Buenos días.
En primer lugar, muchas gracias a las cortes de castilla
-la mancha por acogernos, y muchas gracias a todos ustedes
por estar aquí en esta sesión de debate
sobre cuestiones parlamentarias,
algunos que llevamos ya tiempo en la vida teórico,
práctica del Parlamento.
Comprobamos que hay temas que son recurrentes
y que no acaban de solucionarse.
La ponencia de hoy, la ponencia esta última ponencia,
mejor dicho, es suspensión y pérdida de la condición de parlamentario,
puesto que, como han comprobado mis condiciones de voz
no son adecuadas.
No me voy a extender mucho, solamente quiero decir tres cosas
y me presentan a los ponentes para que hagan la intervención
y podamos concluir esta jornada, pero sí querría señalar dos ideas
o tres importantes en cuanto a la suspensión y práctica
de la condición de parlamentario o mías,
pero que creo que están bien para situarlas.
En primer lugar,
que el mandato parlamentario tiene un componente político
muy relevante que une al representante con el representado
y que, por lo tanto, eso hace que las condiciones
en las que se puedan producir, en las previsiones de suspensión
o pérdida de la condición de parlamentarios estén muy tasadas,
muy limitadas desde el punto de vista reglamentario
y también desde el punto de vista jurisprudencial.
Pues a su fase basta con hacer referencia,
por ejemplo, en el ámbito del Reglamento del Congreso,
al artículo 20 del artículo
21 a cincoó veintidos.
Dicho eso, yo diría que en cuanto a la suspensión
y pérdida de mandato parlamentario hay dos o tres cositas
en la previsión reglamentaria y en la jurisprudencia constitucional
que tienen interés para debatir.
En primer lugar, tiene una de las cuestiones fundamentales.
Es la adquisición plena de los derechos del ejercicio
en las condiciones de ejercicio de mandato, por ejemplo,
pues respecto de diputados europeos se ha planteado en su momento
y se ha planteado por parte
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la constitucionalidad
la la la la la adecuación de la norma del artículo 20.024,
que establece la capacidad de la suspensión
como la no adquisición del mandato
si no se formalizan los requisitos de adquisición,
y que establece ese artículo y que el Tribunal de Justicia
ha declarado que no es conforme con las previsiones de acceso
al mandato parlamentario.
En segundo lugar, la suspensión y pérdida del mandato
tiene que está vinculado también a las cuestiones disciplinarias
y el tema de los temas disciplinares.
La regulación disciplinaria es un tema que afortunadamente yo diría
que afortunadamente ha pasado desapercibido durante mucho tiempo,
menos en algunos parlamentos autonómicos,
pero que seguramente con un análisis más detallado
nos haría tener en cuenta en qué condiciones se puede producir
la suspensión del mandato de los diputados por razones disciplinarias
y, en tercer lugar y bueno,
son ideas que se me ocurrieron.
Cuando estaba pensando en la presentación de esta ponencia
y de esta mesa el tema,
el tema de la famosa y reconocida por todos ustedes, seguro,
inelegibilidad sobrevenida,
que ha estado nuevamente de moda a propósito del caso
de el diputado Alberto Rodríguez
y que tenemos sentencias del Tribunal Constitucional
recientemente, no.
Como saben, las.
La interpretación del artículo 6, dos de la loreg,
en concordancia con el 6, cuatro ha llevado al Tribunal,
constituye igual última constitución en los años 90,
a elaborar una doctrina por la que la imposición
de la pena subsidiaria de suspensión suponía la inelegibilidad.
Sus sobrevenida.
Este es un tema que ha sido muy discutido por parte de la doctrina,
que algunos pensábamos que el Tribunal Constitucional
podía afrontar en estas sentencias del caso Alberto Rodríguez,
pero sin embargo no lo ha hecho,
que se pone una vía, digamos, yo diría que un poco escapista,
pues no ha entrado en el fondo del asunto,
pero que plantea la cuestión también de la suspensión en la suspensión,
para las pérdidas del mandato aparejada,
a una pena subsidiaria de menor relevancia.
Bueno, sobre todos estos temas lo venido a hablar yo,
sino que han venido a hablar los ponentes que me acompaña,
que son la letrada lidia garcía fernández, que es letrada
de las cortes generales y directora,
si no me equivoco, directora de la oficina presupuestaria,
de las cortes generales,
y el catedrático de Derecho Constitucional,
de la Universidad de CastillaLa Mancha,
Javier García Rigol, como ya hemos hablado,
pues le voy a dar la palabra, en primer lugar, al idea,
y después a Javier para que hagan sus intervenciones.
Gracias.
Pues muchas gracias.
Con tu permiso.
Bueno, en primer lugar, pues es un honor para mí estar
hoy aquí reflexionando sobre estas cuestiones
tan tan interesantes y, bueno, pues le doy las gracias,
por supuesto, a los organizadores y también al la presidencia
de la cámara que abierta, y las jornadas por la acogida.
Está en esta mesa, nos corresponde examinar la suspensión
y la pérdida de la condición de de los parlamentarios,
una cuestión que,
como otras integráis estatuto de los parlamentarios,
una de ellas, la que Manuel Cavero,
con lo cual Manuel Cabello ha iniciado la adquisición plena
de la condición,
y la otra gran cuestión.
Por los derechos,
los deberes y las prerrogativas que en la segunda parte
hemos hemos estado.
Considerando bien.
La primera cuestión es diferenciar entre estas dos situaciones
lo que es la pérdida y lo que es la suspensión perdida.
Es una situación definitiva,
una situación en la que el parlamentario deja de serlo,
deja de tener derechos,
y los hechos que dan lugar a esa pérdida son diversos,
pero tienen algo en común, y es que los órganos parlamentarios
casi poco tienen que decir más que la la toma de conocimiento.
La constatación son hechos de distinta naturaleza,
pues que pueden ir
desde la propia voluntad del parlamentario que renuncia,
como se recoge en el Reglamento del Congreso,
y algunos reglamentos autonómicos;
hechos naturales como el fallecimiento que recoge
el reglamento del congreso y senado;
la incapacidad, la extinción del mandato,
la disolución,
salvo aquellos que quedan en la diputación permanente,
pérdida de requisitos generales de elegibilidad,
que reconoce también el reglamento del senado,
anulación de la proclamación inhabilitación absoluta o especial
todos pero todos digamos como se ve tienen esa característica que es
la que los órganos de la Cámara no tienen un especial protagonismo.
La otra de las situación,
lo que es la suspensión es como su propio nombre indica,
temporal transitoria y bueno.
Hay un acuerdo en la mesa del congreso de junio de 2019,
que es complementario de otro de mayo de 2019,
en que se suspendió a unos diputados
a consecuencia del artículo 384 bis de Enjuiciamiento criminal,
y ahí dice que se les priva en la suspensión del ejercicio,
pero no de la titularidad de los derechos,
deberes sí y prerrogativas.
En todo caso, como ha señalado, el vídeo harán la.
Esta tiene trascendencia, tiene trascendencia la suspensión
porque la pérdida está muy clara.
Si uno pierde la condición de diputado,
pues y no es por excepción del mandato o la disolución,
lo que ocurre es que hay el siguiente.
