Buenos días, bienvenidos.
Estamos en la Universidad Nacional de Educación
a Distancia
y en este año hemos decidido un conjunto de profesores,
tanto de la UNED como de otras universidades,
facilitaros a petición vuestra, a petición mayoritariamente
de los estudiantes, aunque también de algunos otros estudiosos
y científicos en general, facilitar unos primeros documentos,
un producto que se denomina ciencia procesal
abierta y consistirá como hay saber en una serie de clases de vídeo
clases con los contenidos principales de la materia.
Quiero comenzar diciendo que estos contenidos
no no son un sucedáneo de los materiales o manuales
de la asignatura,
sino que contribuyen a facilitar la labor de la enseñanza aprendizaje,
razón por la que los vamos a poner a vuestra disposición de forma
universal interactiva por los medios electrónicos y telemáticos de la UNED
y también de forma gratuita.
Por supuesto,
a mí me corresponde el comienzo de la, de la asignatura de comienzo,
del estudio, del derecho procesal en su parte general,
y en esta lección número 1,
titulada de la primera parte de la ciencia
abierta de derecho procesal.
Dentro de los fundamentos de derecho procesal parte general,
me corresponde la lección 1,
el concepto de derecho procesal, jurisdicción, acción y proceso,
así se titula la lección y dar respuesta
a los contenidos de la misma,
en la que se va a realizar una visión panorámica de toda
de toda la materia, que va a corresponder
en sus 13 elecciones a los 12 restantes compañeros
que seguirán en las audio clases que continúa que te da continuidad
a esta primera elección.
En primer lugar, quiero destacar que antes de entrar en el concepto
que el derecho procesal tiene frente al derecho sustantivo,
una potencialidad especial quiere decir esto que el derecho procesal
es el que permite poner en marcha o poner en práctica
el derecho sustantivo.
Por tanto, es el único que en realidad
opera una transformación de la realidad social.
Los bienes, derechos e intereses de los ciudadanos, las personas
cuando encuentran que su particular situación jurídica
se ha producido, digamos, un desprecio a la verdad,
o un menoscabo supongamos de su dignidad
o no se ha cumplido con la parte de un contrato
que previamente se ha firmado ya no digamos cuando se ha cometido
un atentado contra su vida, contra su libertad,
contra tantos y tantos otros derechos ordinarios o fundamentales
puede llegar al proceso e iniciar y poner en marcha
la acción de la justicia.
Para ello necesita el derecho procesal.
Por tanto, todo el derecho sustantivo de nuestro ordenamiento jurídico,
aunque vosotros estudiaré de forma acompasada con esta asignatura,
en el resto de asignaturas de nuestro grado,
pues el derecho civil,
el derecho penal del Derecho Constitucional,
derecho laboral.
En fin, todos estos derechos son derechos sustantivos
que no se llegan a poner en práctica cuando resultan quebrados
o minusvalorados si no se pone a su vez en marcha
el aparato de la justicia.
Por tanto, la justicia,
fundamentalmente regulada a través del derecho procesal
en sus procedimientos, bueno, pues es el motor de toda la asignatura,
de toda la asignatura, de introducción al derecho procesal
de esta parte general teoría general del derecho procesal,
y luego afecta ante a sus distintos órdenes jurídicos,
pues así el derecho procesal civil afecta al derecho civil,
el derecho procesal penal al derecho penal,
derecho procesal contencioso-
administrativo, al derecho administrativo,
derecho procesal laboral al derecho social o laboral,
y así sucesivamente.
Bien, la justicia podría definirse volviendo a nuestros clásicos,
concretamente a ulpiano en una definición
que no ha perdido actualidad, a pesar de ser el siglo 3,
es la constante y perpetua voluntad, como veis de vivir honestamente.
Esto es un concepto de juristas romana de vivir honestamente,
de no dañar los otros y de dar a cada uno
lo suyo dentro de estos tres conceptos.
Como luego veréis en el texto escrito que se facilitará
son, digamos, los bloques de hormigón
sobre los que se construye todo el edificio de la justicia,
y este derecho a la tutela judicial efectiva es
el eje de rotación sobre el que sobre que toda la justicia luego gira
este eje de rotación es el derecho a la tutela judicial efectiva.
Un artículo de la Constitución Española el 24 1,
en su reverso, está el derecho de defensa.
Por qué el derecho de acción o derecho
a la tutela judicial efectiva es
lo que permite accionar, comenzar, poner en marcha,
el aparato, la justicia y en su reverso del otro lado
como la otra, cara de una misma moneda.
Está el derecho de defensa para dar respuesta o reacción
para defenderse frente a esa acción que han iniciado contra nosotros.
Bien, el derecho de acción ha sido considerado
por uno de los grandes juristas de nuestro, del siglo pasado, bueno,
y que alcanzó a vivir en este siglo
como el derecho estrella del ordenamiento jurídico
constitucional.
Por qué razón?
Porque es el único, el derecho a tutela judicial efectiva,
como digo, y su reverso, el derecho de defensa,
con capacidad de iluminar y sobre todo de transformar
la realidad social sin un derecho procesal justo
y alineado a nuestros valores democráticos
resultaría de todo punto imposible hacer realidad
los derechos sustantivos,
cuando se hubiesen quebrado minusvalorado maltratado de eso
oído silenciado, etcétera.
Por tanto, solo el derecho procesal
permite hacer realidad el derecho sustantivo
cuando éste quiera bien y a partir de ahora vamos a pasar
al concepto ya más concreto.
Más allá de estas abstracciones de enorme interés
para comenzar a estudiar la materia,
a ver el concepto de derecho procesal,
el concepto de derecho procesal
e ha estado de forma también clásica,
integrada por tres grandes conceptos y los procesalistas,
incluso los de mi generación, que es de algún modo,
pues una de las últimas generaciones,
continuamos atendiendo a esa enseñanza clásica,
porque en estos tres conceptos,
tres grandes conceptos se concentran todas las enseñanzas
del derecho procesal,
que luego, naturalmente tienen muchísima profundidad
y que se irá analizando a lo largo de las siguientes clases
y también en los sucesivos cursos en otras clases.
Pero como punto de partida debemos saber
que el concepto de derecho procesal integra a su vez
o engloba tres grandes conceptos.
Primero, el de jurisdicción,
la jurisdicción son nuestros jueces y magistrados.
Segundo acción, y en su reverso, defensa,
como acabamos de decir, el derecho de acción
o el derecho a poner en práctica el aparato de la justicia,
ponerlo en marcha y de reacción en su justa contrapartida de defensa
de aquellos frente a quienes se ha ejercitado el derecho de acción
y, por último, el tercer gran concepto.
Proceso.
El proceso es el instrumento de la jurisdicción
para solventar los conflictos de los ciudadanos
cuando ejercitan precisamente los derechos de acción
y de defensa a los que me acabo de referir.
Por tanto, el derecho procesal integra tres grandes conceptos,
la triple.
En primer lugar.
