Soy Vicente pieza útil,
catedrático de derecho procesal de la Universidad de Barcelona,
y les voy a hablar sobre la jurisdicción como potestad
y sus principios informadores,
esquema como yo que voy a seguir es analizar, en primer lugar,
lo que es el poder judicial para conducción,
hablar de esos caracteres que es la independencia judicial,
la unidad de la jurisdicción y su exclusividad,
y para desarrollar a continuación, los conceptos de independencia,
imparcialidad y, finalmente, el concepto de juicio ordinario
o juez predeterminado por la ley.
En primer lugar, usted en cuenta que la jurisdicción,
que se entiende como conflicto en el caso concreto
de manera irrevocable por los jueces y tribunales,
es asumida por el Estado en el momento
en que se prohíbe la autotutela de sus ciudadanos.
Esto implica una una prohibición a los ciudadanos
de resolver los conflictos por sorpresa por sus propios medios,
estableciendo una obligación al Estado
de facilitar el acceso a la jurisdicción.
En primer lugar, sí realiza históricamente,
se realiza por parte de las médicas de las monarquías absolutas,
a finales de la Edad Media,
y en el siglo 18 se asume por el Estado
distinguiendo entre tres poderes.
El poder ejecutivo, el poder legislativo
y el poder judicial.
Lo que sucedía es que en ese momento,
en el momento en que en la época de la Revolución Francesa
se asume por el Estado la función jurisdiccional,
el poder judicial era un poder independiente
ni esta situación de igualdad con el poder ejecutivo y legislativo,
ya que se afirmaba que el poder judicial o los jueces y magistrados
eran la boca de la ley se limitaban a aplicar el hecho objetivo.
Al caso concreto, incluso se regulaba la posibilidad
de impugnar las decisiones adoptadas por los jueces y magistrados
y ante la asamblea legislativa lo que se conocía
o lo que en su origen se se dominaba.
El recurso de casación,
que, actualmente esta terminología sigue en vigor
para otro recurso, que es el que conoce el Tribunal Supremo,
con las tres lo civil y penal del tribunal
sobre los medios de justicia; las comunidades autónomas,
que su ámbito competencial completamente.
El orden civil,
que es la que misterio al que estoy haciendo referencia,
lo que tiene un significado totalmente distinto
es de la misma asamblea legislativa,
dada la encargada de analizar si el juez o magistrado
había aplicado la ley que ellos habían aprobado.
Asamblea legislativa,
en el caso concreto de la forma adecuada,
la jurisdicción, evoluciona.
El concepto del Poder Judicial evoluciona y se sitúa,
impide igualdad con el resto de poderes del Estado,
de forma que actualmente ya no se puede afirmar
que la jurisdicción del Poder Judicial
con los jueces o magistrados,
al dictar sentencias, se limitase la boca de la ley,
sino que, incluso si hay que afirmar que crean el derecho.
En el caso concreto,
cuando se analizó la relación entre el poder judicial,
el poder legislativo, poder ejecutivo
y se analizan los aspectos que diferencia una actividad
de otra, tenemos que centrarnos en la cosa juzgada.
Es decir, la revocabilidad de la decisión judicial
frente a la posible modificación de las decisiones legislativas
o administrativas que se hayan adoptado, ese es el carácter esencial
que vamos a tener en cuenta para diferenciar si un acto
es netamente jurisdiccional o no, es decir,
si tiene carácter administrativo, cuando lo tiene,
tal como expondremos a continuación vinculado con el poder judicial,
tenemos unos principios informadores,
los caracteres que es la unidad jurisdiccional,
tal como decíais en pantalla, lo ya jurisdiccional,
la exclusividad y el concepto de juez legal
predeterminado por la ley.
Finalmente,
distinguiremos el poder judicial de la Administración de Justicia
y la administración de Administración de Justicia.
La independencia judicial.
La, la independencia implica que los jueces y magistrados
no se someten a ningún una entidad o poder público,
y así debemos distinguir la independencia respecto
del resto de poder Estado respecto de las partes respecto
del resto de poder del Estado,
como sea, asegurar independencia frente al poder ejecutivo.
