Bienvenidos y bienvenidas al curso del papel de los consumidores
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Concretamente, voy a hablaros de la normalización
y las etiquetas ambientales en el marco del lavado verde.
Quiero comenzar haciendo una breve presentación de quién soy
y a quien represento. Soy Miguel Crespo,
soy abogado de CECU, que es la Federación de Consumidores
y Usuarios, que es una organización democrática, progresista,
pluralista e independiente, nacida allá por el año 1983,
y caracterizada por ser pioneras
en el ámbito del consumo, por nuestro trabajo
desde una visión amplia que
va más allá de la contratación de bienes y servicios
y contribuye a nuevas conexiones entre el consumo
y el medioambiente,
la seguridad alimentaria,
la responsabilidad social empresarial,
el acceso a la justicia, comercio justo y solidario
y centrados siempre en la defensa de los colectivos más vulnerables
y la protección de los datos personales.
Quería empezar hablandoos de lo que es el greenwashing o el lavado verde.
Recientemente, en la encuesta del CIS de marzo
de este año 2023 obtuvimos unos resultados
que quería comentaros aquí. El 72,6%
de las personas encuestadas manifestaron su preocupación
por el cambio climático.
Un 86,6% de las personas encuestadas creen
que la acción de los seres humanos
está influyendo mucho o bastante en ese cambio climático.
Y, finalmente, quería destacaros que el 80,3%
de esas personas encuestadas por el CIS
manifestó haber modificado algunas de sus prácticas cotidianas
para tratar de frenar o reducir el cambio climático.
De esta forma tenemos que centrarnos en que para la ciudadanía
el cambio climático es un tema de evidente preocupación.
Si nos centramos en el ámbito de las personas consumidoras,
quiero hacer referencia a la encuesta sobre las condiciones de consumo
de este año 2023,
en la que se manifestó por parte del 56%
de las personas encuestadas que se había visto influida
por consideraciones medioambientales en al menos uno o dos productos
o servicios que había comprado o contratado
en las dos últimas semanas.
De esta forma, encontramos un panorama en el cual las personas consumidoras
están preocupadas, también, al igual
que el conjunto de la ciudadanía, por ese tema medioambiental
y que está incluso dispuesta a gastar más dinero en caso de ser preciso
para que los productos o servicios
que contraten tengan ese rigor medioambiental.
Ante este panorama, las empresas han respondido.
Algunas de las empresas han adaptado sus procesos
para ser más sostenibles. Han incurrido en una serie de gastos
que han llevado a modificar sus procesos de fabricación
para producir lo que sería
de una forma medioambientalmente sostenible.
En cambio, encontramos que otras empresas
no han incurrido en esos procesos de mejora,
sino que han hecho una inversión en campañas de marketing
para hacer creer que son ecológicas cuando realmente no son.
En ese caso,
estamos ante lo que se llama el lavado verde
o el greenwashing, por su término inglés.
Esto es un concepto que nace en la década de los 80
pero que cada vez está más implantado.
Si nos fijamos en un reciente estudio
de la Comisión Europea de marzo de 2023
en el cual analizó una serie de páginas web
que ofrecían a la venta unos productos o servicios
concluyó que el 53% de las alegaciones ambientales
que se hacían eran vagas, engañosas o infundadas;
un 40% de las alegaciones ambientales
realizadas en esas páginas web, carecían de un fundamento sólido;
y, finalmente, en el 37% de los casos
se hacían declaraciones con palabras,
como son ecológico o sostenible,
cuando en realidad no se llevaba a cabo ninguna medida
de esta índole. Es decir, recapitulando,
si bien hemos visto que para los consumidores
y las consumidoras cada vez son más importantes
los criterios ambientales y las empresas han captado
esa atención,
no todas han incurrido en esas mejoras,
sino que en algunos casos han aprovechado esta situación
para venderse como ecológicas.
Cuando no lo son, estas prácticas de greenwashing o lavado verde
conllevan unos perjuicios para tres sectores.
En primer lugar,
para las personas consumidoras que de buena fe pretenden consumir
productos que sí cumplen esos criterios sostenibles
y se ven engañadas por unas empresas
que en algunos casos no los están cumpliendo debidamente.
Por otro lado, se está perjudicando a las empresas que actúan bien
y que, efectivamente, han incurrido en esos gastos que os comentaba
para las mejoras en sus procesos de producción
y para ser medioambientalmente sostenibles,
que se encuentran en una competición con otras empresas que sin serlo
alardean de ello.
De esa forma, están incurriendo las empresas
que hacen ese lavado verde en una competencia desleal.
Y, finalmente, hay que mencionar como perjudicada la sociedad
y el planeta en su conjunto,
puesto que si las personas consumidoras
acuden a esas empresas que dicen prestar servicios
o crear productos socialmente sostenibles y no lo son,
se causa ese evidente perjuicio. Os quería hablar ahora
de las ecoetiquetas. ¿Qué son las ecoetiquetas?
Son esas etiquetas ecológicas que sirven para identificar los productos
y ayudar a ese consumidor
concienciado por este problema ambiental. Según la ISO,
tenemos tres tipos de etiquetas.
Los sellos autorizados o ecoetiquetas,
también llamadas etiquetas del tipo 1,
cuya denominación
y cuyo otorgamiento está regulado en una norma ISO,
como es la 14024, y según la cual se cotejan
entre sí productos o servicios equivalentes
para ver si efectivamente cumplen esos criterios ecológicos.
Son criterios muy minuciosos, que hay que cumplir.