Bien, el orden no está establecido
ni es pacífico entre la doctrina cuál sea el orden,
pero no importa, no nos importa al orden.
Lo que nos importa es el contenido.
Sabemos que el derecho procesal está integrado por tres grandes
grandes conceptos primero jurisdicción
jueces y magistrados segundo acción y defensa
es decir derecho a la tutela judicial efectiva
y reacción frente a esa tutela judicial efectiva,
derecho de defensa; y, en tercer lugar,
el proceso como instrumento de la jurisdicción precisamente
para ejercitar los derechos de acción y defensa.
Entremos a desgranar ahora cada uno de estos tres conceptos.
En primer lugar, la jurisdicción.
La jurisdicción va a ser analizada a lo largo de los próximos temas
por un buen número de compañeros.
En primer lugar, pero cara a cara en cada audio clase,
estudiaremos la jurisdicción como pode la jurisdicción
como potestad la jurisdicción como función.
Pero es importante que quede ya sentado desde ahora
que la jurisdicción en su concepto integra esta trilogía.
Primero como poder,
porque la jurisdicción es el poder judicial,
es el tercer poder del Estado, se considera además en más alto
poder?
Por qué?
Porque aunque cuando hablamos de los tres poderes
decimos ejecutivo legislativo y judicial pareciera que judiciales,
el tercero y a la postre el último no es el más alto porque precisamente
viene a fiscalizar al resto es un poder independiente autónomo,
ajeno a toda interferencia, como los otros dos poderes
y además con capacidad de enjuiciamiento de los otros 2,
tanto del ejecutivo como de legislativo y os preguntaréis
y que y quien enjuicie al poder judicial,
miembros al poder judicial lo puede enjuiciar el Tribunal Constitucional
por eso es un órgano independiente del Poder Judicial,
pero esto corresponderá a otra lección,
además de ser la jurisdicción.
Un poder de puede identificarse con una potestad decir
que la jurisdicción, en esta trilogía de identificarse,
primero con un poder luego una potestad
y luego con una función con el poder ya hemos dicho
cómo el poder judicial.
Tercer poder del Estado considerado más alto
por fiscalizar al resto.
En segundo lugar, como potestad la potestad jurisdiccional
corresponde a los jueces y magistrados.
Además, les corresponde en régimen de exclusividad,
y esta potestad le corresponde porque solo ellos,
exclusiva vehemente.
Ellos pueden juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Esto no significa que no haya justicia
más allá de la jurisdicción; si la hay, lo vamos a ver.
De hecho, en el tema dos la lección dos a cargo del profesor
y sus co ordeñan accionado a estudiar mecanismos alternativos
a la jurisdicción, que también integran el derecho procesal.
El derecho procesal
se ve integrado tanto por los mecanismos jurisdiccionales,
la jurisdicción de la que vamos a hablar hoy y en el resto de temas,
y los mecanismos extrajurisdiccionales
también denominados a veces para jurisdiccionales,
porque discurren en paralelo a la jurisdicción un derecho
al que se le denomina también derecho jurisdiccional diversificado,
porque es diverso a la jurisdicción, pero controlado por la jurisdicción.
Son mecanismos tales como la mediación,
como el arbitraje como la oferta independiente;
el tercer, la oferta vinculante perdón,
el tercero independiente en la negociación privada.
En definitiva, son una suerte de mecanismos
que se están regulando, la mayoría de este momento
otros tienen una cierta tradición ya en nuestro país,
como la mediación del arbitraje y que permiten alcanzar acuerdos,
pero no todo el derecho,
susceptible de ser negociado, tan solo el derecho dispositivo,
pero esto lo dejo para adicción.
Segunda, nosotros tenemos que,
retomando nuestro concepto de jurisdicción,
recordar que como potestad es la potestad jurisdiccional
y la potestad jurisdiccional
ese juzgar y hacer ejecutar lo juzgado,
tan solo corresponde y además en régimen de exclusividad
a los jueces y magistrados integrantes
de nuestro Poder Judicial.
En tercer lugar, la jurisdicción como función.
La función jurisdiccional
se atribuye también exclusiva a los jueces y magistrados
y se ejerce además a través del único instrumento establecido
para la resolución estatal de los conflictos, que es el poder,
el el proceso judicial.
Esta tercera concepción de la jurisdicción
en la función jurisdiccional es mucho más humilde, más modesta,
más cercana, hace referencia a su finalidad,
es la tutela de esos derechos subjetivos
e intereses, legítimos también del control normativo
y, en su caso,
de creación jurisprudencial del derecho,
porque digo que es más humilde, modesta y cercana
porque los jueces y magistrados, que son en definitiva
quienes imparten justicia aspira a alcanzar la realidad
de los hechos, de unos hechos que no son pacíficos,
y tampoco son notorios, alcanzan a intentar aplicar
el derecho a unos hechos que han logrado
con mucha dificultad a veces probar, pero su realidad no es infalible,
no son dioses, no son una divinidad, no, no;
si no está asegurado la cierto.
Hay muchos mecanismos dentro del derecho procesal,
para lograr ese acierto, no hay una sola instancia,
sino un derecho a los recursos,
de manera que ese ese conflicto suscitado entre particulares,
del que ha conocido por primera vez un juez va a ser susceptible
siempre, siempre de revisión, en una segunda instancia,
ahora, por un órgano colegiado, conformado por magistrados distintos
al juez que conoció en primera instancia.
Bueno, y hay muchos otros mecanismos.
Cómo van, como vamos a estudiar a lo largo de toda la materia,
que permiten minimizar los riesgos de la imperfección humana,
pero no debemos olvidar que esta función jurisdiccional
ha de ser interpretada o analizada bueno pues de una forma humilde
modesta cercana porque sabemos
que las personas cometemos errores y pudiera suceder, desgraciadamente,
que se dictase en algunas ocasiones,
pues sentencias que merecen una revisión precisamente
porque no se ha alcanzado de esa realidad, de los hechos
o porque no se ha aplicado acertadamente el derecho
bien y una vez que hemos dado una primera visión panorámica
de la jurisdicción,
vamos a ver cuáles son sus criterios de atribución, sin perjuicio,
lógicamente de que se va a ahondar también en esta materia.
En otros, en otras lecciones la jurisdicción
ya hemos dicho que son los jueces y magistrados.
Por lo tanto,
tenemos que estudiar ahora el derecho procesal jurisdiccional
el que corresponde a la jurisdicción propiamente dicha,
es decir, esos conflictos,
que se deriva de manera unívoca y por propia voluntad
de los particulares ojo, o del Estado,
porque ya he dicho que hay materias de derecho indisponible
que por el momento no son susceptibles de ser negociadas
por los particulares.
Poco a poco van entrando en las vías de negociación,
pero tradicionalmente se ha dejado muy claro
que las materias no dispositivas,
no son susceptibles de ninguna negociación,
por ejemplo el derecho penal, el derecho penal,
el ius puniendi, los delitos, el ius puniendi,
el derecho al castigo, en principio corresponde solo al Estado
y, por tanto, con independencia de la voluntad
de los particulares, el aparato de la justicia.