Históricamente los jueces y magistrados,
que son las únicas personas,
son los únicos órgano insultado desde jurisdicción,
es decir, que pueden declarar o crear el derecho en el caso concreto
y sí que se va a aplicar de manera irrevocable
sin sin posibilidad de poder ser modificado,
salvo por el sistema de recursos y dependiendo del poder ejecutivo,
pero la evolución de las democracias parlamentarias
ha motivado, ha provocado que los jueces o magistrados como órganos
investidos de jurisdicción tenga su propio órgano
de autogobierno, que es el Consejo General del Poder Judicial.
También se garantizó la independencia del Poder Judicial
respecto del poder legislativo.
Sin embargo, existen algunas, algunos aspectos
en el cual esta independencia se pone en entredicho.
Así por ejemplo se pone en entredicho cuando el poder legislativo
dicta leyes que dejan sin efecto resoluciones de carácter judicial
o cuando el poder legislativo influye en el nombramiento
de los miembros del Consejo General del Poder Judicial
o cuando el poder legislativo crea comisiones de investigación
para analizar o investigar cuestiones concretas
que están siendo objeto de investigación judicial
son materias en los cuales poder legislativo
interfiere en el poder judicial,
poniendo en entredicho esta independencia.
También debemos garantizar la independencia de los jueces
y magistrados concretos respecto del mismo poder judicial
respecto de sus miembros integrantes.
Cómo se garantiza,
pues la ley prevé que no hay un principio de jerarquía,
es decir, cuando se tiene jurisdicción
el juez o magistrado que tiene la jurisdicción la tiene
de manera absoluta, no puede recibir instrucciones generales
por parte de un superior o donde igual
y, por último, no se pueden modificar las resoluciones dictadas por un juez
o magistrado poniendo de cátedra o de superior,
salvo por el sistema de recursos previstos por la ley.
Finalmente, debemos garantizar la independencia judicial
respecto de las partes,
la independencia del juez o magistrado concreto persona
de la persona que va a ostentar esa jurisdicción,
que va a declarar obtener el derecho en el caso concreto
respecto de las partes de ese proceso judicial,
y en este ámbito estamos hablando de imparcialidad,
de forma que la ley orgánica del poder judicial
regula unas causas de abstención y recusación que intentan asegurar
la imparcialidad objetiva y subjetiva,
es decir, garantizar al menos pigmeos facie,
que el juez o magistrado no tiene vinculación con el objeto del proceso
ni con las partes de ese proceso judicial.
En el caso de tenerlo, el juez o magistrado
está obligado a abstenerse
o las partes pueden de recusarles en el ámbito del proceso judicial
para apartarle del conocimiento de ese proceso judicial.
Al margen de todo ello
y para garantizar esta independencia,
lo que se realiza por la Constitución es regular.
La jurisdicción ordinaria, que es la jurisdicción ordinaria,
es aquella que está regulada por la ley orgánica
del poder judicial.
Lo vemos a continuación,
tanto el estatuto personal de los jueces y magistrados
como los órganos funcionales jurisdiccionales existentes,
la competencia objetiva funcional y territorial
y el ámbito territorial
del cual van a tener jurisdicción esos órganos jurisdiccionales
previstos.
En la ley orgánica del poder judicial se prevén jurisdicciones especiales,
suelo las expresamente previstas por la Constitución
o las que se hayan pactado en los tratados internacionales.
Finalmente, tenemos que distinguir en el ámbito del Poder Judicial,
del Poder Judicial, de la Administración de Justicia
y la administración de la Administración de Justicia,
tal como realiza la sentencia del Tribunal Constitucional 56
barran 990, como indicó anteriormente.
El poder judicial, esa jurisdicción día
al cual hecho, a la cual he hecho referencia,
es la que se regula en la ley orgánica del Poder Judicial,
artículo 128 de la Constitución.
Esta ley orgánica del Poder Judicial debe regular el contenido esencial
del estatuto personal de los jueces y magistrados.
Es el sistema de acceso de los jueces y magistrados
el ascenso de categoría, la provisión de plazas
y el régimen disciplinario.
Esta ley orgánica del Poder Judicial
también garantizar la inamovilidad de los jueces y magistrados,
es decir, la impusiera de conjunto de magistrados
sea removido de su cargo de la oposición que está ocupando,
salvo por su acción disciplinaria o penal
o bien por su propia voluntad.
