Buenos días como director de este
Seminario Internacional Permanente de Derecho Penal y Criminología.
Les doy la bienvenida a la cuadro cuadragésima cuarta.
Se siempre claro.
Nosotros esfumadas satisfacción haber sido capaces
de mantener esta actividad,
que empezó en el año 2015; quería dar las mafias al público asistente
tanto presencial como los que asisten,
de forma telemática,
y también muy especialmente a las dos ponentes, el Isabel,
la memoria,
la Manjón que nos acompañan hoy en esta sesión sobre un tema
tan de tantísima actualidad como es la nueva palabra
Alicia hagin directora del departamento de Derecho,
pondrán al paratus, presenta las ponentes,
y será quien nuevo hace posterior.
Muchísimas gracias gracias.
Posee bueno, pues hoy tenemos aquí a dos legats muy admiradas
y queridas para hablarnos de un tema de extrema actualidad,
como es la ley de amnistía que se está tramitando en la actualidad
en el Congreso.
En primer lugar, contamos con la presencia de Araceli Manjón,
que es catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense.
No es la primera vez que nos honran con su participación
en este seminario ya estuvo hablándonos de drogas,
que es uno de sus, de sus temas.
De especialización
y también la justicia transicional y hoy nos va a hablar,
pues, de la amnistía desde el punto de vista penal
y a continuación,
pues contamos con la presencia de Elisa de la nuez,
que sí que es la primera vez que viene a nuestros seminarios.
Queremos que no sea la última, Elisa es abogada del Estado en excedencia
y es la secretaría general de la asociación.
Hay derecho, que es una asociación, una organización independiente,
sin ánimo de lucro,
que se dedica a velar por los valores del estado de derecho
y que lleva trabajando en el tema de la amnistía
durante hace bastantes meses y nos va a hablar de la amnistía
desde el punto de vista más constitucional,
no?
Bueno, pues sin más dilaciones, les doy la la palabra.
Sí?
Pues muchísimas gracias por la invitación a la UNED
y también, sin más preámbulo, voy a intentar hacer,
en el tiempo que tengo disponible,
una visión general de de esta ley de amnistía.
Vamos a llamarla popularmente de amnistía.
El título, digamos, técnicos, proposición de ley orgánica
de amnistía para la normalización institucional,
política y social de Cataluña, y lo primero que tengo que comentar
es que, efectivamente es un tema de muchísima actualidad,
es un algo realmente impresionante, no verla.
El interés que suscita, no ya en el mundo jurídico
sino en general la ciudadanía, lo que ocurre alrededor de esta ley.
Comentábamos justo antes de entrar,
que el otro día presentamos un libro que se llama la amnistía en España,
que yo creo que es un libro que da una visión bastante completa,
no de los problemas de constitucionalidad
que tiene esta ley de amnistía
y que se quedó gente en la calle sin poder acceder.
Esto realmente a mí no me ha pasado jamás
cuando hemos presentado libros jurídicos
y llevamos unos cuantos no.
Por tanto, estamos ante algo que es realmente excepcional
desde todos los puntos de vista,
y lo primero es excepcional.
Por cómo surge esta esta ley de amnistía no.
Como es sabido, esta ley surge
de un acuerdo, que es el acuerdo entre el Partido Socialista españoles
y un para acordar la investidura de.
Pedro sánchez, después de las elecciones generales,
el veintitres j,
y es importante porque esto que yo llamo el pecado original es,
digamos algo absolutamente extraordinario,
es un acuerdo del que va a salir una propuesta normativa
en forma de proposición de ley,
un texto que se va a presentar a el Parlamento
para que este a su vez lo tramite y porque es un pecado originario,
porque esto se ha negociado entre dos partidos políticos,
uno de ellos directamente implicado en la amnistía.
Se está hablando de una amnistía que va a beneficiar en primer lugar,
al líder del partido del señor puigdemont,
pero también a otras personas importantes del partido,
cuadros afiliados, simpatizantes, y que se va a hacer,
como digo, en un entorno de opacidad.
Si ustedes se acuerdan que costó mucho enterarnos,
de que se estaba negociando, exactamente,
se negocian también otros aspectos que tienen
que ver con también con el poder judicial,
el famoso lo fue, la idea de que los jueces hacen política
a través de sus procedimientos judiciales.
