Bienvenidas, bienvenidos.
Mi nombre es Antonio Martínez, soy profesor titular
de derecho procesal en la Universidad Nacional de Educación
a Distancia y en los próximos minutos voy a hablar de la lección 6,
que es la lección que se refiere a los profesionales,
al servicio de la Administración de Justicia,
a los jueces y magistrados y al resto de profesionales
comprometidos con la jurisdicción.
En primer lugar, tenemos los jueces y magistrados,
los jueces y magistrados son las personas encargadas de juzgar
y hacer ejecutar lo juzgado.
Cómo vamos a ver enseguida.
En España no todos los jueces y magistrados
son funcionarios públicos porque existen también
figuras que ejercen funciones jurisdiccionales,
con un nombramiento puramente temporal.
Por otro lado, tenemos lo que sería el personal no jurisdicente,
dentro del personal no jurisdicente,
están los letrados de la Administración de Justicia
y los funciones y los funcionarios de los cuerpos generales al servicio
de la Administración de Justicia,
que son los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio,
y, por otro lado, los funcionarios de los cuerpos especiales al servicio
de Administración de Justicia y la policía judicial.
La diferencia fundamental
estriba en que, tanto los letrados de la Administración de Justicia
como los funcionarios de los cuerpos generales,
gestión, tramitación y auxilio prestan sus servicios en unidades
de la oficina judicial,
mientras que los funcionarios de los cuerpos especiales al servicio
de la Administración de Justicia y la policía judicial
trabajan en otras dependencias o instituciones públicas distintas
de la oficina judicial.
Los jueces y magistrados, los jueces y magistrados,
son dos tipos.
En el ordenamiento jurídico español
hay jueces y magistrados de carrera y jueces y magistrados,
como hemos dicho antes, con nombramiento temporal.
Los jueces y magistrados de carrera
son los funcionarios públicos del Estado,
a quienes con carácter general se les encomienda el ejercicio
de la función jurisdiccional.
Forman parte de un cuerpo de funcionarios al que se conoce
como carrera judicial dentro de la carrera judicial.
Hay tres categorías, que son las de juez,
magistrado y magistrado del Tribunal Supremo.
Por lo que respecta a los jueces y magistrados
con nombramiento temporal,
son figuras legales a las que se les puede encomendar
el ejercicio de la potestad jurisdiccional,
pero sólo por tiempo determinado y sin integrarse, como funcionarios
o como servidores públicos.
En la carrera judicial son los jueces de paz,
los jueces sustitutos, los magistrados suplentes
y los jueces en régimen de provisión temporal,
exceptuando los jueces de paz, que son los titulares
de los juzgados de paz.
Se trata en los demás casos de figuras creadas por el legislador
para tratar de mitigar la escasez de jueces y magistrados de carrera.
El ingreso en la carrera judicial en España
puede tener lugar de cuatro formas diferentes.
En primer lugar, está el turno libre;
a través del turno libre se accede a la carrera
por la categoría de juez, la categoría más baja
y el acceso a la carrera por la categoría de juez,
a través del turno libre,
supone la superación de una oposición y un curso teórico-
práctico de selección.
En segundo lugar, tenemos el llamado cuarto turno,
que consiste en el acceso a la carrera judicial
por la categoría de magistrado mediante la separada
mediante la superación de un concurso de méritos entre juristas
de reconocida competencia,
con más de 10 años de ejercicio profesional.
En tercer lugar, tenemos el llamado turno autonómico,
que consiste en el acceso a la carrera judicial
por la categoría de magistrado.
Mediante la designación directa
como magistrado o magistrada de la sala de lo civil y penal,
de un tribunal superior de justicia autonómico
por parte de la asamblea legislativa de la comunidad autónoma.
En este caso,
el parlamento autonómico elabora una terna,
una lista de tres personas, y el Consejo General del Poder Judicial
elige a una de ellas tiene hay un requisito común, que es
que en todos los casos debe tratarse de juristas de reconocido prestigio
con más de 10 años de ejercicio profesional en la comunidad autónoma
de que se trate.