En la lista de su partido digamos, toma posesión y el Parlamento
sigue conformado, pero en los casos de suspensión
tenemos que esto afecta a la composición de la Cámara,
una composición que es la que los electores
en el correspondiente proceso han determinado
que no está prevista en nuestro sistema.
La figura de sustituto hay otros países
como el vecino portugal por ejemplo dinamarca países bajos
ahí hay bastantes países que prevén en determinadas situaciones de esta
es la figura del sustituto.
Aquí no la tenemos entonces bueno tenerla no tenerla
y es una cuestión que, bueno, que es de de suficiente calado
como para no resolverla.
Así en un momento, no, pero sí que es una cuestión
sobre la que se podría reflexionar ya en la doctrina y trabajos
importantes, bueno, pues que hablan de su razonabilidad,
de que resolvería estos estos problemas,
sobre cómo luego afecta a la composición, a la organización,
el hecho de que diputados puedan ser excluidos, temporal.
Por otro lado, también tiene trascendencia,
porque se están limitando derechos de los de los parlamentarios
y cuando se afecta a derechos funcionales,
pues se afecta a derechos que pueden integrar
el núcleo de la función parlamentaria
y, por lo tanto, tener trascendencia de derecho fundamental.
En todo caso, la la suspensión, una de las características que tiene
es que hay una mayor trascendencia de los órganos parlamentarios,
sobre todo en las suspensiones de las que me voy a ocupar yo,
que tienen que apreciar hechos y circunstancias que les rodea.
Dicho lo cual, ya pasó a entrar en la parte que voy a tratar yo,
la suspensión digamos
que a grandes rasgos puede obedecer a cuatro a cuatro situaciones.
Una es, como decía,
el vivido la aplicación de la disciplina parlamentaria,
otra es que tenga su causa en un proceso judicial,
otra es que la tengan una sentencia judicial
y luego por último tenemos la situación en la que se encuentran
los parlamentarios que no han adquirido la condición plena
de diputado y sobre la que esta mañana Manuel Cavero,
pues ya se ha referido alguna de la problemática
que plantea.
Yo me había ocupar de la primera idea y la última es decir,
de las que son propiamente parlamentarias
y el profesor días Reboredo se va a ocupar
de las que son extraparlamentarias, diga, pero que realmente cada vez más
son las que te cobran una una mayor importancia
empezando por tanto por la primera por la que es la disciplina
parlamentaria.
La disciplina parlamentaria es ese conjunto de medidas
que pueden aplicar los órganos de la Cámara
y que están previstas en el Reglamento de la Cámara,
teniendo por finalidad pues asegurar la buena marcha
de los trabajos y el cumplimiento de los deberes
de los parlamentarios en la se trata de eso,
de conductas y de medidas que están previstas en los reglamentos
y respecto de los que la doctrina ha venido a señalar
la especial dureza de nuestra disciplina parlamentaria,
otra cosa es ya luego en qué grado se haya venido aplicando,
pero sí que es verdad que tenemos una disciplina parlamentaria,
al menos en lo que es la las normas, bastante a ver
si si no, sin dura sí; sí; si algo a final hay
que decir que en el ámbito de la disciplina parlamentaria
la suspensión afecta solo a derechos y deberes,
no afecta prerrogativas.
Esto es así en todos los reglamentos, salvo 1,
el Reglamento de Aragón,
que curiosamente recoge en su artículo cinco
que también por aplicación de la disciplina parlamentaria,
se le puede, se pueden eliminar las prerrogativas,
cuestión que si ya plantea problemas cuando lo dice el propio reglamento
del congreso.
En la, la otra situación,
en la adquisición de la condición plena,
pues mucho más en esta no que por aplicación de la,
de la disciplina, se quiten unas prerrogativas,
las medidas que se aplican por los órganos.
Digamos que tienen una naturaleza sancionatoria,
hay dos reglamento,
el reglamento de Cataluña, y el reglamento de Murcia,
que expresamente cuando hablan de la suspensión,
le quieren quitar el carácter este de sanción,
pero en el resto sí que podemos considerar
que son, que son que tienen esa naturaleza
esa opción lo que ocurre es que es una potestad sancionadora,
que no deriva de una situación de supremacía,
como ocurre con la administración,
sino que deriva de la de los poderes de autoorganización de la Cámara.
Se trata de que la cámara asegure la buena marcha de sus trabajos
y que la cámara,
pues asegure el cumplimiento de los deberes
que el propio reglamento establece, en todo caso,
el Tribunal Constitucional, dado que no aparecen
los procedimientos sancionadores regulados con todas sus fases,
y todo esto el Tribunal Constitucional.
Si se ha encargado de señalar que es preciso cumplir los principios
del derecho sancionador.
Como no podía ser de otra manera, y bueno,
pues si uno va viendo un poco precedentes,
sí que es verdad que las cámaras cumplen en general
con los grandes principios,
el principio de legalidad de tipicidad.
Ahí están los reglamentos para cumplirlo.
El derecho de defensa, derecho de defensa.
Bueno, pues que se se manifiesta en fases de alegaciones,
que se dan por los órganos sancionadores,
debates en los órganos parlamentarios, en los plenos,
donde se hace con carácter secreto esos debates
para preservar los derechos de los de los afectados,
incluso turnos de defensa en relación con los afectados,
motivación de las sentencias, acceso a un tribunal,
que en este caso sería el Tribunal Constitucional.
Bien es verdad que el Tribunal Constitucional
en algunas sentencia, por ejemplo, la 69 de 2021,
ha señalado que algunas de estas cuestiones
son cuestiones de legalidad en la medida
en que están reconoce, por ejemplo, refiriéndose a las cuotas sociales
cuando se les excluyen,
pueden que son cuestiones de legalidad que no le corresponde,
que no le corresponde examinar o, por ejemplo,
también en la suspensión a la que afectaba esa sentencia.
Se les excluía de un plan de pensiones que decía
el Tribunal Constitucional,
que ahí ni siquiera está contemplado en el Reglamento de la Cámara
y, por tanto, pues mientras dichas estas cuestiones generales,
la suspensión por disciplina parlamentaria tenemos dos tipos
de suspensiones.
Una es la suspensión parcial,
que se llama también muchas veces privación de derechos,
y otra es la suspensión total.
En la medida en que no se suspende solamente algo,
sino que se suspende los derechos las funciones,
el Congreso de los Diputados le llama suspensión de la condición,
el Reglamento del Senado, quizá más respetuoso con el mandato,
pues se habla de pérdida de la función
y en general todos los reglamentos reconocen situaciones similares.
Si bien algunas lo hace.
Eso,
como bajo una filosofía de decir, se le excluye de la función,
pero no hablan de privación de la condición,
como se habla en el Congreso de los Diputados,
que quizás es el modelo,
pues un foco que que va más allá no de lo que plantea el el mandato.
Respecto de la suspensión parcial.
Hay distintos hechos que pueden dar lugar a una suspensión parcial,
pero hay uno que es el derecho estrella perdón,
el hecho estrella que se recoge en los reglamentos
y que es el que más se ha aplicado,
que es el cuando de forma reiterada, notorias, sistemática voluntaria,
se deja de asistir a los órganos a los plenos,
a las comisiones, a las ponencias.