En definitiva, tiene todas las características
de un negocio de derecho privado, no de un contrato entre partes,
pero la peculiaridad y insisto porque es una peculiaridad,
que me parece muy relevante,
es que esto se el resultado de esta negociación
es un producto normativo en forma de proposición de ley
que se entrega cerrado al congreso a las cortes generales,
de forma que lo que tienen que hacer es básicamente,
ratificarlo y y, bueno, con algún matiz que luego veremos,
pero que los trámites de enmiendas que después hemos visto
se han debido básicamente a la necesidad de intentar blindar
entre comillas la norma frente a posibles actuaciones judiciales
que se han ido produciendo a lo largo de la tramitación
por tanto de entrada algo absolutamente extraordinario
por qué porque no es cierto que el Parlamento haya ejercido,
como es habitual, su labor normativa,
una expresión que nos gusta mucho, la de luz y taquígrafos,
sino que es todo lo contrario, es una norma
o un proyecto de norma que se entrega al Parlamento,
que en parte ha sido redactada en parte
o en todo no lo sabemos exactamente por sus beneficiarios directos.
Por tanto, ya tenemos esa sospecha de la autoamnistía
y que digamos, lo que se pretende es que se tramite
por un trámite de urgencia y por un procedimiento que excluye
cualquier tipo de, digamos, informes preceptivos,
con lo que sería una tramitación ordinaria de un proyecto de ley.
Se nos dice y eso es cierto, que un gobierno en funciones
como era entonces el de Pedro Sánchez,
no podía tramitar una proposición de ley perdón, un proyecto de ley,
y esto es correcto, pero, claro, lo que nunca ha ocurrido
es que se supedite una investidura a la tramitación
de un proyecto normativo consta totalmente diferente,
pero no es el caso, es cuando se pacta
en un gobierno que es perfecto gobierno,
una coalición, se pacta un proyecto para la legislatura que puede incluir
y es absolutamente normal y legítimo
que puede incluir la aprobación de determinadas normas.
Es por ejemplo, una acuerdo como el que puede tener el psoe
y sumar, y esto se traducirá a lo largo
de la legislatura en los proyectos normativos
de que se trate.
Pero no hay nada parecido en este acuerdo
porque siempre se nos ha dicho.
Pero los representantes de yo,
que no hay nada parecido a un acuerdo de legislatura,
no hay nada parecido a un proyecto o junto a una implicación
en la gobernabilidad de España,
todo lo contrario, esto se rechaza frontalmente,
lo único que hay es una necesidad que tiene
el Partido Socialista dicho por su presidente
no lo digo yo hacer de la necesidad virtud, que es esta,
esta votación de investidura,
y, por otro lado, la necesidad que tiene yo
y sus dirigentes de obtener este beneficio.
Por tanto, es absolutamente excepcional,
lo miremos como lo miremos
y y esto se va a traducir después en una tramitación
que no es para nada la habitual, pero yo creo que esta primera idea
de estamos ante algo absolutamente inédita y inédito
en la democracia española,
desde un punto de vista técnico, jurídico, pero también democrático
e institucional.
Creo que es muy relevante,
porque esto va permear después todo lo que vamos a decir
alrededor de la ley de amnistía y en concreto,
se plantea ya el tema crucial de si esta ley de amnistía
es o no constitucional, que aquí hay que distinguir dos planos.
Se nos decía mucho a los juristas que,
como recordaba Alicia desde el principio,
hemos estado activos, digamos,
entendiendo que aquí había problemas serios de constitucionalidad
que no conocíamos el texto concreto de la ley,
y era correcto, pero a veces no hace falta conocer el texto concreto
de una ley para entender que hay problemas muy graves
en un texto normativo.
Pensemos, por ejemplo, en una texto normativo
o en un proyecto de texto normativo
eliminar a determinados derechos fundamentales que digamos,
introdujese restricciones no contempladas en la Constitución
a determinados derechos.
Esto no.
No tendríamos que ver la letra pequeña
de la ley para entender problemas de constitucionalidad,
y aquí estamos un poco en esa situación.
Lo primero con respecto a la autonomía
en abstracto.
