Hola, soy Amada de Juan Quirós,
directora de la división de supervisión
de la contratación pública de la Oficina Independiente
de Regulación y Supervisión de la Contratación.
Este es un vídeo-clase introductoria del curso
de la infraestructura de calidad
para apoyar la contratación pública sostenible. En esta vide-clase
hablaremos de cuatro puntos.
En primer lugar, la contextualización de la Oficina Independiente
de Regulación y Supervisión de la Contratación.
En segundo lugar, un acercamiento al concepto
de desarrollo sostenible y a la contratación estratégica,
tal y como ha sido introducida en nuestro ordenamiento jurídico.
En tercer lugar, el resultado de la actuación de supervisión
que la oficina a la que pertenezco
ha realizado en relación con la contratación estratégica.
Y, en cuarto lugar, la recomendación que se ha dado lugar
como fruto del análisis y de las actuaciones de supervisión
de la contratación.
La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión
de la Contratación o el OIRESCON,
como ya se la conoce, tiene su origen en las directivas
de cuarta generación en materia de contratación pública
que la Unión Europea aprobó en el año 2014.
En concreto la segunda de ellas,
la directiva 24,
dedica el título cuarto, el artículo 83 y siguientes
a la gobernanza
en materia de contratación. Se establece a los Estados miembros
la necesidad de supervisar la contratación pública.
El resultado de la trasposición de esas directivas
es la ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de contratos del sector público,
cuyo artículo 332 crea y regula la Oficina Independiente
de Regulación y Supervisión de la Contratación,
con la finalidad de velar por la correcta aplicación
de la legislación, y en particular,
promover la concurrencia y combatir las ilegalidades en relación
con la contratación pública.
Para cumplir con estas finalidades, se la dota a la Oficina
de plena independencia orgánica y funcional
y se le atribuyen distintas competencias y funciones,
algunas de ellas de obligado cumplimiento,
como es la emisión de informes anuales de supervisión,
un informe trienal que se ha de incorporar al informe nacional
que se ha de remitir a la Comisión Europea,
así como un informe anual de actuaciones que se he de remitir
a las cortes generales
y al tribunal de cuentas para rendimiento de cuentas.
Igualmente, el OIRESCON es el órgano que aprueba
la estrategia nacional de contratación pública,
a propuesta del comité de cooperación en materia de contratación pública.
La aprobación de esta estrategia nacional tuvo lugar
el pasado 28 de diciembre de 2022.
Además de la anterior, la Oficina puede desarrollar otras actividades
vinculadas a la finalidad con que ha sido creada.
De este modo puede desarrollar investigaciones,
encuestas, emitir instrucciones y recomendaciones,
elaborar estudios o aprobar informes especiales
de supervisión sobre aquellos aspectos
de especial relevancia en la contratación pública.
Siguiendo esta línea, uno de las aspectos clave
en la contratación pública de hoy en día
es el uso de los criterios medioambientales, sociales
o de innovación que deben darse en toda licitación pública
como máxima expresión del desarrollo sostenible de nuestra sociedad.
El concepto de desarrollo sostenible es básicamente la satisfacción
de las necesidades de la generación presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades.
Es ya un concepto consolidado, que se da desde el año 1987
en el informe "Nuestro futuro en común" en la Comisión Mundial
para el Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas.
Así se refleja también actualmente en la agenda 2030
de Naciones Unidas,
a través de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
consistiendo a la vez, el desarrollo sostenible en un medio
y en un fin a conseguir.
Este marco, como no podría ser de otra manera,
ha sido adoptado e impulsado por la Unión Europea
y por sus estados miembros,
que se han sumido al compromiso de los ODS.
Este compromiso tiene su reflejo también en la contratación pública,
que se ha configurado como una de las herramientas esenciales
en la consecución de estos objetivos.
En efecto,
las citadas directivas de cuarta generación
en materia de contratación pública
la configuran como uno de los instrumentos claves
para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador,
garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica
de los fondos públicos.
