Hola, soy Ana, Isabel lo hace, es Gutiérrez,
profesora titular del departamento de derecho procesal de la UNED,
y hoy abordaremos dentro del programa fundamentos de derecho procesal
parte general el tema 8,
que le vamos a dedicar a los derechos fundamentales
de naturaleza procesal, y lo hemos hecho en dos partes.
Una primera parte, que es el tema 7, este tema 8,
que se va centrar sobre todo y especialmente en el tema
de la práctica de la prueba, el derecho fundamental
a la utilización de los medios de prueba pertinentes
para la defensa.
En cuanto a los derechos fundamentales
de naturaleza procesal, tenemos que decir que el artículo 24
de la Constitución dispone en su número 1,
que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva
de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos
e intereses legítimos,
sin que en ningún caso pueda producirse indefensión
y añaden su número 2.
Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario
predeterminado por la ley, a la defensa y asistencia, letrado,
a ser informados de la acusación formulada contra ellos,
a un proceso público sin dilaciones indebidas
y con todas las garantías a utilizar los medios de prueba pertinentes
para su defensa no declarar contra sí mismo
al no confesarse culpable y a la presunción de inocencia
que importante este artículo 24 de la Constitución,
porque su número uno proclama el derecho a tutela judicial efectiva
con todas sus manifestaciones, como la de acceso al proceso,
no en su número dos establece todas aquellas garantías procesales
que si no se dieran no se podría hablar
de la tutela judicial efectiva.
Cómo es ese derecho al juez ordinario predeterminado por la ley,
como es ese derecho de defensa, ascen informado de la acusación,
un proceso público dentro de un tiempo razonable y acto
y con todas las garantías,
y a utilizar los medios de poema que después ampliaremos
y a no declarar contra sí mismo, no confesase culpable a la presunción
y a la presunción.
Bien.
Por lo tanto, el derecho fundamental al que yo voy a hacer referencia,
que es el derecho a utilizar los medios de prueba pertinente
para la defensa, guarda una estrecha relación
con el resto de los derechos fundamentales,
que también hemos visto en ese apartado dos del artículo 24.
Primero, con el derecho al juez ordinario
predeterminado por ley, es decir,
será ese juez vestido en jurisdicción y competencia
ante el que se practicaba esos medios de prueba.
Ese derecho de defensa ya veremos después como un derecho
a la práctica de la prueba está íntimamente relacionado
con el derecho de defensa y esa defensa técnica,
que es la asistencia letrada, porque dijo esa defensa técnica,
pues es importante.
Por qué?
Porque imaginemos esa defensa técnica,
va a hacer que que ese letrado,
a que nosotros vemos bien de forma particular de nuestra confianza
o viendo oficio porque no contemos con recursos
para litigar, o sea, para prestar asistencia jurídica gratuita
da a elaborar esa estrategia de defensa
y en esa estrategia de defensa es fundamental los medios de prueba
que vayamos a utilizar y cómo podemos incorporar
estos medios de prueba al proceso.
Por eso esa defensa es fundamental.
Es verdad que también existe la autodefensa
me puedo extender a mí mismo, presencia técnica,
es muy importante, el derecho a ser informado de la acusación,
es decir, para yo poder defenderme.
Tengo que saber que hay una acusación también y también
entonces lo lo lo ha lo relacionamos también con esos medios de prueba,
dependiendo de la acusación que exista,
yo veré cuáles son esos medios probatorios que serán más acordes
para obtener o para ello, intentar obtener una sentencia favorable.
El derecho a un proceso público que rija el principio de legalidad,
es decir no de una manera ilimitada,
como veremos, porque también es cierto
que puede haber una limitación, las limitaciones
porque afecta la moralidad al orden público
o porque, por ejemplo, haya personas fundiéramos como pueden
ser los menores, personas con discapacidad,
el derecho, un proceso sin dilaciones indebidas,
pues sí está relacionada con esas fases del proceso,
tienen que hacerse dentro de un tiempo procedente.