Aquí hay una discusión muy relevante entre digamos,
sobre todo los constitucionalistas, en las cuales yo diría
que la mayoría se inclinan por considerar una amnistía
en abstracto no ya esta amnistía.
Esto sería otra cuestión,
una amnistía en abstracto no encaja en nuestra Constitución,
y los argumentos son varios que merece
la pena recordarlos es básicamente el primero.
No hay un reconocimiento expreso en la Constitución
como si lo hay.
Esto es importante
en otras constituciones de nuestro entorno de la posibilidad
de que el Parlamento otorgue una amnistía.
Por tanto, no hay una cláusula expresa
que habilite esto al Parlamento en el sentido de que se considera
por muchos autores básicamente como digo constitucionalistas
es una potestad que es la potestad legislativa ordinaria
en la medida en que, como veremos también, digamos,
establece o digamos tensión a principios básicos
que están en la Constitución como veremos principio igualdad
seguridad jurídica separación de poderes o interdicción
de arbitrariedad digamos que la idea es que para que algo
tan extraordinario se produzca tiene que haber una habilitación expresa
en la Constitución,
cosa que en la nuestra no existe.
Si la había en constituciones anteriores
y la había en la Constitución de 1931,
si la hay en otras constituciones de nuestro entorno,
e incluso se recoge la forma que esta potestad extraordinaria
que se otorga al Parlamento se ejercite ya les adelanto
que no es, digamos fácil;
es decir, se establecen mayorías muy consolidadas para poderlo hacer.
En cualquier caso,
como digo, nuestra Constitución no existe.
Esta habilitación expresa hay también un argumento de,
digamos histórico, en el sentido
de que en las cortes constituyentes se rechazó expresamente dos enmiendas
que intentaban establecer esta habilitación expresa.
Por tanto, ahí también tenemos un argumento.
Tenemos también otro argumento que se maneja mucho lo habrán oído
la prohibición de indultos generales que está contemplado
en el artículo 62 de la Constitución,
pero sin embargo es una prohibición que se dirige
al gobierno, que es el que puede otorgar los indultos,
pero en fin, en torno a este artículo también se ha zona
que si no se pueden otorgar indultos generales,
mucho menos se podrán otorgar amnistías,
pero, como digo, aquí la diferencia es importante.
Como saben, entre indultos y amnistía,
sobre todo la amnistía
es una cuestión de las cortes generales,
no el gobierno, y también hay argumentos que son
interesantes porque tienen que ver con esta.
Como nace, esta amnistía se refieren a los antecedentes
y hay antecedentes interesantes en el propio
Congreso de los Diputados.
En el año 2021 se presentó una proposición de ley,
también para amnistiar a, digamos,
las personas implicadas en el proceso,
y esto se inadmitió por la mesa del congreso
en ese momento por entender que se producía una almería
y flagrante vulneración de la Constitución.
Después hablaré un poco
porque, como saben ahora el dictamen de la mesa del congreso
ha sido diferente, pero en cualquier caso
había este antecedente.
Había otro antecedente también interesante
el dictamen en materia de indultos que emite el ministerio de justicia,
y el ministro señor Campo,
que era entonces el que estaba de ministro de Justicia,
y ahora, como saben, es magistrado el Tribunal Constitucional.
En ese dictamen se dice que los indultos
son plenamente constitucionales, a diferencia de la amnistía,
y por tanto, último tenemos las manifestaciones que hemos oído
a personas importantes del Gobierno
antes digamos de esto de hacer de la necesidad virtud,
en el sentido de que la amnistía no fuera conveniente
políticamente oportuna políticamente,
sino de que era inconstitucional, es decir,
de que no era jurídicamente viable, y este es un poco el marco existente
hace que muchos de los digamos autores,
la mayoría.
Desde luego, de los que tratan este libro que les mencionaba,
el tema de la amnistía, en abstracto con su encaje
en la Constitución, consideren que no es así,
pero también existen otros autores que piensan que,
dado que no hay una prohibición expresa en la Constitución
y se puede considerar
que en circunstancias excepcionales muy particulares,
si es posible en abstracto una amnistía,
así lo defiende el profesor César agudo que ha dedicado una monografía
sobre el tema que no es de ahora,
que ya se publicó en su momento y que ahora de alguna forma
se ha puesto de actualidad, como es lógico,
pero también autores como Juan Luis Requejo,
que aceptan la posibilidad, en abstracto de una amnistía,
siempre con un carácter muy excepcional,
digamos.
