos,
ejercitaban algunas actuaciones de mercado,
pues venta de leña relacionadas con venta de leña,
venta de carne, talar, etcétera.
A la Comisión le valió esta designación
como como si o si esto es un Sihem, dice literalmente global y atípico,
porque incluye otras actividades que no son propiamente.
Si la financiación puede desistir puede destinarse
a financiar estos costes?
Pero bueno, era naturaleza y al medio ambiente nos han hecho,
y aplicando el canon del error del error manifiesto,
le valió esta designación por el Estado,
y el Tribunal de Justicia dijo.
No, aquí hay que aplicar necesidad, no está acreditado.
1, que estas
otras actividades accesorias puedan formar parte del siete
porque no son necesarias para el objetivo que se persigue;
y 2, sobre todo, que la compensación por esas actividades
tampoco es necesaria para acceder, un sigue y obligó
a la comisión a continuar con su procedimiento de investigación
para certificar que hubiera una necesidad estricta
del sigue en este caso;
y finalmente la fundamental sentenciad al mar, que es, en fin,
conocidísima, y que se refiere a la ausencia; efecte directo,
este artículo 106 de este artículo.
Hay dos maneras de interpretarlo.
Una, que,
si la compensación que establece un Estado por servicio público,
como si la compensación que establece un Estado por servicio público,
simplemente compensa las obligaciones de servicio público,
no es una ayuda, porque no es ventaja.
Esto lógicamente da mucho margen a los Estados,
porque siempre que respeten esa ese equilibrio,
ese esa retribución de los costes del servicio.
Pues no tendrían que notificar esta ayuda a la Comisión.
La segunda alternativa del se dice.
No, no, cualquier compensación de servicio público por definición
es una ayuda, es una transferencia de dinero
y hay que comunicarlo a la comisión y solo la comisión
podrá autorizar esta compensación si es si retribuye solamente
esos costes,
porque si no lo retribuye no, no es vamos esa ayuda
y es además ayuda prohibida; no hay posibilidades de autorizarlo
o ciertos vaivenes en la jurisprudencia operacional
de la sentencia sin acoger de manera literal y expresa
esta segunda opinión la, que niega toda posibilidad a los Estados
para establecer compensaciones si establecía una serie
de condiciones que terminan reconduciendo al Estado
a una obligación de notificar, salvo que en las condiciones que establece
se dice que las obligaciones sean precisas
y estén definidas que el método de cálculo sea también específico,
esté vinculado con unas obligaciones,
y hay una, la cuarta que dice una de 2,
o que los costes del servicio estén calculados
conforme a una empresa media bien gestionada,
que tenga los medios, etc. O bien, que se establezca un procedimiento
de contratación abierto, no discriminatorio,
y el precio fijado.
En el que se seleccione al operador por el precio fijado.
Claro, la primera de estas dos alternativas
es prácticamente imposible de cumplir.
Cuando hablamos de sectores de servicios públicos, que son,
por definición de competencias restringida;
y en segundo lugar, con empresas monopolistas
o antiguas monopolistas.
Es prácticamente imposible hacer este análisis comparativo.
Lo que aboca a los Estados
si quieren evitar la comunicación a la comisión y el riesgo
de que un competidor pueda echar por tierra
un sector entero de actividad en las economías nacionales
les obliga a acudir al procedimiento de contratación,
que lógicamente termina fijando el precio de mercado
de esas obligaciones de servicio público
porque se va a resultar adjudicatario;
el que ofrezca; no dice el precio más bajo;
dice el coste, el menor coste para la colectividad,
con lo cual permite que jueguen algunas condiciones.
Digamos que no sea el puro precio la antigua subasta del derecho español,
pero en fin, es un canon muy de mercado.
Si el Estado no cumple, estas condiciones Altmark
tiene que notificar a la Comisión.
La las compensaciones de servicio público
que pretende establecer y la Comisión las autorizará.
Solo en el caso
de que sean necesarias todos estos cánones,
como digo, son absolutamente desconocidos
en la jurisdicción en las jurisdicciones constitucionales,
esto es un canon muy propio del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, pero que no es extraño, digamos, a las a otras jurisdicciones
que tienen poder sobre para declarar la inconstitucionalidad
de las leyes, para entendernos.