El la jurisdicción se va a poner en marcha,
incluso de oficio a cargo del ministerio fiscal,
aunque voluntariamente los particulares afectados
por ese conflicto penal tanto la víctima
como el victimario delincuente o presunto autor del hecho delictivo
perdón, así lo quisiera, pues es decir,
decidiesen voluntariamente no iniciar ese proceso.
Igualmente se se se instauraría sin perjuicio de que ya
existen algunos mecanismos, de alguna manera negociados,
de poner término a a ese conflicto gracias al principio de oportunidad
que permiten el proceso penal, llegar a ciertos acuerdos
o incluso en el proceso penal
de menores o incluso con el proceso penal de adultos,
como se verá llevar a cabo determinados ejercicios
de conformidad,
pero todo esto también lo dejo.
Este tema, como es introductorio, se conectan
o enlaza muchas materias, como vamos viendo,
pero en realidad tengo que dejarlas para otros temas,
porque si no, no avanzaríamos en este.
Por tanto, en principio corresponde a la jurisdicción conocer
de los conflictos que se suscitan ante ella,
conflictos en los que los particulares,
en principio han decidido acudir a la jurisdicción
porque desechan, descarta la posibilidad
de acudir a los mecanismos complementarios o alternativos
de resolución de controversias a ese derecho procesal jurisdiccional,
al que hemos denominado diversificado
y del que nos ocuparemos en la lección siguiente,
es decir, a la mediación, al arbitraje,
a la negociación privada, a los a la oferta vinculante,
al tercero independiente, a la transacción judicial.
Extrajudicial, perdón, es decir, a todos esos mecanismos
que no comprometen ni a la figura del juez
ni a la figura del magistrado,
esos que resuelven los particulares,
asistidos o coadyuvados de determinados profesionales,
en ocasiones ellos solos, si es posible,
pero los aquellos que de ninguna forma comprometen a la jurisdicción.
Por tanto, el primer criterio, siempre negativo,
es que se acude a la jurisdicción
cuando se descarta la opción extrajurisdiccional
en esas materias de derecho dispositivo,
que permitiría solventar el conflicto a través de un recurso
no jurisdiccional.
En segundo lugar, acudimos a la jurisdicción española
cuando la resolución de un conflicto no debe ser resuelta perdón,
cuasi cuando la perdón por la redundancia,
cuando la resolución de un conflicto no deba adjudicarse
a una jurisdicción extranjera, cuando corresponde a una extranjera,
pues también se va a estudiar.
Hay una serie de principios de la personalidad
cuando las personas han basado extranjeras de la territorialidad,
cuando el delito, por ejemplo, ha sido cometido en el extranjero,
principio universal, determinados delitos que pueden
ser perseguidos en todas las partes del mundo.
En definitiva, en una serie de principios
y de normas de reglas de convenios internacionales,
de tratados de aplicación que nos van diciendo caso por caso
donde debe ventilarse los conflictos a qué jurisdicción, sea la española,
la extranjera y de qué lugar.
Bien.
El tercer criterio de atribución recordemos que primero correspondía
a la jurisdicción aquellas materias que no se solventan
a través de mecanismos que discurren en paralelo a la jurisdicción
pero que no son jurisdiccionales;
en segundo lugar, que corresponde a la española,
cuando no corresponde a una extranjera.
En tercer lugar, corresponde la resolución
de un conflicto a la jurisdicción ordinaria
cuando no corresponde ventilar ese conflicto
a la jurisdicción militar.
La jurisdicción militar es la única jurisdicción especial
que contempla nuestra Constitución;
corresponde a los conflictos militares,
esto es suscitados entre militares en tiempo territorio
y territorio militar,
conforme a sus propios códigos militares.
Cuál es la razón de ser de esta razonable excepcionalidad?
Bueno, pues la razón de ser es que los militares
tienen un régimen especialmente escrupulosamente,
digamos, exhaustivo,
en el cumplimiento de su deber, deben ser especialmente ejemplares
y además tienen encomendada una alta misión en el Estado,
que es la de protegernos frente a posibles guerras,
frente a posibles bueno,
pues nos ha pasado un tiempo de pandemia
nos han protegido frente a una pandemia mundial.
Si en ese momento la estructura militar,
serie navajo,
los inferiores no acatan las órdenes de sus superiores,
los superiores no acatan las órdenes del del Estado,
es decir, si se quiebra esa unidad militar,
si no se entonces estaríamos perdidos;
razón por la que la jurisdicción militar merece con toda,
con todo raciocinio,
sin perjuicio de que hay voces que desean integrar
en la jurisdicción ordinaria, pero bueno,
la Constitución Española les concede este tratamiento especial
a tres de una jurisdicción militar y, de hecho la sala
quinta del Tribunal Supremo es la sala de lo militar,
por tanto, llevan en el escalafón desde la base
hasta la cúspide hasta la sala quinta del Tribunal Supremo,
presidida por el excelentísimo señor don Jacobo, baja y Quiroga
en este momento.
Bueno, pues tiene una jurisdicción especial,
distinta de la ordinaria bien en cuarto lugar,
como cuarto criterio de atribución de la jurisdicción.
La jurisdicción corresponde a un orden jurisdiccional
determinado a uno determinado, cuando no corresponde a otro.
Esto, y ahora estamos hablando de órdenes jurisdiccionales.
Tenemos los siguientes.
El orden jurisdiccional civil o jurisdicción civil,
dentro del cual se integran las materias;
también de derecho mercantil, de manera que la jurisdicción civil
comprende conflictos civiles y mercantiles.
Cuáles son estos?
Pues normalmente son los que afectan al ordenamiento jurídico privado,
los que afectan a las personas, a los contratos,
a las obligaciones, a los derechos reales,
a los derechos bancarios, a las sociedades,
a las empresas, a las grandes empresas
y a las pymes en definir al derecho industrial,
a la propiedad intelectual, al bien, pues todo lo que está regulado
en el código civil y también en las leyes mercantiles.
Todo esto corresponde a la jurisdicción civil.
Por tanto, si corresponde a la jurisdicción civil,
la resolución de todos estos conflictos
queda desde este momento claro que ya no corresponde ni a la penal
ni a la laboral ni Halal Contenciosoadministrativa
bien, la jurisdicción penal está llamada a ventilar
conflictos que se suscita en el ordenamiento jurídico penal,
es decir, todos los delitos regulados en el Código Penal,
en el Código laboral, el estatuto de los trabajadores;
se regulan los conflictos de los que está llamado
a conocer la jurisdicción social o laboral,
y también los conflictos que se suscita entre trabajadores y
empresarios, o entre todos ellos, con la Seguridad Social
y en el orden contencioso
-administrativo.
La jurisdicción contencioso
-administrativa está llamada a resolver los conflictos
que se suscitan entre los ciudadanos y la administración pública.