Este es un poco el estado, el arte.
En cuanto a una amnistía en abstracto,
un encaje de una amnistía en la Constitución.
También recuerdan ustedes que hubo una amnistía,
la única que ha habido, digamos, este en este último periodo,
pero esta amnistía, que es la ley del año 77,
es una amnistía que es constitucional, tanto difícilmente,
aunque luego veremos que se argumenta en torno a esta ley,
difícilmente puede servir como parámetro,
puesto que se aprueba con carácter previo
a la Constitución.
Se prueba, además, en unas circunstancias
muy particulares del tránsito de una dictadura.
Una democracia se aprueba con un enorme consenso.
Las cortes generales creo que merece la pena destacarlo,
que es una ley que se aprueba con 296 votos a favor,
dos en contra y 18 abstenciones.
Por tanto, una enorme legitimidad desde el punto de vista democrático,
institucional y que, bueno, pues básicamente digamos,
tiene esa finalidad, que es además muy característica de este tipo
de herramientas extraordinarias,
de facilitar el paso de un régimen a otro con esa digamos,
perdón de carácter general, muy generoso con respecto a personas
que habían participado tanto en el régimen anterior
como, por otra parte, en las personas que lo habían atacado
y que habían podido cometer de acuerdo con la legislación
entonces vigente algún tipo de delitos,
y este es el único precedente que en esta época tenemos.
Si hay otros precedentes de amnistías en España
hay bastantes, pero digamos,
están hechas bajo otros regímenes constitucionales,
y quizá llama la atención, porque esto yo creo que es
una cuestión curiosa que son más bien amnistías,
que se otorgan cuando hay un cambio de gobierno,
no tanto de régimen jurídico y digamos cosas que han pasado
delitos que se han convertido en una etapa anterior,
con un gobierno diferentes.
Se amnistían por el gobierno siguientes escaso,
clarísimamente.
En el Gobierno del Frente Popular en 1936,
pero hay más casos.
No digamos que son amnistías.
Entre comillas,
de parte en que cuando llega al poder un nuevo gobierno
pues se considera que las personas que habían cometido delitos,
digamos en la línea de ese gobierno deberían ser amnistiados.
Esto en los dos sentidos no, y esto
es un poco lo que podemos contar de nuestros precedentes históricos
en caso de amnistía,
que, salvo la del 77 que sí tiene esta voluntad clarísima
de pasar página de pasar de un régimen a otro
y tiene un enorme consenso detrás,
no es el caso de las amnistías históricas en España,
pero eso yo creo que es importante también detenerse en esta idea
de ahora.
Vamos a pasar a, está suponiendo siendo flexible suponiendo
que una amnistía en abstracto si cabe la Constitución
y características debería tener una amnistía en concreto
para respetar esos principios constitucionales
que inevitablemente inevitablemente una ley de amnistía
pone en juego principio de igualdad,
no vamos a amnistiar a todo el mundo principio de seguridad jurídica
ligado con esto, se van a amnistiar un tipo de delitos
y otros no, el principio de la separación de poderes
o la plenitud de la potestad jurisdiccional
de jueces y tribunales.
Obviamente, si se amnistían estos delitos,
esto, digamos, vamos a decir no sé si atenta
o se extralimita con respecto a este concepto,
pero esto es característico
de una amnistía, lógicamente, y quizá el más interesante,
aunque creo que aquí hay que traer a colación,
es el principio de arbitrariedad,
que es básicamente ver si existen intereses generales excepcionales
suficientes para justificar una ley de amnistía como esta,
y yo creo que este es un poco el punto donde nos tenemos
que centrar y por eso decía.
Era importante fijarse en el origen de todo.
Esto es lo que yo he llamado el pecado original,
porque esto nos explica muy bien de qué estamos hablando.
No, esta ley de amnistía
no es una ley que se llevase en el programa electoral,
no es una ley que se hubiese debatido de alguna forma
como una herramienta para normalizar la situación en Cataluña.
No es una ley que tenga un amplísimo consenso del Parlamento;
de hecho, si se aprueba,
se aprueba y se aprobará por una mayoría, principio mayoritario,
el principal partido de la oposición, que es también
el partido que gana las elecciones.