La directiva 24,
estas directivas promueven la llamada contratación pública estratégica,
que impulsa la utilización del poder de compra pública
para favorecer la consecución de diversos objetivos
que pertenecen realmente a otras políticas públicas,
como son las políticas sociales y laborales,
medioambientales, de apoyo al de apoyo
a la pequeña y mediana empresa, la innovación y el desarrollo
o la defensa de la competencia. Debido a su carácter transversal,
el gran volumen de recursos que moviliza
y la importante repercusión de la contratación pública
en el producto interior bruto, tanto a nivel nacional
como europeo, la contratación pública estratégica
o la contratación sostenible,
constituye una nueva forma de llevar a cabo la compra pública,
más allá de la función tradicional de la contratación
de dar satisfacción a las necesidades de bienes
y servicios del sector público.
La actual ley de contratos del sector público recoge
el testigo y establece la contratación estratégica
como un eje principal y un principio transversal,
tal y como puede verse en el artículo 1.3
al incluir el mandato de que en toda contratación
se incorporarán de manera transversal
y preceptiva criterios sociales y medioambientales,
siempre que guarde relación con el objeto del contrato,
en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación
calidad-precio en la prestación contractual,
así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de fondos
públicos.
De esta manera y a lo largo de toda la norma,
se pueden observar preceptos y disposiciones que confirman
el compromiso del legislador con el desarrollo sostenible
y con la contratación pública como instrumento de aquel.
Prueba de su importancia
es la continua mención de los criterios estratégicos,
medioambientales, sociales, de innovación,
de otro orden, a lo largo de todo el texto,
incluso como carácter preceptivo en el artículo 202 relativo
a las condiciones especiales de ejecución.
De hecho, tal y como se mencionaba anteriormente,
en la estrategia nacional de contratación pública
se incluye como uno de sus objetivos primordiales,
utilizar las posibilidades de la contratación pública
para apoyar políticas ambientales, sociales y de innovación,
lo cual da ya lugar a la importancia que este tema
tiene hoy en día.
Por todo ello,
la OIRESCON no podía dejar de incluir entre sus actuaciones
un análisis de supervisión y de seguimiento
de la contratación pública estratégica en nuestro país.
La revisión de esta perspectiva ha formado
ya parte de los informes anuales de supervisión,
singularmente en el informe anual de supervisión,
o como nosotros llamamos,
el IAS de 2020.
No obstante, siendo conscientes de su importancia tanto
en la normativa europea
como en la propia legislación española,
desde la OIRESCON se ha querido dar otra orientación
y, por lo tanto, no se abordó este concepto
en el IAS 2021 con el objetivo
de darle un espacio singular que permitiera una mayor profundización
y una nueva orientación de esta reflexión.
De esta forma se acometió la tarea de la supervisión
de la contratación estratégica
desde la perspectiva de los informes especiales de supervisión,
centrados en el concepto de contratación estratégica
o contratación sostenible. Los que se han llevado a cabo
son los relativos a la contratación del 2020 y del 2021,
aprobados en los meses de marzo de 2022
y abril de 2023.
De hecho,
y en la actualidad se está elaborando el correspondiente
a la contratación estratégica de 2022.
El análisis que realiza la OIRESCON se realiza
a partir de una amplia muestra, seleccionando CPV
concretos presentes en todos los niveles territoriales
de los órganos de contratación, es decir, el nivel estatal,
el nivel autonómico y el nivel local,
y son contratos todos sujetos a regulación armonizada.
Además, el estudio se realiza pliego a pliego
ante la falta de calidad suficiente
del dato en materia de contratación disponible en la actualidad.
El examen se centra en tres momentos o aspectos claves
de la licitación: las condiciones de admisión,
los criterios de adjudicación y las condiciones especiales
de ejecución. Se toma como referencia, por lo tanto,
los resultados recogidos en el último IES,
que se van a exponer a continuación,
y estos se han realizado sobre una muestra
de 3.717 contratos, 2.892 contratos de servicios y 825 contratos
de suministros, que fueron licitados en el 2021.