De todo esto, también.
Bueno, todo esto será susceptible
de un mayor aprendizaje en otros temas,
pero yo debo dejarlo ahora enunciado en este capítulo general.
En quinto y último lugar,
creo que estoy siendo ordenada con con con el power point
que preparado está el último criterio de atribución de la jurisdicción.
Corresponde a la jurisdicción contenciosa la resolución de todos
esos conflictos que no corresponden.
De nuevo, con criterio negativo a la jurisdicción voluntaria.
En realidad este último criterio yo lo he incorporado,
porque la jurisdicción voluntaria
regulada exclusivamente en el orden jurisdiccional civil,
es decir,
que la jurisdicción voluntaria es civil,
no hay jurisdicción voluntaria ni en el orden penal
ni en el contencioso administrativo ni en el laboral,
pero la jurisdicción voluntaria del año 2015 ha ganado mucha fuerza,
tiene muchos expedientes regulados y permiten ventilar muchos conflictos
de forma muy ágil y económica,
además de forma muy eficaz y eficiente.
Por tanto, si bien es voluntario,
es un criterio de atribución que no es imperativo.
Así como los anteriores criterios,
pues decíamos, corresponde a la jurisdicción ordinaria
cuando no corresponde a la militar.
Mire, es que no es objetable, no es voluntario,
no es dispositivo.
Cuando corresponden a militar, corresponden a militar
y cuando corresponde a la ordinaria corresponde a la ordinaria, bien,
pero en este último y lo mismo, con las órdenes jurisdiccionales
y lo mismo con la jurisdicción española internacional.
Pero esto ya no sucede.
En relación con la elección entre la jurisdicción contenciosa dispositiva
y la jurisdicción voluntaria,
en estos casos el particular puede llevar a cabo, por ejemplo,
una separación matrimonial
o un divorcio tras una crisis matrimonial,
pues cada uno puede optar.
Yo quiero separarme
o arme cuando tengo una crisis matrimonial bien,
a través de la jurisdicción contenciosa, ante el juez,
o bien y yo lo decido yo,
lo elijo ante la jurisdicción voluntaria bueno,
es un criterio también de atribución de la jurisdicción,
porque la voluntaria es distinta de la contenciosa,
pero, como vemos en este caso es voluntario y no es imperativa,
y con esto ya vamos a dar paso al segundo gran bloque.
Hemos dicho que el concepto de derecho procesal
integra tres grandes bloques primero jurisdicción.
Acabamos de concluir muy someramente el estudio de la jurisdicción
del que se van a ocupar con mayor detalle mis compañeros.
Pasamos ahora a la acción
y, por último, estudiaremos el proceso.
La acción está integrada, en verdad por dos derechos.
Siempre se habla de acción, pero derecho de acción,
pero la Constitución lo regula como el derecho
a la tutela judicial efectiva.
Todos tenemos derecho.
Dice el artículo 24 de la Constitución.
24, uno al derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión,
sin que se decir, sin que haya de ninguna manera
algo que impida mi derecho de acceso al proceso
y una vez en el proceso todo el despliegue de derechos,
de los que también se ocupará otra compañera en otro tema,
todo el despliegue de derechos que trae consigo
este iniciático derecho de acción o derecho
a la tutela judicial efectiva.
Bien, en su reverso está el derecho de defensa,
porque no puede haber una acción sin defensa,
sería algo así como dejar a la contraparte,
es decir, a la persona frente a la acción,
a una situación de absoluta indefensión
si no se le permite, si no le permito defenderse.
Este derecho de defensa está en el artículo 24, ahora dos
en el punto dos del artículo 24 de la Constitución española,
y es la reacción frente a la defensa,
pero hemos de tener en cuenta que son dos caras de una misma moneda
o, como dice la nueva ley orgánica de defensa,
que en el momento en el que yo estoy hablando todavía
está en proyecto de ley.
Pero inmediatamente va a ser una ley orgánica de defensa
y dice que el derecho de acción y el derecho de defensa
guardan una curiosa ecuación.
Axiomáticas nos dice.
El legislador sin tutela judicial efectiva
no es posible una defensa real y, sin una defensa efectiva,
es inviable el ejercicio de una real tutela judicial
efectiva, por tanto, derecho de acción
y derecho de defensa.
Son dos derechos que tienen que ir siempre aunados
y deben ser analizados conjuntamente,
y así lo haremos en este.
En estas lecciones pasamos ahora a ver de nuevo
muy someramente cuáles son los elementos esenciales
de los derechos de acción y de defensa,
elementos sin los cuales de ninguna de las maneras,
puede ponerse en marcha, la para toda la justicia a través del derecho
a la tutela judicial efectiva, una vez entablado el proceso,
y frente a la tutela, el derecho de defensa,
son tres los elementos objeto, sujetos y procedimiento.
El objeto es la propia controversia,
que puede ser de cualquier naturaleza puede ser civil penal administrativa
o laboral bien este objeto puedes ser de la disponibilidad
privada de las pretensiones particulares
o puede ser indisponible.
Esto es una controversia civil,
es de naturaleza eminentemente dispositiva.
La, por ejemplo, una deuda puedo accionar,
puedo ejercitar mi derecho a la tutela judicial efectiva
para recuperar lo que se me deme porque yo entregado la cosa
y no he recibido el precio en una compraventa
o puedo no hacerlo,
y perdonar con o condonar la deuda puedo transmutar la en algo.
Puedo llegar a un acuerdo.
Puedo rebajar la puedo negociar.
Esto es un derecho dispositivo puro.
Solo a mí me corresponde, depende de mi exclusiva voluntad
de mi disposición de mi buena disposición;
sin embargo, hay pretensiones que son indisponibles, las públicas,
aquellas que están afectadas por los intereses generales
o por derechos de personas especialmente vulnerables.
Los menores, personas con discapacidad.
Bien, en esos casos la pretensión es indisponible.
Yo no dispongo de una pretensión de accionar o no
; acciona frente a un delito, por ejemplo de violencia sexual.
No tengo esa disposición porque el ius puniendi corresponde,
como he dicho antes, exclusivamente al Estado.
Por tanto, ese objeto procesal,
en la medida en la que se tenga conocimiento, en la que el Estado,
a través de los cuerpos y órganos del Estado
comprometidos en la resolución penal de los conflictos,
tengan conocimiento,
tomen conocimiento de la existencia de ese hecho delictivo,
el aparato de la justicia, con ese objeto procesal,
que en este caso sería el conflicto penal;
se va a accionar igualmente, con independencia de mi voluntad
y este es el objeto que, como digo,
puede ser dispositivo o indisponible .
El segundo elemento del derecho de acciones
o reverso del derecho de defensa son los sujetos,
los sujetos de todo proceso.
Siempre siempre son 3.
