Estimados estudiantes continuamos con el módulo segundo
de este mooc, sobre la participación ciudadana,
relativo a los mecanismos para la participación ciudadana,
y en esta clase vamos a analizar,
vamos a hacer un poco una visión general
sobre cuáles son los fundamentos constitucionales
de esta participación.
Pues bien, del mismo modo que hemos visto los tratados internacionales,
la mayoría de las constituciones de los estados democráticos
reconocen el derecho de los ciudadanos
a participar en la vida política y a tener voz
de una u otra forma en la toma de decisiones que afectan a sus vidas
en los sistemas democráticos.
La forma fundamental de participación es a través de la elección
de representantes mediante sistemas de votación libre secreta,
que están desarrollados en cada ordenamiento jurídico.
Esto es lo que se conoce como democracia representativa,
pero además se prevén en los textos constitucionales
otros derechos de participación política
como referendos iniciativas populares que, como veremos,
constituyen lo que se denomina democracia directa
o mejor semidirecta, y además podemos contar también
con otros mecanismos que pretenden involucrar a los ciudadanos
en la toma de decisiones,
tanto a nivel local, regional como nacional,
y que vienen a constituir lo que se denomina
democracia participativa.
El hecho de que un país reconozca en su ordenamiento jurídico
la participación, si bien no es una condición suficiente
sí que es un factor favorable a su no es una condición suficiente
para que se garantice su eficacia y su desarrollo, su ejecución,
pero lógicamente sí que es un factor favorable al desarrollo democrático,
y cuantos más en cuantos más niveles
se reconozca si se reconocen las constituciones a nivel nacional
en las regulaciones locales, mejor para el desarrollo democrático
del país.
Vamos a ver muy brevemente cuál es la previsión
de constitucional de la participación en América Latina.
No es el objeto de esta, de este curso
hacer un análisis exhaustivo del constitucionalismo latinoamericano,
porque eso, lógicamente, daría para un monje independiente,
pero sí que vamos a hacer un poquito una visión general
de cómo se ha ido regulando la participación en Latinoamérica
en los años
-en la década de los 80, en especial, en la década de los 90,
junto con un proceso de cambio constitucional,
comenzó, se inició un período de constitucionalización
de la participación ciudadana en América Latina,
y esto llevó consigo una activación, unos procesos de cambio
que vinieron activar los mecanismos de democracia directa,
recogiéndose en los textos constitucionales,
diversos mecanismos;
por ejemplo, la iniciativa popular legislativa,
el referéndum en sus distintas modalidades, referendo, plebiscito
o consulta popular, la denominada revocatoria de mandato
o mecanismos para la participación ciudadana.
En el cambio constitucional.
Se institucionalizan de este modo,
diversas formas de participación ciudadana
por medio de una variedad de mecanismos formales,
como ejemplos concretos de ellos, podemos destacar.
El plebiscito en Ecuador,
la regulación del referéndum plebiscitario para evitar bloqueos
entre el ejecutivo y el Congreso en Chile,
el referéndum reactivo en Colombia o el referéndum obligatorio
en Bolivia Ecuador Guatemala Panamá Paraguay pero un república dominicana
uruguay y venezuela en cuanto a los mecanismos
de participación para el cambio constitucional,
que nos parecen especialmente relevantes,
no existe un patrón homogéneo, por tanto, se ha discutido mucho
sobre cuáles son sus efectos o su foros
sus fortalezas para generar Estados más democráticos.
Lógicamente, aquellos mecanismos de carácter autónomo,
es decir en los que la iniciativa proviene desde abajo,
tienen mayores efectos democráticos al lado
de aquellos en los que la iniciativa proviene desde arriba,
es decir, desde las autoridades estatales
porque en ellos existen más posibilidades de abuso,
es el caso, por ejemplo, de las consultas populares.