También regula el régimen de resum, sea civil, penal y administrativa,
desarrollando la inmunidad judicial, es decir,
la prohibición de que los jueces y magistrados sean detenidos,
pues ha enjuiciado ese ámbito de esa responsable penal,
al cual a la cual me he referido anteriormente,
tanto en el ejercicio de su tío de sus funciones
como a nivel personal.
Finalmente,
también se regula la imparcialidad frente a las partes,
regulando las causas de abstención y recusación,
y el mecanismo o el procedimiento que luego se desarrolla
por las leyes de enjuiciamiento para que se abstengan
o se recusar de ese puedan recusar en los jueces y magistrados.
Otro de los caracteres, la jurisdicción,
es su unidad.
La artículo 3.
Uno de la ley orgánica del Poder Judicial
prevé la jurisdicción, es única y se ejerce por los juzgados
y tribunales previstos por esta ley,
sin perjuicio de las potestades potestades jurisdiccionales,
que conducido por la Constitución a otros órganos.
Qué significa la unidad?
Significan que cuando un órgano jurisdiccional,
un juzgado de instancia, por ejemplo,
conocen de un asunto concreto
determinado porque es competente objetiva, funcional
y certeramente de jurisdicción es única,
la jurisdicción es indivisible,
tiene adquisición de carácter digámoslo así absoluto.
El término, como le indico,
se utiliza para repartir partir del conocimiento de asuntos.
Aun usos determinados es el de competencia.
El concepto de competencia.
He indicado que la ley orgánica del poder judicial
regula los órganos jurisdiccionales existentes a nivel estatal,
regulando su ámbito competencial,
competencia objetiva y su ámbito territorial,
y la competencia territorial
que se desarrolla posteriormente en las leyes de enjuiciamiento,
otros caracteres, esa exclusividad, artículos 117,
tres de la Constitución española y 2,
uno de la ley orgánica del poder judicial.
Qué dice en estos artículos que prevén que los juzgados y tribunales
son los únicos que se puede que pueden ejercer
la función jurisdiccional.
Es decir, en relación con el resto de poderes del Estado,
no se puede atribuir la jurisdicción,
es decir, la declaración o creación del derecho del caso
Bureta de manera irrevocable,
a otro poder distinto que el poder judicial, por ejemplo,
donde órgano de carácter administrativo.
Cuál es el sentido negativo de este principio?
Que la función jurisdiccional
debe ser la única función de juzgados y tribunales
si se atribuye otro función distinta a la función jurisdiccional.
El artículo 117 de cuatro exige que debe estar previsto por la ley
y que tenga como finalidad garantizar un derecho fundamental,
por ejemplo, expedientes de jurisdicción voluntaria,
que afecte de hecho a menudo desde edad
o personas con discapacidad.
Se ha planteado dudas sobre la constitucionalidad
de el arbitraje,
la ejecución extraprocesal y la jurisdicción voluntaria,
es decir, esta exclusividad,
a la cual hacía referencia anteriormente,
de la atribución de la función jurisdiccional,
de la creación o creación del derecho de caso concreto de Madrid.
Irrevocable se pone en entredicho o se ha puesto en duda.
Cuando hacemos referencia al arbitraje,
el arbitraje ni consiste, consiste en que las partes,
cuando nos hallamos ante una materia de carácter dispositivo
y surjan un conflicto,
puedan someterse a la decisión de un tercero,
el árbitro para que emita una resolución el laudo arbitral,
que tiene efectos similares a sentencia judicial,
y produce efectos de cosa juzgada,
pudiendo ser recurrido ante el poder judicial
a través del recurso de anulación, pero única
y exclusivamente por motivos de carácter formal,
no por motivos de carácter material.
Esta atribución a un tercero persona privada distinta,
depresión del Poder Judicial ha provocado que en ocasiones,
si hay dudas sobre aconstitucional de este de esta regulación
de esta institución, es plenamente constitucional,
tal como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo,
en numerosas sentencias, porque la expresividad
hace referencia a la relación entre el poder judicial,
con el resto de puedes del Estado poder ejecutivo legislativo,
pero las partes,
en el ámbito de aquellas materias que tengan carácter dispositivo,
podrán derivar la resolución de ese conflicto a un tercero,
un árbitro o bien derivarlo a cualquier adr,
asumiendo como propia la decisión que se haya adoptado.