En la cúspide está el juez o magistrado es un tercero imparcial
ante el que se implora justicia al que se le pide
que ante una dramática situación de injusticia,
por favor, haga justicia aplicando a los hechos ciertos,
gracias a la práctica de la prueba se ha conseguido
la certeza de unos hechos que no eran pacíficos
y les APLI y le aplique con toda contundencia del derecho,
con responsabilidad, con independencia, con objetividad,
con neutralidad, con responsabilidad y y con congruencia de todos.
Estos conceptos.
También se ocuparán mis compañeros,
pero el juez es el primer sujeto del proceso llamada a poner en marcha
la justicia, hacer justicia y las dos partes
procesales situada etxea -infra partes.
Se solía representar el aparato,
el proceso judicial con tres como una un triángulo
en la cúspide del triángulo está el juez o magistrado
o el tribunal colegiado, el juez o magistrado,
se el órgano unipersonal,
el tribunal colegiada y las bases de la pirámide
o de la triángulo.
Está la parte activa,
la que ejercita el derecho a la tutela judicial efectiva,
y la parte pasiva,
la que ejercita el derecho de defensa,
en la parte activa como severa,
puede haber una parte acosador a mi proceso penal
puede ser múltiple, pueda haber un acusador popular,
acusador particular, acusador privado;
acusador público, que es el ministerio fiscal.
Bien, todos ellos estudiarán frente al acusado que se le investigativa
adoptando distintas nomenclaturas a lo largo del procedimiento penal.
Primero esos meros sospechoso
luego su investigado luego ya es un acusado,
luego son encausado e luego son procesado,
y luego puede ser condenado o absuelto en función
de si se logra desvirtuar la presunción de inocencia
o no.
Presunción de inocencia que rige desde el principio hasta el término
mientras estos son sujetos de los procesos
en el contencioso administrativo se le denomina recurrente
y recurrido en el proceso laboral de nuevo como el civil, demandante
y demandado.
En definitiva el rol activo y pasivo,
la parte actora o la parte activa es la que ejercita,
como digo, ese derecho a la tutela judicial efectiva
o derecho de acción,
y en la parte pasiva de la relación jurídica
del otro lado ejercitando el derecho de defensa,
está esa parte pasiva que puede ser un demandado,
un acusado, un recurrido bien.
Este es el segundo elemento de los derechos de acción
y defensa del tercer elemento.
Se esencial es el procedimiento.
El procedimiento es ese itinerario cronológico,
porque tiene un orden, una cronología ordenado está perfectamente ordenado
de principio a fin.
Cada acción procesal tiene un momento procesal oportuno fuera
del cual son los casos más dramáticos se permitirá.
Es decir, se permitirá introducir hechos al proceso fuera del período
establecido al efecto, sí;
pero tienen que ser hechos nuevos
que han acontecido por primera vez fuera de ese período
o de nueva noticia que que ya han acontecido antes,
pero son conocidos por primera vez fuera de ese período procesal,
es decir,
que como cada fase procesal tiene una función con carácter general
y salvo que realmente se pueda generar una indefensión
alguna de las partes,
no se permitirá tardíamente realizar funciones
fuera del momento procesal oportuno.
Por tanto, retomando el procedimiento,
es el itinerario cronológico temporal,
ordenado agotado, lógico, es un trayecto procedimental
que han de recorrer las partes,
tanto la activa como la pasiva, desde que se prova
desde que se provoca por parte de la de la parte activa
esa primera manifestación real del derecho a tutela judicial
efectiva, la interposición de la demanda
a cargo del actor de un proceso civil
o de la que de ella, a cargo de una parte acusadora,
en el proceso penal del recurso contencioso-
administrativo desde ese primer momento,
hasta que tenemos la sentencia definitiva y firme,
aquella contra la que ya no cabe recurso alguno.
La última, bien el procedimiento normalmente estará estará conformado
por los dos sujetos, por el.
Bueno, puede ser dos o más sujetos, quiero decir,
por las dos partes acusadora y acusada dentro de cada parte.
Puede haber uno más sujetos.
Bien, pero en algunos procesos pudiera decaer alguna de las partes.
Por ejemplo, está permitido en los procesos civiles
cuando el demandado se declara en rebeldía,
cuando se le declara en rebeldía
porque no comparece al primer llamamiento está permitido
que continúe el proceso hasta su término,
pero como aquí ya entran en juego tantas especialidades en función
del orden jurisdiccional comprometido,
pues yo aquí solamente lo dejo apuntado y a lo largo de la materia
seguirá estudiando.
Bien con esto concluimos los elementos de los derechos
de acción y de defensa objeto, sujetos y procedimiento.
Pasamos a estudiar el proceso.
El proceso es ese bloque íntegro
que digamos que es el bloque de conjunto.
Digo, pues yo quiero iniciar un proceso de divorcio,
un proceso de provisión de apoyos a una persona con discapacidad,
un proceso de adopción,
si bien la adopción se lleva por un expediente
de la jurisdicción voluntaria.
En puridad, podríamos denominarle expediente, pero bueno,
si un proceso de necesidad de asentimiento en la adopción,
dentro del marco de la del expediente adopción,
por ejemplo, bien la asistémica, la sistematización del proceso,
incorpora varios tipos de una clasificación,
les ordinarios.
Los procesos ordinarios son aquellos que cabe,
pues prácticamente contractual que por cualquier materia,
como una cognición absolutamente plena,
con unos mecanismos de alegación y prueba plenos
y dan lugar a una sentencia con todos los efectos
de la, con toda la fuerza de la cosa juzgada.
Los especiales son aquellos que han ido surgiendo
como consecuencia de la lentitud y de la carestía de los ordinarios
y que integran digamos, objetos que por razón de alguna especialidad
merecen un tratamiento diferenciado respecto de los ordinarios.
En verdad, tenemos demasiados procesos especiales
en nuestra jurisdicción, pero bueno, lo ideal sería de alguna manera
unificarlos lo más posible y tener bueno, pues, dos ordinarios,
con capacidad de englobar a los especiales.
Pero esto no es así
y lo cierto es que tenemos muchísimos procesos especiales,
los estudiaremos.
Los sumarios se caracterizan porque tienen unos una cognición
y plena,
es decir, unas posibilidades de alegación y prueba
limitadas lo que da lugar a una resolución sin fuerza
de cosa juzgada, también se estudiara.
Ahora yo debo limitarme, por razones de tiempo,
a dejarlo sencillamente apuntado, por tanto, los ordinarios,
como acabo de decir y como podéis ver tiene una amplitud objetiva.
Cognición plena alegación prueba y población plena
también la totalidad de efectos de cosa juzgada.
Los especiales, sin embargo,
tienen una cualquier cognición relativamente amplia, pero,
y los efectos de la cosa juzgada, son plenos,
si bien a veces se ven afectados por un elemental factor temporal.
Pongo un ejemplo.
