Estimados estudiantes, bienvenidos a este segundo módulo del mooc,
la participación.
En este módulo vamos a dar una visión un poco más normativa,
porque lo que queremos ofrecer es un poco un panorama general
de cuál es la regulación,
partiendo de lo más general a lo más específico, al más local.
Por tanto, iríamos los instrumentos internacionales,
abordando luego un poco cuáles son los fundamentos
constitucionales para terminar en el ámbito local,
que es el ámbito más propio en el que tuvo origen
la participación y en el que se ha desarrollado con más fuerza.
Pues bien, en esta primera píldora formativa
vamos a ofrecer un poco una visión panorámica de el ámbito internacional
y queremos ver cómo el derecho a participar en los asuntos públicos
se ha ido recogiendo en los instrumentos internacionales,
de modo que su protección es fundamental
no solo para la garantía del propio derecho,
con todas sus manifestaciones que pueda tener,
sino incluso para lograr el respeto y el cumplimiento de otros derechos.
Pues bien, el punto de partida del reconocimiento
a nivel internacional del derecho a participar en los asuntos públicos
se produjo con la Declaración Universal de Derechos Humanos,
proclamada por Naciones Unidas en el año 1948.
En el artículo 21 uno señala que toda persona tiene derecho
a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes libremente elegidos,
tomando como punto de partida este artículo,
este derecho, el derecho a participar en la toma de decisiones
se recogió posteriormente en el año 1966,
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
en el artículo 25, que con un contenido muy semejante
al anterior reconoce el derecho a participar con las dos modalidades,
señalando que no puede haber discriminación por razón de color,
de sexo, de raza,
de opinión política, de origen nacional,
lo local de nacimiento o de cualquier otra condición social.
Pues bien, en su proclamación vemos que existen dos modalidades.
El derecho a participar a través de representantes
y el derecho a participar en la toma de decisiones de forma directa.
El comité de derechos humanos,
que es el organismo que supervisa la aplicación del pacto,
estableció desarrolló el contenido normativo
de este artículo 25 en la observación general,
denominada participación en los asuntos públicos
y derecho de voto.
En esta observación, entre otras cosas,
señala cuáles son las modalidades que tienen los ciudadanos
para participar de forma directa en los asuntos públicos
y habla de ser miembro de los órganos legislativos ejecutivos,
también la aprobación o modificación de la Constitución
o decisiones de interés público mediante referéndum,
la asistencia asambleas populares o su influencia
mediante el debate y diálogo públicos con sus representantes más allá.
Otros organismos también se han pronunciado
sobre el derecho a participar en los asuntos públicos.
Tenemos, por ejemplo, el caso de la oficina del alto comisionado
para los Derechos Humanos, que ha elaborado
numerosas recomendaciones y dictámenes,
señalando lo que se consideran buenas prácticas.
Como es un ejemplo, el informe que les les pongo aquí,
de veintitres de julio de 2015.
También el Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas apoya el enfoque participativo
en los procesos de toma de decisiones políticas,
haciendo especial hincapié
en que esta participación tiene que ser equitativa,
y la participación se extiende también a los menores de edad,
y es el caso de la Convención sobre derechos del niño
proclamada también por Naciones Unidas en el año 1989,
en cuyo artículo 12 señala el derecho de los menores a expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que les afecten
más allá de la esfera internacional.
Otros encontramos otros instrumentos que han recogido el derecho
a participar en los asuntos públicos en otros ámbitos territoriales.
Vamos a citar a modo de ejemplo.
La convención americana sobre derechos humanos
ya del año 1969, conocida como pacto de San José.
En el artículo veintitres
recoge el derecho con sus dos modalidades también
la Carta Democrática Interamericana, del año 2001,
que pone el énfasis en cómo la participación,
la promoción y el fomento de la participación,
fortalece la democracia y la carta africana
de derechos humanos y de los pueblos del año 1981,
que recoge el derecho en términos semejantes a los que hemos señalado.
En cuanto al ámbito europeo, si bien no encontramos un reconocimiento
en el marco del convenio con reconocimiento expreso
en el Convenio Europeo de Derechos Humanos
, sí que tenemos que resaltar la labor realizada por el Consejo de Europa
para el fortalecimiento del derecho a participar
en los asuntos públicos.