Por último, tenemos el quinto turno, que es la forma de acceso,
si se quiere más excepcional,
que consiste en el acceso a la carrera judicial
por la categoría de magistrado del Tribunal Supremo.
En este caso la designación corresponde
al Consejo General del Poder Judicial y los aspirantes deben ser abogados
u otros juristas de reconocida competencia,
con más de 15 años de actividad profesional,
preferentemente en la rama del derecho correspondiente
al orden jurisdiccional de la sala,
en la que se vayan a integrar el acceso de categoría
dentro de la carrera judicial, se produce de diferentes formas.
Hay que distinguir dos situaciones de la categoría de juez
a la categoría de magistrado.
El ascenso se produce a medida que van quedando vacantes
de magistrado en el escalafón.
De cada cuatro vacantes que se producen,
en la categoría de magistrado,
la mitad se van a cubrir mediante el ascenso por su orden
de las personas que ocupan los primeros lugares
en el escalafón de la carrera, dentro de la categoría de jueces,
sólo se requiere que esas personas hayan prestado al menos -3 años
de servicio efectivo.
Como jueces,
los jueces también pueden llegar a la categoría de magistrado,
superando una serie de pruebas específicas
que pueden ser pruebas selectivas
o pruebas de especialización en función del orden jurisdiccional
de que se trate.
La segunda situación es el paso de la categoría de magistrado
a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo.
Aquí de cada cinco plazas que queden vacantes en las distintas
a las del Tribunal Supremo lo dice la ley,
que todas menos una, que es la del quinto turno,
deben cubrirse con magistrados de carrera
que tengan al menos -10 años de servicios
en la categoría de magistrado y una antigüedad mínima.
De por lo menos -15 años en la carrera judicial,
la designación de estos nuevos magistrados del Tribunal Supremo
entre miembros de la carrera judicial no depende ni de la antigüedad
ni del puesto en el escalafón, sino que corresponde al pleno,
al pleno del Consejo General del Poder Judicial,
y requiere una mayoría de tres quintos
de los vocales presentes en la reunión.
La condición de juez o magistrado solo
se puede perder por alguna de las siguientes causas.
Por renuncia a la carrera judicial por pérdida
de la nacionalidad española en virtud de sanción disciplinaria;
separación del servicio por la condena pena,
privativa de libertad por razón de delito doloso,
por haber incurrido de forma sobrevenida en alguna de las causas
de incapacidad y por jubilación la jubilación puede ser por edad
o por incapacidad permanente;
y la jubilación por edad en principio es forzosa a los 70 años,
pero se puede adelantar a los 65 o retrasar hasta los 72
si la persona interesada solicita
dentro de los plazos previstos en la ley, la suspensión de funciones
es una sanción que solo se puede imponer
como consecuencia de la tramitación de un expediente disciplinario
o en su caso en el marco de un proceso penal,
un juez o magistrado que haya sido suspendido.
Se va a haber privado del ejercicio de sus funciones
mientras dure la situación de suspensión,
que puede ser provisional;
o definitiva.
Los jueces y magistrados solo
pueden ser suspendidos por las causas previstas
en la ley, que son básicamente 3.
Primero,
cuando por cualquier delito doloso se hubiera dictado contra ellos auto
de prisión de libertad bajo fianza o de procesamiento; segundo,
cuando se hubiera acordado la suspensión
en un expediente disciplinario
o de incapacidad y tercero por sentencia firme condenatoria
en la que se imponga como pena principal
o como pena accesoria la pena de suspensión,
siempre y cuando, claro, está no proceda la separación
del servicio.
Los jueces y magistrados con nombramiento temporal
engloban cuatro categorías o cuatro figuras diferentes
a las que nos hemos referido a las que me he referido
al principio.
La primera son los jueces de paz, jueces de paz,
son los titulares de los juzgados de paz.
Los nombra la sala de gobierno del tribunal superior de justicia
correspondiente a propuesta del pleno del ayuntamiento,
del municipio en el que vayan a ejercer sus funciones.
Recordemos que hay juzgados de paz
en aquellos municipios normalmente que no sea cabeza de partido,
porque los municipios que son cabeza de partido, del partido judicial,
lo que hay es juzgados de primera instancia
e instrucción.
