En esa vida clase
abordaremos la sentencia del Tribunal Constitucional
que resolvió el recurso de inconstitucionalidad,
presentado contra varios de los preceptos de la ley orgánica
de salud sexual y reproductiva
y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Como es bien sabido, esta ley había habilitado un sistema de plazos
para la interrupción del embarazo frente al de indicaciones
que hasta la aprobación de dicha ley estaba vigente.
Se reconoció así con dicha ley la libertad de decisión
de las mujeres sobre su embarazo durante el periodo de 40 14 semanas,
desde la gestación que se unía pasado ese primer plazo,
con un sistema de indicaciones,
la terapéutica o embrió patica hasta la vigésimo segunda semana
y desde ahí solo en situaciones límite
cuando hubiera anomalías fetales incompatibles con la vida
o enfermedad grave o incurable.
En el momento del diagnóstico han sido casi 13 años
los que ha tardado el Tribunal Constitucional
en dictar la sentencia, un tiempo absolutamente censurable.
No hay justificación para este retraso,
pero lo cierto es que diversos elementos
han contribuido a este despropósito,
que ciertamente no contribuye al prestigio
del Tribunal Constitucional.
Este proyecto se aprobó a mitad de la novena legislatura
durante el segundo mandato del presidente
José Luis Rodríguez Zapatero, en aquel momento,
el principal partido de la oposición,
cuyos diputados interpusieron el correspondiente recurso
de inconstitucionalidad, planteó la derogación de dicha ley,
caso de ganar las siguientes elecciones generales.
Así se incluyó de manera expresa en el programa electoral
de este partido apuntando la necesidad del cambio
de modelo de regulación de la interrupción voluntaria
del embarazo para reforzar la protección del derecho a la vida,
así como de los menores.
Estos comicios celebrados en noviembre de 2011,
dieron una holgadísima mayoría absoluta al Partido Popular,
permitiendo investir como presidente del gobierno mariano.
Rajoy.
En diciembre de ese año,
cargo en el que permaneció hasta junio del 18,
cuando triunfó la moción de censura que llevó a la presidencia
del Gobierno a Pedro Sánchez,
en buena lógica cabía pensar que a lo largo de aquella legislatura
la décima se derogaría dicha ley.
Total o parcialmente?
No es descabellado pensar que esto podría haber enfriado los ánimos
de los entonces magistrados a la hora de afrontar un tema polémico?
Cuando la dinámica política podría quitarles?
Si se nos permite la expresión esa patata caliente solo
hay que recordar las discrepancias suscitadas en el pleno,
que aprobó el auto del tribunal que denegó la suspensión
de los diversos preceptos de la ley de 2010,
mientras se procedía a la resolución del recurso
y que, como contó con votos particulares
discrepantes de cinco de los entonces 11 magistrados,
pero en septiembre de 2014 el ministro de justicia.
Alberto ruiz.
Gallardón dimitió por las reticencias del Gobierno a tramitar la reforma
en la que llevaba trabajando desde el comienzo de la legislatura,
en concreto el anteproyecto de ley de protección de la vida
del concebido, que pretendía retomar el sistema de indicaciones,
aunque con algunas modificaciones procedimentales, y si bien al final
de aquella legislatura se aprobó una reforma puntual
mediante la ley orgánica, 11 barras,
2015 se hizo solo para reformar la protección de las menores
y mujeres con capacidad modificada judicialmente.
En la interrupción voluntaria del embarazo se modificó el régimen
de consentimiento de los menores y las menores en ese casa,
pero nada más.
No se modificó nada más pasaron los años,
se celebraron nuevas elecciones, incluso más adelante,
de forma duplicada por investiduras frustradas,
y hasta en dos ocasiones
para un total de cinco desde la interposición del recurso
y la reforma prometida siguió sin producirse.