Es verdad que a veces hay excepciones,
y aquí entroncaría por la relación con los medios de prueba.
Por qué?
Pues porque puede ser que, por ejemplo,
se puede haber excepciones a esa normalidad,
o ese tiempo que podemos considerar en que se desarrolla con normalidad
un proceso.
Bueno, pues porque haya complejidad en la prueba, por ejemplo,
un gran número de testigos.
Pensemos en algunos de estos macroprocesos derecho
a un proceso con todas las garantías.
Aquí se que están relacionadas con el derecho a la prueba.
Y por qué?
Porque un proceso con todas las garantías,
lo que hay que conseguir,
lo que hay que garantizar, valga la redundancia,
es que las dos partes contrapuestas en el proceso
tenga las mismas posibilidades.
De alegación.
Por nueva impugnación ya aparece el término prueba,
después tenemos el derecho a la prueba por la práctica
de los medios de prueba, derecho a no declarar contra sí mismo
en el caso culpable,
que ya se ha hecho con amplitud en otro en otra,
en otro de los de los temas,
pero es verdad que esa declaración es importante como medio,
como medio probatorio y el derecho a la presunción de inocencia,
que su relación con la prueba estriba
en que para desvirtuar esa presunción de inocencia es necesaria.
Una prueba y una prueba médica en cuanto al derecho fundamental
a utilizar los medios de prueba está catalogado
como un derecho fundamental, con rango constitucional.
Y por qué eso es así?
Pues porque la actividad probatoria se revela trascendental
para el correcto desempeño de la potestad jurisdiccional
que el legislador constituyente, consciente de esa importancia
que hizo pues todo en su día por plasmarla prueba, como vemos,
como un derecho constitucional de las partes procesales;
un derecho que, además, al ubicarlo dentro sistemáticamente
dentro de la sección primera del capítulo
segundo el título primero de la Constitución
le otorgan la categoría de derecho fundamental.
Qué importancia tiene ese derecho
a utilizar los medios de prueba pertinente para la defensa?
Qué conceptos podemos dar a ese derecho constitucional?
Utilizar los medios de prueba pertinente para la defensa.
Bueno, podemos definirlo como una actividad procesal,
con categoría y derecho fundamental.
Ejercitable en cualquier tipo de proceso.
No lo intentemos incardinar siempre el proceso penal
o no ejercitar en cualquier tipo de proceso,
inseparable del derecho de defensa, como veremos después,
orientado a demostrar ante el juez legal
predeterminado por la ley.
La veracidad o falsedad de las alegaciones fácticas
controvertidas sobre las que se sustentan las pretensiones
de las partes, Torá y defensiva,
bajo los principios de publicidad, oralidad, concentración e inmediación
y contradicción.
Qué quiere decir esto?
Bueno, ya veremos que es verdad.
Como hemos visto antes, que este derecho fundamental
hemos visto cómo entroncaba con los otros derechos fundamentales
del 24, 2, ahora lo vemos el propio concepto
ya hemos visto que habla del juez predeterminado por la ley,
ante el que hay practicarse la prueba, no para garantizar, para,
para demostrar saber hacia falsedad de las alegaciones
y también esa relación con los principios del proceso
no publicidad oralidad contradicción concentración e inmediación
por lo tanto esos principios hay o deben presidir la práctica.
Por tanto, la prueba debe practicarse.
Primero, en el barco habilitante de un procedimiento
legalmente establecido en proceso legalmente establecido y acorde
con los más elementales principios de publicidad, oralidad, tradición,
concentración e inmediación.
Bien, vamos a hacer una referencia a estos principios
porque deben darse y debe presidir esa actividad probatoria.
Primero el principio de la a -goza de un expreso reconocimiento,
uso a nivel constitucional, y comporta,
según el artículo 120, dos de la Constitución,
que el procedimiento será predominantemente oral,
especialmente en materia criminal.
Es verdad que luego cabe establecer una serie de limitaciones
a ese principio, podríamos decir,
de oralidad o a ese proceso público.
