Y damos paso ahora, a Luis Tomé a mi amigo Luis Po,
Met, para que él nos exponga sus sus posiciones
al respecto de todas estas cuestiones
que se han puesto de manifiesto Muchas gracias.
Yo empiezo con un poco eso que entiendo
que los agradecimientos que me han precedido son por mí mis compañeros,
y entonces me adhiero a ellos, pero sí que quiere;
si era hacer una mención que no se ha hecho y que creo obligada;
esta ha sido la facultad donde donde ha sido profesor durante tanto tiempo
Ramón parada que recientemente nos ha dejado
como administrativista,
quiero rendirle el merecido recuerdo y homenaje a un jurista
que pertenece;
yo creo que a una generación de los mejores juristas y desde luego
de los mejores iuspublicistas que hemos tenido la fortuna
de tener en España, me parece no solamente obligado,
sino gustosamente obligado.
Estoy gustosamente obligado.
Bueno, al hablar del Tribunal Constitucional
a mí se me ocurre comenzar retomando una idea
que avanzado doctor tú del Aranda en su presentación.
Tenemos una cultura política refractaria al control refractaria,
al circuito de control
y, y eso me hace pensar en algo que se está produciendo recientemente,
y es que, efectivamente, si lo observamos
se ha reducido significativamente la conflictividad territorial
entre el Estado y las comunidades autónomas,
hasta el punto de que prácticamente en estos momentos
los conflictos de competencia entre el Estado
y las comunidades autónomas
o de estas entre sí se ha convertido en una rara avis,
cuando no un proceso rigurosamente inédito.
No diré que es algo que me preocupa,
pero sí que me pregunto cuál puede ser la razón por que sí es cierto
que en un primer momento el Tribunal Constitucional contribuyó
mediante la depuración jurídica de técnicas e instrumentos
a la construcción del Estado Autonómico.
También parece que no es que ese estado autonómico
se haya normalizado, se haya pacificado,
sino que los conflictos se encauzan por vías distintas
de la solución jurídica.
Algo de eso parece haber cuando se nos previene,
sobre los males de la judicialización de la política en paralelo
con la politización de la justicia.
Sin duda alguna, son elementos perversos,
pero acaso habrá que tomar en consideración,
si no es más perverso huir justamente de la justicia, que,
en definitiva es un medio bastante
civilizado de resolución de nuestros conflictos,
a partir de ahí una de las cosas que se han dicho
y sobre y respecto de las cuales quiero echar mi cuartos pagas?
En primer lugar, la integración del Tribunal Constitucional.
Vaya por delante, y sobre esto
recuerdo una excelente monografía, de José Antonio Estrada Marhoon,
sobre los procesos de renovación parcial del Tribunal Constitucional.
Vaya por delante digo
que la renovación parcial del Tribunal Constitucional
ha sido siempre polémica y conflictiva.
Prácticamente no ha habido ninguna ocasión
en la que no se hayan producido retrasos.
El retraso de ahora, por cierto, le gustará César Aguado,
porque hemos conseguido un tribunal, conoce magistrados ya no son 12,
son 11, es un número impar.
Por cierto, los números para eso impares,
y jugamos también con las abstenciones y recusaciones.
Son variables cual pío, mal,
pero, al margen de eso que tiene que ver con cada proceso,
habrá que preguntarse por qué tenemos 11 no 12.
Tenemos 11 porque en su día dimitió don alfredo
montoya melgar, catedrático que es de derecho laboral
y que se vio obligado a dimitir y cuya vacante no se ha cubierto
por qué no se cubrieron pues bien hay que tomar el texto constitucional
y en el texto constitucional hay una antinomia
porque en el texto constitucional se nos dice
que la el Tribunal Constitucional
se renovará cada tres años por tercios y, al mismo tiempo,
se afirma que la duración del mandato de los magistrados
será de nueve años.
Tarde o temprano ambas previsiones iban a chocar,
y cuando chocaron quiero recordar al inicio de los tiempos,
cuando chocaron se dio prioridad a la renovación por tercio
cada por tercios cada tres años.
Es una interpretación que va en perjuicio de la independencia
de los magistrados.
Es una interpretación que, por el contrario,
permite una repartición,
una lotización de la institución hasta el año 2000.
Este es otro dato importante.
Hasta el año 2000 por supuesto
que había una distribución por cuotas siempre la vida,
pero hasta el año 2000 lo que no había eran cuotas ciegas;
a partir de ese momento.
