Buenos días, mi nombre es Nadal
y voy a ser la encargada de explicarnos este tema.
Siete del manual de fundamentos de derecho procesal
en el que trataremos los derechos de naturaleza procesal,
en particular el derecho de acción y el derecho de defensa.
Para ello voy a dividir este tema en dos partes.
Una primera parte en la que me dedicaré
a extiendan explicaros el derecho a la tutela judicial efectiva,
con su contenido
y con una particular referencia al derecho de acción,
y una segunda parte ya más dedicada al derecho de defensa.
Pues bien, vamos a comenzar con la primera de estas ha pasados
este primer bloque que compondría este tema que, como he dicho,
irá dedicado al derecho a la tutela judicial efectiva
y de manera más especial al derecho a la acción.
Hay que recordar, para tener una visión de conjunto,
que este derecho de acción es uno de esos tres elementos
que componen la trilogía clásica del derecho procesal.
Junto con la jurisdicción
y con el proceso que se explican en otros temas de este manual,
el derecho de acción está claramente enmarcado
en el derecho a la tutela judicial efectiva.
Pero no se puede hablar de derecho a la tutela judicial efectiva
sin tener en cuenta el derecho de defensa,
porque ambos son como el anverso y el reverso de una misma moneda.
Por eso deben tenerse en cuenta de una manera conjunta,
pero, para entender adecuadamente en qué consiste
y cuáles son sus manifestaciones,
conviene hacer una pequeña referencia histórica.
En sus orígenes.
El concepto de acción era un concepto estrechamente ligado
al derecho sustantivo.
Por ejemplo, si pensamos en el derecho de propiedad,
este incluía el derecho a reclamar.
La propiedad eran una sola cosa
y por eso se hablaba de la concepción monista
de la acción, como ocurría en el derecho romano,
o incluso con posterioridad es más tarde,
cuando ya se diferencia entre el derecho sustantivo
y el derecho procesal,
de manera que el derecho de acción tiene una entidad propia.
Por ejemplo, en el caso del derecho de propiedad
se distingue entre el conflicto que está en el fondo del asunto
y las acciones que se llevan a cabo para reclamar ese derecho
de propiedad; a partir de ahí nace el derecho procesal,
y se habla de esa concepción dualista de la acción.
Hay que señalar que en nuestro ordenamiento
el concepto de acción debe integrarse necesariamente en ese concepto
más amplio, que es el derecho a la tutela judicial efectiva
por los órganos jurisdiccionales del Estado.
Este y como hemos dicho y repetiremos en numerosas ocasiones
su anverso, que sería el derecho de defensa,
se encuentran ambos recogidos en el artículo 24
de la Constitución española, y ambos comprenden toda una serie
de proyecciones y de manifestaciones que han tenido
un cierto desarrollo legislativo no solo dentro de la Constitución
sino en otras normas y sobre todo un desarrollo jurisprudencial.
Pues bien, para empezar a entender mejor o seguir en esta línea
de la comprensión del derecho a la tutela judicial efectiva,
más en concreto del artículo 24,
uno hay que distinguir una serie de niveles,
es decir, es como que el derecho a la tutela se presenta
en varios escalones que tenemos que ir subiendo,
para llegar al contenido pleno de la tutela judicial efectiva.
El primero sería este derecho de acceso a los tribunales.
Este derecho es el más básico incondicionado
asiste a todas las personas físicas, jurídicas, nacionales y extranjeras;
por lo tanto, es un derecho de mínimos que se satisface
con cualquier resolución que esté fundada en derecho y se dirige tanto
al legislador para que no cree procesos que puedan
estar interponiendo trabas a los ciudadanos,
como a los órganos jurisdiccionales,
para que los intérpretes.
En este sentido cabría preguntarse
si no se vulnera este primer escalón del derecho de acceso,
con la imposición de un requisito previo
de acceso a los medios adecuados de resolución de controversias.
Pues bien, no se vulnera tal derecho,
así lo ha dicho el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en su sentencia,
la Sanín siempre que se cumplan las condiciones que podéis ver aquí
en este power point, que básicamente lo que vienen a decir
es que este paso previo no suponga un obstáculo muy grave
y que únicamente supongan un retraso, en su caso, decisiva,
o se satisface, mediante este mecanismo
para el acceso a la jurisdicción y nunca un retraso muy grave,
bien pasaría industrial.