Ya veremos que es, por ejemplo, en determinadas materias
o cuando puede afectar la oralidad o la publicidad
a determinados aspectos, por ejemplo,
de la intimidad de los intervinientes en un proceso.
Pensemos en personas menores, por ejemplo,
no personas con discapacidad necesitadas de especial protección,
o sea personas vulnerables no es decir,
se pueden establecer determinadas limitaciones
que el órgano jurisdiccional es verdad que tendrá que motivar,
pero si se pueden establecer el principio de inmediación
supone que el único juez,
podríamos decir autorizado, investido de jurisdicción,
competencia para dictar una sentencia con fundamento
en la pueda se practique en un determinado proceso.
Es precisamente el juez que ha presenciado,
de una manera directa e inmediata esa prueba.
Es cierto que el principio de inmediación,
que ha estado tan enraizado nuestra en nuestro sistema procesal,
últimamente, está sufriendo una transformación,
porque avanzamos hacia la utilización
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
y también hacia la digitalización de la justicia.
Por eso en cierto modo está habiendo una un traslado,
podríamos decir de ese de esa inmediación,
tal y como la entendemos en los albores
de las de la del derecho de las instituciones,
del derecho procesal hacia unos tiempos más modernos,
transformándose hacia una menos, mejor quizás en algunos aspectos
que ante determinados grupos funcionales,
en una determinada inmediación, trasladarse hacia menos
presencialidad y más presencia, nivel Bueno,
pues de esas nuevas tecnologías
o de esa digitalización de la de la justicia,
como estamos viendo en los últimos reales decretos,
de las últimas reformas que está habiendo en materia en materia,
el principio de contradicción es un principio vertebrador
de todo proceso judicial.
Cualquiera que sea el orden jurisdiccional comprometido
lo interpretemos siempre como, como todo,
en un orden jurisdiccional concreto.
No tiene que haber una contradicción en todo proceso
y el principio de contradicción presupone, por lo tanto,
que en ese proceso judicial
o en todo proceso judicial debe haber dos partes contrapuestas,
las cuales tienen que tener las mismas posibilidades
de alegación.
Prueba impugnación,
como hemos a usted, la palabra, la palabra prueba,
relacionada con ese principio de contradicción
y al principio de control de concentración,
es decir,
intentar que todas las sesiones celebradas en el proceso,
bajo esos principios que hemos visto oralidad, mediación y contradicción,
pues o publicidad se hagan en la medida de lo posible en unidad
de acto vale.
Si no es posible, pero adapto,
pues en un breve periodo de tiempo no es verdad.
Es verdad que a veces es difícil
porque a lo mejor puede darse una complejidad en el proceso
y al principio de publicidad que supone que esos debates
del juicio oral sean públicos o pena de nulidad.
Ahora bien, este principio es verdad,
que existe nuestro ordenamiento jurídico no es absoluto,
como hemos visto.
Pueden existir razones de seguridad de orden público
o la protección, como decía antes,
de los derechos fundamentales de los intervinientes.
En particular, ese derecho a la intimidad, por ejemplo,
de la víctima, el respeto debido a esa víctima y a su familia,
y entonces resulte necesario evitar la víctima.
Esa victimización secundaria
que puede llevar implícita esa publicidad absoluta
cuando hablamos de publicidad, hoz o desarrollo ordinario
del proceso nos estamos refiriendo con respecto a la sociedad.
Bien, el derecho fundamental perdón
por utilizar los medios de prueba pertinente
para la defensa también tiene un contenido
y un contenido con una serie de manifestaciones.
La primera, el derecho a proponer la prueba,
es decir, tenemos que buscar qué medios de prueba
vamos a proponer de cara a nuestra defensa.
Ahora sostener las pretensiones tanto la parte actora
como la parte defensiva,
luego también el derecho a que se quita la prueba que sea
legalmente admisible.