En forma plebiscitaria,
en el caso de que los referendos o los plebiscitos sean obligatorios,
si bien la ciudadanía no decide cuándo va a emplear,
el dispositivo sí que participa en la votación en condiciones de igualdad
es el caso de los referendos, mandatarios o los referendos
obligatorios por mandato constitucional, y por último,
la denominada iniciativa legislativa popular.
Para el cambio constitucional
es un mecanismo que empodera realmente a ciudadano
porque es un canal que permite expresar la voz ciudadana
y la recepción de demandas.
Este mecanismo está regulado constitucionalmente
y desarrollado de forma legislativa en brasil colombia.
Ecuador.
México costa rica guatemala,
honduras y paraguay y está regulado constitucionalmente,
es si bien no está desarrollado legislativamente en bolivia,
uruguay y venezuela,
en cuanto vamos a hacer ahora una breve reflexión
sobre nuestra Constitución,
la Constitución española de 1978.
Pues bien, nuestro texto constitucional
recoge diversas referencias a la participación con alcance
y sentidos distintos,
unas veces referidas a ciudadanos individuales,
otras veces a colectivos.
Algunas son de forma de carácter general
y otras más referidas a ámbitos específicos.
Podemos decir que el fundamento último de la participación
en nuestra Constitución se encuentra en la configuración
del estado español
como social y democrático de derecho.
Vamos a ver en qué artículos se desarrolla esto.
El artículo veintitres se encuentra entre los derechos fundamentales,
por tanto, con las máximas garantías de protección.
Señala que los ciudadanos tienen derecho a participar
en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes
libremente elegidos.
En elecciones periódicas por sufragio universal
se configura aquí una participación de naturaleza política que,
como vemos, recogidos modalidades,
la participación a través de representantes
y la participación directa a través de las vías
que la Constitución y las leyes
habiliten al efecto por su parte, el artículo 9, 2, que es
un principio informador del ordenamiento jurídico español,
recoge un mandato dirigido a los poderes públicos,
pues le señala que corresponde a los poderes públicos,
entre otras cosas, facilitar la participación
de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social.
Veremos cómo aquí se encuentran los denominados.
Se pueden situar
los denominados mecanismos de democracia participativa.
Hemos visto que el artículo veintitres
recoge estas dos modalidades de participación,
de participación directa y a través de representantes,
y parece que lo hace en pie de igualdad.
Si bien el Tribunal Constitucional, y siguiendo su doctrina,
los tribunales ordinarios han hecho una interpretación restrictiva
del alcance del artículo veintitres.
El Tribunal Constitucional señala que el pilar en el que se asienta
nuestra.
La democracia constitucional es la democracia representativa
y que los mecanismos de democracia directa únicamente pueden
ser un complemento.
Por tanto, se van a circunscribir a aquellos expresamente amparados
y reconocidos por la Constitución, es decir,
aquellas formas de participación de naturaleza política,
que son manifest que sean manifestación de la voluntad popular
y viene a señalar tres especialmente
que ahora veremos.
El concejo abierto, el referéndum y la iniciativa legislativa popular.
El Tribunal Constitucional señala, por tanto,
que el resto de los mecanismos de participación ciudadana se van
a situar en el marco del cumplimiento del artículo 9, dos que hemos visto,
y esto serían los los denominados, como hemos dicho,
mecanismos de democracia participativa
en el que los ciudadanos participan en calidad de afectados
o como por una política concreta o por una actuación concreta
o como ciudadanos en general de forma individual
o agrupados en organizaciones para la defensa de sus intereses.
En cuanto a los mecanismos expresamente reconocidos
por el Tribunal Constitucional como de democracia directa
hemos dicho que es antes.
El concejo abierto es una fórmula especial de organización
y administración municipal
en la que el gobierno y administración corresponden
a una asamblea de vecinos formada por todos los vecinos
y por el alcalde que lo eligen entre todos los vecinos.
Las decisiones de este concejo son vinculantes.