Al segundo escalón, a este segundo nivel,
que es el conocido
como derecho al proceso, este derecho ya no es incondicionado,
como era el anterior, sino que depende de la existencia
de unos presupuestos procesales, presupuestos que atienden al proceso
y que, por lo tanto, afectan a la válida constitución
de esa relación jurídico procesal a los sujetos,
y a las que tienen son tanto la sobre el órgano jurisdiccional
como las partes, y también a la ausencia de óbices procesales,
por ejemplo, que ese asunto no haya sido ya válidamente resuelto
por los órganos jurisdiccionales con anterioridad.
Si es así si se dan estos presupuestos procesales
y no hay una ausencia de óbices procesales,
entonces se llegará a una sentencia, a una resolución
sobre el fondo que resolverá el conflicto,
da igual si le da la razón al actor o no se le hará.
Es indiferente el contenido de de esa resolución por ella misma;
si cumple estas condiciones,
dará satisfacción a este nivel del derecho al proceso,
incluso podría llegarse al fin del proceso,
si la resolución sobre el fondo, por ejemplo,
porque se carece o se aprecia por el tribunal,
que no se dan alguno de estos presupuestos procesales
o se aprecia la ausencia de óbices procesales
y ya al tercer nivel.
El tercer nivel es el derecho de acción.
El derecho de acción es el que pone en relación
el proceso con el derecho que está en el fondo del conflicto,
y aquí se ha suscitado históricamente un gran problema,
podríamos decir una gran controversia;
entre dos teorías, la teoría concreta de la acción y la teoría abstracta.
Veamos de qué se tratan de manera muy concreta.
La teoría concreta entiende que solamente la resolución favorable
a las pretensiones del actor satisface su derecho
a la tutela judicial concreta
y, por lo tanto, ya no depende solo de esos presupuestos procesales,
depende también de una serie de condiciones
que se llaman condiciones de la acción
y que están relacionadas con el fondo del asunto.
La efectiva existencia del derecho, por lo tanto,
es la que vendrá a condicionar este derecho de acción.
En cambio, para la teoría abstracta,
el derecho a la tutela es un derecho abstracto.
Por qué?
Pues porque se satisface con la actividad procesal
que culmina,
con esa resolución de fondo basada en derecho,
con independencia de su contenido.
Por lo tanto, podemos ver cómo esta teoría abstracta
es la que mejor se adecúa al derecho al proceso y, en definitiva,
al derecho a la tutela judicial efectiva.
Este es este.
Esta concepción del derecho de acción,
realmente se ajusta más bien al concepto de acción
en el ámbito del proceso civil, pero no del proceso penal.
Por qué?
Porque el derecho sustantivo,
que está en el fondo del proceso penal,
presenta una serie de características que no permiten transvasar.
Sin más.
Este concepto de acción en concreto y lo más determinante
es que el derecho a castigar no es un derecho subjetivo,
sino que es un derecho de titularidad pública
y, por lo tanto, solo el Estado puede ejercitarlo.
Entonces cuál sería ese derecho de acción en el ámbito penal?
Bueno, pues se correspondería con ese derecho
de cualquier persona a manifestar ante el juez de instrucción,
como el órgano jurisdiccional
que corresponda la existencia de hechos en apariencia delictiva,
la identificación de su posible autor y su localización,
y ello con la finalidad de obtener una resolución jurídica,
razonada, suficiente y motivada sobre la iniciación del proceso penal,
para acabar con este tema del derecho a la tutela judicial efectiva,
sobre el que se podría hablar muchísimo más,
hay que hacer referencia a todo un conjunto de derechos
que emanan del derecho a la tutela judicial efectiva
que despliegan todos sus efectos en los procesos civiles y penales,
y que tienen además una autonomía propia
como vendrían a ser el derecho a una resolución
suficientemente motivada.
Es decir, que exprese los fundamentos jurídicos,
los razonamientos que ha realizado el juzgador,
que sea exhaustiva y, por lo tanto, se pronuncie.