Puede ser elegida juez de paz
cualquier persona que, aunque no tenga estudios de derecho,
reúna los requisitos establecidos en la ley orgánica
del Poder Judicial.
Por lo tanto, los jueces de paz pueden ser personas, ligas personas
no versadas en materias jurídicas.
Además, aunque están sometidos al mismo régimen de incompatibilidades
que el resto de jueces y magistrados a los jueces de paz
se les permite ejercer actividades profesionales o mercantiles,
el nombramiento como juez de paz tiene una duración de cuatro años;
los por otro lado,
tenemos los jueces sustitutos, los magistrados suplentes
y los jueces en régimen de provisión temporal.
Todos ellos son titulados en Derecho
nombrados por el Consejo General del Poder Judicial,
a propuesta de las salas de gobierno de los tribunales superiores
de justicia por un periodo de un año,
y tras la celebración de un concurso de méritos,
en eso las tres figuras tienen un régimen similar
o idéntico.
La diferencia está en que los jueces sustitutos
se utilizan para cubrir provisionalmente las bajas de jueces
de carrera que se produzcan en los juzgados,
órganos unipersonales del territorio del tribunal superior
de justicia que propone el nombramiento
los magistrados suplentes.
En cambio,
se utilizan para cuando no haya suficientes magistrados de carrera
para constituir las salas.
Una sala o sección de un órgano colegiado válidamente en en este caso
la sala o sección afectada contacta con el magistrado suplente,
y le llama para formar sala.
Hay que tener en cuenta que, según la ley
nunca van a poder formar sala nunca se va a poder llamar para formar sala
a más de un magistrado suplente y, por último, los jueces en régimen
de provisión temporal tienen como función cubrir de forma rápida
las vacantes de jueces que queden desiertas,
tras la celebración de los concursos de traslados,
solamente cuando esas vacantes no se puedan cubrir
por otros medios.
Con el tiempo se ha tendido
a acentuar la excepcionalidad de estas tres figuras
porque lo deseable es que las plazas de juez o magistrado
se cubran siempre por jueces o magistrados de carrera
y, en general se tiende a hacer de estas figuras
un recurso excepcional.
Son los casos en los que sea necesario
y en los que la vacante no se pueda cubrir por los medios ordinarios
o mediante el nombramiento de un juez de apoyo
o de un juez en prácticas, bien en el ejercicio de su función,
de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Los jueces y magistrados están sometidos únicamente a la ley,
al derecho eso que acabamos de que acabo de decir
se conoce con el nombre de independencia judicial.
Independencia judicial significa que los jueces y magistrados
en el ejercicio de sus funciones
se deben regir siempre por criterios estrictamente jurídicos
y, por lo tanto, no pueden recibir órdenes ni instrucciones por parte
de ningún otro, poder sujeto u órgano,
ya sea público o privado, nacional o extranjera.
La independencia judicial tiene dos dimensiones.
Tiene una dimensión interna, que es que entre los distintos juzgados
y tribunales no existe una relación de subordinación o subordinación,
jerarquía, y tiene también una dimensión externa,
que es que los jueces y magistrados
no están sometidos a poderes con instancias externas
a la judicatura, están libres de sujeción directa
tanto respecto de los órganos del poder legislativo
que no les pueden llamar a rendir cuentas
como respecto del poder ejecutivo
y sus agentes para garantizar esta independencia externa.
Esta independencia respecto del resto de poderes públicos.
La Constitución de 1978 creó el Consejo General del Poder Judicial
como supremo órgano de gobierno de los jueces.
La misma movilidad es la principal garantía
de la independencia judicial.
Los jueces y magistrados
son inamovibles en el sentido de que no pueden ser separados,
suspendidos trasladados y jubilados si no es por alguna de las causas,
y en los supuestos previstos en la ley.
Los motivos por los que se puede perder la condición de juez de juez
o magistrado de carrera ya los hemos visto
están tasados legalmente, también están tasados.
Los supuestos de jubilación y de suspensión de funciones
y en cuanto al traslado destino, es voluntario con carácter general,
y requiere que el juez o magistrado afectado
se presente a un concurso de traslado.