Hay otros hechos.
Por ejemplo, el Reglamento del Congreso
recoge también el deber de secreto.
Dice.
El artículo 16 dice aquellas trabajos
o actuaciones que excepcionalmente tengan carácter secreto.
Es verdad que el principio general es la publicidad,
pero hay ciertas cuestiones que están reservadas, por ejemplo,
aquí en este en este parlamento.
Pues he visto que el Reglamento
recoge el abuso de derechos en desprestigio de la Cámara,
pues también puede dar lugar a una privación parcial de derechos.
En Castilla y León se habla de ofensas a miembros de la Cámara
o a la propia cámara, en el, en Madrid
-zoo en Andalucía.
También puede dar lugar a una privación de derechos
el incumplimiento de hacer las declaraciones de actividades,
la falsedad en los datos, pero en todo caso digamos
que ese hecho estrella es el deber de asistencia
sobre el que el tribunal constitucional se pronunció
desde desde muy temprano,
porque precisamente es el que más se se ha actuado.
El Tribunal Constitucional, en un auto de 1988,
le daba una importancia esencial al deber de asistencia.
Decía que no asistir a las cámaras a las sesiones
implica dice desconocer la obligación principal de un cargo público,
que no es un mero deber parlamentario,
sino que es un requisito inexcusable para el cumplimiento de la función,
que no es de naturaleza secundaria,
sino que afecta al núcleo más específico de la función.
Algunos reglamentos también por terminar con este tema
de los hechos.
Una vez producidos,
y una vez sancionados, bueno, pues algún reglamento prevé el hecho
de que, de que se pueda haber una especie de explicación,
tipo arrepentimiento, no arrepentimiento,
pero bueno o petición de de exculpadas por.
Por el incumplimiento de este deber, hay que decir
que la la la mayor parte de los reglamentos,
hacen una tipificación bastante genérica.
El realmente de Cataluña sin embargo lo especifica mucho más,
es una tipificación mucho más correcta.
En la medida que habla de tres sesiones,
alternas en el mismo periodo de sesiones o cinco sesiones
seguidas para poder apreciar que se ha producido
el hecho que derechos pueden ser objeto de suspensión,
pues en cuanto a los derechos de suspensión,
pero el Congreso recoge con muchísima amplitud,
habla de derechos funcionales, de derechos económicos
y dentro de los derechos económicos,
pues la asignación o indemnizaciones para ejercicio
de la función cotizaciones a la Seguridad Social, etcétera.
En el Senado solo de manera parcial
se puede suspender la pérdida de las retribuciones,
y esa es la tónica, la tónica general.
Hay que decir que en relación con esta, esta medida,
que es la suspensión de retribuciones de la asignación constitucional,
se ha pronunciado el Tribunal Constitucional
en la medida que, claro,
cuando se ha recurrido a él se ha dicho.
La asignación constitucional está reconocida en el artículo 74.
Uno de la Constitución sobre esto bueno, la primera cuestión
es que ha dicho el tribunal que eso afecta solo a diputados
y senadores que no afecta a los a los parlamentarios autonómicos,
que deberán de verlas reconocidas en sus propios reglamentos estatutos
y lo que ha dicho también el Tribunal Constitucional
es que por sí misma la asignación no forma parte del núcleo esencial
del y y no oficio, en concreto, en una sentencia 69 de 2021
dice que la privación de la asignación constitucional solo
comporta una vulneración del artículo veintitres,
dos cuando le impida el ejercicio de las funciones,
pero que sí es consecuencia de una medida, digamos,
que está establecida en base al principio de legalidad
y hay una suspensión de la función que en ese caso,
pues es perfectamente eliminable.
Hay otras sentencias en relación con parlamentos autonómicos.
Pues en Cataluña en 1988 se ante una incompatibilidad
de retribuciones se recurrió alegando que era que formaba parte del oficio
y el tribunal dijo que no.
También, pues en el 2009 un parlamentario,
al que se le excluía la dedicación exclusiva en un parlamento autonómico
en que se diferenciaba entre los dos tipos de dedicación,
pues también entendió el Tribunal Constitucional,
que no era que no hay ningún derecho fundamental
a tener una dedicación exclusiva tampoco.
Bueno, pues digamos que esa es una cuestión de cierta relevancia.
sancionador, pues hay modelos como el del congreso,
que la mesa hay como el del Senado,
que es el pleno, por ejemplo, aquí en CastillaLa Mancha,
pues tenemos que es el pleno a propuesta de la mesa,
pero con un informe siempre de la comisión del estatuto
de los diputados precedentes de estas suspensiones,
pues tenemos en el Congreso tenemos, al igual que en el senado.
En la cuarta legislatura,
una serie de diputados de un grupo parlamentario arribats
una que bueno, pues teníamos una inasistencia reiterada
y la mesa, acordó formalizar el procedimiento,
se les dio alegaciones, contestaron a las alegaciones.
Se les suspendió por un año.
Al año siguiente se les volvió a hacer el mismo procedimiento.
Algo parecido ocurrió en el Senado
con unos tiempos poco menores del año.
En la sexta legislatura hubo un conato también
de aplicar este artículo 99.
Sin embargo, no se llegó a aplicar,
resultó que la oposición denunció la inasistencia visible
de un diputado
de un insigne diputado que había sido presidente del gobierno y bueno,
pues empezó como a denunciar que que no, que no existía
y entonces la mesa analizó el supuesto y aquí entendió
que no era oportuno amable el procedimiento en la medida
que entendía faltaba el elemento de la voluntariedad
y que digamos.
Se trataría de un caso que sería más bien el grupo parlamentario
al que le correspondería el control de esa inasistencia.
También, por ejemplo, en el Parlamento Vasco
en la tercera Legislatura aquí lo lo destaca.
El pueblo amigo,
se a un grupo parlamentario inasistencia reiterada,
se aplica el reglamento y aquí lo que reseñable
es que se impuso la sanción por tiempo indefinido
diciendo que permanecía la pérdida de la retribución durante el tiempo
que permaneciese.
El hecho infractor también,
y como última cuestión perdonen que voy un poco rápido pero bueno,
para ya intentar ir terminando,
es el tema de que cuando ocurren estos hechos infractores
y esta sanción se aplica,
también se aplica o puede tener aplicación
o una una perjuicio en un sujeto que no es infractor,
que es el grupo parlamentario.
Pero como las subvenciones del grupo parlamentario
están integradas por una fija y una variable,
pues suele haber también una reducción
de la retribución del grupo parlamentario suspensión total.
Hemos visto la parcial, suspensión total.
Esta suspensión que decimos, pues tiene
esas distintas denominaciones en el Congreso,
pues la regla general es que sea el pleno.
Quién, quien impone la sanciones?
Hay distintos supuestos,
todos los del 101, que es la reiteración de los hechos del 99,
cuando se porten armas en el recinto parlamentario
cuando se expulse a un parlamentario del hemiciclo
y no atiende al requerimiento, cuando se haga condición,
uso de la condición de parlamentario en el ejercicio
de una actividad industrial, profesional, etcétera,
y también hay un supuesto cuando se vulnera el deber de secreto
y se se valora.
