Mi nombre es Antonio José, que es ahora Sánchez,
soy profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de Málaga,
y voy a intentar acercarles un tema bastante importante
de derecho procesal.
Son la fuente del derecho procesal
intentando condensar las ideas esenciales en poco tiempo
para que puedan tener una visión general
sobre la cuestión, plantearnos la idea,
la cuestión de las fuentes del derecho es realmente preguntar,
no por el origen del derecho,
de dónde viene la norma de quien viene la norma,
de qué manera viene la norma en ese sentido.
Tenemos dos posibles enfoques,
que pueden ser de interés.
Podemos acercarnos a la cuestión de las fuentes del derecho
desde un punto de vista material,
planteándonos de quien viene la norma del poder legislativo,
de la colectividad de otro poder del Estado,
así como tenemos la posibilidad de acercarnos con un enfoque formal
de qué manera me viene la norma.
La norma tiene rango de ley rango superior,
rango inferior.
Ya veremos las especialidades que esto presenta.
En el ámbito procesal suele ser habitual
y a mí como civilista me resulta especialmente grato
comenzar el tema de la fuente del derecho a la drama
de que se trate con el artículo uno del código civil,
que establece que las fuentes del ordenamiento jurídico español son
la ley, la costumbre,
los principios generales del derecho,
el segundo paso es evidente.
Según la rama de la que estemos hablando habrá
que tratar las distintas especialidades,
hecho especialmente gráfico en ámbitos, el derecho tributario,
el derecho del trabajo, derecho penal o administrativo.
También yo me voy a ceñir al ámbito procesal,
y en ese sentido, antes de empezar a ver la ley
como primera de las fuentes
sí me gustaría destacar que estamos ante la norma jurídica fundamental
en el derecho procesal, el principio de legalidad procesal
que encontramos descrito en normas, tan vertebrales como la ley,
enjuiciamiento civil, lo al envejecimiento criminal
en sus artículos primeros, el artículo uno de ambas
de cada una de esas leyes, positiviza el principio de legalidad procesal,
y nos da una idea de lo importante que es la ley
en el ámbito procesal,
ley que además gracias a la distribución
de competencias de la Constitución, será básicamente ley estatal.
De modo residual, puede ser ley autonómica,
no es la regla general a la hora de ver estas fuentes del artículo
uno del código civil, luego ya veremos las especialidades.
Tenemos que destacar como el principio por el que se rige
la relación entre ellas es el principio de jerarquía normativa,
es decir, una norma, una fuente del derecho
no puede contravenir o no otra que esté por encima.
Dicho eso, ya he apuntado.
Como la ley es la principal fuente del derecho procesal.
Esto es algo que se deduce en general del artículo uno del código civil,
que hoy día incluso tiene base constitucional artículos
como el 9, uno o el 117, que habla expresamente
en el párrafo primero del imperio de la ley con esa expresión,
pero estamos ante una norma
que garantiza muy especialmente la seguridad jurídica
y la previsibilidad de la de lo que sería la regulación.
Sí querría destacar, antes de pasar al derecho procesal,
como esa ley del artículo uno del código civil.
Es una ley en sentido amplio, es decir,
no estamos ante la norma solamente la norma que emana del poder
legislativo autonómico, sino que tenemos que incluir
dentro de ese macro concepto de ley del artículo uno del código civil,
normas que pueden tener un rango superior,
como por ejemplo en el ámbito procesal,
el artículo 24 de la Constitución o normas de rango reglamentario,
que ya digo, teniendo en cuenta la potencia
y la vigencia del principio de legalidad en el ámbito procesal
pues tendrá menos relevancia seguramente pero en fin
no hay que descartarlo de entrada en el ámbito procesal
sí me gustaría destacar como esa importancia
de la ley se refleja tanto en norma de marco organizativo,
como pueden ser la ley orgánica del Poder Judicial,
del Tribunal Constitucional, y otras,
como en la norma que regula los distintos procesos
de los órganos jurisdiccionales, las distintas leyes,
enjuiciamiento civil criminal,
de jurisdicción contenciosa, solución social,
y otras normas como hábeas corpus, extradición pasiva, etc. Y reitero,
antes de pasar al siguiente apartado.