El traslado forzoso es posible,
está previsto en nuestra legislación,
pero es excepcional y normalmente constituye
una sanción que solo se puede imponer en virtud de la comisión
de una falta disciplinaria muy grave.
La imparcialidad o desinterés subjetivo quiere decir
que los jueces y magistrados no deben ser parte interesada
en los asuntos cuya resolución se les encomiendan.
La Constitución no menciona la imparcialidad judicial
en ninguno de sus artículos, pero el Tribunal Constitucional
ha declarado el derecho a un juez imparcial,
forma parte del contenido esencial del derecho fundamental
a un proceso con todas las garantías que reconoce el artículo 24,
apartado segundo, de la Constitución.
En este sentido, el artículo 219
de la ley orgánica del Poder Judicial enumera una serie de circunstancias
que, por su naturaleza, pueden incidir en la imparcialidad
de los jueces y magistrados
y, por lo tanto, si se dan en un caso concreto
esas causas a las que se refiere el artículo 219, el juez o magistrado
afectado está obligado a abstenerse de conocer del asunto.
Si no se abstiene las partes pueden plantear un incidente de recusación
con el fin de apartarle forzosamente del procedimiento.
Estas causas de abstención y recusación del artículo 219
de la ley orgánica del Poder Judicial son siempre de carácter objetivo,
es decir, no hace falta acreditar que el juez o magistrado en cuestión
tiene el ánimo subjetivo de favorecer a una parte en detrimento
de la otra, sino que es suficiente
con que quede patente la concurrencia del motivo legal de abstención
o recusación de que se trata bien en cuanto a las incompatibilidades,
según la Constitución, los jueces y magistrados
únicamente pueden ejercer funciones jurisdiccionales
y aquellas otras funciones que la ley les encomienda en garantía
de cualquier derecho.
Por eso el cargo de juez o magistrado
es incompatible con prácticamente con el ejercicio
de cualquier profesión, empleo o cargo público
o privado.
Se ha retribuido o no se exceptúa solamente,
como regla general,
la docencia, la investigación jurídica
y la producción y creación literaria,
artística científica y técnica.
Además, los jueces y magistrados tienen terminantemente
prohibido pertenecer a partidos políticos o sindicatos,
dirigir felicitaciones o censuras por sus actos
a los poderes públicos,
asistir como miembros del Poder Judicial a actos
o a reuniones públicas de carácter no judicial,
lo cual no quiere decir que que no puedan asistir a título
privado sin sí sin sin hacer valer su condición de jueces
y magistrados.
También tienen prohibido participar en las elecciones legislativas
y en las elecciones locales para cualquier cuestión
que no sea única y exclusivamente emitir su voto personal
y revelar hechos o noticias referentes a personas
de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
Los jueces y magistrados además cuando están en el servicio activo
gozan de un cierto estatuto de inmunidad en el sentido
de que en principio solo
pueden ser detenidos por orden de juez competente.
va a poder producirse la detención policial
de un juez o magistrado en clase en caso de flagrante delito,
y en ese caso el juez o magistrado detenido va a tener que ser entregado
al juez de instrucción más próximo a la mayor brevedad posible,
inmediatamente dice la ley y, por otro lado,
como manifestación del principio de separación de poderes,
la ley orgánica del poder judicial
establece que todas las autoridades deben abstenerse de realizar,
intimaciones o requerimientos a los jueces y magistrados
y de citarlos para que comparezcan en su presencia.
En cuanto a la responsabilidad de los jueces y magistrados,
se puede exigir en dos planos diferentes el plano penal
y el plano administrativo disciplinario.
Los jueces y magistrados pueden incurrir en responsabilidad penal.
Si cometen delitos, en el ejercicio de sus funciones,
como pueden ser el cohecho, la prevaricación
o la denegación de justicia, los procesos penales
para la persecución de este tipo de delitos
pueden comenzar de oficio o bien mediante querella,
pero no basta la mera denuncia.
En este caso, en estos casos
el tribunal competente para conocer de la fase de enjuiciamiento
va a variar en función de quien sea el sujeto pasivo,
es decir, quien sea el juez o magistrado el presunto autor
de los hechos,
porque los jueces y magistrados están aforados
están aforados.