Termino ya porque resulta útil digamos,
antes de extraer conclusiones precipitadas.
Además de analizar el sistema general de ayudas y el sistema
de los otros sistemas que guardan relación el Delgado,
de acuerdo general sobre sobre comercio oral,
ángeles y comercio,
tiene por objeto las subvenciones que se definen
de una manera muy similar a las ayudas,
como les digo, en el acuerdo de subvenciones
en las compensatorias del 95 que se firmó
en el la organización mundial del comercio,
cuando se creó la Organización Mundial de Comercio,
con una diferencia en nuestra que sigue exigiendo daño.
Este sistema.
Cat sigue exigiendo que un Estado
pueda demostrar que la medida que otro Estado
aprobado causa un perjuicio en mi economía,
si no, no hay posibilidad de aprobar medidas compensatorias,
y esta es la.
Esta es la diferencia segunda, que hace
que sea completamente diferente y mucho más invasivo
el sistema de ayudas, que es el carácter descentralizado,
y un ejecutivo.
Si un estado miembro delegat aprueba una subvención,
se deja en manos de los Estados reaccionar.
No hay una institución central como la Comisión,
sino que es el Estado el que debe reaccionar,
y la reacción consiste en una medida compensatoria
que por supuesto no obliga al otro Estado
a retirar esa subvención.
Todo esto hace que se dé posibilidad de arreglos políticos
entre los Estados una situación, una posibilidad de arreglos,
que no se producen en el marco de ayudas,
y el sistema de Estados Unidos.
Es más al revés que el delegat.
Es un sistema mucho más próximo al de ayudas,
porque si tiene carácter ejecutivo en este caso
el control es por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos,
culmina en el Tribunal Supremo los Estados Unidos,
por así decir tienen que empezar por el del órgano competente
en primera instancia que desea por supuesto
una sentencia del Tribunal Supremo.
Los Estados Unidos es ejecutiva.
Si dice que tal medida es contraria a la Constitución,
pues declara la inconstitucionalidad.
Por entendernos, de la ley y la ley.
Es ineficaz la ley de un estado de uno
de los Estados de Estados Unidos,
aunque el objeto en este caso es diferentes,
no son las ayudas ni son las subvenciones,
es la regulación del comercio entre Estados.
Esto en la regulación del comercio entre Estados, el Tribunal Supremo,
los Estados Unidos.
En estas sentencias, los cientos sobre todo parque de contra,
habrá un pae, sentencia para después se me llame
el pactes desde entonces.
Esta sentencia 1970 es muy respetuosa.
Utiliza el balance Intex, porque es muy respetuosa
con los efectos que produce esta medida,
esta ley y esta posible ley de un Estado
y los otros Estado.
Si no hay efecto nosotros.
Estados, el Tribunal Supremo nunca entra a valorar la posibilidad
de la inconstitucionalidad de la de esa ley estatal
y luego aplica una serie de herramientas que tienen por objeto
garantizar una, un reducto,
un amplio margen incluso de soberanía,
de los Estados de autogobierno democrático de los Estados
que desconoce completamente el Tribunal de Justicia.
En primer lugar, la inmunidad estatal
frente a las hermana que nace la sentencia Parker
contra habrá un también nos pongo ahí y luego el militantes
de una sentencia que es mi.
Cal una de las partes es 1.000 cal y se le conoce como mis tes.
Qué dice?
Porque en Parker contra habrá un,
si quería el recurrente considerar que una ley del Estado de California
era inconstitucional porque no respetaba
las la racionalidad económica,
digamos, las leyes económicas del mercado y el Tribunal Supremo.
La hijo, no.
Un estrado, las hermanas se dirige a los acuerdos entre particulares
y no puede aplicarse a un Estado que es un ente soberano
tal como se entendía.