Esto es importante, está radicalmente en contra, no se ha sometido
a debate público en la sociedad española
porque se está digamos debatiendo a posteriori,
pero esto no se ha hablado y no cuenta tampoco
por lo que dicen las encuestas,
incluso entre los votantes del partido socialista,
con una refrendó claro.
Por tanto, tenemos un problema en este aspecto
que no se puede soslayar, que no se pueden soslayar
y que creo que está en el origen de básicamente
los problemas de constitucionalidad que tiene esta ley concreta,
y yo creo que eso también es importante,
porque el esfuerzo y ahora entraremos
un poquito más en la propia ley que hace la exposición de motivos,
básicamente de intentar explicar que la ley,
si es constitucional,
porque si es en defensa de esos intereses generales
suena un poquito, y lo digo porque soy abogado en ejercicio
sea un poquito a contestación de partes,
es decir, sería lo que contestaría, alguien que estuviese defendiendo
una ley que alguien está diciendo que es inconstitucional
y esto es llamativo en una exposición de motivos de una ley.
Es llamativo porque de alguna forma se está poniendo la venda
antes de la herida.
Es decir, oiga, yo defiendo que esto es constitucional
y doy una serie de argumentos,
algunos de los cuales son bastante, bastante discutibles.
Quiere decir que esta ley en concreto
es una ley que si va a ser constitucional
y luego veremos, por supuesto el papel que va a tener
en todo esto el Tribunal Constitucional,
pero sí que digamos ahí ese esfuerzo.
Es un esfuerzo, sobre todo formal para intentar justificar que la ley
si digamos, tienen como objeto esos intereses generales.
Se produce esa situación
de excepcionalidad que antes hablábamos, políticas social
de un gran conflicto y que, en definitiva,
es una herramienta adecuada para superar esa situación.
Claro que pasa, es que, como digo,
la exposición de motivos es bastante tramposa,
por decirlo con elegancia, porque porque en primer lugar,
tiene que comprar un discurso, que es el discurso independentista.
Es que esto es inevitable,
porque si uno sostiene que hay una situación de excepcionalidad,
de conflicto civil, de que de alguna forma
la reacción que se produjo en el año,
básicamente a partir del año 2017, es una reacción extrema,
digamos, el derecho se dice.
El derecho penal tiene que ser la última ratio.
El derecho no puede resolver los problemas sociales
estamos entre comillas comprando un discurso que es la independentista
y que también conviene recordar es le solo una parte
de la sociedad catalana de Cataluña y España el partido Josep
fue el quinto partido en Cataluña en las últimas elecciones generales.
Por tanto, esto ya hace
que el discurso sea muy tramposo,
no porque digamos, tenemos que partir de comprar entre comillas
este discurso de excepcionalidad,
de que no se puede resolver los problemas
a través de los mecanismos del estado de derecho y en particular
el derecho penal para que podamos defender
que existe esa situación que dio,
que podría justificar esa herramienta tan excepcional
como es una ley de amnistía.
Claro, el problema que tenemos, como ya he dicho,
es que esto se desmiente un día sí y otro también,
no ya por las declaraciones básicamente de los señores de yo
espero también de algunas personas del Gobierno,
sino también por los hechos.
Es decir, lo que estamos viendo a lo largo
de la tramitación de esta ley es que se está buscando claramente
que queden blindadas determinadas personas,
y muy en particular el señor puigdemont,
frente a lo que pueda resultar una aplicación supongo
que después de hablar de esto, bastante accidentada de esta ley
por los tribunales de justicia bastante accidentada, no por nada,
sino porque hay muchos motivos que permiten pensar
que esto no va a ser fácil de aplicar,
pero, como digo, esto ya responde más a,
digamos el contenido, sobre todo en el ámbito penal.
También me interesa destacar, como decía al principio,
que está la tramitación de la proposición de ley.
Es absolutamente también extraña en el sentido
de anormal extravagante.
Llamémoslo como queramos,
porque porque, como decía al principio, en primer lugar
lo que se está buscando es un trámite de urgencia,
señor puigdemont tiene prisa en que vemos
que la cosa se está complicando y se está buscando no pasar
por ningún control técnico antes de llegar
al Tribunal Constitucional.