No toda la prueba se va admitir,
ya veremos después que tiene que tener unos caracteres,
derechos que se motiven las resoluciones judiciales
sobre la admisión de la prueba, es decir,
si el órgano jurisdiccional inadmite una prueba,
tendrá que motivar porque inadmite esa prueba que yo considero
pertinente.
Yo tienen el proceso para,
para elaborar mi estrategia de excesiva derecho,
que la prueba admitida si afectivamente practicada solamente,
que se ha pletórico no admito la prueba,
pero después tiene que efectivamente prácticas no solamente practicarse
sino también al derecho a que la prueba práctica
sea valorada por el órgano jurisdiccional
y que les sirva en sustento a la hora de dictar una resolución judicial;
derecho a proponer la prueba ya lo hemos dicho,
el hecho de proponer las pruebas hay que hacerlo siguiendo
los cauces procesales legalmente establecidos
y es una prueba que tiene que conducir a la acreditación
de los hechos constitutivos
que fundamenta la pretensión de la parte actora
y los hechos impeditivos extintivos y excluyentes,
que sustentan la pretensión de la parte defensiva.
Si como la costumbre del derecho extranjero,
esta proposición de prueba debe ajustarse, en primer lugar,
a los imperativos de tiempo y lugar practicarse en tiempo y forma
previstos en las correspondientes normas procesales,
porque porque el incumplimiento de esta exigencia puede hacer
que esa prueba sea inadmitida y sí es verdad que es inadmitida.
No podríamos entender que se ha vulnerado
por el órgano jurisdiccional ese derecho fundamental.
Utilizar los medios de prueba,
porque lo que tiene que hacer es que se haga en tiempo y forma,
y que además esa prueba, como veremos sea pertinentes derecho
que se admita la prueba al e entonces,
ese derecho fundamental al que se admita la prueba
hace que el órgano jurisdiccional que esté conociendo el pleito
tenga que admitir todos aquellos medios de prueba
que hayan propuesto las partes, pero no de una manera ilimitada,
sino que no admitir aquellos que se declaren inútiles impertinentes
o que se hayan obtenido de formal y cita es decir,
solo se admitirán los que se dedican pertinentes útiles
y que olvidarse obtenidos de forma ilícita
o consiguiendo una prueba, una prueba prohibida lo veremos
después cuando analizamos más extensamente los límites
de la de la práctica de la de la de la prueba.
Entonces, por lo tanto, podrán ser inadmitidas
por el órgano jurisdiccional.
Trecho.
Motivar esa resolución,
simplemente si yo inadmita una prueba que una de las que las partes
consideran que es importante para su estrategia procesal,
tengo que motivarlo como órgano jurisdiccional.
Tengo que decir perdón.
Yo he hecho un juicio sobre la impertinencia,
sobre la y ni inutilidad.
Perdón, o la licitud de esa prueba,
y por eso lo he inadmitido como órgano Jules
dice.
Vale.
También a la inversa, las partes tienen que ser negligentes;
a la hora
de presentar estos estos medios de prueba,
es decir, tienen que argumentar debidamente.
Que esos actos de problema son importantísimos,
son pertinentes útiles ilícitos por aquel órgano jurisdiccional.
Tenga que ir motivar esa inadmisión,
derecho a que la prueba inadmitida sea practicaba,
como hemos dicho, no puede ser algo, algo retórico
no se aprueba; hay que practicar esos medios de prueba.
Conforme a las exigencias legales que aparezca.
Es el derecho a la práctica.
La prueba tiene que llevar implícito el que la misma
se ejecute dentro de un marco de condiciones de modo tiempo y lugar
que se establecen la propia regulación procesal
para cada caso concreto para cada medio probatorio
y que nunca se produzca indefensión, derecho que la fuera práctica.
Se avaló a,
o sea, el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba.
También llevan su seno a uno en su seno el derecho
a que la prueba admitido a trámite y efectivamente ejecutada sea
debidamente valorada o tomada en consideración
por el órgano judicial en el momento de emitir su resolución.
