Se regulan en el artículo 101 del texto constitucional,
los diferentes supuestos de cese del órgano gubernamental.
El Gobierno cesa, así tras la celebración
de elecciones generales,
en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria,
cuestión de confianza o moción de censura
o por dimisión o fallecimiento de su presidente,
junto a los concretos supuestos de cese,
se prescribe, asimismo, a continuación de forma expresa,
la exigencia de continuidad del gobierno cesante
hasta la toma de posesión de aquel que le sucederá.
El gobierno cesante nos dice.
La Constitución continuará en funciones
hasta la toma de posesión del nuevo gobierno,
y este artículo se enmarca en el diseño general
que estableció el constituyente,
para dotar de estabilidad al órgano gubernamental,
en el marco de un parlamentarismo racionalizado.
Se solventan así con esta prorrogatio de funciones
las inevitables transiciones que han de producirse
en un régimen democrático durante los trámites necesarios
para elegir un nuevo gobierno, evitándose vacíos de poder.
Fue un artículo pacífico durante su tramitación parlamentaria
apenas se produjeron algunas modificaciones,
aunque lo cierto es que algunas sí que tuvo
una cierta entidad.
La comisión mixta eliminó la incapacidad del presidente
como su puesto de cese, que fue una clara extralimitación,
ya que no había discrepancia entre congreso y senado,
en ese punto, que era el criterio para el poder acudir a esa comisión,
y también se extendió el mandato de continuidad
al conjunto de miembros del órgano gubernamental,
sin excluir al presidente en esos supuestos
de dimisión o pérdida de la confianza parlamentaria,
como así se había establecido inicialmente.
Pese a esta pacífica tramitación parlamentaria,
lo cierto es que algunas de las enmiendas
que se presentaron permiten ver que se manejaron otras opciones;
algunas de ellas ciertamente interesantes.
Durante los debates parlamentarios sobre los que vamos a volver
a abordar o trataremos de explicar en otras grabaciones,
más allá de esto.
Dos de los cinco supuestos de cese
están vinculadas a la persona del presidente
como único interlocutor del vínculo de fiduciario,
de confianza que se establece entre el Congreso de los Diputados
y el dimisión y fallecimiento del presidente.
Por tanto, otros dos están asociados
al propio vínculo de fiduciario y su ruptura
y un quinto a la celebración de elecciones generales,
que es el supuesto habitualmente ordinario.
De hecho, salvo en 1981, no cuando dimite en enero de ese año
el presidente Adolfo Suárez o en 2018
con la moción de censura, triunfante encabezada por Pedro Sánchez
y que provocó el cese del presidente del Gobierno
o el gobierno presidido por mariano.
Rajoy, el resto de supuestos de cesa han venido provocados
por la celebración de elecciones generales.
La última ocasión en julio de 2000 veintitres
son supuestos tasados.
Ello, pese a que un sector de la doctrina ha defendido
la posibilidad de asimilar otras circunstancias como supuestos
pese a que ese carácter tasado sí que es preciso
reconocer que resulta disfuncional,
no haber recogido otros supuestos como la incapacidad presidencial,
que como ya hemos dicho se vuelve excluyó voluntariamente
durante la tramitación constituyente.
La incapacidad presidenciales un supuesto que sí que está reconocido
por la práctica totalidad de las comunidades autónomas
y que en general legal se vincula a un procedimiento
en que participan gobiernos y asambleas,
aunque con algunas diferencias entre entre comunidades a veces
automáticamente a veces transcurrido un plazo
desde una primera declaración inicial,
y bien todos los supuestos contemplados en ese artículo 101.
Provocan el cese del Gobierno,
con independencia de la muy diferente naturaleza
que tienen unos y otros o incluso, pese a la diferencia
que las circunstancias pueden provocar en un mismo supuesto
ejemplo más.
El ejemplo más claro lo encontraríamos en la celebración
de elecciones generales.