Es decir, como decía al principio,
a no tramitarse como un anteproyecto de ley
se van a omitir informes preceptivos,
que en este caso serían absolutamente fundamentales.
El del Consejo General del Poder Judicial,
que ya sabemos que tiene una situación absolutamente anómala,
etc. Pero, en fin,
que tendría que dictaminar en este caso el del Consejo de,
están del Consejo de Estado
y probablemente también el de la Fiscalía General del Estado,
por el tipo de ley que tenemos.
Por supuesto,
si admite algo que también me parece importante destacar
que es un trámite de consulta pública, esto estaría en una ley
digamos ordinaria, no digo ya en una ley de carácter
tan absolutamente extraordinario y tan excepcional.
Todo esto se va a omitir y dirán ustedes,
pero porque es una proposición de ley bien nada impediría nada
impediría si realmente la voluntad del Parlamento
fuera tramitar la mejor ley posible con todas las garantías de acierto.
Eliminar las dudas de inconstitucionalidad,
nada impediría pedir los informes.
Si se quisiera, esto no va a pasar porque, como digo, el pecado original
es que esto sea asentado en una especie de acuerdo privados,
lleva al Parlamento y el Parlamento lo tiene que poner un lazo
vamos a decirlo así y no se pretende nada más.
Entonces, qué ocurre?
Pues que el único trámite realmente con un componente técnico
que hay que pasar antes de llegar al Tribunal Constitucional,
para entendernos,
es el de precisamente la misión en la mesa del congreso,
que este sí que es un trámite que hay que pasar y que en este caso,
a diferencia de lo que ocurre en el año 2021,
se admite a trámite en base a una informe técnico,
es el que emite el letrado mayor, el secretario general del Congreso,
que es una persona que, siendo del cuerpo de letrados
del Congreso, procede directamente del ministerio.
Creo que era director general el Ministerio de Presidencia.
Por tanto, una persona sobre la que, como también va a ocurrir después,
enseguida veremos que los magistrados del Tribunal Constitucional
esa por lo menos la sospecha de un cierto falta de neutralidad
en la medida en que es un señor que tenía un cargo,
era alto cargo de un ministerio
y que, como sabemos,
la viabilidad del Gobierno depende de esta tramitación
y porque digo que es el único informe técnico,
porque, como vemos, con esta tramitación
no va a haber ninguno más.
No había ninguno más y, por tanto, era crucial que este informe técnico
validase la, por lo menos en la no palmaria
y flagrante constitucionalidad.
Brevemente, porque esto es precisamente
el artículo que yo he contribuido a en el libro,
es interesante el informe, que es más fino
que la exposición de motivos de la ley de amnistía,
pero yo diría que es igualmente tramposo.
Por qué?
Porque básicamente tiene
que levantar el precedente de la norma anterior,
porque sabemos que hay una norma anterior que ha sido inadmitida
a trámite por palmaria y flagrante inconstitucionalidad.
Podemos decir que la ley anterior era más tosca,
era más tosca, vale, no era tan refinada.
Técnicamente.
Era más, se más de andar por casa,
pero la idea era exactamente la misma,
era amnistiar a una serie de personas por los delitos del proceso.
Entonces, qué ocurre con esta nota?
Es un poco lo mismo con la exposición de motivos.
No lo que llamamos cherry voy cogiendo
lo que me viene bien de sentencias del Tribunal Constitucional,
que ya les adelanto, las sentencias del Tribunal Constitucional, que son
todas sobre la ley de amnistía.
El año 77, como es lógico,
no hay otra, algunas son tangenciales;
es decir, no entran para nada en un asunto
como el de una ley como esta.
Por tanto, digamos, no existe ahora mismo
una jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
No es cierto.
Cuando se dice la jurisprudencia,
el Tribunal Constitucional avala la amnistía esto no es verdad
esto no es verdad no no no dicen eso las sentencias se menciona también
en la ley de amnistía.
En la exposición hay derecho comparado,
pero, como digo, claro, el derecho comparado de derecho comparado.
Si tú constitución permite expresamente que haya una amnistía,
no hay nada que comparar e incluso cuando no lo permite,
los casos no tienen nada que ver.