En segundo lugar, también se ha puesto en entredicho
en duda la constitucionalidad de la ejecución extraprocesal.
El artículo 117
prevén que los juzgados y tribunales juzgarán y a ejecutar lo juzgado,
es decir, es hacer ejecutar lo juzgado,
hacer referencia al proceso de ejecución educación
de esta ley prevé que las partes pueden pactar, por ejemplo,
el ámbito de los créditos o deudas hipotecarias,
el ámbito de esa garantía real, que es la hipoteca,
que la ejecución de esa garantía real se puede realizar desde un punto
de vista extraprocesal.
En el ámbito notarial,
históricamente se daba a través de un real decreto,
se puso de relieve la inconstitucionalidad,
la inconstitucionales todo lo que tenía carácter preconstitucional,
con lo cual el Tribunal Supremo declarados,
inconstitucionalidad que actualmente se regula por una disposición
adicional introducida por la ley uno párrafo
2000 de enjuiciamiento civil, y no se ha pueden siendo ese,
ha puesto en duda la Constitución por los tribunales
cuando se ha planteado por las partes.
Por qué?
Por el mismo argumento que el arbitraje,
es decir, las partes pueden optar perfectamente
por derivar la ejecución a un órgano no jurisdiccional,
como es el notario, y una cuestión distinta
es que si se plantea alguna cuestión jurídica en el ámbito
de esa ejecución extraprocesal o se quiere impugnar,
se puede imputar ante los tribunales de justicia,
y, por último, se ha puesto en duda la construcción de la atribución
de la jurisdicción voluntaria a la al poder judicial.
Por qué porque la jurisdicción voluntaria en principio
tiene carácter administrativo los motivos en principio
porque no existe un conflicto pues ese de un conflicto latente,
pero existe un conflicto real,
y luego porque sus decisiones no tienen eficacia.
De cosa juzgada en este ámbito, la ley de jurisdicción voluntaria
distribuye en la jurisdicción voluntaria distintos actos
de jurisdicción voluntaria,
distribuida la competencia entre órganos,
no jurisdicciones compresión, notarios registradores,
etc. Y órganos jurisdiccionales, atribuyendo a estos últimos
la competencia para conocer de la misma,
cuando afecte a menores de edad o cuando afecte a materias
que y que puede,
que puede que tienen influencia en derechos fundamentales.
También en aquellos casos
en los cuales existe un conflicto latente y según a la posibilidad
de convertir ese expediente de jurisdicción voluntaria
en jurisdicción contenciosa.
Otro de los conceptos que derivan del concepto de Poder Judicial
es este concepto de juez ordinario predeterminado por la ley.
Llamo salinizado que el concepto de juicio ordinario
cuál es el concepto de juicio ordinario
el juez es aquel que se somete al estatuto personal
de la ley orgánica del poder judicial,
que el cual hemos hecho referencia anteriormente
desde un punto de vista positivo, el órgano jurisdiccional,
que vaya a constancia de un asunto concreto
y determinado de preexistiera asunto
la competencia debe estar predeterminada por la ley,
y en aquellos casos en los cuales se hace hubiera competencia
a un juzgado o tribunal de un partido judicial,
cual existe más de más de uno de la misma categoría
se deben regular, se debe distribuir el conocimiento de ese litigio
concreto y determinado a través de las objetivas
de reparto, que son las normas aprobadas falsas de Gobierno,
el Tribunal de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente
y cuya vulneración puede provocar la nulidad de todo lo actuado,
siendo en todo caso normas de carácter administrativo.
Ilustrativo además todas las cantidades anteriores
a normas objetivas de reparto desde ese deben
estar establecidas por ley.
Desde un punto de vista negativo,
se prohíbe los tribunales de excepción,
salvo los expresamente previstos por la Constitución
o tratados internacionales firmados por España.