No solamente se introducen las cuotas ciegas,
sino que además se descalifica el ejercicio del veto
sobre los candidatos propuestos por el otro interlocutor,
lo cual significa que se descalifica la propia interlocución,
porque cuando estamos hablando de una negociación
y de una negociación sobre nombres lo suyo será descartar
aquellos que el otro me ofrezca y cuyo con,
y respecto de cuyos nombres yo no voy a consensuar lo cierto y verdad
es que sobre ese panorama no precisamente idílico
se produjo un elemento, unas y una, un fenómeno que amenaza con repetirse
ahora en el Tribunal Supremo,
y quiero recordar que con ocasión del conflicto vivido,
con la reforma del estatuto de autonomía de cataluña,
se paralizó la renovación del Tribunal Constitucional,
y esa paralización se prolongó durante varios años.
El legislador, en su infinita sabiduría,
supo hacer pagar a los nombrados el coste de su retraso,
pero lo cierto es que en ese momento no nos encontramos y Susana
estaba presente cuando se produjo aquella renovación
con unos magistrados que los más antiguos,
los que más experiencia tenían, apenas llevaban un año y medio
o dos años en el ejercicio de la función jurisdiccional
constitucional.
Eso mismo amenaza con ocurrir en el Tribunal Supremo
porque las limitaciones de nombramiento da al
Consejo General del Poder Judicial, van a tener ya un reflejo,
por ejemplo, en la sala de lo social del Tribunal Supremo;
está al borde de la incapacidad de resolver los, sobre todo,
los recursos de casación para infracción de doctrina
por ausencia de un número adecuado.
Creo sinceramente que si se hubiera optado,
si se optara por una interpretación favorable
a los nueve años, tarde o temprano
sería obligado discutir sobre los méritos que atesora.
Anda uno de los magistrados,
lo cual no nos debe hacer ignorar que los méritos
tendrán que tener también una cierta valoración política
y, por cierto, en relación con esto,
porque no aprendemos de otras experiencias
y deslindamos la decisión última de los órganos políticos.
Congreso y senado de la valoración, perdón, de la valoración
del cumplimiento del requisito de la reconocida competencia,
que a lo mejor corresponde hacer a instancias no políticas,
a lo mejor corresponde a hacer,
como ocurre, por ejemplo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
, a un aval, un órgano integrado por padres.
Es una una reflexión que aquí dejo.
En segundo lugar, vale otra reflexión,
que me parece importa.
El Tribunal Constitucional evidentemente ha cumplido
una función en relación con la distribución territorial
del poder, pero también en la protección o preservación
de los derechos fundamentales.
Es cierto es
se nos ha recordado que en otros países
no existen estos mecanismos.
Por cierto, lo que tengo más dudas es que el consejo constitucional francés
se pueda considerar un Tribunal Constitucional,
y, al margen de eso también recuerdo que en fecha reciente,
y precisamente por impulso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
, se han introducido mecanismos de protección individual,
de derechos fundamentales, inspirados claramente nuestro recurso
de amparo, por ejemplo, en Turquía, en definitiva,
en países donde la carga de trabajo es inasumible,
por estrasburgo, carga de trabajo,
que actualmente, sobre todo corresponde
a los supuestos que no tienen una solución adecuada,
nitrats ya.
En cambio, en España yo creo que el recurso de amparo
sigue cumpliendo una función.
Ahora bien, en relación con ese recurso de amparo
es verdad que cumple una función,
pero creo que las cifras nos deben obligar a una cierta reflexión.
Me explico.
En el año 2000 veintidos se admitieron 158 recursos de amparo
y se inadmitieron 6.800;
en el año 2000 veintitres se admitieron 87
se inadmitieron 11.558 87.
De dónde deduzco que vivimos en el mejor de los mundos posibles?
Porque apenas 87 casos
de los que han llegado al Tribunal Constitucional
es verosímil la existencia de una vulneración
de un derecho fundamental, por lo tanto la justicia española,
las administraciones españolas actúan con un respeto acrisolado
a los derechos fundamentales.
Bueno, si eso es así y acepto
que sea así, a lo mejor es el momento de plantearnos el sentido,
incluso sistémico, del sistema actual
de protección de los derechos fundamentales, y aquí yo en fin,
detecto al unas insuficiencias algunas fallas.
La primera de las fallas es que tradicionalmente
el problema de la llamada sobrecarga del recurso, de amparo,
que matizaría mucho,
siempre se ha atacado desde el lado de la oferta y no de la demanda.
En definitiva, no se ha buscado una reparación adecuada
en la propia jurisdicción ordinaria;
llamaron para amparar judicial, sino que se ha buscado, sobre todo,
aligerar la inadmisión de los de los amparos.