La gravedad de la conducta o el daño que se causa
en la seguridad del Estado se puede llegar
a que se imponga también una una pérdida
del del la condición.
Hay un supuesto específico
que le corresponde al presidente de la Cámara,
que la verdad es es un poco extraño
que una medida tan grave como una suspensión
de la condición se le puede dar a un órgano, además, unipersonal,
como es el presidente, que es cuando un diputado
en el recinto parlamentario exista sesión o no,
pues tiene una causa, un desorden grave de palabra de conducta, etc.
Tienes verdad que es una suspensión solo hasta un mes,
pero aun así el hecho de dárselo a la presidencia
pues realmente es un poco sorprendente.
En el senado digamos que, bueno, pues el pleno es la regla general
para sanciones superiores a un mes.
La mesa puede entrar en sanciones parecidas a las señaladas
como portar armas; exhibidas, más de fuego blancas agredidas,
senadores a Gobierno hasta un mes y también la Presidencia
tiene, tiene potestad en el caso de expulsión
de cuando se le expulsa en un debate y, y se niega hacerlo,
pues también pueden suspender.
Por por plazo máximo de un mes aquí como precedentes tenemos,
tenemos en Navarra en 1987 un grupo parlamentario
que había había tomado posesión todos los diputados forales
habían asistido a la Constitución,
incluso habían participado en la investidura, dejaron de asistir,
se inició el procedimiento y se le suspendió
no solo de lo que es la privación parcial de los derechos económicos,
sino de la función.
Se les previo asistir.
Por tanto, algo equiparable a una suspensión total
se hizo solamente por plazo de un mes
y recurrieron ante el Tribunal Constitucional
y el Tribunal Constitucional atendió a la proporcionalidad
y a la razonabilidad, entendiendo que es es posible,
no solo suspende hechos que con ellos,
sino también la función ante un acto de tal gravedad
como es esa inexistencia reiterada, voluntaria, etc, etc.
Lo lo importante fuera ya de todos estos supuestos,
es los efectos que tiene el suspender totalmente
a un parlamentario de sus derechos y de sus funciones.
Porque, claro, lo importante es la función
y volvemos al tema de la alteración de la composición.
Cuando, digamos.
Imaginemos una una legislatura, empieza,
tiene sus todos sus diputados y se suspende a unos diputados.
Bien, pues realmente el número de pleno número
de diputados sigue siendo el mismo, el digamos que el Parlamento
se ha constituido con los parlamentarios
que se ha constituido, y el hecho de que algunos hayan pasado
a una situación de suspensión,
como decía la mesa del congreso en ese acuerdo
se les privará del ejercicio.
Luego sigue siendo el número de miembros
y, por tanto, no tienen por qué verse afectadas las mayorías absolutas,
etc, etc. Sí que es posible, sin embargo,
que se afecte a la composición de los órganos que tienen que tener una,
una composición proporcional al pleno, los las comisiones,
las subcomisiones, las ponencias y, lógicamente, también es posible
que se afecte al grupo parlamentario al que pertenezcan.
Si no son todos los de un grupo parlamentario,
pues que se vean reducidos los cupos allí donde haya cupos
para para defender iniciativas,
pues como pueden ser interpelaciones, preguntas,
en pleno proposiciones de ley, para toma en consideración,
proposiciones no de ley, entre no, etc. Bueno,
esto básicamente yo creo que con esto,
dada la hora y para no extenderme más,
y el siguiente tipo de suspensión es la parlamentaria,
es la que supone la no adquisición de la condición plena de parlamentario
que plantea.
Pues voy a saltar un poquito porque ya el profesor
Calero esta mañana ha hablado de ella,
ya sabemos en donde a lo que me estoy refiriendo
y aquí problemas que se plantean pues se puede plantear el problema
de las prerrogativas,
el el Reglamento del Congreso habla de prerrogativas,
hay autores, profesores del vino,
lo ha tratado que incluso dicen que aun diciéndole el reglamento,
no se deberían de suspenderla las prerrogativas.
Bueno, pues esto, pues depende de cómo se mide, nada,
depende de cómo se mide, porque realmente si si no se adquiere
la condición y no haces las funciones,
pues realmente la inviolabilidad, pues tampoco tiene mucho efecto.
En cuanto a la inmunidad, pues en cuanto a la inmunidad,
bien es verdad que se le deja desprotegido de detenciones,
etc. Pero también es verdad que la prerrogativa es para proteger
a la cámara y el voluntariamente no ha querido formar parte de ella,
y además si pensamos en que se plantease un suplicatorio,
la cámara de alguien que no ha adquirido la condición plena
considere consideraría que tiene que conceder el suplicatorio.
Son preguntas
no a preguntas que, bueno, pues, que un análisis detallado,
pues tendríamos que ir examinando.
Tenemos esta sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en relación con las elecciones
al parlamento europeo,
que cuando se le planteó la cuestión entendía que una vez
proclamado el diputado pues efectivamente tenía
la prerrogativa y si se quería que tuviese inmunidad
había que pedir el suplicatorio, como más,
y, como así se y otros efectos de de diputada,
de supuestos en los que no llegan a adquirirla la condición por por no
cumplimiento de los requisitos, pues se plantearía el el de que,
por ejemplo el congreso en el senado.
En todos aquellos parlamentos donde hay una,
hay una o sea, digamos que primero se elige a los órganos de la cámara
y luego se toma el juramento, pues es posible
que se pudiera dar la situación de que hayan ejercido el derecho
a elegir a los miembros de los órganos
y que luego se vayan y que no tengan derechos deberes
ni prerrogativas.
También se podría plantear los derechos económicos
y que vamos a ver si si no los tienen hasta que juren,
pero digamos que se les deja un período,
tendrían derechos económicos
y habría que pagarles la asignación del día de las elecciones,
como todos.
Pues bueno, esto hay un, alguna una sentencia
para que se plantearon,
pero el tribunal no entró, yo creo que dado esa esa unión que hace
el Tribunal Constitucional permanente entre la asignación de la función
y que si no hay función no hay asignación,
pues yo creo que inclinaría a decir que no, y término bueno,
dos conectando, con,
con la presentación que ha hecho el profesor del Vido.
Bueno, pues pues las cuestiones más más importantes
de estas situaciones de suspensión son esa.
Cómo afecta al mandato parlamentario?
La reflexión sobre la posibilidad de sustitutos sustitutos,
examinar sistemas comparados, como lo hacen,
etc, y un poco quizá Bueno, pues a lo mejor
había que fijar un poquito más el tema de las prerrogativas,
y termino, y gracias por su atención.
Muchas gracias, Libia.
Evidentemente que este mes de suspensión y pérdida de mandato,
incluso en el ámbito interno, plantean muchas derivadas,
quedarían para mucho debate.
Bueno, a continuación tienen la obra,
habéis días, rigor y hacer su exposición sí?
Muchas gracias.
En primer lugar, por supuesto,
quiero agradecer a las cortes de castilla
-la mancha y a todas las instituciones
que organizan este evento,
pues la invitación y la posibilidad de volver a participar hoy
en un acto en esta, en esta sede y en un programa que me parece
sin duda del mayor interés en el que han intervenido,
pues grandes expertos y conocedores, teóricos y prácticos,
sobre todo de esta temática.