Se mencionan también el Tribunal Europeo de Justicia,
nada que ver,
es decir, se hace un poco por excelencia que yo,
como han acreditado sé muy bien cuando se contesta
o se hace una demanda escogiendo, digamos,
aquello que te viene bien y omitiendo lo que te viene mal.
Entonces, tú como abogado de la otra parte te tienes que ir
a la trascendencia verano.
Es que este párrafo dice este.
Pero mire usted, el de arriba y el de abajo dicen una cosa
y este es un poco el tipo de nota que se hace para concluir básicamente,
que no hay una palmaria flagrante inconstitucionalidad
y por tanto, puede seguir la tramitación
de la ley, que es lo que se está buscando,
porque, claro, dieran la mesa del congreso es un órgano político,
sin duda, sin duda es un órgano político,
pero precisamente por eso es tan importante
que esté validada por un órgano técnico
y, claro, lo que uno se plantea es si el dictamen
hubiera sido el mismo de haber sido otra persona.
El secretario general
y creo que esto es una pregunta muy importante
para los que somos funcionarios, porque si el criterio técnico
depende de la persona que cada caso ocupe este tipo de puestos,
pues tenemos un problema.
Tenemos un problema yo si digamos el criterio técnico es el mismo,
la vez anterior y este bien puede ser discutible,
pero, hombre, lo que llama un poco la atención
es que el criterio técnico sea distinto,
y esto yo creo que es una cosa que debe hacer pensar
y, como digo, ya no va a quedar ningún informe técnico
más después de esto habrá los problemas que se son previsibles
en el senado,
pero, digamos, ya no va a haber más opiniones técnicas,
digamos institucionales sobre la tramitación y donde vamos a ir
a parar, pues vamos a ir a parar al Tribunal Constitucional.
Claro, problema el Tribunal Constitucional,
no solo el Tribunal Constitucional,
porque desgraciadamente la mayoría de nuestras instituciones
a estas alturas no son precisamente percibidas
como instituciones neutrales, profesionales e independientes,
y yo creo que aquí hay que hacer una reflexión
sobre lo que lo que ha ocurrido,
en particular con el Tribunal Constitucional.
Buenos poco.
Los estudiantes no recordarán porque son muy jóvenes,
lo que ocurrió con la sentencia del estatut,
pero yo creo que en ese momento lo que la ciudadanía española
no tenía claro e incluso los juristas es que iba a pasar,
es decir, no era previsible cuál iba a ser el resultado.
Yo ciertamente no hubiera apostado nada bueno,
a mí me parecía que el estatuto tenía muchos problemas
de constitucionalidad,
pero no sabía que iba a decir el Tribunal Constitucional
y lo más interesante no sabía quiénes lo iban a decir ahora.
Desgraciadamente, las posibilidades que tenemos
de que el Tribunal Constitucional avale la ley
y la vale además por mayoría, digamos, yo diría 7, cuatro no.
Saben ustedes que ahora mismo el Tribunal Constitucional,
que no está completo, tiene 11 magistrados.
Falta un magistrado que es el que tendría que nombrar el Senado
y que previsiblemente sería de corte conservador.
Digamos ahora el Tribunal Constitucional
se está dividiendo, y eso es una cosa que sabemos
porque lo estamos monitorizando en en hay derecho,
se está dividiendo en todos los casos
con mucha relevancia política y mediática en dos bloques siete
cuatro siete cuatro siete cuatro es decir sistemáticamente se produce
esa división en bloques,
el digamos el progresista mayoritario, y soy conservador.
Por tanto, es digamos, puede ser previsible que se algo
parecido con la digamos peculiaridad de que el ministro Campo,
porque saben ustedes que estuvo en el misterio de justicia.
En el momento de los indultos, como ya he dicho
se abstenga probablemente se va a abstener,
con lo cual la mayoría estaría en 6, 4.
Pero qué quiero decir con esto?
Esto arroja una sospecha muy grande
sobre la la voluntad del Tribunal Constitucional
de realmente hacer de institución de contrapeso,
porque esto yo creo que hay que recordarlo y hay que recordarlo
mucho y más en estos días.
El Tribunal Constitucional
no está para reproducir las mayorías parlamentarias,
no está para eso, sí reproducen las mayorías parlamentarias
y opera como un parlamento bis nos sobra.