Cuando una persona se divorcia y y los menores quedan a cargo,
supongamos de uno de los antiguos progenitores,
perdón, de uno de los antiguos, digamos, vamos del,
del marido de la mujer, de los antiguos contrayentes,
de los antiguos cónyuges, quería decir bien,
pues puede suceder que una de las dos partes,
pues llegue a mejor fortuna, peor fortuna,
que pierda su trabajo, que tenga uno mejor,
que tengan mejores posibilidades, es decir,
que eso puede ser susceptible de variación o de modulación.
Con el tiempo y de revisión por parte
de un juez no quiere esto decir que las sentencias matrimoniales
no tenga fuerza de cosa juzgada,
claro que la tienen, pero afectadas por un elemental factor temporal,
es decir,
que esas sentencias tienen la fuerza juzgada afectantes al momento
en que fueron dictadas si las circunstancias concurrentes,
al tiempo en el que se dictó esa sentencia,
han variado.
Entonces es razonable que también el juez
pueda volver a conocer de esos hechos y de esa variabilidad,
esa inmodificabilidad para darle ahora un sentido distinto
y ya adaptado al elemental factor temporal
con el que juegan este tipo de procesos.
Por último, estos procesos especiales tienen plenas garantías procesales.
En último lugar, están los procesos sumarios
como una restricción de los mecanismos de ataque
y de defensa.
Por qué?
Porque son procesos urgentes muy rápidos.
Son los antiguos interdictos,
el interdicto, pongamos de obra ruinosa,
el proceso ahora sumario de obra ruinosa
cuando un edificios está cayendo es imprescindible
apuntalarlo pedir al juez esa tutela inmediata
antes de que se produzca una desgracia
y son tan inminentes tan rápidos, tan veloces
que no pueden tener esa totalidad de mecanismos de ataque,
de defensa plenitud probatoria
porque entonces tardarían demasiado tiempo
en resolverse también, como consecuencia de ello
es que tengan minoradas.
Algunas es que tengan minoradas algunas garantías procesales
y por supuesto que sus resoluciones no tengan plena fuerza
de cosa juzgada, por tanto, puedan ser luego sometidos
a un segundo enjuiciamiento también en vía civil,
ante la jurisdicción,
que podrá revertir el contenido de las resoluciones
dictadas en esos procesos sumarios, antiguamente,
pero también en la práctica forense denominados interdictos.
Pasamos con esto ya estamos casi terminando
a las características esenciales del derecho procesal.
En primer lugar, es un derecho público,
porque porque públicos el aparato del Estado
llamado integrado por los jueces y magistrados,
el poder judicial, el tercer y más alto,
poder del Estado públicos, el aparato del Estado,
llamado a ventilar las controversias dentro del derecho procesal,
bien es cierto, y lo hemos dicho que hay
otros mecanismos privados de resolución de controversias,
como el arbitraje, como la mediación,
pero es cierto también que los nuevos aires legislativos
europeos y también españoles
quieren incorporar estos mecanismos alternativos y complementarios
a la jurisdicción dentro del paraguas de la justicia.
Por tanto, no descarto que de aquí a un futuro,
no de no lo descartamos.
Lleguen a integrar el aparato de la justicia en pie de igualdad
con la jurisdicción y también lleguen a ser mecanismos públicos
hasta el momento a día de hoy.
La jurisdicción es pública, el resto de mecanismos también
y también son también permiten hacer justicia en casos concretos
donde una relación no estaba pacificada
y permiten pacificar la, pero no está no gozan de esta dimensión pública.
Bien.
En segundo lugar,
de derechos procesales de ámbito nacional
decir así como no cabría establecer, por ejemplo, en derecho penal
una distinta tipificación, para un delito
según en qué territorios nos encontrásemos.
Tampoco parece razonable, en principio,
y la Constitución
reconoce el ámbito nacional de nuestro derecho procesal,
que unos mismos procesos tengan pues más derechos procesales
en una determinada demarcación territorial de España
que en otra.
Parece que eso sería un contrasentido que a atentaría
contra el principio de igualdad de todos ante la ley,
el derecho procesal, las fases procesales,
los períodos procesales, los trayectos procedimentales,
todo lo que estamos estudiando, tiene una dimensión nacional,
la ley de enjuiciamiento civil para toda España,
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para toda España,
y así sucesivamente son de naturaleza imperativa.
Bien es cierto que dentro de los procesos a veces
hay posibilidades u oportunidades procesales, es decir
que no todos imperativo también hay algunas opciones facultativas,
pero con carácter general, de derecho, procesales imperativo;
es decir, imperativo es el órgano jurisdiccional
ante el que yo debo comparecer
imperativas la jurisdicción imperativa.
Es la competencia objetiva y funcional,
no así la territorial,
pero luego también tiene muchos fueros.
O foros.
Como veremos que son imperativos, por tanto,
imperativas van siendo las fases procedimentales
que yo debe ir recorriendo a lo largo del proceso.
Para llegar a su fin no cabe entablar directamente, por ejemplo,
un recurso de amparo ante el constitucional;
es debido a haber ido agotando todo el principio de subsidiariedad,
ir agotando todas las instancias, es decir,
que el derecho procesal, con carácter general,
y sin perjuicio de que a veces pues el propio juez
nos puede derivar a una mediación en ese sentido,
pues nos da de alguna manera un balón de oxígeno a la voluntad,
pero sí que con carácter general el derecho procesal es imperativo.
Además, goza de relativa autonomía relativa
autonomía con respecto a al derecho sustantivo,
es decir, que el derecho procesal por sí solo
no se basta.
El proceso por sí sin un contenido sustantivo
no tiene razón de ser.
He comenzado la lección diciendo que el derecho al procesal
es el derecho visualizado a través del derecho
a la tutela judicial efectiva, y defensa,
ese derecho estrella del ordenamiento jurídico constitucional,
porque es el único capaz de transformar la realidad social.
Cuando tenemos un conflicto es el único,
un conflicto ya disparatado,
un conflicto tan enconado que es incapaz de resolver nadie tan solo
el juez lo va a poder resolver, pero dicho esto
y una vez sentado que el derecho sustantivo por sí mismo no se basta,
hay que reconocer que el derecho procesal por sí mismo
tampoco se basta.
No hay un derecho sustantivo que se haga realidad; sin un juez,
cuando la relación no es pacífica y no hay posibilidad
de pacificar bla, pero tampoco hay un derecho procesal autónomo
sin un derecho sustantivo dentro decir que todo el derecho procesal
se instaura porque hay una relación sustantiva,
como un conflicto que debe ser armonizado en vía judicial.
Por tanto, derecho sustantivo y derecho procesal
se necesitan; ninguno de los dos son autónomos,
los dos gozan de relativa autonomía, de hecho,
se han extinguido en nuestro país en otros no es así;
pero en nuestro país, en España,
se han extendido estos dos derechos.
Estudiamos el derecho sustantivo por un lado
el derecho procesal por el otro,
pero está plenamente comprometidos en el marco del procedimiento.
Solo se acciona en la justicia.