Bueno, según se ha anunciado antes, la distribución que habíamos hecho
en esta mesa implica que yo debo centrarme en la cuestión
de la pérdida o suspensión de la condición de parlamentario
como consecuencia de una sentencia de una resolución judicial.
Pueda proceder a ello para no extenderme mucho,
si bien quiero comenzar con apenas un de pinceladas que incidan
en el significado del artículo
veintitres de la Constitución y en las pautas que yo creo
que deben regir la interpretación de esta materia,
y luego repasaré un poco la legislación aplicable
para centrarme en la última parte, dado que así se ha anunciado ya,
y de alguna manera así lo habíamos concertado
en las sentencias recientes no, que afectan al caso.
Podemos llamar en el caso del diputado Alberto Rodríguez
y que generan, pues bastantes temas de debate
y que yo creo que por su carácter también reciente,
pues merece la pena que nos tengamos un poco en ellas.
Bueno, pues comenzando por lo primero,
basta recordar que el artículo veintitres dos de la Constitución
reconoce un derecho fundamental de acceso
a los cargos y funciones públicas representativas.
El acceso tiene como en esta jornada se está desglosando,
pues la función del propio acceso del ejercicio
y de la suspensión y pérdida en este caso.
Por lo tanto, estamos hablando de la permanencia.
Esto simplemente nos hace apuntar que todo lo que estamos hablando
de la interpretase de una manera excepcional,
de una manera restrictiva
porque tenemos un derecho fundamental en juego,
también hay que decir que es un derecho fundamental
de configuración legal.
Todos los derechos tienen un desarrollo legal,
pero algunos expresamente se interpreta que,
más allá de ese desarrollo la configuración legal
en este caso legal entendámoslo en un sentido amplio,
porque va a incluir los propios reglamentos parlamentarios,
que no son leyes en sentido formal, pero sí normas con rango de ley,
y van a perfilar estos.
Esto es que hay un amplísimo margen
no siempre no siempre bien aprovechado,
como yo creo que el ejemplo que vamos a comentar hoy
pone de relieve esto conlleva también una necesaria intervención judicial
o si ha habido un desarrollo interpretativo
por parte del Tribunal Constitucional que ha ido perfilando ya
estos aspectos.
Pero aquí debo decir algo sobre la intervención judicial
en el tema ya específico que nos ocupa, que es la pérdida o suspensión
de la condición de parlamentario.
Bueno, aquí yo creo que ha habido una evolución
desde el parlamentarismo decimonónico.
Si queremos y la evolución es imparable
hacia el mayor margen de la intervención judicial,
las teorías más originarias nos hablaban de los interna.
Corporis acta como un ámbito de funciones parlamentarias exentas
de control judicial.
Bueno, porque aquí está en juego la separación de poderes,
claro, entonces el Parlamento
tiene que tener autonomía para tomar determinadas
decisiones que no deben ser susceptibles de control,
pero en el momento que entran en juego los derechos fundamentales,
en el momento que la participación política se convierte
en un derecho fundamental en el momento que el ejercicio
de las funciones del diputado,
esto que se llama allí un sino friki,
forma parte de ese derecho fundamental y todos estos pasos
los ha dado nuestro Tribunal Constitucional
y en parte mucho menos, mucho menos,
pero en cierta parte también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
, pues no hay interna en corporis acta
o esto queda como un poco teórico o bueno queda para ciertos casos,
pero como al final la última palabra la va a tener el poder judicial
y normalmente el Tribunal Constitucional,
como pues al final esto es una cuestión de,
es el preestreno, o sea que si el tribunal interviene,
interviene como tiene la última palabra,
tampoco nadie le va a corregir, no digo Tribunal Constitucional,
es verdad, como antes sea, se ha mencionado,
deberíamos decir a veces
Poder Judicial no, porque, en ciertos casos
más va a ser la jurisdicción -contenciosoadministrativa,
en la que intervenga por el hecho de que se trate.
Pero bueno,
en estos casos es porque la violación procede del Gobierno,
no del legislativo,
porque, como bien sabemos todo lo que proceda del poder
legislativo y tenga que ver con los derechos fundamentales
de los parlamentarios, es el único caso.
He explicado en términos muy genérico, pero bueno,
el único caso en nuestro sistema,
donde el amparo constitucional es un recurso directo,
es decir, donde no hay una vía jurisdiccional previa.
Bueno, pues esto es, serían un poco las las pautas.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
como digo, pues ha seguido una evolución donde yo creo
que teóricamente plantea bien los temas y luego, pues claro,
en cada caso concreto podemos estar más de acuerdo
o menos de acuerdo.
Aquí apunté
una cita que me que me gustaba la sentencia 155, 2019,
porque yo creo que el tribunal autodefine bien su posición
no dice en cuanto el artículo veintitres,
dos garantiza el mantenimiento en el cargo representativo,
sin perturbaciones ilegítimas.
El juez no puede imponer restricciones a su ejercicio,
más allá de los imperativos del principio de igualdad
y del fin legítimo
y se cita a su vez la propia sentencia 71.994,
de modo que el demandante solo puede ser removido al cargo público
al que ha cedido por las causas y conforme el procedimiento
legalmente establecidos.
Por lo tanto, esto nos remite a la ley.
La Constitución no tiene la respuesta a todo,
simplemente aquí tenemos los parámetros en juego,
los derechos del propio diputado,
el correcto funcionamiento de la Cámara,
que, como vamos a ver en este asunto,
a veces se contraponen.
A veces se contraponen, porque la solución más beneficiosa
para el derecho del diputado pues ser lo que más,
la que más trastorna el funcionamiento de la Cámara
y luego la separación de poderes,
y el hecho de que el poder judicial aquí pues solo debe intervenir
en aplicación estricta
de la ley y supuestamente respetando,
pues un cierto margen o ámbito de autonomía.
Bueno, cuando hablamos de la ley, por lo tanto,
en la configuración legal, a qué nos referimos?
Pues básicamente nos referimos a la ley orgánica
del régimen electoral general,
al Código Penal y a los reglamentos de las diferentes cámaras,
la ley orgánica del régimen electoral general
con notoria ambigüedad en esta materia,
pues no nos dice nada de una manera expresa,
sino que solo nos reconoce unas causas de inelegibilidad;
y luego nos dice que las causas de inelegibilidad
lo son también de incompatibilidad,
pues en el artículo 6, dos entre las causas
de inelegibilidad que por supuesto no voy a leer
sino centrarme en la que nos interesa o las que nos interesan
una es los condenados por sentencia firme a pena privativa
de libertad en el período que dure la pena,
y luego los condenados por sentencia, aunque no sea firme,
por delito de rebelión; terrorismo, contra la administración pública
o contra las instituciones del Estado,
cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación
para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
o la dinamitación absoluta o especial,
o suspensión para empleo o cargo público
en los términos previstos en la legislación penal.
Por lo tanto, y aquí como el profesor y compañero
el vino ahora ya apuntaba en la presentación,
pues esto ha generado un poco esa jurisprudencia
constitucional que nos habla de esta inelegibilidad sobrevenida.
En realidad eso no puede ser.