Se va a producir el cese en todo caso y se va a producir el cese,
con independencia de que el partido en el gobierno o partidos,
si es un gobierno de coalición,
hayan obtenido la mayoría de los votos
y pese a ello la Constitución
no introdujo distinciones entre supuestos ni para la composición,
aunque el anteproyecto sí lo hacía ni para sus competencias
o ámbito de actuación,
y hubo que esperar a la ley del Gobierno
la tardía ley del Gobierno, que es del año 97,
para que se introdujera alguna diferencia entre los supuestos
de cesó de forma específica
para el supuesto de celebración de elecciones generales,
temas sobre el que luego volveré con relación a la duración temporal
de este gobierno.
Durante ese permanencia en funciones, su composición,
cabe apuntar que los partidos lo perdón,
que los los los períodos que que median entre el cese
de un gobierno y la toma de posesión del que le sucede,
del que le sucede, suelen ser breves y cabe apuntar
así como botón de muestra que hasta la dilatadísima,
permanencia en funciones del año 2015, 2016,
donde se activó por primera vez la cláusula de disolución automática
y luego se repetiría años después, como es bien sabido,
el año 2019 la duración media era apenas de 40 días.
En todo caso,
lo cierto es que es un periodo que no está determinado de antemano.
cert usant, incert tus
cuando en su expresión latina se sabe que se va a producir,
pero no se sabe el momento en el caso de la moción de censura es diferente
porque es automático y apenas deberían pasar unas horas.
Algunos días a lo sumo, aunque el único precedente
que tenemos desde 2018 se tardaron casi seis días
desde que se aprobó la moción de censura,
está la toma de posesión,
algo que podría ponerse en relación con lo apresurada de la celebración.
Las dudas que se tenía
de si podía salir triunfante en última instancia fue en 2015,
tras las elecciones generales ya citadas,
cuando ese intervalo se prolongó más de 300 días,
incluyendo una celebración de otras elecciones generales.
En junio del 2016, esto, tres años después,
se volvería, se volvería a repetir, tras una investidura frustrada,
pero el tiempo entonces, en 2019 fue mucho más reducido.
El factor tiempo de saturación, de interinidad,
es muy importante porque, a más tiempo, más cuestiones
que puede precisar la atención del gobierno,
y es una cuestión que podría también precisar algo que en una fase inicial
de esa actuación del gobierno se podría pensar que extralimitar
sus funciones según se alarga, esa esa duración temporal,
esa permanencia en funciones podría entenderse que es necesario,
es decir, puede cambiar la valoración y el propio tribunal supremo
en las diferentes sentencias que ha abordado las decisiones
de un gobierno.
En estos períodos ha existido en este punto
de la prolongación de la permanencia como elemento que puede modular
en un sentido o en otro la valoración de la decisión.
Habrá que analizar caso por caso la decisión concreta,
que se que se tome, abordar la naturaleza, el contexto,
las consecuencias, y en este aspecto temporal
hay que hacer una mínima reseña al momento a quo.
El momento inicial del cese para el supuesto vinculada
a la renovación de las cámaras, si bien podría haberse hecho.
Se podría haber optado por la disolución de las cámaras.
El Constituyente optó por vincular el cese
a la votación casi casi dos meses después.
Quizá hubiera sido preferible lo primero, esto es conectarlo
a ese momento anterior, porque ya desde ese momento
la situación, las circunstancias son diversas,
ya están las elecciones en ese horizonte
y de hecho no es descabellado pensar que la posición del gobierno
puede salir reforzada con los resultados electorales,
pudiéndose dar la paradoja de que en ese momento
precisamente la capacidad está más mermada
cuando las urnas le han otorgado una mayor apoyo popular.
Por lo que hace referencia a otro tema,
la composición del gobierno en estos periodos,
si bien el anteproyecto de Constitución estableció
la no continuidad en funciones del presidente del Gobierno,
tras el cese para dos casos, dimisión o pérdida
de la confianza parlamentaria,
el texto final no lo estableció final.