También indicó anteriormente que el poder judicial,
entendido como la atribución de la función jurisdiccional del Estado
y la prohibición de autotutela por los particulares,
en caso en que surja un conflicto, provoca el derecho al derecho
a la tutela judicial efectiva,
que de conformidad con lo previsto los artículos seis
del convenio de Derechos Humanos
y 24 de la Constitución española se vincula con el derecho de acceso
a la jurisdicción.
En primer lugar, es decir,
cualquier ciudadano que tenga un conflicto con otra persona
debe la posibilidad de hacer a los jueces y tribunales,
los cuales están obligados a dictar una resolución fundada en derecho
y congruente, es decir,
los juzgados y tribunales
como Poder Judicial están obligados a aplicar la ley que haya aprobado
el poder legislativo, expresando los valores dominantes
a la sociedad en un momento determinado,
y además debe ser congruente.
Debe ser adecuada a aquello que se ha planteado del proceso judicial,
aquellas alegaciones,
aquellas peticiones realizadas por las partes.
Por qué motivo?
Porque no fue.
Da congruentes;
es decir, resolviera cuestiones distintas
a las que las partes han planteado y han podido hacer alegaciones.
Estoy encausando un defensor de las partes en segundo lugar;
en tercer lugar, disculpar es necesario que ese
esa resolución, fundada en derecho y congruente,
esa sentencia judicial que se interponen
los por los órganos jurisdiccionales sean efectivas,
sean ejecutivas de no hay de hecho, desde la judicial efectiva;
si no se dota de efectividad a solución dictada por el tribunal,
es decir, el particular,
tuviera obtenidas cerrado de abre, tendrá acceso a la ejecución
de la sentencia para satisfacer su pretensión,
que ha sido reconocida por el poder judicial,
y podrá también adoptarse las medidas cautelares
para asegurar la efectividad de esa sentencia que se dicte en su día,
en caso de regularse.
Un sistema de recursos
debe tener la posibilidad de acceder a los recursos;
y los únicos requisitos que se pueden establecer son aquellos
que sean proporcionales a la finalidad
de a la final de los mismos,
donde se puede regular un recurso y establecer una serie de requisitos
que haga inviable la posibilidad acceso al mismo.
Tal como indicado las partes deben de estar en igualdad
de posición procesal de entre una igualdad de armas;
la misma posibilidad que te cada parte demandante
de la parte demandada y las dos tiende de tienen el derecho
a ser oídas para ejercitar su derecho de defensa
sobre aquello que se haya discutido esa vinculación con la congruencia
al cual le he hecho referencia anteriormente;
finalmente, el de tutela judicial efectiva,
intriga un derecho a un proceso sin dilaciones indebidas
y un derecho a un proceso con todas las garantías;
de conformidad política.
Para finalizar quiero hacer una referencia a la distinción
entre tres conceptos.
El poder judicial, la Administración de Justicia
y la Administración Administración de Justicia.
Por qué motivo?
Porque cuando se acuerdan juzgado y tribunal nos encontramos
con que los jueces y magistrados íntegra del poder judicial,
que dependen del Consejo General del Poder Judicial,
los cuerpos estatales
como los letrados, Administración de Justicia,
depende del ministerio de justicia y los miembros de la oficina judicial
dependen en aquellas comunidades autónomas donde se haya transferido
la competencia en materia de justicia de las comunidades autónomas
correspondientes.
Por qué motivo?
Porque debemos distinguir entre el poder judicial
que está integrado por los jueces y magistrados.
Es decir, por eso, cuando los tratados de jurisdicción
artículo 117, puntos 500 veintidos de la Constitución española,
de la Administración de Justicia,
entendida como el conjunto de medios personales
y materiales al servicio de la Administración de Justicia,
aquí el desarrollo normativo del régimen jurídico
del personal, servicio Administración de Justicia,
como, por ejemplo, los criterios de Administración de Justicia,
debe ser realizado a nivel estatal.
Eso de la competencia exclusiva del Estado,
pero la administración de esos medios personales y materiales
que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 56 en 1990,
29 de marzo, hace referencia a los mismos,
como la Administración, Administración de Justicia,
puede ser transferido a las comunidades autónomas.
Para finalizar, agradecerles su atención.
Muchas gracias.