Es una contradicción en los propios términos inelegibilidad
-sobrevenida.
Bueno, eso es supuesto de incompatibilidad,
y lo que pasa que hay que interpretar y entender qué abarca.
Si hablamos de una condena penal privativa de libertad,
pues es en el periodo que dure la pena.
Es así?
Entonces hay un problema.
Yo creo interpretar qué significa esto y significa,
pues que hay una causa de incompatibilidad que dura
lo que dure la condena.
El Código Penal no nos aclara mucho más.
El artículo 39 nos habla de las penas privativas de derechos.
Entre las penas privativas de derecho está la que hemos mencionado,
la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo
o de cualquier otro derecho.
No, no; leo el artículo entero, y luego, el artículo 44
nos define la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo,
como la pena que priva al penado durante el tiempo
de la condena del derecho a ser elegido para cargos públicos.
Pues esto es lo que esto es lo que tenemos los reglamentos.
Bueno, mencionó solo el del Congreso porque, si no, tendríamos que ir
CongresoSenado todos los reglamentos autonómicos hay variaciones
hay variaciones notorias pero bueno hay una pauta general
y aquí no se está hablando de la suspensión.
En el artículo 21, el Reglamento del Congreso,
el diputado quedará suspendido en sus derechos
y deberes parlamentarios en los casos en que se proceda.
Por aplicación de las normas de disciplina,
que es lo que he hablado; liderar-
cia. Cuando concedida por la cámara la autorización objeto
de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento,
se hallan en situación de prisión preventiva
y mientras dure esta y luego dice el diputado,
quedará suspendido en sus derechos prerrogativas y deberes
parlamentarios cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte
o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad
de ejercer la función parlamentaria.
Reglamento del congreso.
El diputado tendrá suspendidos en sus derechos,
no nos habla en este caso de una pérdida
de la condición de diputado, nos habla de una suspensión
como consecuencia de una sentencia firme condenatoria.
Bueno, pues todas estas son
apretadamente expresadas las pautas constitucionales
-jurisprudenciales legales,
y así me queda, pues casi la mitad del tiempo
para comentar el caso de Alberto Rodríguez
y luego dar alguna conclusión,
alguna opinión, alguna sugerencia dentro de que yo creo
que el caso pone de relieve porque las cosas no están resueltas,
simplemente que esto no está resuelto,
y yo creo que el Tribunal Constitucional
o no, ha contribuido a resolverlo.
Más bien se ha equivocado bastante bueno,
por aunque creo que todos lo conocemos.
Muy sintéticamente enuncio los los hechos
y luego voy a comentar las dos sentencias
porque en realidad una tienen mucho más que ver
con el tema estrictamente penal,
pero en la base de la otra de las dos sentencias
que resuelven esto que ya lo digo por si alguien no las conociera,
las ocho 18 de 2024,
la 8, 2024, de 16 de enero y la 18, 2024, de 31 de enero bueno,
pues resulta que este diputado por unos hechos muy anteriores
a su condición de diputado es condenado
por un delito de atentado a la autoridad,
porque se declaran probado su participación
en ciertas manifestaciones,
donde propina patadas a agentes de la autoridad
o por lo menos alguno y esta esto conlleva esta condena.
La condena es una condena de un mes y 15 días de privación de libertad
y luego, por la pena accesoria de pérdida del derecho,
de perdón, de inhabilitación especial,
para decirlo correctamente de inhabilitación especial
para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
como la pena privativa de libertad es corta,
la ley, Código Penal, impone necesariamente su sustitución
por una pena.
Bueno, esto es exactamente lo que hace el Tribunal Supremo,
el Tribunal Supremo.
Bueno, pues le condena a un mes y 15 días de privación de libertad,
a la pérdida,
a la pena accesoria de inhabilitación para el sufragio pasivo,
y sustituyó la primera pena por una pena de multa
y lo comunicó a las entidades afectadas, entre otras,
el Congreso de los Diputados y el Congreso de los Diputados
resume un poco como aquí hay bastantes letrados del Congreso,
pues me pierdo algo, algo no me enterado,
o esto me corrigen.
Hay por ahí alguna clave que se me haya escapado?
Pues pues también proceden básicamente
el Congreso de los Diputados.
Primero la mesa basándose en un acuerdo de secretaría general.
Lo que dice es.
Bueno, la verdad es que nosotros no apreciamos que esto tenga nada
que ver con nosotros, con el sufragio pasivo
ni nada.
Esto no tiene que ver
y por lo tanto, no hay nada que hacer;
a partir de ahí hay una serie de recursos.
La intervención del Tribunal Supremo también bastante curiosa,
donde el Tribunal Supremo dice.
No es nuestra función asesorar a otros órganos del Estado
sobre cuáles son las consecuencias de nuestras sentencias
y había un recurso de aclaración.
El Tribunal Supremo está todo bastante clarito,
como dicen a veces los tribunales.
En los recursos de declaración ya está todo bastante claro
y, por supuesto, pues no tenemos tampoco
ni que ni que aclarar al recurrente las consecuencias de esto
ni que asesorar a otras instituciones del Estado
sobre cuál son las consecuencias de nuestras sentencias,
y entonces es ahí cuando ya así el Congreso
decide privar de la condición de diputado a Alberto Rodríguez.
Esto va a generar dos recursos de amparo de Alberto Rodríguez,
un recurso de amparo frente a la sentencia
y la propia sentencia del Tribunal Supremo
y otros recursos de amparo frente a la sentencia de perdón,
frente al acuerdo de la mesa del congreso que le priva
de la condición de diputado ambos recursos.
Resuelto, responde del Tribunal Constitucional,
alterando el orden en el que leyeran.
Me imagino que porque el Tribunal Constitucional,
dado que la sentencia 18 de 2024
necesita el presupuesto la sentencia ocho a 2024,
hábilmente dice.
Voy a resolver primero el que me llegó después,
porque, si no, no podrá resolver el otro,
o sea que en realidad una sentencia es presupuesto de la otra.
Bueno, tengo que entrar un poco en las 2,
aunque es verdad que sería la segunda en la que tiene mucho más que ver
o de una manera más directa
con lo que afecta a la función del parlamentario,
pero la primera no hay que dejarla de lado
porque entra un poco a explicarnos en qué consiste la pena
de inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo.
En realidad no entra tanto a ello,
pero es la que tendría que haber entrado.
Bueno, lo que dice la sentencia ocho de 2024,
de 16 de enero, es el resumen,
pero tengo aquí algunos párrafos y la sentencia entera.
Pues luego alguien, porque dice cosas bastante sorprendentes
desde mi punto de vista.
Bueno, lo primero que sí que la verdad interpretar Sí
porque claro, la pregunta de esta sentencia a pregunta
si una pena privativa de libertad lleva necesariamente
aparejada una pena accesoria, pero la pena privativa de libertad es
obligatoriamente sustituida por una multa.
Qué pasa con la pena accesoria.
Esta es la pregunta.