Finalmente, el gobierno cesante continúa en conjunto en funciones,
es lo que establece el artículo 101 del texto constitucional,
y ello no supone que no pueda haber algunas variaciones en la composición
en esos períodos, y lo ha habido en muchas ocasiones,
por ejemplo, porque un ministro pudiera acceder a otro a otro cargo.
Sobre las limitaciones del gobierno en funciones,
lo primero a señalar es que tras la aprobación del texto
constitucional, el 78, la doctrina, sus principales reflexiones
sobre el gobierno función eso fue sobre este punto
que cuestiones están vedadas a un gobierno en este periodo
y hubo posiciones de todo tipo desde las que apuntaban
que la limitación debía ser la regla las que entendían
que no había ninguna limitación, y fue la ley la tardía ley del 97,
la que dedicó un extenso artículo al artículo 21 de la ley del Gobierno
a esta cuestión,
y estableció varias precisiones en sus competencias.
Por un lado, un ámbito de actuación genérico
que se delimitó a través de conceptos jurídicos
indeterminados y a la estableció competencias específicas.
En ningún caso podría ejercitar despacho ordinario
de los asuntos públicos;
es el concepto en el que se debe mover ese gobierno
en nuestros periodos, y fuera de ese primer gran círculo
podría actuar en casos de urgencia o en casos de interés general.
Ahora bien, esta previsión de interés general,
como bien se ha señalado, diluye, diluye la diferencia
entre un gobierno en plenitud competencial
y un gobierno funciones, ello más allá lógicamente
de las limitaciones específicas que la ley también establece,
ya que hay que distinguir entre las que se establecen
para el presidente
y las que se establecen para el gobierno su conjunto,
el gobierno tiene limitadas unas unas facultades, el presidente
de otras el presidente, durante este premio interinidad,
pues no puede proponer la disolución de las cámaras,
de las o de las Cortes en su conjunto.
No puede plantear la cuestión de confianza.
No puede proponer la convocatoria de un referéndum consultivo
y el gobierno no puede aprobar el proyecto de presupuestos
del Estado.
Presentar proyectos de ley al congreso
o, en su caso, al Senado,
o también se produce una suspensión de las delegaciones legislativas
que ya le habían dado las cámaras, pero suspensión solo
o no habrá que esperar luego a la nueva,
a la nueva, a la nueva conformación del Gobierno,
y en este caso solo lo hace.
Esta última competencia citada en el caso de elecciones generales.
Como vemos, es la facultad normativa
la la principal facultad afectada en este periodo,
pero hay una diferencia importante,
ya que la limitación genérica para los proyectos de ley
es fácilmente solventable.
Podría hacerse a través de una proposición
que presentaran, por ejemplo, el grupo que apoya al gobierno,
pero en el caso de los presupuestos sí que es un bloqueo completo,
aunque no sería descabellado pensar que pudiera ser necesario,
por ejemplo, por exigencias que pudieran provenir
de la Unión Europea,
y eso llevó con posterioridad a la reforma de la ley orgánica
de estabilidad presupuestaria junto a las limitaciones.
También hay que hablar del control,
el eventual control durante estos periodos,
que no cesa jurisdiccional.
Si bien son muchas las decisiones del gobierno en funciones,
lo cierto es que han sido muchos, muy pocos.
Los casos son de recursos contra decisiones de gobierno.
En este periodo me refiero a decisiones
tomadas por encontrarse precisamente en funciones,
es decir, porque se considerara que se extralimitaba el gobierno
en su actuación y solo ha habido una ocasión hasta la fecha
en que se ha anulado una decisión tomada por un gobierno en funciones,
una concesión de una extradición.
Porque entendido el tribunal que hubo una extralimitación en su ámbito
de actuación por estas precisamente en esa condición,
aunque lo cierto es que el tribunal se apartó muy tempranamente,
apenas habían pasado unas semanas de esa división
y en una suerte de rule en el Tribunal.
El Tribunal Supremo modificó modificó esas ideas,
muy esquemáticamente de la doctrina consolidada en las sentencias.