Creo que a lo mejor
debemos replantearnos las cosas de otra manera, además,
desde la tranquilidad de que solo en 87 casos
es verdad que parece que ha habido una vulneración
de un derecho fundamental.
Entonces, a lo mejor es cierto que no hace falta ya el amparo,
porque no hay vulneración de las garantías procesales
no hay vulneración de la libertad de expresión,
por más que nos lo diga Europa no hay otras vulneraciones,
sino que en definitiva, podemos prescindir de esta figura.
Al margen de eso, eso creo que hay otras 2.
Otra cuestión que me parece importante, y es que a lo mejor,
además de la funcionalidad del recurso amparo,
a lo mejor estamos cambiando la óptica
o la perspectiva en la noción de los derechos fundamentales.
En la teoría clásica del derecho público
los derechos fundamentales eran no límites al legislador,
por eso eran elementos contra mayoritarios,
porque era aquello de lo que no se podía,
de lo que no se podía hablar sin cambiar la propia Constitución.
No se puede hablar de la reintroducción
de la pena de muerte sin modificar la Constitución,
que espero que no ocurra lo más por.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte
tengo la sensación de que concebimos los derechos fundamentales
como fructíferos hallazgos del legislador.
Bien, lo que hacen es incrementar la riqueza de la Constitución.
Estoy pensando en sentencias recientes
como la sentencia, aborto, como la sentencia de la eutanasia,
donde paradójicamente, el artículo 15 no opera como límite o canon
de control de constitucionalidad de la actuación del legislador,
sino que eso opera como habilitador de la acción del legislador,
y yo creo que eso plantea dos problemas.
El primero de ellos, como ya he señalado;
una interpretación cuando menos discutible,
de que sean los derechos fundamentales;
y el segundo, una comprensión también discutible
de la Constitución.
La Constitución no se aplica por el legislador,
la Constitución en la teoría clásica,
es un punto de encuentro, el límite a partir
del cual caben alternativas distintas se puede ejercer la función directiva
del derecho hasta donde nos permite la Constitución.
Esta idea de que la constitución es una especie de cajón
que podemos ir llenando con distintos descubrimientos;
casa mal con la doctrina clásica de los derechos fundamentales,
pero lo mejor es que estamos cambiando
la doctrina de derechos fundamentales
y entonces, entre otras cosas, de lo que estamos prescindiendo
y algo de hecho de eso ha dicho el profesor Aguado
es que estamos prescindiendo la figura del poder constituyente,
porque estamos sustituyendo la reforma constitucional
por la interpretación constitucional a golpe de sentencia.
Eso me parece que nos lleva a una pérdida de calidad democrática,
porque lo bueno de la reforma constitucional
es que participamos todos.
En relación con las reformas constitucionales,
un matiz sí que me gustaría introducir.
Es verdad que hemos tenido solo 3.
Es verdad que la primera tiene que ver con la aprobación del tratado
de la Unión Europea.
Es verdad que la segunda, la del año 2011,
si no recuerdo mal, tiene que ver con la introducción, bueno,
en realidad con los mecanismos que nos permitieron salvar la crisis,
pero tendría mucha cautela al valorar al valorar la reforma del artículo 49
de la Constitución,
porque, más allá de las consecuencias que pueda tener,
yo creo que es el punto de llegada en la evolución del derecho
de la discapacidad,
y es que afecta a 5.000.000 de personas en España,
más familiares y demás y muchas personas
dependientes.
Aquí sí que estamos hablando de una reforma
con un gran calado social y que creo que reconoce,
entre otras cosas, el pleno derecho de ciudadanía.
De esos 5.000.000 de personas que desgraciadamente hasta ahora
hasta la fecha han tenido que luchar por su.
Por lo tanto, creo que las reformas constitucionales,
incluso las pocas que se han producido y cuando se han producido,
a lo mejor hay que ponerlas en valor,
a lo mejor no ha estado toman y, más bien al contrario,
lo que hay que hacer es animar a que se utilice ese poder de reforma
porque nos permite a todos participar en la deliberación
y, en relación con esto,
lo último que voy a decir porque, si no me gusta atenerme al tiempo,
para que no nos acusen de utilizar demasiadas páginas del boletín
oficial del Estado en lo que suscribo
todas y cada una de las palabras que ha dicho,
cese sino también demasiados minutos,
hay una cosa en la que,
aunque entiendo tu posición, discrepo en cuanto a los votos particulares
y voy a intentar repetición un poco.
En primer lugar, no creo que siempre se ha hablado del prestigio
y de la el valor de las decisiones del Tribunal Constitucional.