Es verdad que hay una sentencia de 1993 alguna otra,
pero tampoco es exactamente este caso,
porque más bien nos habla de los casos de remisión condicional
de la pena,
cuando cuando la sustitución de la pena privativa de libertad
no es un imperativo sino una posibilidad que el juez
puede condonar la condonación, digamos, condicional de una pena,
pero es verdad que esos precedentes apuntan a que la pena accesoria
ahí sí es decir la pena, es una pena accesoria,
es decir, el que te sustituyan una pena
privativa de libertad por otra no quiere decir
que no traen condenado una pena privativa de libertad,
condena a una pena privativa de libertad,
y la sustituyen, en este caso, en el caso de Rodríguez,
como todas las penas inferiores a tres meses,
las sustituciones Hope Lewis,
es decir, no hay, no hay nada más que cuestionar.
Bueno, pues el Tribunal no dice.
Realmente hay distintas interpretaciones posibles.
Aparentemente la del Tribunal Supremo no estaría muy mal,
pero introduce el análisis de la proporcionalidad
con un análisis desde el punto de vista un poco un poco místico,
no para terminar diciendo que esto vulnera el derecho
vinculado al principio de legalidad del artículo 25.
Esto tiene que ver con el principio de legalidad
desde la perspectiva del principio de prohibición de interpretación
extensiva o analógica de los procesos sancionadores,
lo que dice es que esto es una interpretación de proporcionada
y que afecta a esa prohibición,
no de una interpretación extensiva o analógica bueno,
por leer solo lo mínimo para no extenderme mucho.
El parámetro constitucional de control de este derecho
en los términos expuestos dice que hay un soporte metodológico
de la interpretación y un soporte axiológico.
El soporte metodológico no está mal
y el soporte axiológico este es el que falla,
porque no se corresponde con los principios constitucionales.
Con cuáles?
El de proporcionalidad resulta que el principio de proporcionalidad
parece incompatible con el hecho de que interpretemos
que si tenemos una pena privativa de libertad y una pena accesoria
y la pena privativa de libertad hay que sustituirla la pena accesoria.
Siga existiendo tanto la literalidad de la normativa penal
como las consideraciones sistemáticas utilizadas no son inequívoca, claro,
no son inequívocas.
En relación con que resulte indefectible la pervivencia
de las penas de prisión inferiores a los tres meses,
y el mantener las consecuencias accesorias
vinculadas con la original naturaleza de prisión de la pena sustituida,
pues si no son indefendibles.
Le podríamos dejar al Tribunal Supremo
que lo interprete, pero no,
pero no porque el Tribunal Constitucional
sigue razonando y dicen.
Bueno, esto es lo que ha hecho el Tribunal Supremo.
La comisión de un delito sancionado en abstracto
con una pena de prisión,
puede producir legítimamente consecuencias jurídicas accesorias
o vinculadas a ella a pesar de la obligación legal
de su sustitución por penas que no sean las de prisión,
y nos dice.
El tribunal estima
que estas consideraciones no se desenvuelven
dentro de las bases valorativas constitucionales,
referidas a la existencia de proporcionalidad.
En la intervención penal nos dice.
Ante la inexistencia legal de penas de prisión inferior
a los tres meses por por la decisión legislativa
de su obligatoria sustitución
por otras cualitativamente menos selectivas.
La interpretación y aplicación del artículo 71 del Código Penal,
conforme a la cual pervive la pena privativa de libertad
y las consecuencias accesorias vinculada a ellas,
resulta una interpretación imprevisible contraria al artículo 25
de la Constitución,
ya que utiliza un soporte axiológico,
ajeno al principio constitucional de proporcionalidad,
por implicar un desproporcional sacrificio en el derecho fundamental
del afectado de representación política,
que produce un patente derroche inútil de ecuación
se les ha ido la mano.
Esto es mucho, parece un poco exagerado
que este hombre por una pena que era de un mes y 15 días
y que encima se la sustituimos propuesta.
Dejen de ser diputado, pero bueno,
tenemos un voto particular de los magistrados Espejel,
Enríquez, Arnaldo y todos los a -que hacen una crítica demoledora
y, desde mi punto de vista, bastante acertada.
Lo que dice la sentencia, o sea, vamos a ver,
atentado a la autoridad rebajado de manera muy cualificada porque sea
porque se aplica la eternamente muy cualificada de dilaciones indebidas
las un mes y 15 días.
Además, se sustituye.
Y la pérdida del sufragio pasivo,
es decir, la inhabilitación para sufragio pasivo,
el tiempo en la condena supone donde está la proporción?
Dónde está y caso insólito,
menos vinculado nuestro tema, pero no puedo dejar de decirlo.
El Tribunal Constitucional coge la sentencia del supremo y dice.
Rectifique, se el fallo anulo, rectifiqués el fallo
y donde pone aquí que la pena es de un mes
y 15 días y con la pena accesoria sustituye a por una pena de multa.
Punto final.
Cómo es esto?
O sea, por mucho menos de esto, tuvieron un conflicto
el Tribunal Supremo y el Constitucional.
En el caso Isabel,
que casi tenemos la mayor crisis entre nuestros tribunales,
en nuestra historia,
por muchísimo menos, por muchísimo menos,
anuló rectificó redactó un nuevo fallo
porque claro el Tribunal Constitucional
dice bueno lo que pasa
es que como ya esto la pena se cumple.
Hoy estamos en otra legislatura,
pues bueno, no tiene sentido devolverlos autos.
Entonces una cosa es una cosa es que haya una pena privativa de libertad
y que la ley te obliga a sustituirla,
y otra cosa es que el Supremo haya hecho mal
por poner en la sentencia que haya una pena privativa de libertad
y que queda sustituida.
Bueno, no sé qué les parece.
Comento muy brevemente la otra y dos pinceladas para,
para terminar.
Claro, la 18, 2024, de 31 de enero, ya tiene el camino muy fácil,
porque lo que dice es, puesto que no, puesto que sí
si este señor le condena solo a una multa,
no en realidad,
porque hemos rectificado la pena privativa de libertad solo
tenía condena de multa y tampoco en realidad
tiene una una pena accesoria
dependerá o de inhabilitación para el sufragio pasivo,
básicamente porque se la he quitado yo mismo porque se la he quitado
yo mismo hace 10 días.
Por tanto,
como solo tiene una pena de multa, está absolutamente fuera de lugar
que con una pena de multa le hagamos perder la condición de diputado,
el voto particular de los mismos cuatro magistrados.
En fin, tampoco es que sea el tema de hoy.
Pero tampoco puedo dejar de constatar,
como el Tribunal Constitucional en esto
que no sé ustedes a mí me parece bastante técnico este asunto.
Bueno, pues el Tribunal se divide como suele hacerlo,
siete a 4, siempre lo mismo, siete siempre lo mismo,
cuatro en el voto particular.
Es bastante curioso, porque yo esto,
más allá de que este señor es diputado de un partido político,
no, no le encuentro al asunto el problema,
así como para dividirse exactamente los que algunos etiquetan de,
progresistas y los que algunos se etiquetan de conservadores,
pero lamentablemente es lo que nos encontramos
en los últimos tiempos bueno conclusiones y posibles propuestas
estas bueno primero obviamente el abuso del principio
de proporcionalidad como juguetito del Tribunal Constitucional
para resolver los asuntos según le parece que justo
en el caso concreto.