Los casos que ha ido abordando desde ese momento se pueden resumir
en las siguientes cuestiones.
El gobierno en funciones no puede tomar
decisiones que impliquen nuevas orientaciones políticas,
no puede condicionar, comprometer o impedir
las orientaciones que el gobierno futuro quiere fijar.
Son análisis que habrá que hacer caso por caso,
y atendiendo el contexto concreto en que se toman,
este se quita al Gobierno esa capacidad de dirección
de política interior y exterior.
No obstante, la presencia de una motivación o juicio político
no provoca per se que la decisión que de extramuros de la gestión,
ya que lo cierto es que pocos saltos del Gobierno,
están ausentes de motivaciones políticas,
un cierto margen de apreciación, y para ese análisis, ese estudio caso
por caso la duración temporales muy relevante,
también el tipo de decisión,
imaginemos una directiva con su plazo concreto de necesaria trasposición y
luego, claro, pues tenemos esas espitas que pueden permitir
una actuación fuera de ese despacho ordinario,
tenemos la urgencia, tenemos el interés general
o el hecho de una presumible continuidad
del del Gobierno.
También eso puede ser un elemento a tener en cuenta,
y el propio Tribunal Supremo
ha llegado a distinguir así entre prorrogatio formal o material.
En función de ese dato que no haya continuidad,
aunque sí que haya continuidad de esa de ese ese desgobierno,
con las variaciones que que haya en la composición.
Hay que tener en cuenta, por tanto, que hay muchas variables,
muchos elementos que hay que analizar la decisión
a tomar las consecuencias,
las circunstancias en que se toma el despacho ordinario,
y lo ha ido señalado,
señalando el Tribunal Supremo en sus múltiples sentencias,
señalando indicando que comprende todos aquellos actos cuya resolución
no implique el establecimiento de nuevas orientaciones políticas.
Ni signifique ni comprometa
ni condicione a lo que deba fijar el nuevo gobierno.
Aparte del control jurisdiccional,
es importante abordar el control parlamentario,
y ello teniendo presente el dato de que durante la larga permanencia
en funciones de 2015, 2016, fue un importante elemento de debate
y de fricción entre el gobierno en funciones y un Parlamento
en plenitud de competencias.
El gobierno se negó a someterse a ese control con el argumento
de que la ruptura de ese vínculo fiduciario
impedía que pudiera ejercitarse tal función
frente a esa negativa a someterse al control parlamentario.
El Congreso de los Diputados
interpuso un conflicto de atribuciones, que fue resuelto
por la sentencia 124, 2018, el Tribunal Constitucional,
como no podía ser de otra manera, estimó el recurso de la cámara baja
declarando que el criterio del gobierno
de no someterse a control parlamentario
vulneró la atribución conferida por el artículo 66
de la Constitución.
Es evidente que el gobierno está sujeto al control parlamentario.
También durante su permanencia en funciones,
sea más o menos extensa.
Las cortes generales controlan la acción del gobierno
y lo hacen en todo momento una situación de interinidad
en la que, como poco, cabe hablar de una legitimidad reorientada
y que impide en buena lógica una mayor libertad de acción
para el gobierno y en ausencia de control.
Este control no se puede ver limitado ninguna de las fases
por las que el Gobierno atraviesa.
El control existe y la única reflexión
que cabe verter aquí es la modulación a la vista
de la situación de seguridad, cabrá solicitar información,
reclamar presencia de los miembros del gobierno,
plantear preguntas.
Ninguna de estas prerrogativas
que da limitada durante la permanencia en funciones
y es a la mesa a la que corresponde realizar ese examen,
esa canalización de esas iniciativas
inadmitiendo las que excedan ese ámbito competencial.
La idea es clara, la cuestión es.
Nos no es tanto, si cabe.
El control o no, que permanece en todo momento,
es el alcance, es la modulación,
es el ajuste circunscrito a las competencias reducidas
que tiene el gobierno.
Durante estos períodos de interinidad.