Entonces, o, el autogobierno democrático,
el militantes suaviza un poco este pero también deja mucho margen
a los Estados porque dice basta con que el efecto contrario
a la competencia esté conscientemente buscado por el Estado
y tenga una activa supervisión por las autoridades del Estado
para que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos diga esta medida
cumple con este texto y, por consiguiente,
aunque sea una medida contraria a la racionalidad económica,
que altere la racionalidad económica,
es una medida constitucional que la derogue
en los ciudadanos de ese Estado si quieren,
y en último lugar, y esto es la mayor diferencia
por supuesto con el sistema de ayudas,
es que para las subvenciones el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos tiene el criterio de la Márquez participante.
Ser falta
Unate Márquez participantes execución en la que nace
en la sentencia Agius contra Alexandria
-escrache, pero se ha reiterado con posterioridad,
y es muy curioso porque, así como aquí a quien Europa
ante el Tribunal de Justicia se compara al Estado
en el principio del operador,
en una economía de mercado que antes decía,
se compara el Estado con un empresario
idealiza que tiene que perseguir la racionalidad económica.
Esa medida del Estado en Estados Unidos
funciona totalmente al revés, dice desde el momento en que un empresario
no está obligado a seguir la racionalidad económica,
porque puede invertir en su pueblo porque le gusta mucho su pueblo,
no porque sea más rentable.
Por consiguiente, cuando el Estado otorga subvenciones
o cuando cuando el Estado actúa como un empresario ario
no está sujeta a la racionalidad económica
y, por ejemplo, admitió el Tribunal Supremo
subvenciones que ordena el estado de Mary,
que otorgaba solo a los desguaces del Estado de medio,
y la porque tenían un problema al parecer de coches abandonados
y, en fin, de chatarra, subvenciones para destruir esos coches,
a los a los desguaces de Mary Lianke excluían lógicamente
para los desguaces de otros estados y el tribunal dijo.
Bueno, pues que los desguaces de otros estados se vengan american.
Si les compensa,
o sea dejo esto no está sujeto del Estado.
El Estado puede precisamente actuar como un empresario
y por tanto no sujetos racionalizada racionalidad económica
termino una conclusión para fin para indemnizar
y para terminar el Estado social todavía presente en el artículo
todavía vamos, que es la forma de Estado
que el artículo 1.
Uno de nuestra Constitución dice que tiene el Estado Español,
y también la Constitución francesa.
La Constitución alemana es aquel Estado que por oposición
al estado abstencionista del siglo xix
permite el gobierno democrático de la economía
con el límite que os decía de la razonabilidad económica,
leyes prácticamente arbitrarias
o, por supuesto que vulneren derechos fundamentales.
Privar a una persona por ley de todos sus bienes,
porque si sin compensación y sin causa de ningún tipo
o el efecto extraterritorial de las leyes por 100
el pacte del Tribunal Supremo, los Estados Unidos,
pero podría citar el 107, uno del tratado de funcionamiento,
que exige que las ayudas sean tengan efecto
en los intercambios comerciales
entre los Estados miembros, sin embargo el 107 del tratado,
tal como se ha interpretado por el Tribunal de Justicia,
somete como digo,
las leyes del estatales a las tandas de mercado;
toda ley que se aparta toda decisión,
pero en particular toda ley que está legitimada democráticamente,
que se aparte del estándar del estándar de mercado,
debe ser autorizada por la Comisión con independencia
de que cause o no daño a otros estados.
Este es el verdadero problema.
La cuestión que no se examina por la Comisión en ningún momento.
Si esa ley tiene verdadero impacto extraterritorial,
lo cual permitiría es el criterio que permite dejar margen a los Estados
para gobernar de alguna manera su economía,
mientras otro Estado o una persona no pueda demostrar
que causa un daño en un estado extranjero,
y se produce este problema democrático que usted decía
de que los ciudadanos del otro Estado están sufriendo,
sufriendo los perjuicios de una ley que ni han aprobado
ni podrán derogar,
puesto que son ciudadanos de otro Estado.