Segundo, probablemente, aunque el principio
de proporcionalidad sea ambiguo, genérico, dudosos, subjetivo,
todos podríamos estar de acuerdo en que al señor Alberto Rodríguez,
tantos años después por esta pena perder la condición de diputado
para siempre, jamás siempre es más para lo que queda de legislatura,
obviamente, pues puede ser exagerado,
pero esto no deriva ni de nuestra ley
ni de la sentencia del supremo de una manera automática,
lo que pasa que, como ya he explicado al principio,
el Supremo le dice al congreso.
Toma nota de lo que tienes que hacer aquí
y el Congreso esto, pero no tendría por qué derivar.
He leído sucintamente los artículos
y bueno aquí esto se puede interpretar de una manera
se puede interpretar de otras.
Se puede interpretar como un supuesto de incompatibilidad
mientras dure la condena.
Es verdad que aquí como muy bien ha dicho la idea,
se produce una tensión.
Yo diría una paradoja.
La paradoja es que la postura más defensora
de los derechos del diputado
es la que genera más trastorno al funcionamiento de la Cámara,
por razones obvias, es decir,
para un diputado verse privado de sus derechos durante 45 días.
Es mucho menos lesivo de sus derechos que perder su condición
para siempre, pero para la Cámara,
tal y como tenemos nuestra regulación es peor,
porque, claro, la composición del grupo parlamentario varía
mientras que si el diputado cepsa va entrar,
otro diputado entra otro y desde el punto de vista
de la composición de los grupos, funcionamentos la cámara
y además nada se altera también si el diputado suspendido
para el es menos lesivo, pero para cámara,
pues resulta que durante todo este periodo de tiempo votaciones,
funcionamiento de la Cámara,
etc, etc. Se va a haber más alterado obviamente.
Yo creo que, por ejemplo, una figura
como la del sustituto podría resolver este tipo de situaciones.
Alguien puede decir que la pena de inhabilitación
para el sufragio pasivo, o sea, la ejecución de esa pena
no es más acorde con la pérdida que con la suspensión.
Yo no tengo nada claro.
Primero, según hemos leído en el Reglamento del Congreso,
esto no aparece en la pérdida, aparece en la suspensión
y, segundo, lo que sí creo es que esta suspensión tendría que tener,
como toda sus pensiones, la característica de ser temporal,
pero tendría que afectar a derechos prerrogativas y todas esas.
Es decir, bueno, esto es una ejecución de una condena.
Esto, obviamente, requeriría una regulación específica.
No nos lo podemos inventar ni resolver vía interpretativa,
pero si esto se regula
de tal manera que esto implique una suspensión,
que la suspensión sea temporal y que durante la suspensión,
pues hubiera una posibilidad,
como es el sustituto de no alterar el funcionamiento de la Cámara,
creo que todos los derechos en juego quedarían razonablemente
conciliados.
Es verdad que hay una apariencia de desproporción,
pero esa no está repito una vez más ni en la ley ni en la sentencia
ni en la pena.
Si está en que en este caso concreto, ocho o nueve años
después de haber cometido este delito a un diputado,
por una pena de 45 días le suponga la pérdida,
ya definitiva de su condición de diputado en la legislatura.
Puede que nos parezca desproporcionado,
pero el razonamiento que hace el Tribunal Constitucional
no tiene nada que ver con eso.
Tanto es así el voto particular a la sentencia ocho de 2024
añade otra cosa.
Hay una incongruencia interna
en la sentencia del Tribunal Constitucional,
es decir, ninguna parte del razonamiento
conduce a sustituir la pena por otra ninguna parte.
Hay ahí un salto, un salto lógico que lleva a cabo entonces, bueno,
pues creo que esto nos pone de relieve que tenemos
un problema, que la regulación no es suficientemente clara
y que la interpretación que se viene haciendo,
pues tiene bastantes déficits,
porque para intentar resolver una situación yo creo
que con parámetros más se pueden compartir o no,
pero en fin, de cierta justicia material.
Al final, se hace una interpretación bastante descabellada
a y se intensifica el nivel del control judicial,
como he dicho ya al principio,
no es decir bueno, primero desde el punto de vista parlamentario
y aquí ya no.
Aquí era un acto de ejecución de una sentencia,
pero no dejaba de ser en la sentencia 18,
un acto de la mesa del congreso.
Entonces, la intensidad del control judicial es grande
y aunque este no sea nuestro tema de hoy,
la intensidad de la intromisión del Tribunal Constitucional,
un Tribunal Constitucional sorprendentemente,
deferente con el poder político, a veces hasta términos sospechosos
y, sin embargo, el más invasivo de la esfera del Tribunal Supremo
desde que existe nuestro Tribunal Constitucional.
Yo creo, o sea, este nivel de injerencia,
que en fin podríamos aportar otras sentencias,
pero a ellas y que no sería nuestro tema.
Pero este es un buen ejemplo, me parece que está absolutamente
fuera de lo que el Tribunal Constitucional
a lo largo de las décadas, él mismo ha definido que puede ser su,
que debe ser su papel y su y su función.
Bueno, pues gracias, a lo mejor me he extendido algún minutito más,
pero creo que merece la pena el comentario de estas sentencias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier No?
Yo creo que ha estado muy bien la exposición del del asunto
y los problemas que plantea,
que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, como decía al inicio,
que queda sin resolver.
No sé si hay alguna palabra o puesto que si piedra adelante.
Todo el mundo se quiere ir a ver, efectivamente,
aquí es que fue un problema un poquito complicado porque la mesa
de la cámara sea el primer informe jurídico, era favorable al diputado
precisamente por el principio de proporcionalidad,
pero cuando se le pregunta al Supremo el Supremo
dice exactamente lo que has dicho.
Yo no tengo que decirle a nadie cómo se ejecutan las sentencias,
usted ejecute, y entonces, pues ejecuta.
Lo que está claro
es que están mal concordadas las normas reglamentarias ilegales,
a mi modo de ver, porque yo misma es que me siento confusa.
No está bien regulada la suspensión y la pérdida de la condición.
Entonces, cuando siempre dice,
durante el tiempo que dure la condena,
clarifique debería tener que ver con la suspensión;
es decir, que solo produciría privación
cuando se calcularán cuatro años que va a estar imposibilitado,
a mí tampoco me parecería tan grave que hubiera estado suspenso 45 días,
y digo más digo más, es que estuvo sin ocuparse el escaño
porque la estrategia del grupo fue que iban rechazando las que eran
llamados por la junta electoral y al final secreto desocupado.
Se decía que a ver si era a ver
si llegaba la sentencia favorable del Tribunal Constitucional,
o sea, que desocupar esto el escaño,
pero lo que sí creo es que debería haber
esa estar mejor regulada el hecho de que si se produce realmente
una inhabilitación durante un tiempo podrían decir cuánto.
Pues la mitad en la legislatura,
un cuarto de legislatura, seis meses,
lo que sea, que se produce la pérdida de la condición.
Yo no soy favorable a la figura del sustituto,
pero no me parece que sea el momento para hablar de ello.
La palabra
o sí lo es así pues, realmente, gracias a todos los intervinientes
que han participado en todas las mesas,
a todos los asistentes y levantamos la sesión.
Muchas gracias.