Como la importancia de esta ley estatal
es básica en el ámbito procesal, sí me gustaría determinar la ley,
que es la fuente principal del derecho procesal,
como hemos visto, destacando muy brevemente,
alguna diferenciaciones que tenemos que tener en cuenta,
así por ejemplo la primera gran distinción entre leyes orgánicas
y leyes ordinarias.
La ley orgánica,
como saben, regula una serie de materias especialmente importante
que, conforme al artículo 81 de la Constitución,
requieren un mayor consenso social,
que se vertebra en torno a un mayor consenso político,
una mayoría reforzada, a diferencia de la ley ordinaria.
No debemos descartar tampoco la legislación delegada
que presenta una peculiaridad, la tenemos en los artículos 82 a 86
de la Constitución, y en ella estamos ante norma,
que no emanan del poder legislativo, sino del poder ejecutivo,
pero el poder legislativo controla las mismas,
tanto lo que ahora veremos como tanto los decretos legislativos
bien textos articulados, bien textos refundidos,
como los decretos -leyes en ambas;
ahí un control por parte del poder legislativo,
control que será previo y de carácter jurídico
en el caso de los decretos legislativos o que será posterior
y de carácter político.
En el caso de los decretos -leyes se fiscalizará la existencia
de esa extraordinaria y urgente necesidad.
Por último, desde la.
El ingreso de España en la entonces comunidad económica europea,
hoy Unión Europea, el derecho comunitario también es básico
a la hora de integrarlo en la ley como fuente del derecho procesal
y de cualquier rama del derecho español.
En el ámbito en general.
Los reglamentos y la directiva son las normas que más
Vigée, más importancia tiene,
y si hay que destacar que en el ámbito
estrictamente procesal son los reglamentos
los que más han influido en este concreto sector
que estamos estudiando, si la siguiente fuente del derecho
en el artículo uno del código civil es la costumbre nos planteamos,
sería fuente del derecho procesal, lo vamos a ver,
estamos entrando con el código civil en la mano,
estamos ante una fuente secundaria que no nace de los poderes
reglados del Estado y que presenta o podemos destacar
un elemento objetivo es una conducta general, uniforme,
reiterada en el tiempo y en el espacio,
así como un elemento subjetivo,
que es la convicción de la persona que la utiliza,
pues está actuando conforme a derecho.
Pueden imaginarse la formación progresiva.
No instantánea son.
No garantiza la seguridad jurídica.
Además no podría chocar en ningún caso.
Gracias al principio de jerarquía normativa.
Con la ley como tal la legislación procesal
no la incluye como fuente del derecho.
Si es cierto, hay alguna referencia escasa,
por ejemplo la de enjuiciamiento civil muy colateral,
pero la colisión con el principio de legalidad tan evidente
que no es una verdadera fuente del derecho procesal,
como tampoco lo son los usos forenses.
Las inercia no son fuente del derecho precisamente por esa razón,
pero aparte querría destacar en este caso,
ni siquiera proceden de la colectividad de la población
como tal,
como es la costumbre en sentido canónico.
Por tanto la costumbre no es fuente del derecho procesal,
la tercera fuente son los principios generales
del derecho, esos criterios interpretativos
que orientan nuestro ordenamiento, y conforme al código civil,
tienen una doble función.
En primer lugar, tienen una función supletoria
a falta de ley.
Ahí están ellos son, pueden ser utilizado,
pero también informan el ordenamiento jurídico,
y esto es muy importante, esa manera de inspirar el ordenamiento,
porque, si lo expira, eso implicará una cristalización de esos principios
generales del derecho que se convierten en ley,
pero aparte que tendrá una mayor relevancia
me gustaría citar simplemente efecto ejemplificativo.
El artículo 9, tres de la Constitución,
así como también quiero destacar que el Tribunal Constitucional
ha incorporado a algunos algunos principios generales.
El derecho al contenido esencial del derecho fundamental
a un proceso con todas las garantías del artículo 24 de la Constitución,
un artículo muy importante en el ámbito procesal.
Bien, dicho eso,
terminamos con lo que será la fuente del derecho canónica,
pero el artículo uno del código civil regula también la jurisprudencia.