Bien.
Ante la sala de lo civil y penal de los tribunales superiores
de justicia o bien ante la sala segunda del Tribunal Supremo,
si se inicia un procedimiento contra un juez o magistrado
la querella, se examinará conforme a lo previsto
en el artículo 410 de la ley orgánica del Poder Judicial
y si es admitida a trámite, dará lugar a un proceso penal,
al término del cual se dicta la sentencia absolviendo o condenando
al presunto responsable del delito en cuanto a la responsabilidad
disciplinaria, la ley orgánica del Poder Judicial
difícil tipifica tres tipos de faltas disciplinarias.
Las muy graves, las graves y las leves.
Las sanciones pueden consistir en una simple advertencia,
o una mostra una amonestación, en una multa pecuniaria
el traslado forzoso de destino la suspensión de empleo y sueldo
o en los casos más graves, incluso la separación del servicio,
que implica la pérdida de la condición de juez o magistrado
las faltas leves.
Solo se pueden sancionar con advertencia
o multa las faltas graves con multa y las faltas muy graves,
son merecedoras de las sanciones de suspensión,
traslado forzoso o separación de la carrera.
El procedimiento para la imposición de la sanción varía en función
de la sanción que procede procedente.
Si la infracción solo llega a solo lleva aparejada amonestación,
pues basta con conceder un sencillo trámite
de audiencia al juez o magistrado infractor previa,
una información sumaria y en el caso
de que la sanción procedente fuera cualquier otra,
lo que habrá que hacer es incoar y tramitar
un expediente disciplinario.
Bien, hemos dicho que junto a los jueces y magistrados,
en la administración de justicia en España
están implicados también otros profesionales,
esos profesionales algunos de ellos trabajan en la oficina judicial
o en las unidades de la oficina judicial
y otros trabajan en otras o están destinados
o desempeñan sus funciones en otras dependencias
o instituciones públicas.
Vamos a empezar el recorrido por todas estas figuras refiriéndonos
por lo tanto a la oficina judicial, que no es otra cosa
que esa organización burocrática de carácter instrumental,
que sirve de soporte a la actividad jurisdiccional
de los juzgados y tribunales.
En España la oficina judicial actualmente consta de dos elementos
organizativos básicos.
Las unidades de procesales de apoyo directo
y los servicios comunes procesales, asumiendo en todas estas unidades,
trabajan funcionarios al servicio de la Administración de Justicia
de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio,
y están dirigidas por los letrados de la Administración de Justicia.
La diferencia está en que las unidades procesales
de apoyo directo
sustituyen a las antiguas secretarías de los juzgados
y, por lo tanto, cada juzgado unipersonal
y cada sección o sala de tribunales colegiados debe disponer
de una unidad procesal de apoyo directo,
mientras que los servicios comunes procesales
son oficinas que no están vinculadas a ningún tribunal
o a ningún juzgado concreto,
sino que centralizan funciones de gestión y apoyo
a todos los tribunales de una determinada circunstancia.
En concreto, la ley orgánica del poder judicial
atribuye a los servicios comunes procesales
allí donde existan competencia en materia de registro y reparto
de los asuntos auxilio judicial, jurisdicción voluntaria,
ejecución, mediación, ordenación del procedimiento y actos
de comunicación de todos los juzgados y tribunales de su territorio.
Los letrados de la Administración de Justicia
son un cuerpo único de funcionarios públicos
de carácter estatal que depende del ministerio de justicia,
y para el ingreso en el cuerpo de letrados es preciso
ser titulado en derecho y superar una oposición libre.
Los letrados de la Administración de Justicia
tienen encomendadas legalmente una serie de funciones
entre las más importantes que va citar,
la dación de fe pública, la dirección de la oficina judicial,
el impulso procesal,
la ejecución de las resoluciones en todo lo que no está reservado
a jueces y magistrados,
la práctica de los actos de comunicación procesal,
la práctica de la tasación de costas o, por ejemplo,
tramitar y resolver expedientes de jurisdicción voluntaria.