Sobre todo aquello que se le ha pedido y congruente
para que no se pronuncia sobre nada más ni nada diferente,
también el derecho a los recursos legales,
que, aunque es cierto que es de configuración legal,
es decir, es el juez al que le corresponde perdón, que es
al legislador al que le corresponde determinar la existencia
y la configuración del recurso una vez creado,
asciende a esa categoría de derecho fundamental
también el derecho a un sistema de medidas cautelares
que garantice que las sentencias que se dicte en su día sea efectiva
y el derecho a la ejecución de lo resuelto,
que aquello que se juzga sea efectiva, efectivamente,
realizado en la práctica, en la realidad,
que el juzgado nos se quede en un mero papel,
en un mero reconocimiento de un derecho
sin un reflejo en la realidad
y, por último, ese derecho a la invariabilidad
de las sentencias, llegado el momento oportuno.
Bien, pues hasta que hemos acabado esta primera parte,
vamos a comenzar con la segunda parte de este tema,
que, como venimos repitiendo en numerosas ocasiones,
viene a ser el anverso de la moneda, la cara o la cruz.
Según se quiera a mirar más bien la cruz,
por aquello de que uno se ve obligado a defenderse en un proceso,
también está ubicado en el artículo 24.
De hecho, el artículo 24, 1,
que habla del derecho a la útil a la tutela judicial efectiva,
lo dice además,
sin que se produzca indefensión, pero claramente está más detallado
en el apartado segundo de este artículo 24.
Bien, como digo, ambos derechos se relacionan.
El derecho a la tutela es el motor,
es el primero en el tiempo que inicia la acción de la justicia
y pone en marcha la jurisdicción;
suprime por eso es esa actividad.
Primera, cuando el derecho de defensa implica que el ciudadano
ya se relaciona pasivamente y desde esa posición pasiva
tiene derecho a gozar de una posición garantista,
con un derecho de compleja de defensa de defensa complejo,
adecuado a nuestro modelo de justicia garantista,
bien o podría decirse que el derecho de defensa es el que garantiza
el que impide de alguna manera que el sujeto que está en esta parte pasiva
pueda defenderse de una manera efectiva
en un proceso judicial o, incluso, en un mecanismo extrajudicial
de resolución del conflicto.
Por ello digamos, el derecho de defensa
está por un lado dirigida al legislador.
Cuando el legislador dibuja legisla,
le da forma los procedimientos debe hacerlo
de manera que no se creen trabas, que no se queden;
obstáculos para que la persona que se encuentra en esa posición
pueda ejercitar su derecho de defensa de acuerdo con los trámites
establecidos en el procedimiento
y también los propios órganos jurisdiccionales o los encargados
del más deben tener en cuenta este derecho de defensa
cuando a la hora de interpretar y de aplicar esas normas,
siempre en el sentido más favorable a los fines de defensa.
El derecho de defensa tiene un contenido universal,
en principio se aplica a cualquier tipo de procedimiento,
cualquiera que sea la jurisdicción, y podíamos decir
que en este espectro tan amplio incluyen una serie de derechos,
por ejemplo, el derecho al juez predeterminado por la ley,
que no es exclusivo o no se puede observar únicamente
desde el derecho de defensa.
También el juez, el derecho al juez predeterminado por la ley,
se han analiza desde otras perspectivas,
como el derecho a la jurisdicción o los principios de la jurisdicción,
el derecho a un proceso público y sin dilaciones indebidas.
Es evidente que un proceso que se alarga en el tiempo
de una manera indefinida no otorga una tutela judicial efectiva
ni garantiza el derecho de defensa, el derecho a un proceso
con todas las garantías, que actúa como una suerte de cajón de sastre,
donde entraría todo aquello que no cabe en otros,
en otros derechos específicos,
y el derecho a alegar y probar lo que a su derecho
convenga para las partes.
Este derecho, en concreto, será objeto del tema siguiente,
en el que se analizará con mucho más detalle,
pero, si bien es cierto que el derecho de defensa
despliega todos estos efectos en cualquier tipo de proceso,
en cualquier orden jurisdiccional, es en el proceso penal
donde encuentra su mayor ámbito de aplicación.
Por qué?