Así en el año 2008
dictó los 12 principios de una buena gobernanza
que el primero de ellos hace referencia a la participación,
representación y desarrollo justo de elecciones,
en el que recalca la importancia de definir la participación ciudadana
en la vida pública local y en este mismo ámbito
es muy relevante la recomendación del año
2018 del comité de ministros del Consejo de Europa
a los Estados miembros sobre la participación
de los ciudadanos en la vida pública local.
Señala que la participación de los ciudadanos es
se encuentra en el corazón mismo de la democracia
y que los ciudadanos son la sabia de cualquier sistema democrático.
Por tanto, esta recomendación constituye una guía muy útil
para los Estados miembros de cara a la mejora
de la participación ciudadana en la vida pública local,
y en ella se recogen diversas diversos consejos
y diversos principios generales,
dirigidos a los Estados miembros, en los que insiste
en la necesidad de generar políticas
que promocionen la participación en la vida local;
también adoptar medidas para mejorar el ámbito jurídico
y su efectiva ejecución,
así como la revisión periódica de estas medidas
adoptadas también en el ámbito de las oenegés internacionales.
La Conferencia de y el Consejo de Europa
recoge también un código de buenas prácticas
para la participación ciudadana en la toma de decisiones del año
2009.
Se trata de una serie de directrices que no son derecho vinculante
y, por tanto, no llevan aparejados mecanismos de control
porque son de psof low.
Pero recoge
y esto es importante un conjunto de buenas prácticas
para los responsables de la toma de decisiones
y la sociedad civil organizada, y, por último, en el ámbito municipal
tenemos que hacer referencia a la carta europea de salvaguarda
de los derechos humanos en la ciudad del año 2000,
a la que se han adherido más de 350 ciudades,
si bien se trata de un instrumento de carácter político,
su importancia reside en el compromiso
de los gobiernos locales con la defensa
de los derechos humanos y reconoce en ella
proclama el derecho de los ciudadanos a la participación pública,
que se puede hacer efectivo a través de diversos mecanismos,
entre ellos citar los debates públicos,
la interpelación a las autoridades municipales
o la expresión de opiniones a través de referendos,
reuniones públicas, etcétera.
En el ámbito de la Unión Europea, la última reforma,
llevada a cabo por el tratado de lisboa,
que entró en vigor en el año 2009,
también ha supuesto un avance importante.
En cuanto a la democracia participativa,
pues introduce en el texto de los tratados,
en el derecho originario
algunos mecanismos de participación no conocidos hasta la fecha,
que vienen a reforzar la implicación de los ciudadanos en las políticas
y en la legislación de la Unión Europea.
Es, por ejemplo, el caso de la iniciativa ciudadana europea
y, por último, tenemos que hacer referencia
a los uso de ese es la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible
de Naciones Unidas,
de los que ya se ha hablado en el primer módulo,
pero aquí queremos recalcar lo previsto en el o de ese 16,
sobre la pata justicia y el logro de instituciones sólidas.
En las metas 16, uno 16 dos insta a los Estados
a crear instituciones eficaces y responsables
a todos los niveles y la adopción de decisiones inclusivas,
participativas y representativas,
que respondan a las necesidades de todos los niveles.
El comité directivo de la alianza,
para el gobierno abierto en una declaración conjunta
ha señalado que este es el 16, es uno de ese transversal
que supone un compromiso conjunto para gobiernos empresas y ciudadanías
y cuya finalidad es lograr una participación activa
de la ciudadanía en los asuntos públicos.
Pues bien, para finalizar ya tenemos que señalar
que si el fin de la participación es influir
en los procesos de toma de decisiones de los poderes públicos,
constituye también no deja de constituir un medio imprescindible
para el pleno ejercicio de otros derechos
de otros derechos humanos, como puede ser la igualdad,
la lucha contra la discriminación o garantizar los obstáculos
justamente para el cumplimiento de otros derechos humanos.
Por tanto, es una obligación de los Estados miembros
crear las condiciones necesarias
para una participación democrática efectiva.
Y cómo se puede hacer esto?
Creando espacios y mecanismos de participación,
los espacios necesarios
para que esta participación se pudiera llevar a cabo
con el fomento de unas instituciones sólidas y transparentes,
que garanticen también el acceso a la información de la ciudadanía,
pero no podemos olvidar tampoco por último ya la otra cara
de este derecho.
Es decir, el derecho a la participación de los ciudadanos
en los asuntos públicos conlleva también un deber,
un deber que no se puede eludir ni a nivel individual ni colectivo,
siempre con la finalidad
de que esta participación revierta en el bien común.
Muchas gracias.