Por lo que respecta al personal
que trabaja en las unidades de oficina judicial,
bajo la dirección de los letrados de Administración de Justicia
son también funcionarios
que llevan a cabo tareas de contenido procesal y administrativo.
Hay tres cuerpos diferentes, que son los de gestión,
tramitación y auxilio judicial.
La diferencia entre estos cuerpos
tiene que ver con la titulación de acceso,
tiene que ver con las responsabilidades
y tiene que ver también, por supuesto,
con la retribución económica.
Pasamos al personal,
no jurisdicente que está destinado en dependencias
o instituciones públicas distintas de la oficina judicial.
Como regla general, aquí tenemos,
por un lado, los funcionarios de los cuerpos especiales,
al servicio de la Administración justicia
y, por otro lado, la policía judicial.
Los funcionarios de los cuerpos especiales son los médicos forenses
y los funcionarios del Instituto Nacional de Toxicología
y ciencias forenses.
Los médicos forenses son un cuerpo estatal que se compone
de funcionarios que se compone de médicos de carrera
especializados en medicina legal, su funciones,
ayudar a los juzgados y tribunales a las fiscalías
y a las oficinas del registro civil
en materias de su disciplina profesional,
tanto en el campo de la patología forense como en la asistencia
o vigilancia facultativa de los detenidos.
Lesionados o enfermos que se hayan bajo la jurisdicción
de los tribunales.
Es importante destacar que en el curso de las actuaciones
de investigación o las causas de las actuaciones procesales
en las que intervienen los médicos forenses,
aunque están a las órdenes de los jueces y fiscales desarrollar
su trabajo bajo criterios estrictamente científicos,
los funcionarios del Instituto Nacional de Toxicología
y ciencias forenses se integran en tres cuerpos.
El cuerpo de facultativos, el cuerpo de técnicos especialistas
y el cuerpo de ayudantes del laboratorio,
y aquí también podemos establecer la distinción en función
de la la titulación de acceso, en función de las responsabilidades,
y en función de la retribución, destacar nada más que en el cuerpo
de facultativos del Instituto Nacional de Toxicología.
Existen varias especialidades en estos momentos,
son seis información toxicológica, valoración,
toxicológica y medio ambiente, química y drogas biología,
histopatología y criminalística.
Por último, en España no hay un cuerpo específico e independiente
de policía que dependa orgánicamente de los juzgados
y tribunales de manera directa.
La policía judicial se concibe no como un órgano,
no como un cuerpo, sino como una función,
y esa función general consistente en auxiliar
a los órganos jurisdiccionales, en la investigación de los delitos,
y en la averiguación y detención de los delincuentes,
se encomienda a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad existentes
cualquiera que sea su naturaleza y dependencia.
A efectos prácticos,
lo que prevé la ley orgánica del Poder Judicial
es que dentro de cada cuerpo de policía
se constituyan unidades dedicadas a las labores de policía judicial.
Esas unidades tienen un régimen especial, en primer lugar,
en las funciones de investigación penal.
Están bajo las órdenes directas de los juzgados y tribunales
y del ministerio fiscal.
Ahora bien, es una dependencia puramente funcional
a los solos efectos de la investigación
que están llevando a cabo.
No es una dependencia de naturaleza orgánica
porque orgánicamente los agentes destinados en las unidades de policía
judicial siguen dependiendo de los mandos del cuerpo
al que pertenezca.
En segundo lugar, estas unidades adscritas a la policía judicial
en ningún caso pueden desarrollar y se les pueden encomendar
actuaciones que no sean las propias de la policía judicial.
Trabajan, por tanto, en un cierto régimen de exclusividad
y por último tienen una un régimen de inamovilidad
relativa en el sentido de que los funcionarios de policía
a quienes se hubieran encomendado una actuación,
una investigación judicial concreta, no pueden ser removidos
o apartados de la misma hasta que la investigación haya terminado,
o, al menos,
que el juez o el fiscal competente así lo acuerde
o de su autorización.
Bien, con esto hemos terminado con la exposición
de la lección sexta.
Muchas gracias por su atención
y espero que les haya resultado utilidad esta exposición.