Por eso concluyo,
considero que puede concluirse que el sistema de ayudas
imponen auténtica constitución económica liberal o no neutral,
en el sentido que no permite a parlamentos nacionales
alterar el funcionamiento del mercado y no solo esto, señor
es tremendamente importante que no reduce la legitimación
para valorar esta posible este posible apartamento del estándar
de mercado a Estados o comisión que podría dar lugar a arreglos políticos
de alguna manera,
sino que cualquier competidor puede poner en cuestión una ley estatal.
Esto es desconocido, desde luego, en derecho español
que los particulares.
No podemos recurrir la inconstitucionalidad de las leyes,
y aunque un tribunal si ponemos
un sí somos recurrentes en un recurso contencioso
-administrativo.
Puede llegar a plantear la cuestión de inconstitucionalidad,
no existe una legitimación semejante en derecho español,
de que un competidor pueda decir que la lean rebajado
los impuestos al sector textil, y yo, como soy de otro sector,
yo no tengo esa exención o esa desgravación fiscal.
Esto no existe,
como son las conclusiones ya termino.
Me gustaría terminar con dos citas que comparan,
el canon o los modos de razonar del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea y del Tribunal Supremo,
de los Estados Unidos honesta, y otra y termino ya con esto.
Como veis, la primera, la sentencia Bupa
sobre un sistema de seguros de enfermedad en Irlanda
era constitutivo de ayuda
y que el Tribunal de Justicia de primera instancia
hecho tuvo que hacer una interpretación forzadísimo,
para porque era posterior a las sentencias,
más para decir que no era una ayuda de Estado
porque por supuesto no había procedimiento
de contratación pública;
en fin, si aplicaba alma a rajatabla,
caía el sistema irlandés de seguros de enfermedad
pero claro externa una consecuencia inasumible pero en cualquier caso
su razonamiento se encuentra en el apartado 168.
La capacidad actuación de un estado miembro
para definir un sie no es ilimitada y no puede ejercerse
de forma arbitraria,
con el único fin de evitar que un sector concreto
se le apliquen las normas sobre competencia.
Bueno, conforme al artículo 128 de la Constitución,
mediante ley podrá reservarse al sector público servicios
recursos esenciales esto es literalmente así claro
que sí; un parlamento dice por su sola voluntad que quiere
que a este sector no se le apliquen las normas sobre competencias.
Por el contrario,
el Tribunal Supremo, los Estados Unidos
en esta sentencia precisamente dice la perspectiva tradicional
del derecho constitucional, sí; un efecto adverso
sobre la competencia fuera en sí mismo suficiente
para invalidar una ley estatal.
El poder de los Estados
para aprobar regulaciones económicas sería efectivamente destruido por eso
; rechaza que pueda aplicarse un canon de competencia a las leyes
de los Estados y a la última sobre el tema de las subvenciones,
otra vez el estándar de mercado de la sentencia.
La, por ejemplo, para apreciar si una medida estatal
constituye una ayuda de por tanto determinarse
si la empresa beneficiaria recibe una ventaja económica
que no habría obtenido en condiciones normales de mercado.
La otra sentencia del Tribunal Supremo
que tenéis a la derecha lo que está entre corchetes es mío,
pero dice el dicho en el restraint sobre el control
de una medida estatal que otorga una subvención,
está amparado por el derecho tradicionalmente reconocido
al comerciante, de perdón, del comerciante fabricante,
que se dedica a un negocio enteramente privado
a ejercer libremente su propia independiente de discrecionalidad.
En cuanto a las partes,
con las que tratará no tiene por qué sujetarse hombre,
estándar de mercado ni a tratar con la parte que lo ofrece,
la mejor rentabilidad y un asunto es perfectamente libre
para perder dinero, un comerciante,
y esto no se le reconoce en el sistema de ayudas,
tal como ha sido interpretado a los a los Estados miembros,
y en fin esto espero.
Creo que me he pasado un poco de tiempo a la verdad,
pero espero no haber sido claro que no sabe.
Pues muchísimas gracias,
Miguel muy interesantes esta exposición tan exhaustiva
como el sistema de ayudas, dejado este control
cada vez más pormenorizado de la comisión a través a través
justamente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia,
que refleja un modelo muy diferente.
Efectivamente, a los Estados Unidos.