Si para el tribunal de alguna manera
podía haber sido cómodo esperar a la reforma,
lo cierto es que para el gobierno también parecía cómodo dejar
que el Tribunal Constitucional interviniera para evitar traer
a la primera línea de la política un debate
que podía conllevar un ruido molesto en el caso del tribunal.
Lo cierto es que es importante destacar la responsabilidad
y el poder de la persona que ejerce la presidencia del alto tribunal
a la hora de agilizar o de esconder bajo la alfombra
la resolución de determinados casos, solo tras muchos años diferentes
presidencias que no llevaron al orden del día.
Este tema, tras la última renovación
de los magistrados en diciembre de 2000 veintidos,
se puso de manifiesto desde la presidencia
la necesidad de resolver en un plazo corto
este y otros asuntos pendientes de indudable relevancia
y repercusión.
La ley reguladora de la eutanasia.
La ley del lado de la educación;
el caso de los juramentos parlamentarios
y otros muchos casos pendientes de resolución;
pero lo cierto es que ninguno de estos casos
llevaba tanto tiempo aguardando.
No hay que olvidar que antes de dictar la sentencia,
en mayo de 2000 veintitres, el tribunal ya se había reunido
en pleno para abordar el caso apenas dos o tres meses antes,
en esa sesión plenaria, ese debate;
una ponencia que fue rechazada por la mayoría del pleno
y la ponencia avalaba la ley en su mayor parte,
pero considerando inconstitucional un artículo de la misma, relativo
a la garantía del consentimiento informado de la mujer gestante.
Tras el rechazo y al declinar ese magistrado
redactar la nueva resolución se encargó a otra magistrada.
Su preparación, el retraso en dictar la sentencia,
provocó incluso que se presentara en ese tiempo
una querella contra uno de los ponentes de la sentencia.
En estos años hubo hasta cuatro
también contra varios expresidentes del Tribunal,
por un presunto delito de retardo.
Malicioso en la administración de la justicia.
Sí fue inadmitida por el Tribunal Supremo sobre la base
de que nada indicaba que la actuación de los querellados en ese asunto
estuviera presidida individual o colectivamente,
por algún tipo de interés personal, o de cualquier otra clase,
de concretado en provocar un retraso en la resolución, con ese objetivo,
alcanzar esa esa, esa finalidad,
aunque se trata insisto de un caso absolutamente excepcional,
lo cierto es que no deja en buen lugar
a una institución que por diferentes razones algunas externas,
otras internas, llevaban tiempo cuestionada.
Entre las múltiples razones de esa pérdida
de la confianza destaca esencialmente la instrumentalización del tribunal
por parte de los dos principales partidos políticos,
algo que se ha ido haciendo más visible y más palpable;
renovación tras renovación del tribunal,
como bien ha apuntado el profesor Enrique Fossas.
La práctica que se ha venido siguiendo que han venido siguiendo
los partidos en este tiempo ha conducido a la politización
y partidización del tribunal,
que se ha agudizado con los años,
y se ha transmitido a la opinión pública;
esa idea,
sin que se haya visto contrarrestada en algunos por algunos frenos
en la última renovación este panorama de lotización.
Como diría, la doctrina Galiana,
se vio incluso aderezada por un intento
de reformar la ley orgánica del Tribunal Constitucional
y también de la del Poder Judicial y tuvimos pues una decisión
del propio tribunal que resultó muy debatida recuperar el crédito
del Tribunal Constitucional, es por supuesto factible,
pero lo cierto es que va a ser preciso, mucho tiempo,
mucho esfuerzo y exige un cambio radical de enfoque por parte
de los dos principales partidos a la hora
de plantear las próximas renovaciones de este órgano constitucional.
Como apuntado, francisco.
Tomás y valiente la vida y el prestigio de las instituciones.
No depende únicamente de lo que ellas hacen,
sino asimismo de lo que se hace con ellas,
y el retraso de casi 13 años en este caso
ciertamente no ha ayudado en esta tarea.