Por lo tanto, es preciso una motivación
esa valoración y casa una valoración conjunta,
esa prueba contradictoria y ver cómo ha influido además
o ha determinado el sentido de la respuesta material
que se haya dado al proceso.
Bien, cuanto el derecho fundamental utiliza los medios de prueba,
qué ámbito de aplicación tiene derecho
a utilizar los medios de prueba?
Como derecho fundamental es que se aplica todo tipo de procesos
en su ámbito de aplicación, con independencia del orden
jurisdiccional en el que se ejercite quieres titular.
O cuál es la titularidad del derecho a utilizar los medios de prueba.
Bueno, son titulares del derecho fundamental
utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa,
quienes hayan adquirido la condición de parte en el proceso.
Luego hay que decir que hay un en una íntima relación
entre el derecho de defensa y el derecho a la prueba,
esa íntima conexión, que existe entre el derecho a la prueba,
el derecho de defensa a entrañar la imposibilidad de entender
que se haya vulnerado el derecho a utilizar los medios de pruebas,
sino se produce la persona agraviada,
una situación real y efectiva de indefensión que,
límites encontramos en el derecho a la práctica
de la prueba.
En cuanto a los límites, el derecho a la práctica de la prueba
y a momento del toreo es preciso señala, primero,
que el derecho a la prueba tiene que ejercitarse dentro del tiempo
y bajo la forma legalmente previsto tiempo
ahora bien por lo tanto ese momento estrictamente probatorio
acontecer cuánto bueno pues durante la sustanciación
de la primera instancia,
lugar en el que deberá ejercitarse oportunamente el derecho a la prueba
y, en consecuencia, bueno, pues el Tribunal Constitucional
considera ajustada el carácter excepcional ilimitado
de la prueba en la segunda instancia,
y cuáles son esos límites.
Primero la pertinencia de la prueba,
cuando toda la prueba que las partes puedan proponer en tiempo y forma
el proceso solo será admisible aquella que se considere pertinente,
que es prueba pertinente,
pues aquella que guarda relación con los hechos,
objetos del proceso, utilidad de la prueba,
además de las pruebas impertinentes.
Tampoco deberá admitir el Tribunal por resultar inútiles,
a los fines perseguidos por la actividad procesal.
Aquella prueba que puedan ser durante inútil se por ejemplo
desde un punto de vista o de una vertiente cualitativa;
podemos poner un ejemplo.
La utilidad; una prueba pericial
que se promueve con el fin de acreditar un hecho objetivo,
pues que no necesita un dictamen pericial
o desde una vertiente cuantitativa,
por ejemplo, aquellas pruebas puramente reiterativas
de otras que ya han sido admitidas a trámite
y que se han practicado que objetivamente bueno
pues son prescindibles,
no aportan nada nuevo; no te dicen no extremo,
fáctico cuya prueba no podría quedar perfectamente
cubierta con la práctica de otros medios probatorios;
por ejemplo, una prueba testifical reiterativa,
no sobre los mismos hechos o que los testigos
reiteran una y otra vez la misma.
La misma situación, la relevancia y el carácter decisivo
de la prueba, es decir,
para sostener una queja fundada como demandante amparo por ejemplo
del Tribunal Constitucional
ante el indebido rechazo de una prueba,
es necesario que se argumente por parte de la persona demandante,
amparó la transcendencia que tiene dicha inadmisión, es decir,
por qué día es que es relevante,
es relevante para para para para para el fallo
y el que usted inadmitido, esa prueba nos lleva a que, a lo mejor
el resultado del proceso sea distinto la ilicitud de la prueba,
el tratamiento de la prueba en todas las fases del proceso
y en todo y con todos los intervinientes,
a desarrollarse Minurso
minuciosamente respetando las exigencias legalmente establecidos.
Por lo tanto, no se podrá admitir la prueba ilícita,
es decir, cuando, si no se no hay y no se observan en proceso
los contenidos proclamados en la Constitución
que se refiere a derechos y libertades fundamentales,
como es también la prueba, la prueba prohibida la licitud de la prueba
es aquella que se es obtenido.
