Buenos días, mi nombre es justo,
Corte y Varela soy profesor del departamento
de derecho internacional público de la Facultad de Derecho de la UNED.
La sesión de hoy será sobre la inclusión de los tratados
en el derecho español.
Esta sección tiene que ver con la asignatura de derecho
internacional público de grado en derecho.
Los contenidos que vamos a tratar hoy es la normativa aplicable
a esta conclusión de tratados.
En el derecho español.
Luego trataremos los procedimientos en procedimiento general,
es procedimientos especiales
y luego abordaremos la cuestión del control de constitucionalidad.
En cuanto a la normativa aplicable,
el digamos tenemos que centrarnos en la Constitución española,
en particular en los artículos 63 artículos 93 a 97.
Desde hace algunos años tenemos también la Ley 25, de 2014,
de tratados y otros acuerdos internacionales.
Esta ley trata sobre los tratados internacionales
y también hace referencia
a los acuerdos internacionales administrativos
y los acuerdos internacionales no normativos.
Nos entraremos de todos modos en la sección del día de hoy
en los tratados internacionales.
Según el artículo 94 de la Constitución española
y siguiendo un procedimiento general, es el Consejo de Ministros,
el que autoriza el consentimiento es el Consejo de Ministros
y, por lo tanto, el gobierno de España,
el que tiene la facultad de dirigir la política internacional
y entre ella la celebración de tratados internacionales,
sin embargo, en algunos casos las Cortes
deben autorizar previamente al Consejo de Ministros
esa manifestación del consentimiento.
Existen dos supuestos importantes.
En primer lugar, aquellos tratados de tipo político
tratados militares tratados que afecta
a la integridad territorial o derechos y deberes fundamentales.
El título primero, la Constitución, en este caso,
digamos los tratados para poder manifestar el consentimiento.
El Consejo de Ministros autorizar
Pérez perdón, el, digamos, la manifestación de dicho
consentimiento deben tallerín previamente autorización
a las Cortes.
Luego tenemos un segundo grupo, que son
aquellos tratados que impliquen obligaciones financieras
o que tengan medidas legislativas de ejecución.
En este caso también las Cortes
deben autorizar previamente al Consejo de Ministros
la manifestación de consentimiento.
En los demás casos el Gobierno informa a las Cortes
y estas pueden someterlo a control parlamentario,
pero no es requisito previo la autorización para poder manifestar
el consentimiento.
Esto está establecido, como decíamos antes en el artículo 94
de la Constitución española.
El procedimiento general, según la ley 25 para 2014,
indica que la excepción le realiza cada ministerio según su materia,
siempre en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación.
Esto está establecido en el artículo 11.
Punto uno de dicha ley.
El Consejo de Ministros,
por supuesto que debe ser informado en todo momento
de cómo se desarrolla la negociación,
y también autoriza es el que autoriza la firma,
así como otras formas de manifestación de consentimiento.
Así se prevé el artículo 14, punto 11,
el artículo 16 de esta ley.
Sin esta autorización será una firma a referéndum,
que quiere decir que es una afirman que está sometida
a la confirmación posterior;
la confirmación va a ser por el propio presidente
del Gobierno o por el Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación o por la persona autorizada.
Por este último,
la convalidación final de todos modos Sendra del Consejo de Ministros,
todo tratado que ha sido negociado
y cuyo consentimiento se haya sido concedido
y, por lo tanto, obliga al estado español,
debe ser publicado en el boe tal como lo prevén los artículos
veintitres y 24 de la Ley 25 barra, de 2014.
En cuanto a los procedimientos especiales, tenemos básicamente 2.
El primero tiene que ver con los tratados
de transferencias de competencias a una organización internacional
y que están regulados en el artículo 93
de la Constitución Española.
Este artículo fue incluido en la Constitución del año
78 con vistas específicamente, es a la lección de España
a las entonces comunidades económicas europeas,
como la transferencia de competencia,
es una transferencia que, aunque en teoría puede retrotraerse,
por lo tanto no sería nunca definitiva
la práctica indica que digamos, el ejercicio de dichas conferencias
de inéditas de dichas competencias, es muy muy complicado volver
a retomarlas por parte de los Estados.
Estoy hablando concretamente del caso por el cual fue creado esta norma,
que es la actual Unión Europea.
Por eso es que se requiere una hundíamos,
un procedimiento especial, que es a través de ley orgánica.
El segundo procedimiento especial tiene que ver con el control previo
de constitucionalidad que está previsto en el artículo 95
de la Constitución española.
Cuando existan dudas sobre si un tratado
que se está negociando puede ser incompatible
con la propia Constitución, el propio gobierno o dos grupos,
digamos, un grupo de diputados que representen
dos grupos parlamentarios o al menos el 20 por 100
de los diputados o bien un grupo, digamos, político de senadores
o un número de senadores que alcanza al menos los 25,
los 25 miembros del Senado pueden solicitar al Tribunal Constitucional
dicho control previo los efectos que tienen.
Este control previo,
digamos, pueden ser o bien la no ratificación del tratado
de; es decir,
que el tratado firmar finalmente no, no, no se celebre
y, por lo tanto, no produzca especie para España;
o bien puedes ocurrir que desencadene una reforma constitucional
para garantizar, así que el propio tratado,
que se considera de gran importancia,
pueda ser compatible con la Constitución.
Así ocurrió por ejemplo.
Respecto al tratado de más seis que fijaba.
Diríamos la posibilidad de que ciudadanos de otros estados
miembros pudieran participar en las elecciones locales
se consigue.
El Tribunal Constitucional decidió que dicha posibilidad
no era compatible con la versión en ese momento,
es vigente de la Constitución española
y, por lo tanto, desencadenó la primera reforma constitucional
de la Constitución del año 78.
Hay que esclarecer ya hemos aclarar que en todo momento,
durante este proceso la asesoría jurídica internacional
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
y el Consejo de Estado deben informar sobre la compatibilidad que tiene
los tratados internacionales con el derecho vigente.
La gente.
Además, el control previo de constitucionalidad
existe un control posterior de constitucionalidad.
Este control tiene que ver con el propio contenido del tratado,
también como la forma en que se ha ido celebrando.
No hay un procedimiento propio, pues a través de un recurso
a través de una cuestión con cuestión de inconstitucionalidad,
y lo que hay que decir desde el punto de vista del derecho internacional
es que, en caso de que dicho control posterior de constitucionalidad
concluya que el tratado es inconstitucional,
a los ojos de la Constitución española
del bloque de constitucionalidad solo tendría efectos internos
y, por lo tanto, no digamos no y modificaría
las obligaciones que tiene el Estado Español
de cara al derecho internacional.
Con esto damos por concluida la sesión de hoy
sobre la conclusión de los tratados en el derecho español.
Muchas gracias.