Cuando un derecho sustantivo,
lesionado el derecho procesal por sí solo no no basta, por último,
se instrumental
y esto es de alguna manera una, un complemento
del anterior concepto, es decir,
que el derecho procesal es un instrumento,
un instrumento de la jurisdicción de los jueces y magistrados
puesto al servicio de los ciudadanos para ventilar sus conflictos,
pero eso un instrumento de manera que fuera del proceso judicial
todo lo que dentro acontece carece de ningún valor
de una medida cautelar, pongamos por caso o una ola práctica
de una prueba, una diligencia preliminar,
las conclusiones.
Todo esto solo tiene sentido dentro del proceso
y para y para que el juez adopte en el marco de ese proceso
una resolución justa o lo más aproximada posible,
al ideal justicia dentro de nuestra falibilidad humana,
pero no deja de ser un instrumento,
porque esa prueba o esa medida cautelar
fuera del proceso una vez concluido el proceso no tiene ningún valor.
Por tanto,
todo procesal es un instrumento de la jurisdicción.
Es un instrumento para el derecho sustantivo,
para hacer realidad, es decir, para pacífica,
una situación que hasta ese momento era muy conflictiva,
y, por último, con esto concluimos.
El derecho procesal se rige fundamentalmente,
aunque no solo es decir, aquí están todas las que son,
pero no son todas, no al revés,
son todas las que están, pero no es tan todas las que son,
es decir, que hay más principios que estos,
pero yo he decidido en este capítulo introductorios,
sin perjuicio de que luego serán estudiando otros principios
a lo largo de las siguientes elecciones
dejar claro que 10 son al menos los principios esenciales
que vertebra nuestra asignatura.
10, primero, el principio de legalidad.
España se constituye, como todos sabemos,
lo hemos estudiado ya en Derecho Constitucional,
en un Estado social y democrático de derecho,
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico
la libertad, la justicia, la igualdad,
el pluralismo político.
Este estado de derecho
se rige por un elemental principio de legalidad,
es decir, que la ley es el imperio de la ley,
es aquello a lo que están exclusivamente sometidos los jueces
y magistrados.
Los jueces, magistrados son absolutamente independientes,
solo tienen una psoesión conforme al dictado de la Constitución,
la sumisión a la ley.
La ley nos hace iguales a todos.
La ley nos equipara todos la ley procesal
y la ley sustantiva no solo la ley civil,
la ley penal, también la ley procesal.
Por eso ha de ser igual para todos.
Por tanto, el principio de legalidad
si el principio sobre el que se asienta
todo el derecho procesal también; sustantivo.
Bien, en segundo lugar el principio de oportunidad,
en principio; oportunidad que viene a significar,
aunque es difícil denominarlo principio yo en muchas ocasiones
de hecho, que es un criterio más que un principio
porque de alguna manera viene a excepcionar la legalidad.
Si bien como una tautología,
se ha llegado a hablar de oportunidad reglada,
es decir de oportunidad dentro de la ley,
decir una oportunidad dentro de la ley
son unos márgenes de probabilidad que la ley me da,
es algo así como una ley dispositiva, esa posibilidad,
que la ley y me da de elegir esto o lo otro,
por ejemplo, en el proceso penal de menores como un principio,
como una manifestación del principio de oportunidad o de este criterio
de la oportunidad dentro de la ley, es decir, una oportunidad reglada,
porque está legalizada, se le permite al ministerio fiscal
que se le Instruct todos los procesos penales
de menores en casos de delitos de poca entidad
y fácil reinserción y posibilidades, reeducación y mejor tratamiento
de la víctima y evitación de la doble victimización,
victimización, es decir, con muchos criterios
se permite llegar a acuerdos y no sancionar penalmente.
Si es un ejercicio de oportunidad,
quiero decir que la oportunidad viene a complementar la legalidad,
hay zonas que son excesivamente inflexibles,
rígidas que no permiten al justiciable,
hacer una justicia que no permiten hacer realidad.
La justicia a la que queremos aspirar, que llegan demasiado tarde,
que son demasiado entonces, bueno, pues como un margen de oportunidad,
digamos, como un oxígeno para de calidad,
el permitir en determinadas ocasiones sobre todo el proceso penal,
fundamentalmente del proceso penal, llegar a acuerdos,
a adoptar llegado el caso, una mediación penal
que no está regulada todavía, pero llegará una conformidad.
El no ejercitar la acción, cuando realmente esa esa,
ese hecho es merecedor de un gran reproche,
pero no de un reproche penal,
porque la conducta no ha sido delictiva,
ha sido inmoral, ha sido si queremos reprobable,
pero no ha sido delictiva o no ha llegado a ser delictiva
o ha sido mínimamente delictiva, y la víctima
pues va a tener una más fácil, digamos, recuperación, restauración,
gracias a la ha hecho ayuda del victimario,
que va bien.
Esto son ejercicios de oportunidad,
las posibilidades siempre dentro del marco legal
de que se pueda llegar a soluciones distintas
a la sanción penal.
En esos casos que no sean muy calamitosos.
Claro está el tercer principio, se desigualdad de armas procesales;
se denomina así idear más y parece un principio bélico,
pero no lo es; todo lo contrario, es una manifestación del principio
de igualdad de todos.
Ante la ley aplicado al proceso judicial que esto es decir
que todos parte acusador aparta acusada parte actora,
parte defensiva, es decir,
todas las partes del proceso tienen que tener los mismos derechos,
no.
La parte que está en el lado activo
tiene que tener más derechos por estar en el activo
que la pasiva.
Precisamente por estar en el pasivo ni a la inversa,
todos deben tener los mismos derechos,
las mismas cargas, las mismas obligaciones,
las mismas posibilidades procesales porque si no se generaría indefensión
dentro del proceso.
El cuarto principio es la imparcialidad, la sociedad,
la independencia.
Los jueces son independientes y también son imparciales;
es decir,
son independientes porque el tercer poder del Estado se independiente
respecto de los otros 2.
Pero es que además los jueces son imparciales,
por razón del objeto y por razón del sujeto,
porque hay una serie de mecanismos de abstención y de recusación,
de jueces y magistrados que impiden que esos jueces o magistrados
que tenga una especial vinculación con el objeto del proceso
o con los sujetos a los que van a enjuiciar impiden rechazan
la posibilidad ante la probabilidad que no seguridad,
porque tal vez en esos casos lleguen a conseguir los jueces,
a pesar de tener comprometida la imparcialidad,
pero puedan llegar ser imparciales, pero no se les quiere dar
ni tan siquiera la mínima probabilidad
de que puedan llegar a dejar de ser imparciales
como lo de la mujer del césar.
No solo ha de ser,
entra honrada, sino también a de parecerlo,
pues los jueces no han de verse ni tan siquiera en la tesitura
de tener que ver comprometida su imparcialidad, por tanto,
la imparcialidad respecto del objeto y sujetos
de su procedimiento la independencia respecto de los otros dos poderes
del Estado.
En quinto lugar, la publicidad conectada
con la, el con la oralidad.