La jurisprudencia en ese artículo uno del código civil
no aparece como fuente del derecho,
no lo es el ordenamiento de tradición jurídica continental,
pero es una herramienta muy próxima a la fuente del derecho.
De hecho, está regulada en mi artículo con el artículo
uno en uno del código civil.
En la mano se nos dice que complementa
y alude a el Tribunal Supremo.
En este sentido me gustaría comentar la jurisprudencia
como doctrina reiterada que emana del Tribunal Supremo.
Es correcta, pero tenemos que atender también
a la doctrina que emana de otros tribunales,
como podría ser el Tribunal Constitucional
o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La ley orgánica del poder judicial
establece la importancia de esta del adoctrinarles todos órgano,
pero también me gustaría destacar la relevancia práctica
en el día a día de la llamada jurisprudencia menor
para la práctica diaria.
La doctrina de las audiencias provinciales
a la hora de interpretar una cuestión estamos teniendo en cuenta
los distintos requisitos que establece el artículo
uno del código civil ante la necesidad
de que exista una doctrina reiterada,
no aislada, no basta con una resolución,
sino que debe reiterarse, así como doctrina actual única
y última, es decir,
que no haya sido rebatida por otra doctrina posterior
y, sobre todo que resuelva el asunto.
No podemos estar utilizando argumentos de contenido colateral.
Con respecto a la resolución del asunto,
sí me gustaría destacar y he dicho que no es fuente del derecho,
pero es muy importante destacar varias,
varias cuestiones que ponen en las que la jurisprudencia
puede ser especialmente interesante,
por ejemplo a la hora de cristalizar principios generales del derecho,
que a lo mejor todavía no se hayan positivizado
así como, por ejemplo, a la hora de llenar de contenido
los llamados conceptos jurídicos indeterminados.
Como ustedes saben, estamos ante conceptos
que necesitan una interpretación y determinación concreta.
En ese sentido,
las líneas jurisprudenciales pueden ser especialmente interesantes,
así como ya entronco con la parte final de mi intervención
con la interpretación y aplicación de las normas.
La jurisprudencia complementa,
interpreta y aplica respecto de la interpretación
de las normas procesales sí me gustaría comenzar destacando,
como en general, no solo en derecho procesal,
si no se interpreta adecuadamente una norma,
es difícil aplicar adecuadamente una norma,
por eso no podemos obviar esta tarea.
Sí que es interesante destacar como peculiaridad procesal
que la interpretación que realice el órgano jurisdiccional
va a tener una importancia especial,
obviamente porque porque es la que realmente va a,
con independencia del sistema de recursos,
la que va a decidir la cuestión de las partes.
Lo posibles intervinientes en el proceso,
mitifica hacia del Estado,
podrán interpretar la norma conforme consideraran oportuno,
pero la interpretación del órgano jurisdiccional
pesa más a ser más en la resolución del asunto.
El artículo 3, uno del código civil,
establece cinco criterios a la hora de interpretar la norma,
que en primer lugar son criterios que entroncan
con opiniones doctrinales,
es decir, tienen un peso conceptual interesante,
pero además no lo olvidemos son auténtica norma jurídica,
son código civil,
luego tenemos que utilizarlos a la hora de interpretar las normas,
y fíjense, los criterios son cinco el criterio,
la interpretación literal.
La interpretación contextual
-atender a los antecedentes históricos y legislativos
a la realidad social del momento en que se aplica la norma,
así como a la orientación al sesgo que pueda tener esa norma,
pueden imaginar no todos los criterios
tiene idéntico peso.
Por ejemplo, el criterio de interpretación histórica
puede ser muy interesante a la hora de extraer el sentido,
pero, por ejemplo,
no podría prevalecer en casos de alguna, en conflicto,
con la interpretación literal de la palabra de la ley,
de que cambiar esas palabras Esto,
criterio, pueden ser especialmente interesantes en ámbitos
como una contradicción legal que a veces
puede suceder, o la existencia de lagunas legales,
incluso saben que no hay lagunas de ordenamiento.
Hay mejores o peores soluciones, pero sí puede haber lagunas legales,
incluso la necesidad de tener que acudir a la analogía conforme
al artículo cuatro del código civil.