Los resultados son realmente elocuentes,
como pueden verse a continuación. En el 2021 el porcentaje de uso
de criterios estratégicos en las condiciones especiales
de ejecución alcanza el 96,23%
en los contratos de servicios y casi el 85%,
el 84,61%,
en los contratos de suministros. En los criterios de adjudicación
el 56,64% de los criterios eran de carácter estratégico
en los contratos de servicios y un poco más del 20%
en los contratos de suministros, pero en las condiciones de admisión
a la licitación el uso de criterios estratégicos
está muy lejos de ser un ejemplo de uso.
En los contratos objeto de supervisión, que son
de servicios tan solo el 26,06%
de las condiciones de admisión a la licitación
tenía carácter estratégico. Peor resultado
se obtuvo en los contratos de servicios, cuyo porcentaje alcanzaba
poco más o menos el 13%.
Teniendo en cuenta todos estos resultados, debe decirse
que estos son mejores que los obtenidos de años anteriores.
En definitiva, llama poderosamente la atención
que la contratación estratégica sostenible
apoyada desde todas las instancias y cuyos beneficios son evidentes,
prácticamente no tuviera reflejo en el trámite que afecta
a las condiciones de las empresas licitadoras a su solvencia,
su estructura o su organización. Desde la OIRESCON
pudimos constatar que tal situación derivaba
en gran parte de la falta de herramientas,
recursos y desconocimiento del órgano de contratación.
El hecho de tener que identificar características, criterios,
condiciones o especificidades de la empresa de carácter ambiental,
social o de innovación vinculadas con el objeto del contrato,
implicaba un nivel de conocimiento y manejo
de la materia que en ocasiones es excesivo para el gestor.
Por ello, desde la OIRESCON se realizaban una serie de recomendaciones
para poder impulsar el uso de la contratación estratégica
en estos puntos procedimentales de la licitación
y especialmente en el uso de las condiciones de admisión.
Estas recomendaciones giran en torno a la importancia
de la planificación de la propia licitación
y su publicación de manera adecuada
en las plataformas de contratación del conjunto del sector público,
en el control del cumplimiento de las condiciones especiales
de ejecución, en particular,
sobre todo teniendo en cuenta que las condiciones especiales
de ejecución son de carácter preceptivo,
y así también la formación y difusión de manuales, guías,
catálogos y protocolos que faciliten el uso de este tipo de criterios.
Pero, sobre todo, quiero centrarme o resaltar en este punto
el uso como apoyo de las consultas preliminares de mercado
y de las normas técnicas en la fase
de las condiciones de admisión.
En este punto, las normas técnicas,
como digo, juegan un importante papel facilitador para el órgano gestor
y el órgano de contratación,
ya que su uso garantiza la inclusión de niveles mínimos
de carácter normalizado y homogéneo en el ámbito que corresponda,
reduciendo el riesgo de interpretaciones discriminatorias
en las condiciones de admisión a la licitación
o incluso en los criterios de adjudicación.
Y, además, las normas técnicas aseguran estándares
de calidad siempre deseables en toda licitación,
puesto que no hay que olvidar que el fin último
de la licitación es la satisfacción de
una necesidad de la Administración Pública.
Por todo ello, es deseable el uso de las normas técnicas existentes
como medio de inclusión de los criterios ambientales,
sociales y de innovación en las licitaciones públicas,
siendo esta una recomendación que desde nuestra oficina
hemos incorporado a los informes de supervisión destinados
a evaluar el grado de utilización de la contratación estratégica.
Y, sin más, ya me despido.
Eso sí, les invito a visitar nuestra web y, en concreto,
los informes especiales de supervisión
que hemos realizado en relación con la contratación estratégica,
así como otra serie de actuaciones o de informes
que están a su disposición.