Vaya por delante una cosa.
No creo que los votos particulares que en su momento
formulará el profesor rubio llorente o después el profesor Manuel Aragón
hayan desprestigiado al Tribunal Constitucional;
estoy convencido; todo lo contrario.
Contribuyeron ambos
a un mayor prestigio de primera y segunda idea,
o esto no significa ignorar el núcleo del problema que ha identificado,
César y en el que estoy completamente de acuerdo?
Segundo segunda reflexión.
Creo todo el proceso constitucional es un proceso
en el que se ven aportar razones constitucionales,
y esas razones constitucionales no interesan solo a los magistrados,
no interesan solo a las partes procesales,
sino al conjunto de la ciudadanía.
En una democracia deliberativa todos tenemos derecho a saber
cuál es, cuál es la lectura de la Constitución,
que a unos les hace concluir una cosa y a otros otra;
es más, creo que tienen la obligación de participar, nos esa lectura
a partir de ahí y, por lo tanto, creo que los votos particulares
enriquecen las razones de constitucionalidad.
En una democracia deliberativa creo que se plantean tres problemas.
En primer lugar, en una democracia deliberativa
precisamente lo que hay que hacer es deliberar y la deliberación
supone reconocer el valor de la razón como idea fuerza idea motriz.
En definitiva, physis César y yo discrepamos y discutimos
que no lo vamos a hacer aquí,
pero sí discutimos como lo hemos hecho muchas veces.
No es porque yo crea que yo le voy a convencer
ni porque él cree que me va a convencer,
sino porque ambos creemos que las razones que nos aporte
el otro, van a iluminar las nuestras,
y entre ambos llegaremos a una conclusión mejor.
Por eso la búsqueda del consenso a veces ha hecho que los debates,
o que la deliberación en el seno del Tribunal Constitucional
prolongara la solución
de tantos y tantos problemas a veces niños y que teníamos muy claro,
pero que no estaban tan claros como hemos aprendido en el curso
de ese debate.
Primera idea, segunda idea
y es tanto con algo de lo que ha dicho de lo que ha apuntado, cesa.
Vamos a ver, del mismo modo que me parece
que las sentencias son innecesariamente largas.
No digamos ya cuando en lugar de extractar los antecedentes
se limitan a reproducir, lo que sostienen las partes,
los votos particulares tienen que precisar.
El problema no están obligados, como en tiempos decía,
la ley orgánica del Poder Judicial,
cosa que ahora prácticamente tampoco se hace.
La ley orgánica del Poder Judicial obligaba a que el magistrado
cuya ponencia resultaba rechazada debía renunciar a la podem,
a la ponencia y formular un voto particular,
pero aquí venía la trampa en forma de sentencia.
Bueno, de un tiempo a esta parte lo que ocurre
es que los votos particulares se hacen en forma de sentir ya.
Eso es lo que no tiene ningún sentido.
El sentido lógico es.
Oiga, la discrepancia hacen relación con este y a partir de ahí eso sí
que enriquecen la y la tercera lo que he mencionado
del del caso italiano en torno a mí el mea culpa,
porque los datos los proporciona vale?
Entonces, añado una cosa.
Me parece que eso en el fondo nos ilustra
sobre un problema que estamos teniendo
y que en el caos que he hecho una intervención circular
porque voy a acabar citando nuevamente a perpetuidad,
como siempre en redonda plena la intervención circular
acabaré citando a perpetu dela,
porque, claro, a lo mejor uno de los problemas que tenemos
es que en el año pasado nos encontramos con que la partición
del tribunal en dos bocas -bloques, prácticamente inamovibles,
tiene un reflejo.
Pero yo creo que es mala solución eliminar el reflejo,
busquemos la solución,
y la solución tuyo lo hemos vivido en el tribunal;
pasa por hablar de hecho,
por resolver jurídicamente problemas políticos;
por otro, por una razón fundamental,
porque como dijera.
Francisco, tomás y valiente las instituciones valen
por lo que ellas hacen, pero también por lo que con ella se hace; hace,
si convertimos un órgano del circuito de control,
en un órgano del circuito de representación,
las razones no valen, valen los votos,
y si valen los votos, entonces, qué sentido tiene deliberar pasemos
directamente a la votación.
Esto en realidad no refuta lo que ha dicho cesas,
sino que simplemente completa
una reflexión en la que creo que ambos nos encontramos,
porque ambos hemos vivido otros momentos
no porque fueran mejores o peores,
sino porque éramos más jóvenes.
Bueno, pues muchas gracias también a ti, profesor pómez,
y.