El Tribunal Constitucional no es una tercera cámara,
está para hacer de contrapeso
a lo que decidan las mayorías parlamentarias,
y para eso se necesitan magistrados.
Gracias independientes, digamos profesionales
y que de alguna forma
no sea previsible lo que vayan a decir.
Por tanto, el Tribunal Constitucional tiene delante
una tarea muy muy relevante.
En el sentido de despejar esas dudas que ahora mismo existen,
y yo creo que sinceramente son dudas justificadas
sobre que va a avalar lo que diga la ley, la ley de amnistía,
y por último, porque me quedan solo cinco minutos,
querría llamar la atención sobre las cuestiones que me parecen clave
en ese juicio de constitucionalidad que tendrá que hacerse.
Yo creo que una es muy clara, es la idea del principio de igualdad
y se van a amnistiar determinados escritos a determinadas personas
por unas circunstancias
que básicamente tienen que ver con el proceso,
pero en un sentido muy amplio,
porque se están amnistiando delitos desde el uno de enero de 2012
hasta el 13 de noviembre de 2000
veintitres, que es cuando se presenta la proposición de ley,
e incluso se pueden hacer posterior;
es decir, es una amplitud temporal muy grande,
materialmente también es muy, muy amplia,
es decir, amnistiar una serie de delitos,
pero también antes, que tienen que ver
que tienen concomitancias, que tienen preparatorios,
es decir, es muy amplio,
lo cual ya de entrada es es importante.
Hay también cuestiones concretas,
que supongo que tratará araceli sobre la posibilidad
de amnistiar determinados delitos que están ahora encima de la mesa,
el tema del delito del terrorismo, los delitos de alta tradición.
Hay también una cuestión que a mí me parece muy relevante
y ahora hablo ya pasar del principio de la arbitrariedad, que es amnistiar
delitos de malversación, que tienen, que se refieren a fondos europeos,
pero no a los fondos nacionales.
Esto por qué?
Porque se intenta evitar
y ahora ya ha terminado un momento con el tema del control a posteriori
se está intentando evitar el acceso a la justicia europea,
porque por ahí sí tendríamos una posibilidad
de prosperar en el Tribunal de Justicia.
La Unión Europea, es decir, hay una serie de cuestiones
en la ley que, pese a lo que dice la exposición de motivos,
ponen en duda los principios de igualdad,
el principio de por supuesto ya he dicho
de la separación de poderes hiperestado jurisdiccional,
aunque podemos decir que eso iría implícito en una ley de amnistía,
pero también de forma a mi juicio muy clara,
el principio de arbitrariedad.
Esto lo que decía al principio.
Esto es una.
Autoamnistía y además se va adaptando a las necesidades concretas
de las personas, como estamos viendo con las enmiendas
y por último yo creo que también fundamental
el principio de proporcionalidad,
que es otro parámetro de la constitucionalidad
de una ley de estas características,
y que tiene que ver con lo que ya decía de los intereses generales
y para concluir simplemente posibles reacciones
hay frente a esto bueno clara; el recurso de inconstitucionalidad
que sin duda pondrán los partidos de la oposición,
pero que sabemos que va a tener esta digamos sospecha por la situación
en que se encuentra el Tribunal Constitucional
en la misma sentido de las cuestiones de inconstitucionalidad
que cualquier órgano judicial puede plantear en el ejercicio
de sus funciones,
pero que me temo que van a estar también va
a pesar también esto de no sabemos si nos podemos fiar
y por último y esto se ha puesto de moda en la tema
de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea que digamos llevaría este este problema
fuera del ámbito del derecho nacional al ámbito del derecho europeo
esto es complejo.
No es fácil.
Esto no me voy a extender sobre ello porque yo creo que ni tengo espacio,
ni tampoco creo que sea el momento, pero, digamos, se trataría de ligar
los problemas que se derivan de la ley;
de Amnistia con los valores del estado de derecho del artículo
dos de la Unión Europea y con alguna jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cosa que ya les digo,
no va a ser fácil, y estas serían, digamos,
las vías que quedan abiertas a los órganos judiciales
para, bueno, cuando llegue su momento,
plantear estas dudas que les he intentado exponer
y muchas gracias.