Porque obliga a poner a disposición
del imputado en una especie de quite defensa todos los medios jurídicos
que le van a permitir oponerse a la parte actora
en ese proceso y entonces se configuran toda
una serie de derechos que se se manifiestan
con especial intensidad, por ejemplo,
y sería imposible detenerme ahora en cada uno de ellos
pero sí mencionarlos; tendríamos el derecho
a ser informado de la acusación, derecho básico,
que le va a permitir articular la defensa a quien se encuentra
en esta situación, el derecho a examinar las actuaciones,
porque es difícil plantear una estrategia procesal de defensa
si no se puede examinar con la suficiente antelación
todas aquellas actuaciones por parte de la asistencia letrada,
como luego se verá el derecho a actuar en el proceso.
Si no se está presente en las actuaciones
no se puede actuar, no se puede alegar,
no se puede realmente ejercitar ese derecho de defensa
vuelve a aparecer, el derecho a legar y probar
lo que a su derecho convenga, pero en el proceso penal
tiene una especial intensidad el derecho a la interpretación
y a la traducción a qué ocurre?
Lo mismo es esencial que la persona que está inmersa en un proceso penal
entienda y pueda transmitir aquello que considere oportuno,
que se transmita bien su declaración ante un tribunal
o aquellas declaraciones de otras personas,
las preguntas que se le hagan, el derecho a la asistencia letrada,
de la que luego me ocuparé con algo más de detalle y derechos
tan esenciales y con los que todos estamos tan familiarizados,
porque lo hemos escuchado seguramente en multitud de series películas,
ese derecho a guardar silencio que no se identifica totalmente
pero está relacionado con el derecho a no declarar contra sí mismo.
Todos estos derechos,
como digo, han sido objeto de un amplio despliegue
jurisprudencial por parte del Tribunal Constitucional,
pero muchos de ellos también han sido regulados en las normas oportunas
y también son objeto de estudio en el seno del proceso penal,
como una de sus peculiaridades cabe añadir con carácter general,
además que para la vulneración del derecho de defensa
no bastaría con el quebrantamiento de todas estas garantías
constitucionales a las que me he venido refiriendo hasta ahora,
sino que se requiere que se produzca una verdadera lesión material,
irrelevante, del derecho y que esta sea consecuencia directa
del quebrantamiento que acabo de señalar
es lo que se conoce como la exigencia de la indefensión material.
Bien, pues para acabar haré una breve referencia a uno
de estos derechos que está pendiente que de ser objeto
de una regulación mucho más detallada en la ley orgánica
del derecho de defensa.
En concreto, se trata del derecho a la asistencia jurídica.
El derecho de asistencia jurídica presenta varios niveles.
El primero de ellos sería el derecho a la autodefensa.
Cada persona tiene derecho a defenderse de ese.
Asimismo es cierto que así se permite por la Constitución,
pero tiene una configuración legal,
es decir, es el legislador que determina tanto
los supuestos en los que cabe la autodefensa
como la forma en la que se va a ejercer en segundo lugar,
el derecho a la asistencia alegada letrada por el abogado
que sea elegido por la parte afectada
y, si no se eligiera, un un letrado, un abogado en ese caso,
operará la defensa por el abogado de oficio.
Además, este derecho a la defensa letrada,
digamos, incluye el derecho al asesoramiento jurídico,
a la defensa en juicio, y que esta sea de calidad y de acceso
y que permita una real accesibilidad al servicio.
También se comprende el derecho a la asistencia jurídica gratuita
en caso de carencia de recursos económicos
o en caso de víctimas especiales como víctimas de terrorismo
o como víctimas de violencia de género,
y finalmente el abogado debe cumplir con toda una serie de obligaciones
para cumplir con el derecho de defensa de información clara,
sencilla respecto del titular de derecho de defensa.
Aquí será muy interesante analizar en el futuro,
como en la introducción de las nuevas tecnologías.
En el ámbito del proceso,
como es el caso, por ejemplo, de la carpeta ciudadana,
que le permite al ciudadano, al justiciable,
a la parte pasiva acceder directamente a los documentos,
de alguna manera planteará retos en este ámbito
de la defensa letrada, y nada más.
Muchas gracias.
Espero que haya sido clarificador.
Sin duda se ha tratado de explicar,
de la manera más concisa y clara estos dos derechos
que no me cansaré de repetir.
Son derechos fundamentales.
De hecho, es de los derechos más que con mayor frecuencia
se alegan para su recurso ante el Tribunal Constitucional
y que forman una parte esencial de nuestros derechos como ciudadanos
ante la Administración de Justicia.
Gracias.