La Constitución dice que los procesos judiciales
serán predominantemente públicos, sobre todo en materia criminal.
Añade.
Por qué?
Porque la publicidad asociada a la oralidad,
porque todo lo públicos oral, lógicamente, es interactivo;
es oral, está bueno, pues la publicidad
es la transparencia muy valorada,
sobre todo ahora; es decir, es una garantía de que,
con independencia del erróneo acierto de la resolución judicial,
los jueces no están trabajando a puerta cerrada.
Tenemos ahí el ejemplo del proceso que se ha rodado grabado
y lo tenemos en abierto en Internet.
Por suerte tenemos ahora muchos mecanismos.
Como estas mismas clases tenemos muchos mecanismos
para que la sociedad pueda ver en directo
cómo se está impartiendo justicia.
También es cierto que tiene un contrapeso
y es la protección de datos.
Es muy importante, con proceso penal
una persona que tiene su presunción de inocencia intacta,
desde el principio, hasta el fin,
pues no aparezca en un proceso penal, que le sonríe que sea poco,
que de alguna manera quiero decir que todos sabemos
que los derechos fundamentales no son absolutos y hay que conciliarlos,
pero en la medida de lo posible es positivo
que los procesos judiciales, en general,
y los penales en particular, sean públicos,
sean públicos y, por tanto, sean orales.
Ahora bien, no todo el proceso judicial
puede ser oral.
Hay algunas actuaciones que deben ser escritas,
porque ya sabéis eso, de verba, volant lo que dice lo que decimos.
Se lo lleva el viento escrita, manente lo escrito permanece.
Por tanto, hay algunas partes del proceso,
como la sentencia, cuando va a ser recurrida,
muy probablemente como esos escritos,
donde, como la demanda la contestación a la demanda
la reconvención.
Hay escritos que deben quedar escritos,
que deben quedar con independencia
de que el escrito sea físico o virtual, o telemático,
es decir, que ahora ya los impresos telemáticos,
lógicamente, tienen el mismo valor que los impresos físicos,
pero deben quedar en un soporte,
digamos que resista el paso del tiempo,
que sea algo que nos lo haya llevado el viento.
Bien, en sexto lugar, la inmediación.
La inmediación tiene que ver con la presencia judicial,
el juez llamado a dictar sentencia, es el único que de forma inmediata
y a través de sus sentidos, de forma directa,
debe presenciar la prueba.
Este principio de la inmediación está íntimamente conectado
con la práctica de la prueba,
tan solo puede practicar la prueba con inmediación,
el juez, que luego está llamado a valorar esa prueba
y dictar una sentencia,
precisamente con base en lo que ha evidenciado
o iluminado esa práctica aprobatoria en séptimo lugar,
la libre valoración probatoria.
Los jueces tienen dicta sus sentencias,
como he dicho, con base fundamentalmente en la práctica
de la prueba, que es la que ha evidenciado la realidad
de los hechos.
Bien, pues esa prueba debe ser valorada con carácter general
y sin perjuicio una excepción a la que ahora me referiré muy
rápidamente, con base en el principio de libre valoración probatoria,
es decir con base en sus máximas de experiencias,
su buen saber y entender su buen juicio.
Sus reglas de la sana crítica esto es, nadie debe encorsetar
a un juez, ni tan siquiera la ley,
a valorar una prueba como la ley,
establezca o como se le diga
sino que deben tener esa libertad probatoria
que también entran conexión con su independencia,
con su imparcialidad, con su en fin,
y cuál es la excepción a la que antes me referida de la prueba tasada,
la que se rige por una prueba ya tasada regulada,
la documental, la documental pública,
que es los documentos dictados, ante un fedatario público,
por ejemplo ante un notario, y la privada,
cuando no es controvertida, cuando no es controvertida,
y no ha sido impugnada.
También goza de una presunción de validez,
es decir, goza de una valoración tasada bien en octavo lugar
la presunción de inocencia.
Este es un principio de inspiración penal desde el principio
hasta el final del proceso penal desde el mismo principio
hasta la sentencia última, hasta la sentencia definitiva y firme
rige la presunción de inocencia,
la culpabilidad no se puede presumir,
nunca, inocencia y su muy difícil de probar.
Por tanto, este principio,
que debe ser sagrado en un sistema democrático de derecho,
rige desde el principio hasta el final
la presunción de inocencia en el proceso penal.
En noveno lugar, la doble instancia o control dual
de las resoluciones judiciales ante la posible falibilidad mala.
Me he referido antes
a que los jueces naturalmente tienen una formación extraordinaria
y ponen todos sus sentidos en tratar de alcanzar la realidad
de unos hechos para luego aplicarles de una manera extraordinaria
el derecho, pero son falibles, son humanos.
Ante la posibilidad, por pequeña que sea,
de que se pueda equivocar en todo proceso,
existe una doble instancia o doble control judicial
a cargo de distintos jueces y magistrados de la misma respuesta,
para dar más de una prueba, más de una respuesta
y así ampliar la probabilidad de acierto y por último
y ya concluyo, el no bis y mide, o impedissin o imposibilidad
esto es la denominada cosa juzgada, material,
imposibilidad de juzgar dos veces a una misma persona,
sea física o sea jurídica por unos mismos hechos,
unos mismos hechos,
solo pueden ser juzgados una vez y una jurisdicción
decir como dice el Tribunal Supremo,
unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir
para los distintos órdenes jurisdiccionales.
Por tanto una vez han sido enjuiciados unos hechos
en la jurisdicción que sea civil,
penal contencioso-administrativo, laboral o incluso militar,
como hemos dicho.
Como nazca jurisdicción especial que tenemos una vez enjuiciados,
unos hechos no pueden volver a ser enjuiciados jamás
ni ante su misma jurisdicción ni ante el resto
ni ante la única jurisdicción especial, que es la militar
ni ante el resto de órdenes jurisdiccionales
de nuestra única jurisdicción.
Esto es un principio también sagrado.
El del novísimo miden o cosa juzgada material bien,
yo he tratado de sintetizar en este tiempo
y en esta lección la los el concepto de derecho procesal.
La parte da hacer, digamos, un recorrido global
por toda la materia.
Voy a dejar ahora a mis compañeros.
En cada uno de sus lecciones que vayan desgranando,
cada uno de estos conceptos me despido de vosotros,
me despido de ustedes Bueno,
pues muy agradecida porque consuman este producto,
que me parece absolutamente extraordinario.
Quiero agradecer a la UNED, a los medios técnicos, también,
a los proyectos de innovación docente de investigación
que nos han permitido hacer esto.
Toda la financiación,
porque es gratuito para ustedes, es gratuito para vosotros,
pero a nosotros sí nos ha costado en tiempo,
en esfuerzo y también en medios humanos y técnicos
y en desplazamientos, y demás, pues hacer este producto,
que espero que, desde luego, sea desgarrador de vuestra grado.
Mucha suerte y aportadas.
Gracias.