En segundo lugar,
tenemos las autodeclaraciones ambientales o etiquetas del tipo 2,
también reguladas por una norma ISO, en este caso la 14021,
pero en estas son las propias empresas
las que quieren destacar un aspecto ambiental de su producto,
pero no están sometidas al control de un tercero certificador.
Y tenemos en último lugar las declaraciones ambientales
de producto o etiquetas del grupo 3,
que a su vez se regulan por la norma iso 14025,
y que, al igual que en el caso de las de tipo 1,
sí tienen una certificación externa
de que cumplen esos criterios o parámetros ambientales,
y en este caso se estudia la elaboración del producto
desde la extracción de la materia prima hasta la venta,
es decir, en todo su ciclo de fabricación.
Con este panorama de las ecoetiquetas debemos decir
que se han creado numerosas etiquetas con diversos orígenes
y esto ha difuminado ese objetivo inicial,
que no era sino, como hemos visto, el de ayudar al consumidor
concienciado para que se decante por los productos
ecológicamente sostenibles.
Tenemos actualmente 457 etiquetas ambientales y más de 200 solo
en la Unión Europea.
Quería referirme ahora a dos directivas
que están en proyecto de la Unión Europea
y que van a venir a regular todo este asunto
de las ecoetiquetas.
En primer lugar, está la Propuesta de Directiva
de empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica
y, en segundo lugar, la Propuesta de Directiva
de alegaciones medioambientales específicas.
Estas dos directivas están próximas a aprobarse,
aunque después requerirán la transposición en los estados
miembros durante 24 meses,
y van a reducir ese amplio número de etiquetas
que existen actualmente
que hemos dicho, más de 200 en la Unión Europea,
y clarificarán el panorama,
prohibiendo aquellas que son menos exigentes,
como eran las del tipo 2, las de las autodeclaraciones,
en las cuales no se evalúa esa alegación ambiental
que hace la empresa.
Y, en último lugar, quería hablaros de la normalización.
Y es que, aunque se aprueben estas directivas que, como os digo,
vienen a mitigar ese problema del alto volumen de ecoetiquetas
y esa confusión que se puede inducir a la persona consumidora,
aunque, como os digo, se aprueben esas directivas,
seguirá siendo fundamental la normalización.
Os traigo una breve definición de normalización,
y es que dice que las normas indican cómo debe ser un producto o servicio
para que sea seguro y responda a lo que el consumidor espera de él.
De esta forma, la normalización es una herramienta fundamental
para luchar contra el lavado verde,
dado que, al someter los productos y servicios a un riguroso análisis
van a impedir que se pueda hacer una alegación ecológica,
que no es cierta.
Os quiero señalar,
como características de la normalización,
su rigurosidad, su objetividad y su consenso,
dado que para la creación de las normas
intervienen administraciones públicas, intervienen empresas,
intervienen las personas consumidoras, sociedad civil,
e incluso, las universidades,
en lo que se ha venido denominando la colegislación.
Un ejemplo del funcionamiento de la normalización
en este asunto de la lucha
contra la verde son las directivas de codiseño y etiquetado energético,
que están funcionando desde hace muchos años,
y son todas estas pegatinas que tenemos en los electrodomésticos,
la clasea A, la clase B, que se conceden
después de verificar el cumplimiento de estas normas.
Y, como digo, en ese caso,
por ejemplo, es imposible incurrir en prácticas de lavado verde
y engaño a la persona consumidora,
puesto que deberá ser plenamente fiable
para la persona consumidora cuando se otorga una etiqueta
que ha seguido un criterio de una norma tan rigurosa
y objetiva, como acabamos de ver.
Y, finalmente, quería referiros desde CECU cuál es nuestra posición
al respecto de este asunto.
Respecto a las etiquetas ya existentes,
hemos hecho la petición de que se apruebe un acto delegado
con una lista limitada de etiquetas ambientales
que ya se están usando y que tienen un estándar de calidad,
como son las del tipo 1 y las tipo 3,
las que, como hemos dicho, están sometidas a una certificación externa
y, en ese caso, consideramos que no tendría que exigírseles
que se solicite una nueva acreditación.
Y para aquellas empresas que quieran poner nuevas etiquetas ecológicas,
consideramos que se tienen que seguir unas normas estrictas
dictadas por técnicos expertos que eviten incurrir en una confusión
a las personas consumidoras.
Ellas tendrán que fijar criterios de adjudicación a disposición
del público.
Las etiquetas se deberán basar en criterios objetivos y relevantes
que se desarrollen a través de un procedimiento independiente.
Los criterios de adjudicación
deben ir más allá de lo que exige la ley,
y representar una verdadera mejora ambiental o social,
y el procedimiento de control debe ser imparcial
con la verificación de un tercero.
Para concluir esta pequeña charla consideramos que es importante
mantener la lucha contra el lavado verde
y ponerla en el foco de las instituciones europeas
y españolas por el triple perjuicio que ocasionan,
como hemos visto, a las personas consumidoras,
a las empresas que actúan bien y a la sociedad en su conjunto.
En segundo lugar, consideramos que hay que desarrollar
la normativa que está en trámite, esas directivas para fijar el marco,
y que sean el apoyo de las normas técnicas
que después las desarrollarán y lo pondrán en práctica.
Hay que delegar en organismos reconocidos
y de prestigio de los estados miembros
y, finalmente, concienciar, crear pedagogía
y hacer participar a los actores en estas y otras normas.
Muchas gracias.