Dejando de lado este iter del recurso de la sentencia
y entrando en su contenido,
hay que apuntar que, a juicio de los recurrentes,
la ponderación de valores y bienes constitucionales en conflicto
qué que realizó el legislador no se ajustaba
al canon de constitucionalidad.
Establecido cuatro décadas atrás por la sentencia 53, 85.
Un tema muy debatido
fue el del consentimiento de las menores de 18 años,
mayores de 16, que precisamente fue objeto de reforma poco años atrás
mediante la ley orgánica aprobada en 2015.
No obstante, tiempo después otra ley orgánica en 2000 veintitres,
de manera mediata la sentencia volvió a modificar esta cuestión
y el Tribunal Constitucional en su argumentación,
realizará un detallado análisis de esa sentencia del 85,
partiendo la primera idea que manifiesta es que no constituye
esa sentencia el parámetro de control de constitucionalidad
para el Tribunal,
y concluye que no cabe realizar una mera reproducción o traslado
de las argumentaciones allí vencidas vertidas para resolver.
El caso.
Presenta apuntar al tribunal que la nueva perspectiva,
desde la que se ha de abordar el enjuiciamiento constitucional
ha de partir de la afectación que el embarazo
supone para la mujer y su incidencia en sus derechos constitucionales,
y desde ese planteamiento el tribunal va a ir desestimando
todas las argumentaciones del recurso.
Destaca el tribunal que la determinación de la mujer
de interrumpir su embarazo encuentra sustento
en los artículos 10 15 del texto constitucional;
dignidad de la persona libre;
desarrollo de la personalidad, garantía del derecho a la integridad
física y moral que se reconoce a la mujer un ámbito de libertad
para tomar una decisión autónoma y sin coerción alguna al respecto
en la continuidad o no de la gestación para el tribunal
estamos ante una manifestación del derecho a la mujer,
adoptar decisiones, hacer elecciones libres y responsables;
sin violencia,
coacción, discriminación con respecto a su propio cuerpo
y proyecto de vida integrado en el contenido,
constitucionalmente protegido del derecho fundamental
a la integridad física y moral en conexión con la dignidad
de la persona, el libre desarrollo de la personalidad
como principios rectores del orden político y la paz social,
y, y, partiendo de ese parámetro de ese marco,
habrá que abordar las implicaciones de la vida prenatal,
como bien constitucionalmente protegido,
y el tribunal entiende que el sistema de la ley que establece ese plazo
de 14 semanas desde la gestación en que la mujer
embarazada puede decidir libremente,
es conforme con el texto constitucional.
También el sistema de indicaciones previsto.
Una vez que se ha pasado ese plazo, la vida prenatal
dirá.
El tribunal es objeto de una tutela gradual conectado,
a una limitación, también gradual, de los derechos de la mujer,
y en este concreto punto el tribunal sí que va a recordar la doctrina
de la sentencia del año 85, cuando destaca la necesidad
de tener en cuenta los cambios cualitativos
en el desarrollo del proceso vital que encontrarían reflejo
en el estatus jurídico del del sujeto vital.
Así la introducción de la perspectiva de género
también en las políticas educativas, sanitarias, sociales
tan poco vulneraran derecho alguno a juicio del tribunal,
sino que, por el contrario, implica tener presentes
las diferentes necesidades de hombre y mujer
en dichas áreas de la realidad,
con el objetivo último de garantizar una igualdad efectiva y real
entre hombres y mujeres.
El Tribunal Constitucional ha desestimado así
el recurso de inconstitucionalidad planteado declarando asimismo
extinguido por pérdida sobrevenida del objeto,
la parte relativa a los puntos de la ley que fueron modificados.
Pocos años después me refiero claro está a la cuestión del consentimiento
de menores, por más que hayan vuelto a ser objeto de reforma
antes de dictar sentencia.
Ha sido una sentencia que ha contado con varios votos particulares,
uno colectivo elaborado por tres magistrados,
uno de ellos de Sostres, el anterior ponente,
cuya ponencia fue rechazada y que es discrepante
tanto en la fundamentación como parcialmente en el fallo.