Existen distintos tipos de interpretación,
no voy a detenerme en ello para no alargar mucho mi posición,
pero sí quiero incidir especialmente en una diferenciación que puede
ser muy interesante en el ámbito procesal, que es el que me ocupa,
que es la que distingue entre la interpretación declarativa
y la interpretación correctiva bien extensiva,
bien restrictiva que de algún modo fuerza quizás el tenor de la ley.
Esto me parece que puede ser especialmente inquietante
en el ámbito del derecho procesal.
En otras ramas del derecho al derecho civil
estamos acostumbrados muchas veces hacer este tipo de interpretaciones,
pero me parece que en derecho procesal pueden puede
ser especialmente peligroso, bien, y con eso ya llegamos a la aplicación
de las normas procesales.
Como comenté con la interpretación también en este ámbito,
con independencia de las de las aplicaciones
que pretendan los intervinientes en el proceso,
la que realice el órgano jurisdiccional
y sin perjuicio del sistema reglado de recursos,
es especialmente importante.
En este sentido,
y vuelvo a la ley, ofrecimiento civil,
que quizás es la quema próxima, me me queda por mi perfil.
El artículo dos de la Ley Enjuciamiento civil
establece que en España pues se aplicará la ley española,
salvo que algún tratado, el perdón del artículo tres
discúlpeme con la sección de los tratados y convenios internacionales
que pueden establecer que se aplique otra norma,
que sería la excepción que tiene que estar expresamente prevista
la regla general en la ley española,
y esta será de aplicación en todo el territorio del Estado
como regla general,
gracias a la distribución de competencias
de la Constitución española, queda como residual la posibilidad
de que pueda existir alguna norma autonómica de naturaleza procesal.
Evidentemente, el derecho comunitario lo considero plenamente inserto
como comentábamos en su momento,
y sí me gustaría plantear una pequeña duda
para la que, por cierto, no tengo una respuesta clara
aquí y ahora puede aplicarse el derecho español
fuera del territorio español,
de que dependerá que los tribunales de otro Estado
aplique la ley española?
Pues evidentemente,
eso va a depender del derecho internacional privado,
de ese otro Estado.
El principio que rige en el ámbito de la prueba de la ley,
el principio iura novit curia, el juez conoce el derecho,
no es necesario probar la ley.
Tribus, la ley española a un tribunal español en este ámbito
pues no va a regir.
Entonces habrá que probar ese derecho
y siempre estaremos a expensas de lo que establezca
el derecho internacional privado, de ese otro Estado
y, por último, lo que toca la eficacia en el tiempo.
Tenemos que tener en cuenta
y aquí sí el artículo que antes mencioné por error,
el artículo dos de la, de enjuiciamiento civil.
Las normas en el ámbito procesal no se aplican
ni con carácter retroactivo ni con carácter culta
-activo.
Como regla general.
Se aplicará las normas procesales vigente
que existe alguna especialidad,
pues será el derecho transitorio aplicable,
el que establezca pues las especialidades
que quiebren esta regla general que en pasito.
Por cuestiones de seguridad jurídica sí me gustaría recordar,
ya que hablamos de aplicación en el tiempo
como la Constitución Española establece en su artículo 9.
13 de la Constitución,
la irretroactividad de las normas sancionadoras,
así como no favorable no favorable perdón
o restrictivas de derechos individuales.
Entonces, esa regla de rango constitucional
tenemos que tener la siempre muy presente
y por último, no lo he comentado, pero creo que merece la pena,
ya que hablamos de eficacia en el tiempo de normas
del código civil.
El artículo dos establece una regla general
que la de que las leyes entran en vigor a los 20 días
de la completa publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Dice bueno, Boletín Oficial de turno,
salvo que se establezca en ellas otra cosa,
valoren que lo que se plantea como la regla general
en la práctica, pero bueno, está bien que exista una regla general clara,
que nos proporcione seguridad jurídica,
como en el caso del derecho transitorio,
y si usted quiere que rija otra norma pues regúlelo expresamente
y sin más.
Pues muchas gracias por la atención.
He intentado ser especialmente breve.
Espero haber sido especialmente claro y gracias por su atención,
pero haberles acercado la fuente del derecho procesal.