El referéndum es un tipo de consulta popular que se caracteriza
por que se hace un llamamiento al cuerpo electoral
a través de los procedimientos electorales de los mismos
procedimientos electorales.
En nuestro ordenamiento jurídico solo
se hace referir a nuestra Constitución,
sea solamente se hace referencia a la denominación de referéndum,
a diferencia de las constituciones latinoamericanas que,
como hemos visto, hablan unas veces de referéndum y otra de plebiscito
y se recoge el referéndum con efectos consultivos,
es decir, no vinculantes en el artículo 92
de la Constitución para decisiones políticas
de especial trascendencia.
Si el referéndum vinculante se recoge en el artículo 168
para el caso de reforma de la Constitución y en el 151
para la aprobación y reforma de los estatutos de autonomía
y, por último, la iniciativa legislativa popular.
Se trata de un mecanismo que permite la participación
en la producción normativa y tiene la finalidad
de que aquellas cuestiones que quedan fuera del debate parlamentario
sean precisamente llevadas a esta sede para su posible discusión
y conversión en leyes.
Está regulado en el artículo 83,
tres de la Constitución con carácter no vinculante,
y posteriormente fue desarrollado por la ley orgánica de 1984,
reformada años después, por la ley orgánica del 2006.
Para la presentación de una proposición de ley.
De acuerdo con lo previsto en esta normativa se recoge,
se es necesario recoger 500.000 firmas de ciudadanos
inscritos en el censo electoral.
Vemos que este número
tan elevado choca un poco con lo previsto en países de nuestro entorno
como suiza, austria, hungría Portugal donde les he dejado
el número de firmar requeridas para su tramitación.
Al tiempo no se puede presentar una iniciativa legislativa popular
sobre cualquier materia.
La propia normativa excluye determinadas materias,
por ejemplo, aquellas relativas al desarrollo legislativo
de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
Por tanto, disculpen, están tanto el número la alto número
exigido de firmas como las materias excluidas,
han determinado el poco éxito que ha tenido este instrumento
en nuestro ordenamiento jurídico,
en el que las 94 iniciativas presentadas solamente
tres se han convertido definitivamente en leyes.
Queremos hacer una breve mención también al derecho de petición,
porque se encuentra regulado entre los derechos fundamentales
de la Constitución.
En el artículo 29.
Uno es una vertiente del derecho de participación política,
que se puede ejercer de forma individual o colectiva
y de acuerdo con su regulación.
Cualquier persona natural y jurídica,
con independencia de su nacionalidad,
ya sea a título individual o colectivo,
puede dirigirse a cualquier institución pública,
cualquier administración, autoridad también a los órganos
de dirección y administración de los organismos vinculados
para plantear cualquier asunto de interés general o colectivo
que esté en el ámbito de competencias de la institución a la que se dirige
y esta institución,
órgano deberá contestar en el plazo de tres meses.
Por último, como hemos dicho,
el resto de mecanismos de participación ciudadana
se encuentran recogidos o se les da cabida en el artículo 9,
dos en el mandato recogido a los poderes públicos,
por el que deben facilitar la participación ciudadana
para involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones.
Son los instrumentos de democracia participativa
y pueden encontrarse en otras formas de participación
previstas en la Constitución,
como, por ejemplo, las dirigidas a colectivos
de ciudadanos como juventud o consumidores,
o en determinados ámbitos, como el ámbito educativo
de la Administración de Justicia Seguridad Social empresa
planificación económica etcétera o también en cualquier otras fórmulas
Constituye el legislador ordinario, ya sea estatal o autonómico,
en el marco de sus competencias.
En este sentido,
y para finalizar, tenemos que decir que todas las comunidades autónomas
han desarrollado, han dictado leyes de participación,
de participación ciudadana, con diversas denominaciones
en el marco de sus competencias, en las que se recogen diversos
instrumentos de participación, como pueden ser las consultas,
los foros, las audiencias, etcétera.
Muchas gracias por su atención.