Por un lado,
se discrepa de la delimitación del recurso de inconstitucionalidad
y de forma más concreta el diferente tratamiento
que se da a las modificaciones de la ley que hemos citado,
la del 15, la de 2000 veintitres.
En lo relativo a la pérdida sobrevenida del objeto del recurso,
si se admite para la de 2015, no para la de 2000
veintitres y también se critican el voto particular,
esa exclusión general de la sentencia del 85,
por más que luego en cuestiones puntuales sí que hemos visto
que había un apoyo puntual en algunos aspectos, en la misma,
y especialmente se critican esos votos particulares,
lo que a su juicio es un exceso en el control
de la constitucionalidad, al no limitarse la sentencia,
analizar si la opción legislativa se enmarca
en los cauces constitucionales,
sino al dar un paso más allá sobre la base
de una interpretación evolutiva de la Constitución,
reconociendo un nuevo derecho fundamental identificado como derecho
de la mujer a la autodeterminación.
Respecto a la interrupción del embarazo,
encontraría anclaje en el artículo 15 del texto constitucional
para estos tres magistrados discrepantes.
El abordaje correcto en este caso hubiera sido realizarlo
sobre la base de entender que sobre el Estado
pesa el deber de tutelar la vida humana en formación
y los derechos e intereses legítimos de la mujer embarazada.
Junto a esta crítica general también se realizan
en el proyecto precisiones sobre las concretas indicaciones,
así como respecto de la interpretación de la objeción
de conciencia de los profesionales sanitarios.
Para el caso de la indicación terapéutica,
y aunque señalan que comparten el fallo,
entienden que hubiera resultado preciso clarificar las acotaciones
del término salud para verlo, ajustado,
circunscrito escrito expresamente y exclusivamente a la salud física
o psíquica de la gestante respecto de la impropio patica.
Compartirán por su parte los magistrados discrepantes,
la desestimación final,
pero no la argumentación que la sustenta.
Por su parte también hay un voto concurrente esto
sí con el fallo de desestimación,
pero que se articula argumentando que la sentencia
no debía haberse construido desde el planteamiento
de un conflicto,
sino sobre la base del entendimiento de que embrión y efectos
son parte de la mujer, y a juicio de este voto particular,
los únicos elementos con soporte constitucionalmente expreso
serían la libertad de la mujer, su dignidad
e integridad física moral, su facultad
para configurar su proyecto de maternidad y su salud sexual
y reproductiva.
Ello desde el entendimiento del laico del sistema constitucional
y también hay otro voto particular que,
discrepando con fallo y fundamentación,
no se incorpora un elemento adicional
que sobrevoló la actuación del tribunal,
y es la composición del tribunal y era por la presunta falta
de la debida apariencia de imparcialidad
de varios de sus miembros.
Al hilo de esta video -clase parecería también necesario
hacer un pequeño apunte al hecho llamativo
de que la mayor parte de las interrupciones voluntarias
del embarazo se producen en centros de carácter privado,
cerca del 80 por 100 de ellos,
y es una cuestión que debe verse en relación también
con las injustificadas diferencias territoriales existentes
y en este punto
y que pueden conectar con otras recientes sentencia
del constitucional.
La 78 barra 2003 en este caso concreto
se había denegado a una mujer poder interrumpir su embarazo
en el sistema de salud de su comunidad autónoma,
Murcia derivándosela a un centro sanitario
privado de otra comunidad, Madrid, que ni siquiera es limítrofe,
una decisión que no se fundamentaba en motivos excepcionales,
que pudieran justificar esa derivación
de la de la mujer gestante por no poderlo practicar.
En su comunidad de origen y el Tribunal Constitucional
estimó el amparo de esta mujer,
entendiendo que se había producido una vulneración del derecho
de la mujer a interrumpir su embarazo.
Un derecho que forma parte,
como señala el Tribunal Constitucional,
de su derecho a la integridad física y moral.