Se incorpora al proceso
como un legado vulneración de la legalidad ordinaria,
y la prueba prohibida como distingue la adoctrina es la, obtenida directa
o indirectamente, vulnerando los derechos fundamentales.
Bien, pues como vemos no se pueden admitir
sobre todo la prueba que se ha obtenido comunicación de los derechos
y libertades fundamentales,
además que hará que se extrapole esos efectos de la nulidad,
también a todas aquellas pruebas que tengan su origen
o traigan causa de aquella a lo que se refiere
a la teoría, de la génesis anglosajona,
conocida popularmente como la doctrina
de los frutos del árbol envenenado, la árbol ya está envenenado,
pero también está envenenado todos los frutos que resulten
de ese.
Por último, vamos a hablar de la infracción del derecho
a la práctica de la prueba y del control de constitucionalidad.
Las resoluciones del Tribunal Constitucional
que excluyen o que resuelven perdón el recurso de amparo
en sentido favorable normalmente suelen contener
o exigir dos requisitos.
En primer lugar,
cuando la resolución judicial que haya denegado una prueba
no haya sido razonada o haya sido inmotivada o no,
y una motivación del rechazo o de la facta
o la de la falta de práctica de esa de ese medio probatorio
o que no se ha practicado por qué ese medio probatorio
se ha rechazado una manera arbitraria.
Hoy razona, en segundo lugar,
que se haya producido una situación de indefensión en la parte
consecuencia que tanto el Tribunal Constitucional solo
puede revisar esa actividad jurisdiccional
si esa decisión denegatoria
de la prueba prueba carece de todo fundamento
o bien si su fundamentación o motivación es incongruente,
arbitraria o irrazonable.
Así el Tribunal Constitucional,
amparar recurrente cuando la prueba no practicar es decisiva o relevante
en términos de defensa,
esa catalogación, por lo tanto, de ese derecho fundamental,
los a que es necesario esa fundamentación,
para concluir decir que la catalogación del derecho
a utilizar los medios de prueba como un derecho fundamental
con rango constitucional,
es necesario que sea observada tanto por todos los poderes públicos
incluidos, por lo tanto, tanto los juzgados y tribunal
y los jueces y tribunales diamantes del Poder Judicial.
Es decir, todos los poderes públicos,
además el ejercicio de otros tipos de derechos
lo deberán de hacer de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y con los tratados y convenios
y acuerdos internacionales en los que España, en los que España
sea la prueba, tiene que partir casi,
como hemos dicho, en un marco habilitante
de un proceso legalmente establecido,
y ya hemos dicho recordar, como conclusión presidida
por esos elementales principios de publicidad,
oralidad, contradicción, concentración y mediación,
saber la relación existente y estrecha
que tiene con el derecho de defensa y que ese derecho constitucional
utilizar los medios de prueba tiene un contenido esencial,
y ese contenido es el derecho a que se admita la prueba,
que sea legalmente admisible,
el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales,
el derecho a que la prueba admitida sea practicada
y el derecho a que la prueba practicada sea valorar.
Ese derecho constitucional
está íntimamente ligado al derecho de defensa,
es decir, es muy importante que cuando se lleva
un medio de prueba se motive porque puede puede afectar
a esa defensa efectiva y crear una situación real y efectiva
de indefensión respecto a su contenido.
Ya hemos visto cuáles no es ilimitado,
no se puede admitir cualquier medio de prueba
por los órganos jurisdiccionales sea una prueba pertinente,
útil, relevante, que además, que no se obtenido de manera ilícita
ni vulnerando derechos Oliver o libertades fundamentales
y también finalmente,
debemos recordar la importancia de ese control constitucional
ante la infracción del derecho a la práctica de la prueba.
Bueno, hasta aquí mi intervención, muchísimas gracias
y espero que, bueno, pues ya se hizo de interés de todos.
Muchas gracias.